nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, ocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

Al folio 15, a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 07 de junio de 2024, comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber descontado de su remuneración mensual una suma superior a la originalmente pactada, específicamente $208.171, a pesar de existir un juicio ejecutivo pendiente en sede civil respecto del crédito que origina dicho descuento. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que no fue previamente informada y comunicada a la recurrente, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida abstenerse de continuar con los descuentos, restituir los dineros descontados y condenarla en costas.

Expone que el 10 de agosto de 2022 solicitó un crédito social a la recurrida por la suma de $4.644.980, pactado en 36 cuotas mensuales y sucesivas de $180.167 cada una. Sin embargo, por causas ajenas a su voluntad, en marzo de 2023 fue desvinculada de su trabajo, constituyéndose en mora a partir del 31 de julio de 2023, haciendo exigibles las 31 cuotas impagas. Ante ello, la recurrida la demandó ejecutivamente el 28 de diciembre de 2023, en causa rol C-21635-2023 del 1° Juzgado Civil de Santiago, fundado en el pagaré suscrito, el cual aceleró y exigió el total adeudado. No obstante, en su liquidación de sueldo de mayo de 2024, constató un descuento por la suma de $208.171 a favor de la recurrida, aun cuando existe un juicio pendiente.

Agrega que la facultad de las Cajas de Compensación de efectuar descuentos por planilla, contemplada en el artículo 22 de la Ley Nº 18.833, está concebida para un cobro oportuno, pero que la recurrida al demandar ejecutivamente manifestó su voluntad de requerir el pago por vía judicial, sustrayendo dicho cobro del ámbito extrajudicial. Por ende, realizar tales descuentos implicaría un abuso de las facultades legales y un actuar arbitrario, pues por una parte exige el pago total vía judicial y paralelamente obtiene pagos parciales por vía de hecho.

Señala que la arbitraria e ilegal conducta de la recurrida vulnera su derecho de propiedad sobre su remuneración, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, así como su derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 N°2 de la misma, en tanto se le aplican dos vías de cobro independientes sobre una misma obligación.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida abstenerse de continuar con el pago del crédito social vía descuento por planilla de sus remuneraciones, restituir todos los dineros descontados en un plazo de 5 días hábiles y condenarla en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes sostiene que el descuento efectuado en las remuneraciones de la recurrente es legal y no arbitrario, por cuanto se trata del cobro de una deuda actualmente exigible, emanada del crédito social código N° 208COS100144831 otorgado a la señora nombre reservado con fecha 10 de agosto de 2022, a 36 meses plazo.

Explica que las 5 primeras cuotas fueron pagadas, las 4 siguientes fueron diferidas por licencia médica de la deudora, la cuota 10 se pagó en junio de 2024, y actualmente se encuentran morosas e impagas las cuotas 11 a 19, por lo que el crédito se encuentra plenamente vigente y es actualmente exigible.

Argumenta que los créditos otorgados por las Cajas revisten un carácter social por disposición del legislador, como una prestación de seguridad social, a diferencia de otros préstamos del sistema financiero. Agrega que el mecanismo de descuento por planilla establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es un mecanismo especial de pago, obligatorio, inherente al régimen de crédito social, que permite que el costo del crédito sea menor, recayendo dicha obligación en el empleador. Precisa que el trabajador no puede oponerse al descuento y que no constituye un acto de cobro de la Caja, sino una obligación legal.

Añade que el solo transcurso del tiempo no extingue las obligaciones, sino que la prescripción debe ser declarada judicialmente, lo que no ha ocurrido, por lo que la deuda es plenamente exigible. Señala que dicha alegación excede el ámbito del recurso de protección y debe ser discutida en un juicio de lato conocimiento.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad, afirma que no es efectiva, por cuanto es la propia ley la que autoriza a la Caja a solicitar el descuento de las cuotas desde las remuneraciones del deudor, sin que se requiera una sentencia o proceso previo, mientras la deuda se mantenga exigible y no prescrita.

Cita jurisprudencia de esta Corte de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que confirmarían la legalidad del actuar de las Cajas en casos similares.

Por estas razones, solicita el rechazo del recurso de protección, por no existir acto ilegal ni arbitrario de la recurrida.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, no existe la ilegalidad que denuncia la recurrente, puesto que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes ha obrado de acuerdo con lo dispuesto en la ley N°18.833 que la autoriza a hacer lo que comúnmente se denomina “descuento por planilla”. Tampoco hay arbitrariedad, por cuanto la recurrente se encuentra morosa en el cumplimiento de su obligación, la que no ha sido discutida.

QUINTO: Que, si bien es efectivo que se inició una acción ejecutiva ante el 1º Juzgado Civil de Santiago, Rol C 21635-2023, en dicho proceso no se ha declarado prescripción extintiva alguna y no constituye un impedimento para que la Caja intente satisfacer su acreencia de la manera señalada en la ley citada precedentemente, con la única limitación, obviamente, de no poder recibir un doble pago.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-15427-2024.