Protección contra Director del Hospital San José

C.A. de Santiago Santiago, diez de octubre de dos mil veinticinco.

A los folios 12 y 13: téngase presente.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, venezolano, médico cirujano, cédula de identidad N° RUT reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Director del Hospital San José, don nombre reservado, por haber omitido responder positivamente a su solicitud presentada con fecha 10 de enero del presente año, tendiente a que cese en su favor la obligación de cotización de seguridad social en el régimen chileno para permanecer afiliado al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS). Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que dicha omisión va en contra del artículo 1° de la ley N° 18.156, que habilita a profesionales extranjeros a eximirse del cumplimiento de las leyes chilenas de previsión, y además constituye una carencia de reflexión y razonabilidad que afecta sus intereses, vulnerando con ello el derecho de propiedad sobre sus recursos previsionales consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se ordene a la autoridad recurrida atender positivamente su solicitud y emitir un acto administrativo que reconozca la exención solicitada.

Expone que es médico cirujano con desempeño en el Hospital San José, con jornada de 22 horas ley N° 19.664 y que con fecha 10 de enero del presente año, presentó una misiva al Director de la época de dicho nosocomio, con el objetivo de que cese en su favor la obligación de cotización de seguridad social en el régimen chileno para permanecer afiliado al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), órgano público de dicho país cuyo objetivo es brindar seguridad social y otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por lo que requiere que dicha carta sea contestada de manera positiva por las actuales autoridades de ese hospital.

Señala que dicha posición jurídica se encuentra amparada en lo señalado en el artículo 1° de la ley N° 18.156, que habilita, en lo que interesa, a profesionales extranjeros a eximirse del cumplimiento de las leyes chilenas de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que, de acuerdo a sus literales a) y b), el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el trabajador extranjero exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Agrega que a la fecha de presentación de este arbitrio, la actual autoridad no ha respondido la solicitud de eximición ya indicada, lo que genera un perjuicio en su persona, tanto en su autonomía, al no permitir usar el sistema de seguridad social más idóneo de acuerdo con su preferencia para que los recursos destinados para tal efecto no vayan al sistema de seguridad social en Chile, sino que opere el privilegio consignado en la ley N° 18.156 y por otra parte, aquello impediría su facultad de solicitar el completo reintegro de los caudales que se encuentran en su cuenta individual en la AFP, tal como lo señala el artículo 7° de la mentada ley N° 18.156, que dispone: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.", ya que la observancia a su voluntad de adscribirse al régimen venezolano resulta indispensable para alcanzar ese objetivo.

Sostiene que lo anterior claramente resulta una omisión carente de reflexión y razonabilidad que afecta actualmente sus intereses, cuestión que se encuentra vedada respecto de las autoridades, por lo que viene a intimar por esta vía que la autoridad emplazada responda de manera afirmativa a su solicitud.

En cuanto a los fundamentos jurídicos del recurso, el recurrente estructura su argumentación en diversos capítulos. En primer término, invoca el artículo 20 de la Constitución Política de Chile que indica que el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos y garantías establecidos en su artículo 19, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

A este respecto, señala que la invariable jurisprudencia de los Tribunales Superiores de justicia han señalado que el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto u omisión arbitraria o ilegal, el cual requiere para su procedencia la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria; que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, y, finalmente, que quien lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quien ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Argumenta que, en el presente caso, la omisión ilegal y arbitraria radica en la ausencia de respuesta positiva a su manifestación de voluntad expresa de variar de adscripción de sistema de seguridad social.

En segundo término, desarrolla el concepto de ilegalidad, señalando que resulta ilegal dicha ausencia de contestación positiva, puesto que esa inactividad va en contra de lo que señala el principio de legalidad del actuar de los organismos de la Administración del Estado, consignados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y 2° de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que orienta a los Servicios Públicos creados para la promoción del bien común –obligación común para todos los órganos del Estado, conforme al artículo 1°, inciso cuarto, de la Carta Fundamental–, que indica que dichos organismos tienen como objeto la satisfacción de una necesidad pública a la cual el legislador le ha reconocido ese carácter, labor propia de los órganos de la Administración del Estado, que deben atender estas necesidades de manera continua y permanente o regular y continua y de la manera que las leyes y normas dictadas de conformidad con la Constitución indique expresamente.

Sostiene que en el caso específico, la ley N° 18.156, obliga a la autoridad recurrida a acceder a su petición, estando vedada para no atenderla o atenderla de forma negativa teniendo en cuenta que su artículo 1° así lo impone. Transcribe el artículo 1° de la ley N° 18.156 que dispone: "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744." Esta norma, argumenta, ha sido interpretada por la jurisprudencia de la Corte Suprema señalando que la expresión "contrato" que emplea el artículo 1° de la Ley N° 18.156 no debe constreñirse, únicamente, a los convenios entre empleadores y trabajadores regidos por el Código Laboral, pues si aquella hubiese sido la intención del legislador, lo habría señalado expresamente. Cita sentencia de la Corte Suprema en causa Rol 79396-2020, concluyendo que por tanto, corresponde que procese y conceda su petición de exención.

En tercer término, se refiere a la arbitrariedad de la omisión denunciada, señalando que se torna en arbitraria, esto es, obedece al mero capricho de quien incurre en él, en este caso de la autoridad recurrida por esta vía, habiendo una carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, puesto que no se puede acudir a examinar una conducta ordinaria y esperada de un director de hospital, considerando que está dentro de sus atribuciones y exigencias el atender las peticiones que ante él se acompañan, por lo que se torna en un antojo elemental el no indicar que se accede a su pretensión. Cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, en autos Rol Nº 191-2019, que señaló que "acción arbitraria implica un proceder caprichoso, carente de razonabilidad, una falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar; o una inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, lo que pugna con la lógica y la recta razón." En cuarto término, argumenta que en otro orden de consideraciones, la omisión de actuación en este caso priva y amenaza su Derecho de Propiedad sobre sus recursos previsionales, tal como lo reconoce el artículo 19, N° 24, de la Constitución Política.

Desarrolla el concepto de amenaza, citando al profesor nombre reservado, quien la define como el "anuncio de un mal futuro, peligro de suceder algo desagradable o perjudicial (y que por cierto no está obligada a soportar), dicha amenaza habrá de revestir ciertos caracteres que la hagan procedente para que prospere favorablemente el recurso de protección: dentro de ello aparecería que fuere cierta y no ilusoria, lo que deberá probarse debidamente; el que fuere cierta conlleva el que fuere actual, contemporánea al momento de recurrirse de protección; que fuere precisa en su formulación y no vaga, de tal modo que el juez pueda determinar si es antijurídica o no en sus extremos y si agravia ella el derecho fundamental invocado; en fin, que sea concreta en sus resultados o efectos, de manera que constituya realmente una intimidación, habida cuenta de las circunstancias tanto subjetivas (esto es referente a la condición, estado, situación del afectado, como del sujeto que formula la amenaza) como objetivas (entidad del presagio de mal futuro, posibilidad de realizarse, probabilidad de efectuarse, etc.)". Argumenta que claramente el mal futuro que se propicia con la ausencia de respuesta positiva a su solicitud es la imposible oportunidad de poder solicitar el reintegro de sus recursos previsionales acorde lo precisado en el artículo 7° de la ley N° 18.156, ya que un requisito ineludible para aquello es que se reconozca su voluntad de realizar dichos enteros de caudales en el sistema previsional extranjero.

En lo tocante a la privación, el citado jurista nombre reservado indica que aquella "No es sino despojar, cercenar, quitar, impedir de modo entero y total, el ejercicio legítimo de uno de los derechos amparados por recurso de protección.", resultando evidente que la omisión alegada resulta una privación ya que provoca la indisponibilidad acorde a sus intereses a que se ingresen los recursos asignados a seguridad social en el sistema que considere más apto para dichos fines.

Señala que el derecho garantizado que resulta amenazado y privado es el Derecho de Propiedad, el cual se enumera en la lista que se signa para tales efectos en el artículo 20 de la Constitución, y que se detalla en el artículo 19 N° 24, de la Constitución Política, que en su inciso tercero dispone que "nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador." Argumenta que en este caso, la autoridad recurrida en ningún caso tiene facultades para oponerse a su pretensión de que se cese el entero de los dineros que están afectados al cumplimiento de las normas de seguridad social en Chile, por lo que su omisión afecta su derecho a elegir su sistema de seguridad social y que los dineros que obtiene en retribución a sus horas trabajadas en el nosocomio que son de su propiedad, vayan a otro destino y a su vez los caudales que ya están en su cuenta individual sean retirados acorde lo precisa el artículo 7° de la ley N° 18.156.

En quinto término, sostiene que se trata de un derecho indubitado, indiscutido y preexistente, pues la recurrida con la omisión denunciada jamás ha cuestionado su voluntad de que se encuentre afiliado a un sistema extranjero de seguridad social ni su propiedad de los recursos que se adscriben para tal efecto, puesto que la ley N° 18.156 al establecer régimen de exención para los trabajadores profesionales y técnicos extranjeros, atendiendo precisamente a la preexistencia de su afiliación al régimen previsional y de seguridad social de su país de origen requiere que su voluntad sea atendida y se reconozca para que proceda dicho privilegio. Por otra parte, resulta inconcuso que si se accede a lo pretendido, puede disponer de los recursos anejos en su cuenta individual tal como lo señala el artículo 7° de la ley N° 18.156.

En sexto término, se refiere al plazo para su interposición, señalando que la acción constitucional de protección, según lo señalado en el artículo primero del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, debe ser interpuesto dentro de un plazo de 30 días corridos desde la comisión del acto o de la ocurrencia de la omisión arbitraria e ilegal que ocasione la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales. En esta misma línea es importante destacar que atendido al permanente perjuicio que reporta la omisión recurrida, es que se encuentra dentro del plazo para su interposición, considerando que desde la fecha en que procedería contar el plazo para la interposición de arbitrio continúa vigente la amenaza y perturbación de los derechos que indica como amenazados, así las cosas, la omisión reclamada hoy en día es de carácter permanente.

Según el recurso, se han vulnerado las garantías constitucionales del recurrente de la siguiente manera: la omisión de respuesta positiva a su solicitud de exención del régimen previsional chileno por parte del Director del Hospital San José constituye una privación y amenaza al derecho de propiedad sobre sus recursos previsionales consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que dicha omisión impide que los recursos destinados a seguridad social sean ingresados al sistema que el recurrente considera más idóneo conforme a su preferencia personal, esto es, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), afectando su derecho a elegir su sistema de seguridad social y su facultad de disponer de los dineros que obtiene en retribución a sus horas trabajadas que son de su propiedad; además, dicha omisión le impide ejercer su derecho a solicitar el completo reintegro de los caudales que se encuentran en su cuenta individual en la AFP tal como lo autoriza el artículo 7° de la ley N° 18.156, ya que la observancia de su voluntad de adscribirse al régimen venezolano resulta indispensable para alcanzar ese objetivo, constituyendo así una privación que provoca la indisponibilidad acorde a sus intereses de los recursos asignados a seguridad social en el sistema que considere más apto para dichos fines.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene que la autoridad recurrida atienda positivamente su solicitud presentada ante el Hospital San José de quedar exento del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, permaneciendo desligado de la obligación de efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, y que emita un acto administrativo que reconozca aquella exención y que exprese que se mantiene afiliado al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) dentro del plazo de 3 días contados desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia de autos o dentro del término que esta Ilustrísima Corte estime en justicia fijar, ello sin perjuicio de otras medidas de protección que esta Ilustrísima Corte estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe ordenado comparece don Nicolás Lagos Muñoz, abogado, en representación del Complejo Hospitalario San José, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto por don nombre reservado con fecha 4 de julio de 2025, en atención a que no existe arbitrariedad o ilegalidad alguna en el actuar del hospital público que representa, quien ha actuado en todo momento conforme a Derecho.

En cuanto a los antecedentes expuestos por la recurrida, señala que con fecha 4 de julio de 2025, don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, funcionario del Complejo Hospitalario San José, interpuso acción de protección en contra del hospital que representa, señalando que el recurso se interpone con el objeto de permanecer afiliado al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), órgano público de dicho país cuyo objetivo es brindar seguridad social y otorgar prestaciones en casos de emergencia, invalidez, vejez y muerte, fundándose en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que habilita a profesionales extranjeros a eximirse del cumplimiento de las leyes chilenas de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, cumpliendo con los requisitos allí establecidos.

Indica que el recurrente señaló haber presentado una solicitud de eximición ante la dirección del hospital, la que no ha sido respondida, y sostiene que se trata de una omisión arbitraria que amenaza y priva su derecho de propiedad, de acuerdo al artículo 19 N° 24 de la Constitución Política.

En cuanto a los fundamentos jurídicos para solicitar el rechazo del recurso, la recurrida estructura su defensa señalando la inexistencia de una acción ilegal o arbitraria. En primer término, informa que el recurrente es funcionario de este hospital desde el 9 de enero de 2017, con calidad jurídica a contrata, Ley N° 19.664, 22 horas, tal como dan cuenta el informe de hoja de vida funcionaria y la relación de servicio que se acompañan.

Argumenta que es efectivo que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 preceptúa que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, de cumplir con las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, por lo que no estarán obligados a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en entidades previsionales chilenas. Para ello el empleado deberá estar afiliado a un sistema previsional o de seguridad social fuera de Chile, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte y expresar su voluntad de mantener tal afiliación en el contrato de trabajo.

Sin embargo, sostiene que en tal sentido, se debe estar a lo indicado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Así pues, el criterio invariable de la SUPEN -reconocido, entre otros, en dictámenes N° 61.847 de 2006, y 224, de 2009- ha sido que dicha ley constituye una excepción en materia previsional, que debe interpretarse restrictivamente, de modo que no procede extenderla a quienes no están afectos a un contrato regido por el Código del Trabajo, por lo que no resulta aplicable a las personas que revisten el carácter de funcionarios públicos.

Fundamenta lo anterior señalando que el numeral 3 del artículo 94 del decreto ley N° 3.500, de 1980, prevé que compete a la SUPEN "Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras, las sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales, y dictar normas generales para su aplicación." Similar atribución contiene la letra i) del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Por lo tanto, concluye que no existe vulneración de los derechos fundamentales del actor.

En consecuencia, la recurrida solicita a esta Ilustrísima Corte tener por evacuado el informe requerido al Complejo Hospitalario San José, rechazando el recurso de protección interpuesto en contra de su representada, con expresa condenación en costas, en atención al mérito de los antecedentes aportados y los documentos debidamente acompañados, de acuerdo a lo expuesto y a lo dispuesto en el artículo 36 letra f) del DFL N° 1/2005 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763/1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469 del MINSAL, y al numeral 3 del artículo 94 del DL N° 3.500, de 1980, y demás normas aplicables en la especie. Asimismo, solicita tener por acompañados los siguientes documentos: 1. Informe de hoja de vida funcionaria del recurrente; y 2. Relación de servicio del recurrente.

TERCERO: Que, como reiteradamente se sostiene, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que, una vez zanjado lo anterior, corresponde precisar que lo impugnado por la parte recurrente corresponde a una omisión de pronunciamiento por parte de la autoridad recurrida respecto de la petición de cese de cotizaciones de seguridad social en el régimen chileno, para permanecer afiliada al sistema respectivo de su país de origen, que le presentó la actora, de conformidad a lo dispuesto en la Ley nro. 18.156.

En este entendido, cabe asentar que, de acuerdo a lo expuesto por las partes en sus escritos, a lo alegado en estos estrados y a los antecedentes acompañados al proceso, tanto la solicitud como la omisión denunciada son efectivas, desde que la recurrida no ha desconocido la existencia de la primera y no ha emitido a su respecto el pronunciamiento que la recurrente echa en falta.

QUINTO: Que las solicitudes como la de la especie -de cese de cotizaciones de seguridad social-, originan un procedimiento administrativo que se regula por las normas especiales contempladas en el cuerpo normativo que la regula y, subsidiariamente, por la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, N°19.880.

Importa destacar que dicho procedimiento, por regla general, debe culminar con la dictación del acto administrativo de carácter terminal que se pronuncie respecto de la solicitud que ha sido puesta en su conocimiento, acto que debe ser motivado. Lo anterior fluye de los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad consagrados en el cuerpo normativo antes citado.

SEXTO: Que, en este contexto, es importante tener presente que la recurrida en su informe no desconoce la efectividad de que la actora presentó la solicitud que invoca en su libelo, ni tampoco la omisión de pronunciamiento que se le reprocha, de lo que se sigue que, evidentemente, tampoco ha emitido un pronunciamiento de fondo respecto del cumplimiento de las exigencias legales de la petición.

SÉPTIMO: Que, en las condiciones descritas, la autoridad recurrida se encontraba en la obligación de proveer la solicitud de la recurrente y de proseguir el procedimiento hasta afinarlo, dictando el acto terminal que correspondiere, en el que habría tenido que analizar el cumplimiento de todos los requisitos para tener por cumplidas las exigencias que establece la legislación a la petición sometida a su consideración, entregando las razones de hecho y de derecho de la decisión que adoptare, dictando un acto administrativo motivado que entregara al requirente la posibilidad de deducir los recursos previstos en la Ley, sin que la autoridad se encuentre facultada para omitir proveer la solicitud y mantener, así, sin iniciar siquiera el procedimiento ni, por ende, afinarlo.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la autoridad administrativa, al no proveer la solicitud de cese de cotizaciones presentada por la actora, privó a ésta de la obtención de un pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento, no obstante contar con todos los elementos para ello, incurriendo por tanto en un acto ilegal que atenta contra el principio conclusivo que debe guiar el actuar de toda autoridad administrativa, conforme dispone el artículo 6° de la Ley N°19.880, y que vulnera de la garantía constitucional prevista en el Nº2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, desde que con el actuar de la autoridad recurrida, se ha discriminado a la recurrente en la tramitación de su solicitud; obrar que no ha podido acontecer en casos similares, de ser aplicada correctamente la normativa sobre la materia.

NOVENO: Que, en atención a lo expuesto, se acogerá el presente arbitrio, ordenando a la autoridad administrativa que dé curso y, en definitiva, resuelva como en derecho corresponde la solicitud presentada, dictando un acto administrativo que permite proseguir el procedimiento hasta que se dicte el acto terminal fundado que se pronuncie sobre la petición que le fue formulada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Director del Hospital San José, sólo en cuanto se deja se ordena a dicha autoridad administrativa proveer y proseguir la tramitación de la solicitud de cese de cotizaciones que le fue presentada por la actora, dictando finalmente el acto administrativo terminal y debidamente fundado correspondiente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Protección-15.432-2025.-