Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes

C.A. de Santiago Santiago, diez de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece el abogado Mario Espinosa Valderrama, en representación de don nombre reservado, dependiente, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, representada por su gerente general don nombre reservado, por haber ordenado unilateralmente descuentos en las remuneraciones mensuales del recurrente sin previo aviso ni información, y de manera paralela a un juicio ejecutivo pendiente que la propia recurrida había iniciado. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que constituye un uso abusivo del estatuto contenido en el artículo 22 de la Ley 18.833, efectuando retenciones de manera intempestiva y forzada, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra, vulnerando con ello el derecho fundamental de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N°24, por lo que solicita que se acoja el recurso, ordenando cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración, restituir los descuentos efectuados y los que pudieran efectuarse durante la tramitación de la acción, y condenar en costas a la recurrida.

Expone que con fecha 3 de mayo de 2022, don nombre reservado suscribió el pagaré N°105746037 a favor de la recurrida por la suma de $8.897.278 por concepto de capital, más los intereses correspondientes, que sería pagado en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $278.615, venciendo la primera de ellas el último día hábil de junio de 2022. En dicho pagaré se estipuló que el simple retardo en el pago íntegro y oportuno de todo o parte de una de las cuotas en la época pactada permitiría exigir la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados. Asimismo, se pactó la facultad al empleador de aquel momento o empleadores futuros, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidio de incapacidad laboral, para descontar del pago de emolumentos mensuales o subsidios de cesantía los dividendos correspondientes al referido crédito.

Continúa señalando que perdió su única fuente de ingresos al terminar la relación laboral con su empleador, quedando sin trabajo y viendo enormemente perjudicada su situación económica, cayendo en mora respecto del pagaré a partir de la cuota con vencimiento del 28 de febrero de 2023. Como consecuencia de lo anterior, la C.C.A.F. Los Héroes lo demandó ejecutivamente con fecha 27 de septiembre de 2023, iniciándose la causa Rol C-16778-2023, tramitada ante el 4° Juzgado Civil de Santiago, caratulada "nombre reservado con nombre reservado", causa que fue notificada y archivada con fecha 10 de junio de 2024. Posteriormente, en el mes de abril de 2024, el recurrente logró obtener un empleo bajo la dependencia de Thiess Chile SpA, comenzando a trabajar con la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera íntegra y previsible, de acuerdo a lo pactado con su nuevo empleador.

Agrega que, no obstante existir una demanda ejecutiva en curso que la Caja de Compensación Los Héroes interpuso en su contra, al momento de recibir su liquidación de sueldo correspondiente al mes de junio de 2025, se percató que esta era considerablemente menor. Al analizar el detalle de la misma, constató que existía un cobro a favor de la Caja de Compensación Los Héroes por la suma de $278.615 por concepto "Descuento 3 Crédito Personal CCAF (37/60)", lo que importa un detrimento ilegal y arbitrario de $278.615 a su remuneración mensual. Enfatiza que jamás fue informado previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida en ejecutar el abusivo e inoportuno descuento que finalmente ordenó a su empleador, por lo que nunca tuvo elementos ni informaciones de ninguna clase o especie que le permitieran prever una afectación de tal magnitud en su remuneración mensual. Lo anterior cobra especial relevancia considerando que la Caja de Compensación Los Héroes, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda con anterioridad al descuento que por este acto se alega.

Invoca el artículo 21 de la Ley 18.833, que establece que las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regida por un reglamento especial. Luego cita el artículo 22 de la misma ley, que señala que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Sin embargo, sostiene que en el presente caso puede advertirse un uso arbitrario e ilegal de la citada norma, toda vez que una Caja de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, está subordinada a la Constitución Política de la República.

Argumenta que el acto de autotutela efectuado por la Caja de Compensación Los Héroes se trata de un descuento ilegal y arbitrario de las remuneraciones del recurrente, sin dar noticias o informaciones previas a la determinación del descuento o explicar el porqué. Sobre la arbitrariedad del acto, recalca que la recurrida, al momento de interponer la demanda ejecutiva, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando el acreedor la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil. Por lo anterior, resulta arbitrario que habiendo ejercido la cláusula de aceleración, Caja Los Héroes ordene la retención de montos similares al de una cuota a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ellos mismos ejercieron y promovieron mediante el cobro ejecutivo.

Cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que ha decretado la arbitrariedad en sucesivas ocasiones respecto del cobro ejecutado por Caja de Compensación Los Héroes, declarando la instrumentalización abusiva del estatuto contenido en el artículo 22 de la ley 18.833. Así, en la causa Rol 31235-2019, la Corte señaló que si bien el artículo 22 de la Ley 18.833 establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social debe ser deducido de la remuneración, lo que aconteció fue que la Caja optó por judicializar el cobro de la obligación, sustrayendo así su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende, retomando los descuentos un año después, lo que conduce a calificar de arbitraria dicha actuación. Asimismo, cita la causa Rol 70389-2018, en la que la Corte consideró que en el evento que se haya optado por la vía judicial para el cobro de todo el monto del crédito, evidentemente el descuento no puede seguir teniendo lugar, comoquiera que podría materializarse un doble pago que no encuentra sustento jurídico alguno. En similar sentido, menciona la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N° 6118-2018, que indica que el proceder arbitrario de la recurrida vulnera la legítima expectativa del recurrente en orden a percibir sus remuneraciones de forma íntegra, afectando la esencia de la garantía prevista en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que existe arbitrariedad en el actuar de la recurrida al ordenar un descuento amparándose en el artículo 22 de la ley 18.833, desconociendo su deber de dar noticias previas respecto a su determinación de ejecutar los abusivos e inoportunos descuentos. En este sentido, cita la causa Rol de Ingreso 12425-2018 ante la Excelentísima Corte Suprema, que en su considerando segundo establece que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias e información previas de sus determinaciones al afectado, tras el transcurso de un extenso tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso de una potestad unilateral consignada en la ley N° 18.833, más aún cuando se ha perseguido judicialmente el pago de la obligación en un proceso que se mantiene vigente. Asimismo, cita la causa Rol de Ingreso 68666-2018 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que en su considerando séptimo indica que las Cajas de Compensación están obligadas a dar noticias previas de sus determinaciones al afectado, y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

Sostiene que el actuar de la recurrida constituye una vulneración flagrante a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que se le ha privado y perturbado de su derecho de propiedad sobre $278.615 pesos de su remuneración, que podría repetirse para los pagos de los próximos meses de remuneración, sin previo aviso ni información, y de manera paralela a un proceso judicial pendiente, afectando su legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera íntegra y previsible.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente; restituir al recurrente los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevarse a efecto durante la tramitación de la presente acción; y condenar en costas a la recurrida. Asimismo, solicita que se decrete orden de no innovar con el objeto de detener el descuento que efectúa la recurrida en sus remuneraciones para los siguientes meses, a partir del mes de junio del presente año, mientras se sustancia y se resuelve el presente recurso de protección.

SEGUNDO: Que, requerido el informe pertinente, comparece la abogada María Paz Suárez Floody, en nombre y representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, evacuando el informe solicitado y allanándose expresamente al recurso de protección deducido en autos, sin perjuicio de lo cual hace reserva de derechos para seguir la acción ordinaria de cobro que estime pertinente.

Expone que, en virtud del allanamiento al recurso, ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente. Asimismo, informa que se ha ordenado la restitución de las sumas que han sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, habiéndose instruido disponibilizarlas para su retiro por el señor nombre reservado, comprometiéndose a comunicar por intermedio del tribunal cuando las mismas estén listas. Complementando lo anterior, hace presente que, junto con evacuar el informe, se procederá a excluir el nombre del recurrente del proceso de confección de las planillas de descuento que se envían al empleador, por lo que no deberían existir deducciones futuras en sus remuneraciones relacionadas con los créditos sociales individualizados en la presente causa. No obstante, advierte que, dado que las planillas de descuento se envían a los empleadores con 30 o 60 días de antelación al pago de la remuneración del trabajador para que la empresa pueda procesarlas internamente, y además son enviadas computacionalmente con la nómina de descuento sin que el empleador pueda modificarlas, es probable que aparezca un nuevo descuento al recurrente durante uno o dos meses más. En tal evento, la recurrida se compromete a devolver al señor nombre reservado dicho valor una vez que haya ingresado el dinero en la institución.

Señala que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social. Adicionalmente, en conformidad con el artículo 21 del mismo cuerpo legal, las CCAF pueden establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos en dinero, cuyo procedimiento de descuento, remesa y pago es el mismo que el de las cotizaciones previsionales, conforme al artículo 22 de la Ley 17.322. Destaca que las CCAF tienen la obligación de resguardar el Fondo Social que administran por mandato legal, el cual se conforma, entre otros, con las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamo, según lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 18.833. Asimismo, señala que la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), entidad reguladora de las CCAF, avala que se realice la cobranza de las cuotas morosas, entendiendo que constituye una acción necesaria para resguardar el Fondo Social. En este sentido, cita el Dictamen de fecha 3 de septiembre de 2021, en el cual la SUSESO señaló que "a las CCAF les asiste la obligación de efectuar las acciones necesarias de resguardo del Fondo Social, entre ellas, la de efectuar la cobranza de las cuotas de estos créditos a través del descuento de las remuneraciones de los trabajadores". Finalmente, explica que en el caso particular del señor nombre reservado, el descuento en su remuneración se reinició debido a un asunto netamente sistémico.

Solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad, toda vez que la representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y a la restitución de las sumas solicitadas por el recurrente. En tal sentido, argumenta que habiéndose satisfecho las pretensiones del recurso mediante el allanamiento y las medidas adoptadas de manera voluntaria, la acción cautelar ha perdido su objeto y finalidad, por lo que solicita su rechazo por falta de oportunidad.

Por estas razones, solicita a esta Ilustrísima Corte tener por evacuado el informe requerido y, en mérito de los argumentos planteados, rechazar por falta de oportunidad la acción de protección interpuesta por el recurrente, sin costas.

TERCERO: Que, como reiteradamente se sostiene, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que, el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario lo hace consistir en los descuentos que comenzó a efectuarle la Caja de Compensación Los Andes desde el mes de junio de 2025, por un total de $278.615 del total de sus remuneraciones en favor de Caja Compensación Los Héroes por un convenio intercajas.

QUINTO: Que, como se señaló en lo expositivo de este fallo, la circunstancia fáctica antes descrita, ha sido reconocida por la recurrida, allanándose a la pretensión del recurso, amparándose en el carácter social del crédito y en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y otros textos legales citados.

SEXTO: Que, en este contexto, cabe reflexionar que el citado artículo 22 de la Ley N° 18.833 establece, como se ha referido, que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

De esta manera, si bien es cierto que la norma citada discurre sobre la base de la existencia de un crédito social impago otorgado por una Caja de Compensación, no lo es menos que no hace mención alguna a la hipótesis de que el mismo hubiere sido objeto de cobro judicial, de lo que no cabe sino inferir que este último supuesto escapa de los márgenes fácticos sobre los cuales la misma –norma- descansa y que hacen procedente el beneficio –pues no lo prevé expresamente-; máxime considerando que la excepcionalidad del beneficio en nuestro ordenamiento impone, además, darle una interpretación restrictiva.

En este entendido y, específicamente en lo que dice relación con el crédito ya referido, no puede soslayarse que la Caja de Compensación, ante la mora en el pago, optó por judicializar el cobro de la obligación, acelerando con ello su exigibilidad al momento de presentar su demanda y haciendo, por ende, caducar los plazos de las cuotas en que se había dividido su pago, con lo que sustrajo su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende, optando, en consecuencia, por ceñirse a la vía jurisdiccional, con todas las consecuencias procesales que ella signifique; camino procesal que, por cierto, resulta incompatible con aquella que consagra el artículo 22 ya citado, en cuanto este último posibilita que, en lugar de que sea un tribunal quien decida lo pertinente en torno al cobro, lo haga el propio acreedor, por sí y ante sí.

En estas circunstancias, el hecho de haber retomado la entidad recurrida los descuentos de dicho crédito con el actual empleador de la actora a pesar de haber optado –antes- por presentar demanda ejecutiva, obliga a calificar aquel actuar como ilegal y arbitrario, en cuanto importa hacer revivir extrajudicialmente el cobro de un crédito, basada en un beneficio especial que la ley le concede a las Cajas de Compensación para una situación diversa –no haber optado previamente por la vía judicial- que, como se ha visto, no se verifica en este caso.

Así entonces, constatada la ilegalidad y arbitrariedad del acto en que ha incurrido Caja de Compensación, con la consiguiente afectación al derecho de propiedad de la protegida -pues se le priva de parte de sus remuneraciones-; se cumplen en la especie los requisitos que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República para que la presente acción cautelar pueda ser acogida en lo que respecta a los descuentos del crédito A mayor abundamiento, la circunstancia de haberse allanado las recurridas a la pretensión del recurrente no hace desaparecer el daño que le ocasionó al actor el atentado sufrido a su garantía fundamental por el proceder arbitrario e ilegal acreditado, y, particularmente, no constando a esta magistratura que las gestiones tendientes para hacer devolución al recurrente de la suma de $278.615 y de hacer cesar los descuentos en su remuneración a partir del mes de junio de 2025 se hayan verificado efectivamente, restituyéndose al patrimonio del recurrente estos montos descontados de su remuneración, se acogerá el recurso de marras disponiéndose las medidas urgentes que se señalarán en lo resolutivo a fin de dar la debida protección al recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, con costas, el recurso de protección en contra de Caja de Compensación Los Héroes, debiendo abstenerse de continuar efectuando los descuentos a la remuneración del recurrente, disponiéndose que procedan dentro de quinto día a reembolsarse los montos indebidamente descontados a partir de las remuneraciones pagadas entre el mes de junio de 2025, inclusive, debiendo cesar en lo sucesivo de efectuarle descuentos por las obligaciones referidas en su libelo, sin perjuicio de su derecho a perseguir su cobro por la vía jurisdiccional correspondiente.

Se previene que el Abogado Integrante señor Luis Hernández Olmedo concurre a la decisión de mayoría teniendo únicamente presente el allanamiento a las peticiones del recurso que formula la Caja se Compensación Los Héroes.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-15524-2025.