nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago.

Santiago, seis de marzo de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 61: atendida la naturaleza del procedimiento de que se trata y considerando que no existe registro de audio de los alegatos que tuvieron lugar el día de la vista del recurso, se rechaza la solicitud.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, en representación legal de SOCIEDAD COMERCIAL SERVICIOS DE LIMPIEZA NOVA & MEDINA SPA, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por haber procedido al corte de energía eléctrica y suministro de agua de cuatro centros de lavado de vehículos motorizados ubicados en el nivel -2 de los estacionamientos subterráneos dados en concesión por la empresa SABA ESTACIONAMIENTOS CHILE S.A., actuación que considera ilegal y arbitraria, atendido que se realizó sin mediar autorización judicial, ni procedimiento legal alguno, vulnerando con ello los derechos fundamentales contemplados en el artículo 19 Nos. 3, 21, 24 y 26 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho y se ordene el cese inmediato de las actuaciones denunciadas.

Expone que desde el 12 de mayo de 2023 se encuentra arrendando varios espacios de lavado de automóviles ubicados en el nivel -2 de los estacionamientos subterráneos dados en concesión por la empresa Saba Estacionamientos Chile S.A., específicamente en los recintos denominados Saba Ricardo Lyon, Saba Guardia Vieja, Saba Pedro de Valdivia y Saba Marchant Pereira.

Señala que el 27 de mayo de 2024 don nombre reservado, actuando por orden de nombre reservado, procedió a cortar la energía eléctrica y el agua potable en los cuatro centros de lavado. Posteriormente, con el 3 de junio de 2024, los recurridos procedieron a forzar y romper los candados de las bodegas de tres de los centros de lavados donde el recurrente guardaba sus implementos y máquinas de trabajo, las que desaparecieron, impidiendo la realización de la actividad laboral normal.

Agrega que los recurridos nombre reservado y nombre reservado procedieron a expulsar e intimidar a trabajadores de la empresa, específicamente al Sr. nombre reservado, señalándole que existía una querella en su contra y que la Policía de Investigaciones tomaría acciones por estar haciendo uso indebido del local.

Sostiene que las actuaciones denunciadas constituyen actos de autotutela proscritos en nuestro ordenamiento jurídico, realizados sin justificación, facultad ni autorización judicial, contractual o legal.

Argumenta que se han vulnerado los derechos de propiedad sobre bienes corporales e incorporales, citando el artículo 583 del Código Civil, que reconoce una especie de propiedad sobre las cosas incorporales, incluyendo los derechos emanados del contrato de arrendamiento.

Alega que estas actuaciones vulneran el derecho al debido proceso establecido en el artículo 19 N°3 de la Constitución, que garantiza la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y prohíbe ser juzgado por comisiones especiales, así como el derecho a desarrollar una actividad económica lícita.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Copia del contrato de arrendamiento suscrito entre la recurrente y la recurrida respecto de los bienes inmuebles afectados; 2) Copia de Estatuto de la Sociedad Comercial Servicios de Limpieza Nova & Medina SpA., donde consta la personería de don nombre reservado; y 3) Documento en que el recurrido nombre reservado reconoce expresamente que desde el 3 de junio de 2024 ha impedido el ingreso de la recurrente a los establecimientos arrendados y ha cortado el suministro de energía eléctrica y agua potable.

Por estas razones, solicita que se ordene el restablecimiento de los suministros de agua y electricidad, y en general, se decreten todas las medidas procedentes para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que evacuaron informe los recurridos nombre reservado y nombre reservado, quienes solicitaron el rechazo del presente arbitrio constitucional por haber “perdido oportunidad”.

Exponen que el 19 de junio de 2024 el 4° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-2071-2024, conociendo de las controversias suscitadas entre la recurrente y la empresa Saba Estacionamientos de Chile S.A., en relación con el contrato que las vinculaba, otorgó en favor de la recurrente un derecho legal de retención en virtud del artículo 1937 del Código Civil, impidiendo a SABA expulsar al arrendatario de los cupos de estacionamiento, aun cuando no existe indemnización alguna fijada en su favor.

Señala que, en cumplimiento de dicha resolución judicial, su parte ha procedido a mantener a los dependientes de la recurrente prestando el servicio de lavado en los establecimientos de Parking ubicados en recintos denominados: 1) Saba Ricardo Lyon, 2) Saba Guardia Vieja, 3) Saba Pedro de Valdivia y 4) Saba Marchant Pereira, otorgando todas las condiciones establecidas para la prestación oportuna del servicio y con los estándares de calidad exigidos.

Luego, en su informe, los recurridos desarrollan extensamente el carácter cautelar del recurso de protección, citando diversa jurisprudencia de la Corte Suprema, argumentando que, siendo el objetivo de la institución del recurso de protección el amparo de derechos mediante la adopción de medidas de resguardo, resulta fundamental que la amenaza o perturbación al derecho sea actual, lo que no sucedería en la especie, desde que una resolución judicial firme anterior ha procedido a otorgar la protección solicitada mediante el presente recurso.

En este sentido, la recurrida contrasta las peticiones contenidas en el recurso de protección - referidas al restablecimiento del suministro eléctrico y de agua, cese de hostigamientos y acceso a los locales - con la situación actual, donde existe una resolución judicial del 4° Juzgado Civil de Santiago que ha otorgado un derecho legal de retención a la sociedad recurrente, el cual se encuentra actualmente en cumplimiento.

Agregan, en escrito complementario, que mediante sentencia definitiva de 22 de octubre de 2024 se acogió la demanda reconvencional que Sabas Estacionamientos Chile S.A. había deducido en contra de la recurrente, la cual declaró terminado el contrato de arriendo de 12 de mayo de 2023, ordenado a la recurrente a pagar las rentas adeudadas y a restituir los inmuebles arrendados completamente desocupados al 10° día desde que aquella sentencia cause ejecutoria.

Sostienen que no existe acción alguna que pueda modificar de forma cautelar la sucesión de hechos que podrían haber ocurrido con anterioridad al presente recurso, los que además niega, y que actualmente no existen, conforme se acredita con los documentos acompañados.

Solicita que se rechace la presente acción constitucional por haber perdido su oportunidad, atendido que las actuaciones reclamadas habrían cesado en virtud de una resolución judicial firme y ejecutoriada, que otorgó al recurrente un derecho legal de retención, encontrándose actualmente en pleno ejercicio de sus derechos en los locales objeto del recurso.

TERCERO: Que, informando los recurridos nombre reservado y nombre reservado, niegan todos los hechos denunciados en la presente acción constitucional.

Agregan que ellos han sido víctima de diversos actos de autotutela de los dependientes de la recurrente, amenazas e intimidaciones.

Exponen que los dependientes de recurrente han ingresado de manera clandestina a los estacionamientos para realizar labores de lavado de autos en espacios diversos a los asignados y que, a pesar de que personal de seguridad les pide que desalojen el lugar, continúan con su actuar.

Solicitan que se rechace la presente acción por no existir ninguna acción u omisión que vulnere las garantías denunciadas.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que en primer término, debe tenerse en consideración que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren “indubitados” y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión del recurrente son los supuestos actos de autotutela que los recurridos habrían estado ejecutando, existiendo un contrato de arrendamiento entre las partes, lo que fue negado y controvertido por los destinatarios del recurso.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que el recurrente solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan los actos que se objetan, resulta evidente que el derecho reclamado al momento de la interposición del recurso, 24 de junio de 2024, era dubitado, lo que resultaría suficiente para desestimar la acción constitucional, situación que en cualquier caso debía ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

SEXTO: Que sin perjuicio de lo indicado en el motivo anterior, con fecha 22 de octubre de 2024, esto es, con posterioridad a la interposición del recurso en estudio, el 4° Juzgado Civil de Santiago, en autos Rol C-2071-2024, caratulados “Sociedad Comercial Servicios de Limpieza nombre reservado & Medina SPA con SABA Estacionamientos de Chile S.A”, dictó sentencia definitiva, por una parte, rechazando la demanda principal deducida por la recurrente de protección, y por otra, acogiendo la demanda reconvencional de la recurrida, descartando por falta e insuficiencia de prueba la ocurrencia de los mismos hechos ilegales y arbitrarios en que se sostiene el presente recurso de protección.

En cuanto a la demanda reconvencional de los recurridos, el tribunal declaró terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, y acogió la acción de cobro de rentas impagas, por 970 UF, más intereses, ordenando a la demandada reconvencional, recurrente en estos autos, que proceda a la restitución de los inmuebles arrendados completamente desocupados, dentro de 10° día desde que el fallo cause ejecutoria, bajo apercibimiento de lanzamiento con auxilio de la fuerza pública.

En cuanto a la demanda principal, resulta relevante considerar lo señalado en los considerandos “décimo séptimo” y “décimo noveno” del fallo aludido, respecto a los hechos en que sustentaba los incumplimientos de la empresa SABA, similares a los hechos fundantes de la acción de protección, en los cuales se indica:

“DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en virtud de lo expuesto, es posible colegir que la prueba rendida por la actora resulta insuficiente para acreditar el incumplimiento de las obligaciones de la arrendadora demandada consistentes en mantener la cosa en el estado de servir para el fin a que ha sido arrendada y librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada, puesto que con los correos acompañados solo ha sido posible demostrar que denunció la ocurrencia de ciertos hechos a su contraparte, los que fueron controvertidos y/o desvirtuados por esta última, pero no logra probar que dichas circunstancias constituyan un incumplimiento a las condiciones establecidas en la relación contractual, ya que tratándose de hechos que ocurrieron dentro de un recinto con acceso libre al público y que acaecieron como consecuencia de la conducta de terceras personas, que no dependen de la arrendadora, -en el caso de los cortes de electricidad, corte de agua, incendios y robos- para determinar que son de responsabilidad de la demandada, debe constar su obligación de garantizar la seguridad y de impedir y/o aminorar la ocurrencia de este tipo de eventos en los bienes arrendados, ya que en su mayoría se trata de hechos que no es posible prever, advertir ni evitar.

Además, según señala la demandada en su carta de respuesta a las imputaciones, ante los hechos denunciados adoptó las medidas necesarias para contrarrestar los efectos de los incendios, cortes de agua, robos y cortes de luz, facilitando los medios para que la arrendataria pudiera continuar con la prestación de sus servicios, por lo que era carga de la actora no solo acreditar la ocurrencia de las circunstancias denunciadas, sino que, además, debía demostrar que estas impidieron o dificultaron la prestación de sus servicios y la forma cómo ello ocurrió, lo que tampoco ha acontecido en la especie”.

“DÉCIMO NOVENO: Que, a mayor abundamiento, la demandante tampoco ha logrado acreditar la concurrencia de los perjuicios que reclama, consistente en daño emergente, lucro cesante y daño moral, por cuanto no ha aparejado probanza alguna a los autos para probar su existencia y naturaleza y si bien señala que se reserva el derecho para determinarlos al momento del cumplimiento del fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil es en esta etapa declarativa cuando procedía acreditar su existencia, para reservarse para la etapa de ejecución de la sentencia, la discusión de su especie y monto”.

SÉPTIMO: Que por todo lo anteriormente señalado, ha quedado en evidencia que el asunto sometido a conocimiento de esta Corte, a la fecha de interposición del recurso de protección, ya se encontraba sometido al amparo del derecho en la causa Rol C-2071-2024 que se tramitaba ante el 4° Juzgado Civil de Santiago, habiéndose resuelto la controversia que motivó la presentación de la acción de protección, lo cual refuerza el rechazo del presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección de la Sociedad Comercial Servicios de Limpieza Nova & Medina SpA. deducido en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado. Dejase sin efecto la Orden de No Innovar – ONI – decretada por resolución de fecha 19 de julio de 2024 (folio 17).

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Jorge Gómez Oyarzo.

Protección – Rol N°15.428-2024.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada, además, por la ministra señora Sandra Araya Naranjo y el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.