nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 7 de julio de 2025, comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en rechazar la solicitud de su representada de retiro de fondos previsionales efectuada de conformidad a la ley N°18.156, lo que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la actora presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales cumpliendo con todos los requisitos para ello, sin embargo, mediante correo electrónico de 2 de junio de 2025 la recurrida le comunicó su negativa, fundada en que “La Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para retiro de fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fue emitida con fecha 30 de abril de 2020 y dicho documento tiene una validez hasta 120 días”.

Sostiene que dicha determinación es ilegal y arbitraria, toda vez que, por un lado, la recurrida admite que la recurrente efectivamente se encuentra afiliada al sistema de seguridad social de su país de origen, sin embargo, rechaza su petición con el argumento de que el certificado no se encuentra vigente, incorporando un requisito que se aparta de lo exigido en la normativa que regula la materia y desconociendo el hecho de público conocimiento relativo a la imposibilidad de los nacionales de Venezuela para acudir a la representación consular.

Hace presente que el certificado acompañado cuenta con código alfanumérico a fin de poder verificarse su validez a través de la página de internet que indica, que se acompañó una declaración jurada de la solicitante prestada ante notario, y que otra administradora de fondos de pensiones ha accedido a solicitudes de similar tenor mediante la verificación de la constancia electrónica a través de internet.

Previa referencia a la normativa y jurisprudencia que estima pertinente, solicita que se ordene a la recurrida a que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a emitir un nuevo pronunciamiento respecto a la solicitud de devolución de fondos previsionales.

Segundo: Que, el 23 de julio de 2025, el abogado don Rodrigo Montero Atria, en representación de Administración de Fondos de Pensiones Modelo S.A., evacuó el informe requerido, a través del cual solicita el rechazo del presente arbitrio, con costas.

Expone que se rechazó la solicitud de devolución de fondos de la actora de conformidad a lo previsto en la ley N°18.156 y a las instrucciones que ha impartido la Superintendencia de Pensiones a dicho respecto, toda vez que, por un lado, la constancia de afiliación presentada fue emitida el 30 de abril de 2020, con una validez de hasta 120 días y, por otro, atendida la fecha de emisión del documento, no sirve para acreditar que se ha encontrado cubierta durante todo el periodo de prestación de servicios en Chile, considerando que los periodos de cotización solicitados comprenden desde noviembre de 2019 hasta enero de 2023 Sostiene que la ley N°18.156 permite excepcionalmente a los técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos.

Refiere, a este respecto, que el artículo 1 de la Ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo citado, dentro de los cuales está el que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, exigencia que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Sostiene que, conforme a lo expuesto, la recurrida no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, sino que ha dado estricto cumplimiento a los requisitos establecidos por la ley que regula la materia, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que de los antecedentes acompañados al recurso, así como del informe evacuado por la recurrida, se constata que la actora, de nacionalidad venezolana, requirió a AFP Modelo la devolución de fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la ley N°18.156, acompañando título profesional, constancia electrónica de cotizaciones, constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contrato de trabajo y anexos.

A su vez, consta que la solicitud fue rechazada, toda vez que “La Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para retiro de fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fue emitida con fecha 30 de abril de 2020 y dicho documento tiene una validez hasta 120 días.

Por tanto, no sirve para acreditar que se ha encontrado cubierto, con anterioridad y durante todo el periodo de prestación de servicios en Chile, para las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, toda vez que, no se encuentra vigente, por ende, se solicita acompañar certificado válido y vigente.

Asimismo, El certificado de afiliación que se acompaña, fue emitido con fecha 30 de abril de 2020, por tanto, no sirve para acreditar que se ha encontrado cubierto, con anterioridad y durante todo el periodo de prestación de servicios en Chile, para las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, toda vez que, los periodos de cotización solicitados para devolución como técnico extranjero, comprenden desde el periodo de noviembre de 2019 hasta enero de 2023”.

De lo anterior se desprende que, entre las observaciones que se le formularon a su petición se encontraba que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no se encontraba vigente al momento de ingresarse el trámite (120 días) y que no permite acreditar la cobertura durante todo el periodo de prestación de servicios de la requirente en Chile.

Quinto: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7° de la ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1° de la referida normativa establece que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Sexto: Que, en este contexto, la revisión de los antecedentes permite concluir que los documentos acompañados no cumplen con elementos mínimos para corroborar su otorgamiento y validez, y así poder acreditar la efectividad de la afiliación previsional y las coberturas mínimas exigidas por la ley N°18.156 durante todo el periodo de prestación de servicios en Chile, y por la normativa sectorial de la Superintendencia de Pensiones.

Séptimo: Que, acorde a lo expuesto, necesariamente se debe concluir que los fundamentos y las exigencias que fundan la negativa de la recurrida encuentran sustento en la ley y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria. Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, lo que descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la recurrida, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Octavo: Que, por lo demás, y tal como lo ha resuelto la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Corte de Apelaciones, el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución, pues el rechazo constituye un acto administrativo subsanable, existiendo la posibilidad futura de presentar nuevamente los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-15485-2025.