nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

Santiago, cinco de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Francisco Javier González Cruz, abogado, en representación de nombre reservado, y deduce acción constitucional de protección en contra de la Municipalidad de Cerrillos, representada legalmente por su Alcaldesa, Lorena Facuse Rojas, y en contra de nombre reservado, Director de Obras Municipales subrogante de la misma Municipalidad, por haber realizado funcionarios de dicha municipalidad y dictado el Director de Obras subrogante las siguientes resoluciones y actos de autotutela que constituyen vías de hecho prohibidas por el ordenamiento jurídico, que desconocen más de 50 años de normalidad administrativa, todos ellos ilegales y arbitrarios.

Los actos en contra de los cuales se recurre, son los siguientes:

1. Resolución N° 800/04/2024, dictada el 5 de enero de 2024 por el Director de Obras subrogante de la Municipalidad de Cerrillos, en virtud de la cual decretó la invalidación del certificado de copropiedad inmobiliaria otorgado respecto de un inmueble de propiedad de su representado y otros copropietarios, denominado “Plaza Mayor” de la Villa Santa Adela, quienes individualmente son dueños de locales comerciales emplazados en este, dictado el 22 de enero de 2004, ordenando a la vez restituir una superficie del inmueble por considerarlo bien nacional de uso público;

2. Resolución N° 800/016-2024, dictada el 8 de enero de 2024 por el Director de Obras subrogante de la Municipalidad de Cerrillos, en virtud de la cual concedió plazo de 5 días hábiles para presentar descargos en contra de la Resolución N° 800/04/2024, y 3. La ejecución material, el 29 de mayo de 2024, por parte de la Municipalidad de Cerrillos y sus dependientes, del cierre y soldadura del acceso al inmueble de propiedad de su representado y otros comuneros.

Expresa que el inmueble se encuentra inscrito a nombre de nombre reservado, a fojas 49.757, N° 47.976 en el Registro de Propiedad del año 2001 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y que corresponde al local N° 205 (el “Local”) del edificio situado en Plaza Mayor de la Villa Santa Adela, ubicada en domicilio reservado, comuna de Cerrillos de conformidad con el plano agregado al final del Registro de Propiedad del mes de enero del año 1969, Cartel número 10, y de acuerdo al plano archivado con el número 1.560 de la Ley N° 19.537, además de los derechos en los bienes comunes junto con los demás copropietarios, en proporción al valor de lo adquirido.

Expone que el recurrente adquirió el local por compra que hizo a doña nombre reservado mediante escritura pública de 14 de junio de 2001, Repertorio N° 1.033, otorgada en la Notaría de Santiago de don nombre reservado, cuyos deslindes son:

- Al Nororiente: con Avenida Paseo Los Profesores;

- Al Norponiente: con Avenida Los Ceibos;

- Al Suroriente: con Avenida Las Hualtatas; y - Al Surponiente: con Avenida Paseo Los Estudiantes.

Refiere que el inmueble que dio origen al local se subdividió el año 1962, autorizado por el Director de Obras Municipales de la comuna de Maipú, emitiendo el Permiso de Edificación N° 2.428, de 24 de enero, mediante el cual autorizó la construcción de locales comerciales y de una capilla, obras que fueron recibidas definitivamente mediante el certificado N° 526, de 21 de agosto de 1968.

Da cuenta que, el inmueble “Plaza Mayor” se acogió a la Ley N° 6.071, de venta por pisos, emitiendo la DOM el certificado N° 01/004, el 22 de enero de 2004, constatando que cumplía los requisitos normativos para acogerse a la Ley N° 19.537, de Copropiedad Inmobiliaria.

Alega que, en virtud de dicho Certificado, todo lo que se encuentra dentro del plano de copropiedad inmobiliaria corresponde a bienes privados, de dominio individual o común de los copropietarios. Lo que, ha sido reconocido por la recurrida al menos desde el año 1975.

Acusa que, el 29 de mayo de 2024, al consultar la razón del cierre de un bien privado como si se tratase de uno público, el señor nombre reservado, tomó conocimiento que, el día 5 de enero del año en curso, el Director de Obras Municipales (s) de Cerrillos envió a la Alcaldesa el “Ord. N° 800/14/2024”, a requerimiento –al parecer– de la Junta de Vecinos Santa Adela, en el que explica la historia del inmueble precedentemente señalada. Y, además señala que “Se debe invalidar plano y Resolución de Certificado de Copropiedad Inmobiliaria N° 01/2004 de fecha 22/01/2004, que adjudica derechos de terrenos y espacios de estacionamientos, que son BNUP, y no de privados”.

Lo anterior, sin iniciar un procedimiento invalidatorio, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, y, sin conceder audiencia previa a los interesados. Así, con la misma fecha, 5 de enero de 2024 el Director de Obras Municipales (S) de Cerrillos procedió a dictar la resolución impugnada, N° 800/04/2024, arrogándose potestades legales que no posee, pasando por alto la confianza legítima de su representada.

Acusa que, incumpliendo los mandatos de la legislación administrativa, el Director (S) envió la resolución al Servicio de Impuestos Internos y al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, “a fin de que proceda a la anulación de todos los procedimientos realizados por los particulares”.

Indica que el 8 de enero de 2024, el Director señalado, dictó el “Ord. N° 800/016/2024”, a través del cual señala –sin habérselo notificado a su representado– que se invalidó –luego de 20 años– el Certificado, concediendo a los interesados un plazo de 5 días hábiles para evacuar los descargos que procedieran contra la decisión, ya tomada; y señalando, además, que, transcurrido ese plazo, “se procederá a notificar las demoliciones que debe realizarse con cargo a los propietarios”.

Acusa que la Municipalidad recurrida, jamás informó de estos antecedentes, ni notificó formalmente al reclamante de ninguno de dichos actos, de los que reitera, se enteró entre el 29 y el 30 de mayo, en virtud de los actos materiales que ahora se denuncian.

En efecto, precisa que, el 29 de mayo de este año, a las 10:30 de la mañana, llegaron al Inmueble de propiedad de su representado y demás copropietarios numerosos camiones y al menos quince trabajadores, entre funcionarios, inspectores municipales y contratistas particulares.

Agrega que, el funcionario “nombre reservado”, trabajador de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad recurrida se encontraba en los estacionamientos de su vecina, Panadería Santa Adela, y, señaló: “estamos viendo el tema de los vehículos que tienen que sacarlos. Por lo mismo yo cuando me enteré, que vengo recién llegando, porque vamos a cerrar la plaza”. y que se trataría de un bien nacional de uso público debido a que “no está cerrado”, como si de ese sólo hecho pudiera predicarse un carácter demanial de los inmuebles, cuya naturaleza es excepcionalísima de conformidad con el artículo 19 N° 23 de la Constitución Política de la República. Luego, el mismo funcionario indicó que se trataba de un “área verde”, como si fueran lo mismo, o como si las áreas verdes no pudieran constituir bienes privados según la normativa urbanística.

Afirma que, acto seguido, la Municipalidad y sus dependientes procedieron a cerrar y soldar el acceso al Inmueble.

Concluye que las actuaciones materiales y jurídicas retratadas son evidentemente arbitrarias e ilegales, y afectan gravemente los derechos del señor nombre reservado, consagrados en el artículo 19 N°s 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Alega que, como consecuencia de no haber sido notificadas las resoluciones impugnadas, no ha corrido plazo para impugnarlas.

Acusa que la resolución invalidatoria es extemporánea, en tanto el 5 de enero de 2024, mediante Resolución N° 800/04/2024, se invalidó un acto administrativo de contenido favorable, esto es, el Certificado emitido y notificado el 22 de enero de 2004, es decir, 20 años antes. Indica que, esta circunstancia por sí sola, basta para hacer caer el acto invalidatorio, pues el tenor del artículo 53 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, señala que la autoridad administrativa puede dejar sin efecto sus actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación. Lo que se encuentra corroborado por la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema.

Así las cosas, estima que, la autoridad recurrida ha actuado infringiendo adicionalmente el artículo 7 de la Constitución Política de la República, por ello, indica que existe una ilegalidad tanto formal como material.

De otra parte, alega que al otorgar la audiencia con posterioridad a la toma de la decisión, sin notificar ninguna de las resoluciones, la Dirección de Obras Municipales, afectó el derecho del recurrente, consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, discriminándolo respecto del resto de los ciudadanos de la República respecto quienes, en atención a la calidad de interesados, sí se otorga audiencia previa dentro de un procedimiento invalidatorio, por lo que , también se ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución; y, al mismo tiempo, la concreción de dicha prerrogativa para los fines y el principio de contradictoriedad, artículo 10 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos y el derecho a formular alegaciones y a ser oído consagrado en el artículo 17, letras g) y j), de la misma ley.

Además, afirma que se ha incurrido en una afectación gravísima al derecho de propiedad, reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, pues lo priva ilegal y arbitrariamente del goce de su propiedad privada, cuestión que la propia reclamada certificó en 2004, sin variaciones en el tiempo intermedio.

Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la materia, que señala “por medio de la potestad invalidatoria la Administración -de oficio o a petición de parte- puede y debe retirar los actos administrativos irregulares, contrarios a derecho, pero con dos importantes limitaciones: a) Debe hacerse previa audiencia del interesado, es decir, es necesario oír a quienes puedan verse afectados con la invalidación del acto; y b) No puede ejercerse la potestad invalidatoria si han transcurrido más de dos años desde la fecha de notificación o publicación del acto que se trata de invalidar”.

De otro lado, y para la materia urbanística propiamente tal, no puede la Municipalidad señalar que el Director de Obras Municipales está sometido a la “dependencia técnica […] del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, como si aquello le permitiera omitir la aplicación de las disposiciones de la Ley N° 19.880 […], en cuanto en su artículo 53 exige que la invalidación de un acto administrativo, por el motivo que sea, se realice previa audiencia del interesado”. Así, prosigue la Corte Suprema, ha señalado que “ninguna de las disposiciones sectoriales por las que debe guiarse el actuar del Director de Obras le autorizan a omitir la aplicación del señalado cuerpo legal, bajo circunstancia alguna”.

Alega que el Director de Obras Municipales carece de facultades para decretar la demolición, que aparece en el tercer párrafo de lo resolutivo de la Resolución N° 800/04/2024, en el siguiente sentido: “DEMUÉLASE toda edificación construida sin correspondiente Permiso de Edificación, emplazadas en área de Bien Nacional de Uso Público “Plaza Mayor Villa Santa Adela”, con costo del locatario que las hubiera construido” (sic).

Sostiene que la Ley General de Urbanismo y Construcción, dispone que la demolición puede ser dispuesta por la Municipalidad, el Alcalde, o por el Alcalde, a petición del Director de Obras Municipales.

También acusa que, el Director tantas veces señalado, carece de facultades para disponer el desalojo y la restitución administrativa de (supuestos) bienes nacionales de uso público, no obstante se la arroga en la Resolución N° 800/04/2024, en la que puede leerse: “RESTITÚYASE toda área de Bien Nacional de Uso Público, fuera de los límites propios de cada construcción de Locales Comerciales”.

Da cuenta que, el artículo 4, literal h) de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, dispone que es facultad del Delegado Presidencial Provincial, al interior de la provincia: “h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público.

En uso de esta facultad, el delegado presidencial provincial velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda”.

Por lo anterior, concluye que, la resolución impugnada N° 800/04/2024 contradice los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y 2 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

Reitera que las resoluciones en contra de las cuales se recurre, afectan la confianza legítima de su representado, generada a partir de hechos positivos de la administración y del propio suscriptor de los actos reclamados Agrega que, los actos recurridos, se traducen, en los hechos, en una privación del derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, sin causa legal ni pago de indemnización, produciendo un efecto expropiatorio en el patrimonio del señor nombre reservado y de los demás copropietarios del Inmueble.

Por otro lado, reseña que los instrumentos de planificación territorial aplicables en Cerrillos no contemplan el inmueble de marras como un bien nacional de uso público, no obstante, incluso de hacerlo, la consecuencia de ello la entrega el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, esto es, que el Inmueble se entenderá estar declarado de utilidad pública, lo que habilita a la Municipalidad a expropiarlo, cuestión que no ha ocurrido.

Acusa también que, la actividad material realizada el 29 de mayo por la municipalidad y sus dependientes constituye un mecanismo de autotutela y una vía de hecho prohibida por el ordenamiento nacional.

En definitiva, pide hacer lugar al recurso en todas sus partes, disponiendo que:

1. se anulan y dejan sin efecto la Resolución N°800/04/2024 y el Ord. N° 800/14/2024 del director de obras municipales (s), de 5 y 8 de enero de 2024, respectivamente, y todos los efectos que ellos pudieran haber producido, incluyendo la cancelación de inscripciones conservatorias y las eventuales modificaciones practicadas por el Servicio de Impuestos Internos, lo que deberá la recurrida informar a sus expensas;

2. la actividad material de la Municipalidad recurrida, realizada el 29 de mayo de los corrientes, constituyó un acto de autotutela no tolerable, debiendo abstenerse de ejecutar actos similares en el futuro;

3. la Municipalidad recurrida deberá deshacer las medidas que adoptó el 29 de mayo de 2024, y especialmente el cerco que soldó, todo a su entera costa;

4. En subsidio de las peticiones anteriores, solicita que esta Corte. disponga las medidas que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, todo con expresa y ejemplificadora condena en costas.

Segundo: Que por la Municipalidad de Cerrillos, el abogado Jorge Salgado Martínez, evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso, con costas, e indica:

1.- Que por Decreto Exento 202/215/2024 de fecha 09 de febrero de 2024, de la Municipalidad de Cerrillos se dejó sin efecto la Resolución N.º800/004/2024 emitida por el director de Obras Municipales (S) con fecha 05 de enero de 2024, referida por la recurrente como acto que ha vulnerado su derechos amparados por la Constitución Política de la República.

2.- Que por Memorandum Nº 1000-00440/2024 de fecha 05 de Junio de 2024, emitido por la Dirección Jurídica de ese ente edilicio, el abogado, compareciente en calidad de Director, dictó la instrucción, a las unidades que dan cuenta dicho memorándum, con carácter vinculante y obligatoria, en los siguientes términos:

“Junto con saludarlos, dar cuenta que, mediante Decreto Exento N°202/215/2024, se dejó sin efecto la resolución N°800/004/2024, de fecha 05 de enero del 2024 de la Dirección de Obras Municipales, que dejó a su vez sin efecto, otra anterior del año 2004 de la misma Unidad, la que dice relación con las edificaciones existentes en la Plaza Mayor de la Villa Santa Adela.

Es por lo anterior, que se solicita a cada una de la unidades municipales, acusen recibo del referido decreto que se acompaña y se abstengan de intervenir la referida plaza, en razón de una resolución que fue dejada sin efecto, debiendo dejar las cosas al estado anterior a la fecha de la referida resolución, aquella unidad que haya intervenido dicho espacio, por cuanto se está elaborando por la Dirección Jurídica un estudio de título, para determinar el origen y naturaleza jurídica del uso del suelo, para proceder, según antecedentes, al respectivo proceso administrativo”.

Concluye que, en razón de los actos administrativos realizados, impartidos y ejecutados por la Municipalidad, han cesado los supuestos actos y hechos denunciados por la recurrente como vulnerados.

Tercero: Que a folio 20, comparece el abogado Jorge Salgado Martínez, acompañando como informe del Director de Obras Municipales, los antecedentes documentales de dicha sección municipal y en virtud de los cuales adoptó la decisión impugnada. Entre estos consta, ORD 800/518/2024, de 24 de julio de 2024, de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Cerrillos, enviado a la Dirección Jurídica, que se refiere a la situación de la Plaza Mayor Santa Adela, que corresponde a un bien nacional de uso público, lugar en el que se emplaza una capilla y 13 locales comerciales, propiedad acogida a la Ley N°6071, refiriendo que el cuadro de superficies indicado en el plano de la misma, presenta errores matemáticos de sumas y porcentajes que entregan un resultado incorrecto. De igual forma presenta superficies de áreas comunes de locales, los cuales no se identifican en el plano.

Adiciona que el Certificado de Copropiedad Inmobiliaria N°01-2004 de 22/01/24, adjudica propiedad a cada local comercial, más superficie común prorrateada. Las superficies adjudicadas a cada local comercial, es totalmente errónea, dado que no corresponde prorrateo de áreas comunes indicadas ni inscripción de estas superficies privadas en el Conservador de Bienes Raíces, ni escrituras que así lo respalden. De manera que los locales comerciales no tienen ningún derecho sobre los espacios abiertos correspondientes a Bien Nacional de Uso Público “Plaza”.

Mediante R 800/04/2024, de 05/01/24 el Director de Obras por inexistencia de documentación que certifique fehacientemente propiedad de los locatarios, sino que sólo sobre las edificaciones correspondientes a locales, invalida totalmente el Certificado 01/200 de 22/01/2004, acogido a Ley 19.537.

Así el terreno de Plaza Mayor de domicilio reservado años, ha sido un bien nacional de uso público.

Cuarto: Que de los antecedentes allegados se establece lo siguiente:

1.-El 5 de enero de 2024 se dicta Resolución N°800/04/2024 por el Director de Obras subrogante de la Municipalidad de Cerrillos, que decretó la invalidación del certificado de copropiedad inmobiliaria otorgado respecto del inmueble denominado Plaza Mayor de la Villa Santa Adela, que sería de copropiedad del recurrente y otros locatarios, dictado el 22 de enero de 2004.

Dicho acto en lo resolutivo dispuso: “INVALIDESE totalmente el Certificado N°01/2024, acogido a Ley N°19.537 de Copropiedad Inmobiliaria, suscrito por la arquitecto Sra. nombre reservado, el cual adjudica erróneamente, superficies libres de bien común prorrateados como propiedad de cada local comercial.

DEMUÉLASE toda edificación construida sin correspondiente Permiso de Edificación, emplazados en área de Bien Nacional de Uso público Plaza Mayor Villa Santa Adela, con costo del locatario que las hubiere construido.

RESTITÚYASE toda área de Bien Nacional de Uso Público, fuera de los límites propios de cada construcción de Locales Comerciales.

ENVÍESE la presente Resolución al Servicio de Impuestos Internos y al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, para que proceda a la anulación de todos los procedimientos realizados por los particulares, sobre el Bien Nacional de Uso Público Plaza Mayor Villa Santa Adela”.

2.- Por ORD. N°800/16/2024, de 8 de enero de 2024, del Director de Obras de la Municipalidad de Cerrillos, se dispone notificación a los locatarios de Plaza Mayor de Villa Santa Adela, la invalidación del Certificado 01/04 de 22 de enero de 2024, dispuesta en resolución anterior. Asimismo, se dispone el retiro de las construcciones irregulares construidas en el área por los locatarios y restituir el bien nacional de uso público y los espacios graficados como estacionamientos emplazados en el área para tal uso.

3.- Mediante Decreto Exento N°202/2024, de 9 de febrero de 2024 dictado por la alcaldesa de la Municipalidad de Cerillos se dejó sin efecto lo ordenado mediante la Resolución N°800/004/2024, por cuanto según se indica en el mismo, que se iniciará un estudio de título para determinar con exactitud el origen del suelo por parte de la Dirección Jurídica.

4.- El 29 de mayo del año en curso se efectúan actos de cierre y soldadura de acceso al inmueble de propiedad del recurrente y otros locatarios.

5.- Con fecha 5 de junio de 2024, el Director Jurídico dictó el Memorandum N°100-00440-2024, mediante el cual se da cuenta de la dictación del decreto anterior y solicita a cada una de las unidades municipales que acusen recibo del mismo y se abstengan de intervenir la referida plaza, en razón de que la resolución N°800/004/2024 fue invalidado debiendo ser dejadas las cosas al estado anterior a aquella, la unidad que hubiere intervenido dicho espacio, “por cuanto se está elaborando por la Dirección Jurídica un estudio de título, para determinar el origen y naturaleza jurídica del uso del suelo, para proceder, según antecedentes, al respectivo proceso administrativo”.

6.- Ante el 18 Juzgado civil de Santiago, en causa Rol C-8829-2024 se dedujo demanda de nulidad de acto administrativo invalidatorio del artículo 53 de la Ley N°19.880 por Inversiones Guillermina Limitada, dueño del local N°107 del edificio situado en Plaza Mayor de la Villa Santa Adela, en contra de la Municipalidad de Cerrillos, respecto de la Resolución N°800/04/2024 que dejó sin efecto el Certificado N°01/2004 de 22/01/2024 y dispuso la demolición de edificación en área de bien nacional de uso público y restitución de esta fuera de los límites propios de cada construcción de locales comerciales y otras resoluciones derivadas de la anterior. Dicho proceso se encuentra en estado de citación para oír sentencia.

Quinto: Que en cuanto a la procedencia del recurso, cabe tener presente que el de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección requerida.

Sexto: Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". En este sentido, debe apuntarse que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado. Por lo mismo, se requiere la efectiva existencia de un acto ilegal, vale decir, que no se atenga a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

Séptimo: Que la recurrente pretende con la interposición de su acción básicamente tres cosas, la anulación de la Resolución N°800/04/20247 que decretó la invalidación del certificado de copropiedad inmobiliaria N°1 de /004, la demolición de obras y la restitución de superficie de la propiedad por considerarlo bien nacional de uso público y de la Resolución N°800/016-2024 del Director de Obras que le confiere una plazo para efectuar descargos sobre lo anterior y deshacer las obras ejecutadas en mayo de 2024, consistentes en un cerco que soldó, a través de actos que califica de auto tutela.

Octavo: Que de las alegaciones y antecedentes allegados por las partes, se desprende que la Alcaldesa del municipio recurrido dictó resolución dejando sin efecto la impugnada N°800/016-2024, en razón de que se estaría realizando un estudio de títulos para determinar el origen y naturaleza jurídica del uso del suelo, para proceder, según los antecedentes, al respectivo proceso administrativo. De lo anterior, es posible concluir que la resolución que motiva cuestionada y en contra de la cual se dirige la acción cautelar no ha producido sus efectos finales, al haber dispuesto la edil que se mantenga la situación jurídica del recurrente en relación a la superficie de la propiedad que detenta bajo el amparo del certificado otorgado en el año 2004, de lo que deriva la imposibilidad de adoptar por esta Corte alguna medida a su respecto; no siendo por lo demás esta la oportunidad y vía para pronunciarse sobre su validez ni de la naturaleza de la superficie de la propiedad en cuestión.

Noveno: Que, sin embargo, no ocurre lo mismo con los actos materiales que tuvieron lugar el 29 de mayo del año en curso y que consistieron en el cercamiento de la superficie que el Director de Obras de la Municipalidad de Cerrillos, puesto que no sólo fueron ejecutadas fuera del amparo de un procedimiento legal previo que justificara tal determinación y con el emplazamiento previo de los afectados, sino que contravinieron la propia determinación de la autoridad máxima del municipio que por resolución anterior, dejó sin efecto, la medida dispuesta en contra del recurrente y otros locatarios, tanto así que su Dirección Jurídica, en julio de este año debió recordar y reiterar a todas las reparticiones la decisión de la Alcaldesa y la necesidad de mantener las cosas en la situación anterior, al cambio pretendido por la Dirección de Obras. De esta forma no puede sino concluirse que las obras ejecutadas por el municipio en la superficie en disputa, constituyen una expresión de actos de auto tutela, puesto que fueron realizados y se han mantenido hasta la fecha, fuera del amparo del ejercicio de una potestad y de un proceso que las legitime; razón por la cual estos no pueden mantenerse.

Décimo: Que de los hechos reseñados se concluye que se han conculcado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales 3 y 24, al haber la recurrida ejecutado las obras sin un proceso previo legalmente tramitado, afectándose además el derecho patrimonial de usar y gozar de la propiedad que detenta el recurrente al amparo del certificado municipal otorgado en el año 2004, por lo que la acción cautelar intentada será acogida a este respecto.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto acordado sobre esta materia, de la Excma. Corte Suprema, se acoge, sin costas, el recurso deducido por Francisco Javier González Cruz, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Cerrillos, y en contra de nombre reservado, Director de Obras Municipales, en cuanto se ordena a la recurrida a deshacer las obras efectuadas el 29 de mayo de 2024 consistentes en el cerco y soldadura en la propiedad materia de esta acción cautelar, a su entera costa y abstenerse en lo sucesivo de realizar todo acto que derive de la determinación del Director de Obras Municipales u otra al margen de la decisión que emane de un procedimiento legalmente tramitado, que impida, perturbe amenace o dificulte el uso y goce de la superficie asignada al recurrente y otros locatarios en virtud del Certificado N°1 de 2004.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 15486-2024.

Redacción de la ministra Carolina Brengi Zunino, quien no firma por estar haciendo uso de permiso administrativo.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por la Ministra señora Carolina Brengi Zunino y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.