nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

Santiago, ocho de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A, por el actor arbitrario e ilegal consistente en haber rechazado su solicitud de retiro y/o devolución de fondos previsionales, mediante un acto notificado con fecha 6 de junio de 2025, lo que importaría la afectación de las garantías constitucionales establecidas en los N° 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Señala que el recurrente es ingeniero mecánico con residencia definitiva en Chile, quien durante su trayectoria laboral ha realizado cotizaciones previsionales en el sistema chileno. Asimismo, ha suscrito cláusulas previsionales en sus contratos de trabajo, manifestando su voluntad de acogerse al artículo 1 de la Ley N°18.156.

Conforme lo anterior, el recurrente ingresó una solicitud vía web ante AFP Planvital para el retiro y/o devolución de sus fondos, acompañando la documentación requerida por la ley, que incluye contratos de trabajo con cláusula de exención, título profesional apostillado, cédula de identidad vigente para extranjeros que verifica su residencia definitiva, y una constancia del seguro social de su país de origen, Venezuela.

Posteriormente, con fecha 6 de junio de 2025, recibió un correo electrónico informándole el rechazo de su solicitud, bajo el argumento de que la documentación adjunta no cumple con los requisitos exigidos en la ley. Tras dirigir un reclamo a la Superintendencia de Pensiones, con fecha 10 de junio de 2025, obtuvo una respuesta que si bien indicó los requisitos copulativos del artículo 1 de la Ley N°18.156 y la vigencia del Convenio de la Apostilla entre Chile y Venezuela, también señaló que, en casos donde la certificación provenga de una delegación consular extranjera, el documento debe contar con la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. No obstante, la Superintendencia también reconoció la circunstancia del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile y la suspensión de trámites consulares, que imposibilita la realización de estas apostillas o legalizaciones.

Así las cosas, señala que, ante esta imposibilidad fáctica y notoria, la recurrida ha realizado una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, que es permitir la disposición de sus ahorros previsionales.

Afirma que los documentos presentados, en particular la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) —que puede ser verificada a través de su portal web mediante el número de cédula o un código alfanumérico— acreditan su afiliación a un régimen previsional que le otorga prestaciones en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía, cumpliendo así con los requisitos del artículo 1 de la Ley N°18.156.

Adicionalmente, ampara la imposibilidad de obtener el documento en lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, y sostiene que la negativa de la recurrida es injustificada, arbitraria e ilegal.

En este orden de ideas, e estima que la conducta de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, al establecer diferencias arbitrarias y dar un trato desigual a su solicitud al exigir una formalidad adicional (legalización o apostilla) no contenida en la ley ni en el portal oficial de la recurrida, siendo que otros solicitantes en iguales circunstancias han obtenido respuestas favorables. Igualmente, se vulnera el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, al retener los fondos previsionales que son de exclusiva propiedad del recurrente, lo que ha sido ratificado por diversos fallos de la Excma. Corte Suprema y Cortes de Apelaciones que han rechazado interpretaciones excesivamente literales y formalistas de la Ley N°18.156.

En ese sentido, plantea que la recurrida ha inobservado la normativa especial e incorporado requisitos no expresamente señalados, restringiendo los derechos del recurrente, lo que también afecta el artículo 19 N°26 de la Constitución Política, que prohíbe imponer condiciones o requisitos que impidan el libre ejercicio de los derechos en su esencia.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., al evacuar el informe requerido solicitó el rechazo en todas sus partes del recurso de protección, con expresa condena en costas.

En cuanto a los hechos, sostuvo que con fecha 4 de julio de 2025, don nombre reservado presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales, la cual fue rechazada debido a que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" presentada no cumplía con los requisitos exigidos.

En efecto, cita el Oficio Ordinario N° 20294, de 8 de octubre de 2020, de la Superintendencia de Pensiones, que indica que dicho documento no cumple con la especificidad para demostrar la cobertura previsional integral requerida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, y que no son suficientes los documentos genéricos ni las declaraciones juradas.

Además, explica que, de acuerdo con el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y el Oficio Ordinario N° 25057, de 29 de diciembre de 2023, la documentación debe ser "debidamente legalizada", refiriéndose a contar con la apostilla respectiva o la legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto al derecho, afirma que el rechazo no fue ilegal ni arbitrario, sino que se fundó en las normas legales y administrativas vigentes, específicamente en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 y en las facultades de supervigilancia, interpretación y emisión de normas obligatorias para las Administradoras de la Superintendencia de Pensiones, establecidas en los artículos 2° y 3° del D.F.L. N° 101 de 1980, el artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980, y el artículo 47 de la Ley N° 20.255.

Hace presente que la aplicación de los Oficios Ordinarios N° 20.294 y N° 25.057, y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, es obligatoria para PlanVital, por lo que su actuar fue legal y razonado, no arbitrario. Asimismo, recuerda que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a la devolución, siendo un acto administrativo subsanable, lo que permite al recurrente presentar nuevamente los documentos requeridos.

Conforme lo anterior, concluye que su representada no ha privado, perturbado o amenazado los derechos y garantías del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

Quinto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Sexto: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado del recurrente.

En particular, Superintendencia de Pensiones a ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del no del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Octavo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N°18.156, Art. 345 CPC) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (Art. 94 D.L. 3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Noveno: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual de la recurrente conforme a las reglas generales del D.L. 3.500.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-15.466-2025.