Protección contra Pontificia Universidad Católica de Chile

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que acciona de protección nombre reservado, alumna de quinto año de la carrera de Educación Física y Salud, con defensa de tesis aprobada y miembro de la Selección de Tenis nombre reservado, con domicilio en la comuna de Puente Alto, en contra de la Pontificia Universidad Católica de Chile, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Santiago por habérsele aplicado la sanción de suspensión de actividades académicas por un período académico (segundo semestre 2026) que en la práctica implica la suspensión de un año completo, la pérdida de la Beca Vocación Profesor y un perjuicio de $6.360.000.-; así como la sanción de prohibición de participar de un intercambio, lo que afecta sus garantías de los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Explica que el motivo de la sanción fue por su ausencia entre el 8 y el 24 de abril de 2025 en que viajó al extranjero que le fue regalado, privilegiando salud mental debido a un quiebre familiar, aun cuando se encontraba con tratamiento médico por una lesión en el hombro (tenosinovitis) que suspendió sin llegar a presentar licencia médica a la Universidad sino solamente un certificado recomendándole reposo, la que considera desproporcionada ya demostró en el sumario que todas las dolencias médicas eran reales; que solamente le falta cursar este último semestre para terminar su carrera; que deberá pagar el arancel cuyo costo de $6.360.000 es inalcanzable para ella ya que su familia es de escasos recursos; no se ponderó su irreprochable conducta y colaboración en el proceso; que es una alumna comprometida con su educación siendo su promedio de notas 6,2, ubicándose en el lugar 7° de su promoción; que participa en la Selección de Tenis nombre reservado de la Universidad, lideradas por el profesor nombre reservado y el profesor nombre reservado respectivamente; y que jamás se ha visto involucrada en ningún tipo de situación que comprometa su responsabilidad, compromiso y moral.

Acompaña y detalla antecedentes médicos y sobre la situación familiar sufrida.

Pide se le permita inscribir las asignaturas pertinentes para el segundo semestre 2026 y se restablezca su calidad de alumna regular, para efectos que pueda culminar con mi carrera dentro del año, con costas.

Segundo: Que se informa por la universidad recurrida, haciendo presente que no existe un acto terminal ya que la alumna impugno la decisión, lo que se encuentra pendiente ante la Comisión de Apelación.

En subsidio, alega que se actuó conforme a las atribuciones reglamentarias que tiene; indicando que la conducta sancionada no fue el viaje ni el incumplimiento de una indicación médica, sino el uso de un certificado de reposo absoluto para justificar inasistencias y reprogramar evaluaciones durante el mismo periodo en que se encontraba fuera del país.

Relata que el 5 de mayo de 2025 la Secretaría General de la Universidad recibió un reporte de la jefa del Programa de Pedagogía e Educación Física y Salud de la facultad de Educación mediante el cual informó una eventual infracción disciplinaria, pues presentados certificados médicos, se encontraba fuera del país. El 8 de mayo de 20925 se dictó la Resolución N°NUM000 que ordenó la instrucción de un Proceso de Responsabilidad para investigar. El 30 de mayo de 2025 compareció a declarar la denunciante, señalando que la recurrente presentó un certificado médico el 9 de abril de 2025, para justificar inasistencias a clases y evaluaciones entre el 8 y el 24 de abril por un diagnóstico de "tenosinovitis de hombro derecho". La declarante señaló que el documento le resultó sospechoso debido a que prescribía tres semanas de reposo absoluto, lo cual no sería habitual para ese diagnóstico y que fue emitido por un pediatra.

Asimismo, indicó que tras solicitar a la alumna antecedentes adicionales o exámenes para validar el justificativo, esta no cumplió con la entrega de dicha información y que pudo verificar mediante testimonios docentes y publicaciones de la recurrente en la red social TikTok que, durante el periodo de la licencia, la joven se encontraba efectivamente de viaje en Europa, razón por la cual remitió los correos electrónicos y el certificado cuestionado a la Secretaría General. Se tomó declaración en calidad de testigo al académico de la Facultad de Educación don nombre reservado, quien explicó que conocía a la recurrente desde su primer año, en su calidad de entrenador de la selección de Netball, de la cual ella es integrante; corroboró haber tenido conocimiento del certificado médico presentado por la recurrente, señalando que le llamó la atención que una lesión de hombro fuera tratada por un pediatra en lugar de un traumatólogo. Asimismo, relató que informó a la jefa de Programa de Pedagogía en Educación Física y Salud, sobre la irregularidad, tras haber visto publicaciones de la estudiante en redes sociales donde se la observaba de viaje en París junto a su hermana. Finalmente, se aportó como evidencia los videos y fotografías obtenidos de dichas plataformas y manifestó su extrañeza ante el hecho de que la alumna ya se encuentre reintegrada a la práctica competitiva de Netball, considerando la gravedad y el tiempo de reposo prescrito en la licencia médica cuestionada. El 5 de junio de 2025, compareció a declarar nombre reservado quien admitió la veracidad de los hechos denunciados, confirmando que efectivamente se encontraba de viaje en Europa durante el periodo de vigencia del certificado médico, el que fue emitido por su pediatra de confianza debido a una tenosinovitis de hombro derivada de la sobrecarga deportiva, pero que decidió realizar el viaje invitada por su hermana para priorizar su salud mental, la cual se encontraba severamente afectada. Sostuvo que cumplió con el reposo prescrito tanto en casa de su hermana como durante el viaje, y que utilizó el documento para reprogramar evaluaciones en las asignaturas de “Experiencia Musical”, “Nutrición y alimentación saludable” y “Diversidad e inclusión”. Finalmente, hizo entrega de diversos documentos, entre ellos antecedentes relativos a su salud mental y una carta destinada a contextualizar su situación personal. El 25 de marzo de 2026, se notificó a la recurrente la formulación de cargos atribuyéndosele haber presentado certificados médicos para justificar su inasistencia a evaluaciones y clases, mientras que, durante los períodos amparados por dichos certificados, habría realizado un viaje al extranjero, pese a que éstos consignaban la indicación de mantener reposo absoluto.

Sobre la base de tales antecedentes, se estimó que la conducta era constitutiva de una infracción al artículo 10°, inciso tercero, letra n) del Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria, disposición que establece: "[c]ometer cualquier otra conducta que, a la luz de los principios y normas que rigen a la Pontificia Universidad Católica de Chile, afecte la normal convivencia al interior de la comunidad universitaria, el normal desarrollo de las actividades académicas o de las demás labores que son propias de la Universidad"; hechos contrarios al Código de Honor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el cual impone a los estudiantes el deber de actuar con rectitud y honestidad en el desarrollo de sus actividades académicas, en su proceso de aprendizaje y en sus relaciones con los demás integrantes de la comunidad universitaria. Se contestaron los descargos y el 30 de abril el Investigador emitió su informe, teniendo por acreditado el cargo determinando que se incurrió en una conducta deshonesta al utilizar un certificado médico de "reposo absoluto" como un medio para justificar inasistencias y evaluaciones mientras se encontraba de viaje en el extranjero. Lo que afectó el normal desarrollo de las actividades académicas y vulneró la igualdad frente a sus compañeros. Se valoró como atenuantes el reconocimiento de la falta y la irreprochable conducta anterior, proponiendo reducir la sanción original de suspensión de 2 semestres a 1. El 11 de junio de 2026, la alumna apeló, recurso que se encuentra pendiente de conocimiento y resolución por parte de la Comisión de Apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57° del Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria, no habiéndose celebrado aún la sesión respectiva.

Arguye respecto de las garantías constitucionales invocadas estimando que la transgresión no se ha producido.

Tercero: Que la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece: “[e]l que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

Cuarto: Que de acuerdo con lo anterior esta acción constituye jurídicamente una de carácter cautelar y de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes o indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, sin que pueda serle restringida dicha facultad.

Quinto: Que el Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, acompañado en folio 7, establece como infracciones disciplinarias en el artículo 10° las siguientes: a) Realizar actos que menoscaben de cualquier modo los principios, valores, símbolos o la imagen de la Universidad; b) Expresarse, públicamente y por cualquier medio, de forma deshonesta o en menoscabo de algún miembro de la comunidad universitaria; c) Incitar o cometer actos de violencia en contra de miembros de la comunidad universitaria, o contra personas ajenas a ella, desde recintos universitarios, dentro de ellos, o fuera de ellos en actividades que realice la Universidad, u organicen la Federación de Estudiantes, los Centros de Alumnos y, en general, toda organización vinculada directamente con la Universidad; d) Retirar, sin autorización del lugar dispuesto para su permanencia por la Universidad, cualquier clase de bien que pertenezca a la misma; e)

Extraviar, menoscabar, o hacer mal uso de cualquier clase de bien que pertenezca a la Universidad; f) Negarse a mostrar identificación, cuando sea solicitado por un académico, funcionario o persona autorizada; g) Cometer actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres en los recintos de la Universidad o en lugares que la Universidad ocupe o utilice, o utilizar esos recintos o lugares cuando no exista autorización otorgada por la autoridad competente; h)

Consumir, ingresar, poseer, distribuir o proporcionar bebidas alcohólicas en los recintos de la Universidad o en lugares que la Universidad ocupe o utilice, cuando no exista autorización otorgada por la autoridad competente; i) Encontrarse en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol al interior de la Universidad o en lugares que la Universidad ocupe o utilice; j) Ingresar, consumir, poseer, transportar, distribuir o proporcionar estupefacientes o sustancias psicotrópicas definidas como tales por la legislación vigente, o encontrarse bajo la influencia de ellas, en recintos universitarios o en lugares que la Universidad ocupe o utilice; k) Cometer, colaborar, incentivar o apoyar actos discriminatorios, entendiendo por tales aquellos actos que otorguen un trato diferenciado, y sin la debida justificación razonable y objetiva, a otra persona que integre la comunidad universitaria; l) Cometer, colaborar, incentivar o apoyar actos de acoso entendiendo por acoso, el desarrollo de uno o varios actos que, objetivamente, causen intimidación, hostilidad o humillación, hacia un miembro de la comunidad universitaria, independientemente del medio a través del cual se ejerza; m) Realizar, colaborar, incentivar o apoyar actos de abuso, entendiendo por tales aquellos actos que se cometen de forma excesiva, impropia, indebida o deshonesta hacia otra persona de la comunidad, independientemente del medio a través del cual se ejerza, lo cual comprenderá toda conducta abusiva de carácter físico, psicológico, sexual u otras que pudiesen corresponder en menoscabo de la dignidad de las personas, y n) Cometer cualquier otra conducta que, a la luz de los principios y normas que rigen a la Pontificia Universidad Católica de Chile, afecte la normal convivencia al interior de la comunidad universitaria, el normal desarrollo de las actividades académicas o de las demás labores que son propias de la Universidad”. Siendo esta última la aplicada.

Sexto: Que no escapa a esta Corte la necesidad y obligación de los establecimientos de educación superior de reprimir todo acto que atente contra el desarrollo normal de las actividades docentes y de convivencia puesto que ello también coadyuva a la formación ética de los futuros profesionales. Y que en ese marco ha sido dispuesta la infracción genérica de la letra n) del artículo 10 del Reglamento aplicada a la alumna. La que por ser ella genérica, es decir, sujeta al arbitrio de la autoridad, llenarla de contenido requiere el máximo esfuerzo interpretativo que remedie la falta razonablemente.

Séptimo: Que, en este caso, no existe ninguna duda acerca de la verosimilitud de las patologías que aquejaron a la estudiante y de la validez de los certificados médicos, por lo tanto en estricto rigor, lo que la alumna hizo fue incumplir el reposo prescrito, asunto que no parece enmarcarse en la hipótesis de la letra n) del artículo 10° del Reglamento, atendido que no afecta la normal convivencia al interior de la comunidad universitaria ya que ella no se encontraba allí, ni tampoco el normal desarrollo de las actividades académicas o de las demás labores que son propias de la Universidad que se refieren a su impartición y recepción por la comunidad educativa. Así, los asuntos académicos particulares de la alumna se rigen por el artículo 10° del Reglamento, pero en las letras a), b), c) y d) específicas, que no le fueron imputadas como cargos.

Octavo: Que, no obstante, y aun en el caso de considerar que se trata de una afectación a la letra n) del artículo 10°, lo cierto es que no resulta razonable que una alumna con conducta intachable, notas de excelencia y aporte especial a las ramas deportivas de la Universidad que se encuentra terminando sus estudios, después de 5 años de cumplir con sus obligaciones, sea marginada de la universidad ya que en efecto no permitirle tomar ramos el segundo semestre del año en que finaliza sus estudios implica postergar por un año más su egreso y perder la única posibilidad de acceder a un título pues también se le priva de una beca ganada con esfuerzo y mantenida con responsabilidad.

Noveno: Que el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental establece que “[l]a Constitución asegura a todas las personas: 2°.- La igualdad ante la ley”. Igualdad que tienen todos los adolescentes de acceder a un sistema sancionatorio aun en el ámbito educativo que privilegie su desarrollo por sobre la afectación de sus intereses esenciales. Décimo: Que las facultades cautelares de esta Corte permiten, por lo tanto, estimar como desproporcionadas las medidas impuestas, sin embargo, atendido exclusivamente que se ha comunicado por la Universidad que el recurso de apelación ha sido acogido y reemplazada la sanción por una amonestación por escrito se rechazará el recurso de protección por no existir en la actualidad medida que adoptar que remedie la sanción original que ha sido dejada sin efecto.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la ministra señora Poza.

N°Protección-15471-2026.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus e integrada, además, por la ministra señora Claudia Parra Villalobos y el abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.