Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, diez de agosto de dos mil veintiséis.

A los folios 14, 15, 16 y 17: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece la abogada Camila Escobedo Rodríguez, en representación de nombre reservado, quien interpone en su favor recurso de protección en contra del Instituto Clínico Oncológico Fundación Arturo López Pérez (FALP), representado legalmente por don nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en mantener la negativa de cobertura oncológica respecto del diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda que afecta a la recurrente, siendo aquello comunicado el 18 de mayo de 2026, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1, 9 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se restablezca el imperio del Derecho, ordenándole a la recurrida dejar sin efecto la decisión de rechazo de cobertura oncológica, disponiendo su reconocimiento y activación, con las respectivas prestaciones asociadas a su tratamiento, con costas.

Relata que se incorporó durante el año 2023 al Convenio Oncológico Fondo Solidario de la Fundación Arturo López Pérez, manteniendo una relación vigente con dicha institución, agregando que el 27 de julio de 2024 ingresó de urgencia y con riesgo vital a la Clínica Puerto Varas por un cuadro abdominal agudo con hemoperitoneo, shock hemorrágico, cirugía de urgencia y ventilación mecánica, siendo posteriormente derivada al Hospital de Puerto Montt y, luego, al Hospital Base de Valdivia, donde se confirmó el diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda, iniciándose quimioterapia el 8 de agosto de 2024 por indicación médica impostergable.

Refiere que, una vez superada la fase crítica, su padre informó a la recurrida la situación mediante correos electrónicos de 20 de agosto de 2024, acompañando antecedentes médicos. No obstante ello, sostiene que la Fundación rechazó la cobertura mediante comunicaciones de 24 de marzo y 25 de abril de 2025, situando el inicio del tratamiento de la actora el 9 de septiembre de 2024, desconociendo la fecha real de su inicio, y enfatizando que la protegida habría realizado tratamiento en un centro distinto de FALP sin contar con consentimiento o autorización escrita de la institución, trasladando el peso de una exigencia formal a una paciente que había iniciado tratamiento por urgencia médica, sin hacerse cargo de que la atención inicial no fue planificada, electiva ni decidida en condiciones normales por la recurrente o su familia.

Adiciona que acudió a la Superintendencia de Salud, a la Comisión para el Mercado Financiero y al SERNAC, sin obtener una resolución de fondo sobre la controversia, y que, tras apelar de la decisión de la recurrida, esta mantuvo el rechazo mediante respuesta de 18 de mayo de 2026, acto que constituye la negativa actualmente impugnada.

Hace presente que la gravedad del acto recurrido queda de manifiesto al apreciar la naturaleza de la enfermedad que padece la recurrente, pues fue diagnosticada con Leucemia Mieloide Aguda, recibió quimioterapia intensiva y se mantiene bajo vigilancia médica, no pudiendo ser tratada la continuidad de sus controles, seguimiento y eventual respuesta terapéutica oportuna, como una cuestión meramente económica o contractual, ya que afecta la seguridad mínima que el convenio debía otorgar frente a una enfermedad oncológica grave y mantiene a la paciente en una situación de incertidumbre incompatible con la tutela urgente de su vida e integridad física y psíquica, transformando en la práctica una secuencia de urgencia vital en una causal de exclusión automática de cobertura, evaluando el caso como si se tratara de una decisión libre de la recurrente, desconociendo que el equipo médico que la atendió en su oportunidad enfrentaba una situación crítica, con riesgo vital y necesidad de tratamiento inmediato.

Precisa que precisamente por lo anterior es que la parte recurrente informó a la FALP vía correo electrónico de la situación de la protegida, no siendo la comunicación de 20 de agosto de 2024 una actuación tardía destinada a justificar una decisión ya consumada en condiciones normales, sino el primer momento razonable en que la familia pudo comunicar a la Fundación una secuencia clínica que había comenzado por una emergencia médica y que se encontraba en pleno desarrollo, lo que no se ponderó apropiadamente por la recurrida.

Detalla que en estas circunstancias los hechos demuestran en términos secuenciales que la recurrente contaba con un convenio oncológico vigente, ingresó en julio de 2024 por una urgencia vital ajena a cualquier decisión programada de tratamiento; fue diagnosticada con Leucemia Mieloide Aguda durante esa hospitalización crítica; inició quimioterapia el 8 de agosto de 2024 por indicación médica; su familia informó a FALP el 20 de agosto de 2024 de la situación y acompañó los antecedentes pertinentes; la Fundación rechazó la cobertura en marzo y abril de 2025; los organismos administrativos consultados no resolvieron el fondo; y FALP, finalmente, mantuvo el rechazo el 18 de mayo de 2026, sin hacerse cargo de los elementos que hacen constitucionalmente inadmisible aplicar la exigencia de autorización previa en una urgencia vital, convirtiendo en los hechos una atención médica urgente en una supuesta renuncia o exclusión de cobertura, sin ponderar que la actora no tuvo posibilidad real de elegir ni de tramitar autorizaciones antes de iniciar el tratamiento que los médicos estimaron impostergable.

Argumenta en relación con sus garantías fundamentales que el acto impugnado amenaza actualmente su derecho a la vida e integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 19 N° 1, al privarla de cobertura oncológica frente a controles, seguimiento y eventual respuesta terapéutica ante una enfermedad grave; perturba su derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N° 24, en cuanto afecta la posición jurídica incorporal derivada del convenio de protección oncológica contratado; y vulnera además la garantía del artículo 19 N° 9 inciso final, en la medida en que impide que la elección de una modalidad privada de protección oncológica produzca efectos reales frente a la patología para la cual fue contratada, todo ello como consecuencia de una aplicación formalista y desproporcionada de la exigencia de autorización previa en un contexto de urgencia vital.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se restablezca el imperio del derecho por esta Corte, en los términos antes mencionados.

SEGUNDO: Que informa la recurrida Fundación Arturo López Pérez y solicita el rechazo del recurso.

Refiere como efectiva la secuencia fáctica que da origen a la controversia, en términos de haber sido la recurrida contactada por primera vez vía correo electrónico el 20 de agosto de 2024, comunicando el ingreso de la actora el 27 de junio de 2024 a la Clínica Puerto Varas, lugar donde fue diagnosticada con hemoperitoneo y shock hipovolémico, agregando que con posterioridad a cirugía practicada en dicho centro de salud, le fue diagnosticada Leucemia Mieloide Aguda, siendo trasladada al Hospital de Puerto Montt, y estabilizada, para luego ser trasladada a la unidad de hematología del Hospital Base de valdivia, lo que ocurrió el 6 de agosto 2024.

Sostiene que el 27 de agosto de 2024, Contraloría Médica de la FALP se contactó telefónicamente con la parte recurrente, a fin de entregarle las indicaciones para que se procediera con la activación de convenio oncológico solicitado, comprometiéndose a remitir biopsia con diagnóstico definitivo y plan de salud de la protegida, lo que sin embargo, no ocurrió.

Menciona que tras más de un mes desde la última comunicación, recién el 30 de septiembre de 2024 recibió un correo electrónico con supuestos nuevos antecedentes de respaldo de diagnóstico y tratamiento, aunque no pudieron visualizarse. No obstante ello, el 1 de octubre del mismo año, la recurrida remitió a la parte recurrente documentación a suscribir para la activación digital del convenio de protección oncológica, informándole además que debía consultar con especialista vía telemedicina.

Argumenta que tras cuatro meses de esta comunicación, el 21 de enero de 2025, el padre de la recurrente se comunicó por correo electrónico con la recurrida para retomar el proceso de activación de convenio, indicando que doña nombre reservado fue dada de alta provisoria respecto del tratamiento y protocolos suministrados por el diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda, y que el día 25 del mismo mes y año se entregaría test molecular con resultado del protocolo aplicado.

Manifiesta que el 23 y 24 de enero de 2025 se enviaron recordatorios para efectos de concretar la firma de la solicitud de activación del Convenio de Protección Oncológica, lo que finalmente se realizó el 6 de febrero del mismo año, remitiendo además la parte recurrente la restante documentación solicitada el 24 de marzo de 2025, comunicando la recurrida a la actora, mediante carta COF N°NUM000, la negativa de cobertura, fundado en “que los informes clínicos entregados por usted confirman que se realizó tratamiento oncológico en otro centro clínico y este tratamiento lo realizó sin haber solicitado el consentimiento y autorización escrita de Contraloría FALP, requisito establecido en las condiciones de suscripción del Convenio Oncológico. Debido a lo anterior, no podrá acceder a la cobertura de Convenio Oncológico Fondo Solidario FALP para la patología oncológica LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA”.

Hace presente la parte recurrente solicitó la reconsideración de la decisión el 16 de abril de 2025, confirmándose la decisión de la FALP por carta de 25 de abril del mismo año, rechazando la cobertura solicitada, invocando la cláusula séptima, numeral 7.5, del convenio, en cuanto dispone que el beneficiario que se somete a tratamiento oncológico en un centro distinto sin consentimiento escrito previo de la institución, renuncia expresa y voluntariamente a la cobertura pactada.

Detalla que tras estas comunicaciones no tuvo más noticias del caso, hasta que el 16 de febrero de 2026 tomó conocimiento de un reclamo de la actora ante el SERNAC que fue contestado por la FALP con los fundamentos de su decisión, agregando que, posteriormente, el 14 de mayo de 2026, la protegida remitió una carta por correo electrónico a la recurrida solicitando la activación del Convenio Oncológico Fondo Solidario, lo que fue rechazado con fecha 18 de mayo de 2026, dando origen a la interposición del presente arbitrio, no obstante haber suscrito la actora el 1 de agosto de 2023 el convenio de protección oncológica folio N°NUM001, en el que se señala expresamente que el titular al suscribir dicho convenio declara conocer y aceptar los términos del contrato, y que contiene cláusulas de exclusión de cobertura, tal como ocurrió en estos autos.

Precisa, expuesto lo anterior, que la acción de protección deducida es extemporánea, ya que el rechazo de cobertura oncológica se comunicó a la actora el 24 de marzo de 2025 y fue confirmado el 25 de abril del mismo año, por lo que la interposición del recurso el 12 de junio de 2026 resulta manifiestamente extemporánea, sin que la carta de reconsideración presentada por la recurrente el 14 de mayo de 2026 y la consecuente respuesta de FALP de 18 de mayo de 2026 constituyan un nuevo acto susceptible de reabrir el cómputo del plazo, pues se trata de una mera reiteración de lo ya resuelto, sin que se hayan aportado antecedentes distintos de los conocidos con anterioridad.

Fundamenta igualmente que el recurso de protección debe ser rechazado, puesto que se trata de una acción de naturaleza esencialmente cautelar y conservativa, que no constituye la vía idónea para dirimir controversias relativas a la existencia, interpretación o aplicación de obligaciones contractuales, cuestión que, a juicio de la recurrida, es precisamente lo que subyace al conflicto planteado, en tanto la recurrente persigue desconocer los efectos de una cláusula libremente pactada al suscribir el convenio, puntualizando que no ha existido un acto arbitrario o ilegal imputable a la FALP en estas circunstancias, por haber procedido conforme a las estipulaciones contractuales convenidas entre las partes.

Finalmente, expresa que no existe vulneración, privación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, ya que en cuanto a su derecho a la vida e integridad física y psíquica, la actora ha recibido las atenciones médicas pertinentes en el Hospital Base de Valdivia y cuenta, además, con cobertura de su sistema previsional FONASA y con las prestaciones del sistema GES para su patología, de modo que no se advierte riesgo actual para su vida o integridad física o psíquica derivado de su actuar. Respecto del derecho a la protección de la salud, precisa que la protección constitucional se circunscribe al derecho a elegir el sistema de salud, estatal o privado, materia en la que no tiene injerencia alguna, habiendo la recurrente optado libremente por las prestaciones del sistema público. A su turno, en cuanto al derecho de propiedad, afirma que la recurrente jamás ha detentado un derecho indubitado sobre los beneficios del convenio, pues su procedencia se encontraba supeditada al cumplimiento de los requisitos contractuales, entre ellos, la ausencia de causales de exclusión.

Por estas consideraciones, solicita en definitiva a la Corte el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

CUARTO: Que el acto que se califica de ilegal y arbitrario por la parte recurrente lo constituye el hecho de mantener la recurrida su negativa a prestar cobertura oncológica respecto del diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda que afecta a la recurrente.

QUINTO: Que en lo relativo a la oportunidad de la acción aparece de los antecedentes que FALP comunicó a la recurrente, mediante carta de 24 de marzo de 2025, su decisión de no otorgar cobertura para la patología oncológica de que se trata. Dicha resolución fue objeto de una solicitud de reconsideración, resuelta por la recurrida el 25 de abril del mismo año, oportunidad en que ratificó el rechazo fundado en la aplicación de la cláusula contractual pertinente.

De este modo, la decisión que se reprocha, esto es, la negativa a reconocer cobertura por el tratamiento efectuado en otro centro asistencial sin autorización escrita de la recurrida aparece adoptada y conocida por la recurrente, a más tardar, en abril de 2025.

En este escenario, la comunicación de 18 de mayo de 2026 no importa un acto nuevo, autónomo ni diverso del anteriormente impugnado, toda vez que se limita a informar que no se acompañaron antecedentes nuevos o adicionales que justificaran modificar lo resuelto, sin que configure una nueva decisión que permita reiniciar el cómputo del plazo para recurrir, desde que no altera la situación jurídica previamente definida ni contiene una nueva decisión, distinta de aquella que fue comunicada en marzo y confirmada en abril de 2025.

Entender lo contrario importaría admitir que la sola reiteración o confirmación de una decisión ya adoptada, a requerimiento del interesado, tiene la virtud de renovar indefinidamente el plazo fatal para deducir la acción cautelar, conclusión que pugna con la naturaleza excepcional y urgente del recurso de protección.

SEXTO: Que, por consiguiente, habiéndose deducido el recurso el 12 de junio de 2026, esto es, transcurrido con creces el término de treinta días corridos contado desde el conocimiento cierto del acto que sustancialmente se reprocha, la acción resulta extemporánea, al tenor del N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, aun si se prescindiera de la referida extemporaneidad, el recurso tampoco podría prosperar en cuanto al fondo, por cuanto la cuestión sometida al conocimiento de esta Corte excede la naturaleza cautelar del presente arbitrio.

En efecto, dilucidar la controversia planteada exige determinar si atendidas las estipulaciones contractuales suscritas, la secuencia de atenciones clínicas, las comunicaciones sostenidas entre las partes y las circunstancias en que se inició y continuó el tratamiento fuera de las dependencias de FALP, procedía o no otorgar la cobertura reclamada, para todo lo cual se requiere necesariamente determinar el alcance de la cláusula séptima numeral 7.5, del Convenio Oncológico, así como el efecto que pudiere tener la urgencia médica descrita por la recurrente, la oportunidad de la comunicación efectuada a FALP, las gestiones posteriores de activación del convenio y los efectos de la permanencia del tratamiento en un establecimiento diverso.

Ahora bien, para dilucidar tales aspectos se requiere de un examen pormenorizado de la relación contractual alegada, de los antecedentes clínicos y de las comunicaciones intercambiadas por las partes, además de establecer las circunstancias precisas en que se produjo el tratamiento, la eventual factibilidad de su coordinación con la recurrida y los efectos jurídicos de la cláusula de exclusión invocada, materias que exceden el ámbito de esta acción constitucional, desde que su resolución demanda un procedimiento de lato conocimiento que permita a las partes rendir y controvertir la prueba, sin que resulte procedente que por esta vía cautelar se sustituya una instancia declarativa.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no es posible tener por establecido un derecho indubitado en favor de la recurrente, que permita determinar -en esta instancia- la procedencia de la cobertura que se solicita. Del mismo modo, no se advierte, con el estándar que esta sede exige, un actuar ilegal o arbitrario de la recurrida, puesto que su decisión aparece sustentada en una cláusula del convenio cuya aplicación y procedencia son precisamente objeto de controversia entre las partes.

NOVENO: Que, en razón de lo dicho y por no configurarse los supuestos esenciales que exige el artículo 20 de la Constitución para otorgar la protección que se demanda, el recurso debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado y en contra del Instituto Clínico Oncológico Fundación Arturo López Pérez.

Regístrese y archívese.

N°Protección-15442-2026.