Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Santiago, cinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Gustavo Fuenzalida Rivas, abogado, en representación de nombre reservado, nacional de Haití, y deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido éste en un acto ilegal o arbitrario consistente en la demora excesiva en el pronunciamiento respecto de su solicitud de carta de nacionalización, lo que vulnera sus garantías fundamentales establecidas en el artículo 19 Nºs 1, 2 y 16 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene resolver su solicitud en el menor tiempo posible.

Expone que en el protegido tiene permanencia definitiva y el 20 de octubre de 2022 solicitó la carta de nacionalización, y a la fecha no ha tenido respuesta.

Alega que han transcurrido casi 2 años, por lo que la demora es excesiva e injustificada.

Reclama conculcados los principios de celeridad, conclusivo, inexcusabilidad, y de economía de todo procedimiento administrativo regido por la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado. Habiendo transcurrido en exceso el plazo de 6 meses dispuesto en el artículo 27 del mismo texto legal.

SEGUNDO: Que, el recurrido Servicio Nacional de Migraciones, opone la excepción de cosa juzgada, por medio de las abogadas Carolina Fernandoy Catalán y nombre reservado.

Al respecto, sostienen que el recurrente presentó recurso de protección Rol Nº 12815-2023 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual mediante sentencia de fecha 11 de julio de 2023, rechazó el arbitrio por el cual se solicitaba que se resolviera solicitud de nacionalización, la cual fue confirmada posteriormente por el Excelentísima Corte Suprema, mediante sentencia de fecha 09 de agosto de 2023, en causa Rol N° 167392-2023.

Posteriormente, refieren que el recurrente nuevamente solicita que se resuelva su solicitud de nacionalización bajo el recurso de protección Rol N° 22.816-2023 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual se rechaza el recurso y acoge la excepción de cosa juzgada opuesta por su parte, mediante sentencia de fecha 23 de noviembre de 2023.

Alegan que se cumplen los requisitos dispuestos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: Que, sin perjuicio de la alegación anteriormente descrita, el recurrido Servicio Nacional de Migraciones, informa el recurso por medio de la abogada Camila Cortés Palma y solicita el rechazo del recurso de protección, por improcedente, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Reseña que, en cuanto a la situación migratoria del recurrente, el extranjero ingresó a Chile el 05 de junio de 2011, por el paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado, en calidad de turista.

Indica que mediante Resolución Exenta N° 92473, de fecha 11 de agosto de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones, se le otorgó el permiso de permanencia definitiva, la cual se encuentra actualmente vigente.

Refiere que el recurrente solicitó la carta de nacionalización el 20 de octubre de 2022, ID Nº 56901824.

Explica que mediante Comunicación Electrónica de Folio N° 40699169 de fecha 15 de junio de 2023, se informa al recurrente que su solicitud se encuentra incompleta o insuficiente por no haber acompañado la documentación solicitada, específicamente: certificado de antecedentes del país de origen y certificado del Servicio de Impuestos Internos que acredite estar al día en el pago de obligaciones tributarias. Otorgándole un plazo de 60 días hábiles para subsanar desde notificada la citada comunicación electrónica.

Sostiene que actualmente dicha solicitud se encuentra en trámite, en etapa de “Primer análisis”.

Menciona que, en cuanto a la condición migratoria del recurrente, este cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, beneficio asimilado al actual beneficio residencia definitiva por el artículo sexto transitorio de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, por lo que actualmente mantiene situación migratoria regular en el país.

En tal sentido, recalca que, la situación de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de sus garantías fundamentales.

Agrega que la carta de nacionalización es en esencia una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, lo que no obliga a la autoridad a concederla, como lo demuestra la redacción facultativa del artículo 2 del Decreto Supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior.

Hace presente que su competencia se limita a la tramitación de la carta de nacionalización, en virtud de lo dispuesto en el artículo 157 Nº 8 de la Ley Nº 21.325, sin embargo, la resolución de la misma es de resorte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por tanto, otorgar la nacionalización de un extranjero por la vía judicial constituiría una infracción al principio de juridicidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

En cuanto al tiempo de tramitación, argumenta que la característica de no fatales de los plazos administrativos, en tanto la ley no dispone una sanción de caducidad al transcurso del plazo. Máxime cuando ha otorgado una tramitación legal a la solicitud recibida, sustanciándola y dándole curso progresivo.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que en cuanto a la excepción de la cosa juzgada alegada por la recurrida, lo cierto es que a la luz de las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, se ha resuelto que las sentencias dictadas en estos procedimientos cautelares producen sólo cosa juzgada formal, y no material, aquello dice relación con la posibilidad de plantear el mismo asunto en un procedimiento declarativo posterior, mientras que esta acción cautelar de emergencia que busca poner pronto y rápido remedio a la vulneración de una o más garantías constitucionales protegidas por la Carta Fundamental, son esencialmente provisionales careciendo de la inmutabilidad que caracteriza la institución en comento, más esto no significa la posibilidad de discutir una misma cuestión, sobre los mismos hechos reiteradamente, es decir una y otra vez, como acontece en el este caso, pues con fechas 11 de julio del año 2023 y 23 de noviembre del año 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó los recursos de protección interpuestos por el recurrente en razón de estos mismos hechos.

Luego, la pretensión que se intenta materializar por la vía de la presente acción cautelar, sin aportar ningún nuevo antecedente a aquellos que se tuvieron en consideración por el referido tribunal en las fechas anteriormente indicadas, debe ser desechada, dado que existen dos pronunciamientos judiciales anteriores que ya dirimieron esta materia y que evidentemente descartaron toda ilegalidad en el acto administrativo que se intenta dejar sin efecto, de nuevo, a través de la presente acción constitucional;

SEXTO: Que -en estas circunstancias, la excepción de cosa juzgada alegada será acogida.

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo señalado, sólo a mayor abundamiento, ha de tenerse en cuenta que la Corte Suprema con fecha veinte de marzo del año pasado en los autos rol N° 115.064-2022, previa vista de la causa -forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte “dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales;

OCTAVO: Que, en consecuencia, en la presentación efectuada en estos autos, no se han mencionado hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la cual deberá necesariamente desestimarse, también por esta razón, la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso deducido en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-15492-2024 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y el Abogado Integrante señor Manuel Luna Abarza.