nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de noviembre de dos mil veinticinco.

Al folio 28: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Jorge Correa Fuente, abogado, en representación de doña nombre reservado, quien interpone en su favor recurso de protección en contra de Caja de Compensación de asignación familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la realización de descuentos, directamente de su remuneración, para el pago de créditos que adquirió con dicha institución, lo que a su juicio vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho, ordenando esta Corte a la recurrida cesar en todo tipo de retención o descuento en sus remuneraciones, y la restitución de los ya efectuados, con costas.

Relata que el 29 de septiembre de 2021, la recurrente suscribió pagaré número 023CON103824364 por la suma de $2.461.093, y el fecha 31 de marzo de 2021, firmó pagaré número 208COS100045620 por el monto de $4.536.147, siendo en ambos casos beneficiaria la Caja de Compensación recurrida, agregando que producto de una situación de insolvencia y desempleo, la actora dejó de cumplir con sus obligaciones de pago el 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2022, respectivamente.

Refiere que la recurrida interpuso demanda ejecutiva de cobro de pagaré el 19 de mayo de 2023, ante el 27° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-8332-2023, caratulada "Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes contra nombre reservado", y el 2 de agosto de 2023, interpuso una segunda demanda ejecutiva ante el mismo tribunal, bajo el Rol C-13188-2023, con igual carátula. Ambas causas se encuentran en etapa de discusión por diversas excepciones a la ejecución promovidas por la recurrente.

No obstante lo anterior, expresa que la recurrida comenzó a efectuar descuentos directamente desde las remuneraciones de la recurrente sin aviso ni notificación previa, pese a haber ya ejercido la acción judicial tendiente al cobro de dichas deudas, lo que a su juicio resulta improcedente por ser un cobro simultáneo, configurándose así un actuar arbitrario e ilegal.

Hace presente que esta misma situación fue conocida anteriormente por esta Corte mediante recurso de protección Rol 12121-2024, entre las mismas partes, el cual fue acogido el 27 de agosto de 2024, ordenándose cesar los descuentos. Dicha sentencia se encuentra ejecutoriada. Sin embargo, pese a lo resuelto, la recurrida ha continuado realizando los descuentos sobre las remuneraciones de la recurrente, incumpliendo de esta manera lo ordenado por esta Ilustrísima Corte.

Alega que en el recurso anterior fue concedida orden de no innovar el 7 de mayo de 2024, ordenándose la suspensión de los descuentos, medida que nunca fue acatada por la recurrida, quien persistió en su conducta durante toda la tramitación del recurso. Igualmente, pese a haber sido acogido el recurso con orden de cesar los descuentos y restituir los montos descontados, la Caja de Compensación ha continuado efectuando dichos descuentos hasta la actualidad, descontando las sumas de $173.181 y $98.181, respectivamente, desde septiembre de 2024 a la fecha de interposición del presente recurso.

Argumenta que se ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República, toda vez que el actuar de la recurrida posiciona a la actora en una situación desventajosa y precaria en relación con los demás deudores civiles, quienes cuentan con la garantía del debido proceso y el derecho a defenderse en sede judicial, puntualizando que la recurrida ha obviado el procedimiento ordinario de cobro, amparándose presuntamente en la normativa de las cajas de compensación, para proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una deuda que, además, se encontraría prescrita.

Detalla igualmente que se ha infringido el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución, argumentando que el actuar de la recurrida vulnera este derecho fundamental al privar a la recurrente del legítimo derecho a percibir su remuneración completa, resultado de su trabajo honesto, y precisa que sobre las remuneraciones existe un derecho de dominio que debe ser respetado, y que su descuento ilegal y extrajudicial importa una clara vulneración constitucional.

Afirma que el actuar de la recurrida constituye un ejercicio abusivo de la facultad establecida en la Ley de Cajas de Compensación, señalando que este proceder extemporáneo y sorpresivo no aparece revestido de la necesaria racionalidad y fundamento, por lo que solicita en definitiva ordene esta Corte a Caja de Compensación Los Andes cesar en todo tipo de retención o descuento en sus remuneraciones, y la restitución de los ya efectuados, con costas;

SEGUNDO: Que, informa don Matías Amigo García, abogado, en representación de Caja de Compensación de asignación familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido.

Expone en primer término los antecedentes de los créditos sociales otorgados por la recurrida, correspondiendo a los créditos código 208COS100045620, por la suma de $4.536.147, a una tasa de 1.81%, en un plazo de sesenta meses, con una cuota de $128.490, cuyo primer vencimiento fue el 31 de mayo de 2021, como asimismo el crédito código 023CON103824364, por la suma de $2.461.093, a una tasa de 1.59%, pagadero en un plazo de cuarenta y ocho meses, con una cuota de $75.822, cuyo primer vencimiento fue el 30 de noviembre de 2021.

Relata que luego del vencimiento y no pago de las cuotas, a nombre de la parte recurrente, en los años 2024 y 2025, la recurrida recaudó las sumas de $2.179.248 y $1.627686, respectivamente, registrándose en favor de la actora la restitución de más de $3.768.540 pesos, en cumplimiento de lo dispuesto por esta magistratura en el recurso de protección Rol 12121-2024.

Detalla que el cobro o recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es una garantía para el cobro y pago de los créditos sociales que este tipo de instituciones otorga, respecto del cual el denominado “descuento por planilla” corresponde a un mecanismo especial de pago, inherente al régimen de crédito social otorgado por las Cajas de Compensación, lo que tiende a disminuir su riesgo y permitir que el costo del crédito sea menor, precisamente porque se descuenta de manera directa de la remuneración del trabajador, y que no depende de la voluntad o decisión de la Caja, sino del empleador, que es quien tiene la obligación de realizar dicho descuento.

Arguye que el trabajador no puede oponerse ni negarse al descuento, ya que la obligatoriedad es parte del mecanismo normativo y es propio del tipo de crédito otorgado, agregando que esta modalidad de cobro aplica y funciona incluso en el evento que la recurrida no haga nada o no lo desee, porque, como ya se dijo, no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de créditos, motivo por el cual no ha existido por parte de Caja Los Andes un actuar ilegal o arbitrario, solicitando en definitiva a esta Corte el rechazo de la acción deducida;

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber procedido la recurrida a descontar de las remuneraciones de la protegida cuotas pendientes de pago de los créditos otorgados a la actora, cuyo cobro ha sido practicado por la recurrida al tenor de lo sostenido en su informe, correspondiendo a esta magistratura determinar si dicha actuación se ajusta o no a derecho;

QUINTO: Que, en tal sentido, resulta inconcuso el hecho de que el recurrente contrató con la recurrida, a fin de obtener un crédito social. A su vez, tampoco ha resultado discutido que se han efectuado descuentos de su remuneración, por concepto del referido crédito. No obstante, es preciso consignar que en los autos de Protección Rol 12121-2024, esta Corte acogió con fecha 27 de agosto de 2024 la acción deducida, respecto de los mismos créditos objeto del presente arbitrio, ordenándose el cese de los descuentos efectuados sobre la remuneración de la recurrente, y efectuar la restitución de los dineros que se le descontaron y que fueron informados en este recurso.

A mayor abundamiento, ya en el mencionado Rol la parte recurrente alegó que la recurrida continuó efectuando los descuentos directamente desde la remuneración de la actora, a pesar de lo ordenado por esta Corte, y no obstante el informe de cumplimiento requerido en dichos autos, y lo informado a folio 79, el 12 de junio de 2025, en orden a afirmar la paralización de todos los descuentos sobre la remuneración de la recurrente desde la dictación de la sentencia y la devolución de los descuentos a mayo de 2025, lo que no se condice con los antecedentes que ha podido conocer esta magistratura en el presente arbitrio, ya que consta en las liquidaciones de sueldo de la protegida que la Caja de Compensación Los Andes ha continuado realizando los cuestionados descuentos, informando que se trata de una obligación legal y reglamentaria que no obedece de la voluntad del acreedor, por lo que no seria responsable de la mantención de los descuentos;

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes, los fundamentos de la recurrida no son aceptables. En efecto, atendido lo resuelto en el recurso de protección Rol 12121-2024, lo ordenado por esta Corte, y lo afirmado por la Caja de Compensación en el mencionado informe de cumplimiento, en el sentido de haber paralizado todo descuento, resulta del todo inconsistente lo manifestado por la recurrida en su informe, en torno a que el actual cobro en la remuneración de la parte recurrente no depende de la recurrida y resulta obligatorio, ya que en ese sentido carecería de objeto la sentencia antes mencionada, como asimismo el citado informe de cumplimiento, que daría cuenta de hechos no veraces. Dicho de otro modo, pudiendo y debiendo Caja de Compensación Los Andes paralizar los cobros realizados en la remuneración de la recurrente para el pago de los créditos sociales objeto del presente recurso, no solo no lo hizo, sino que argumenta que esta situación se ajusta a derecho y que sobre la misma la recurrida no tendría injerencia, lo que pone de manifiesto la existencia de la arbitrariedad de su actuación, como asimismo su ilegalidad por infracción de lo que dispone el artículo 3, inciso 2º, del Código Civil.

SÉPTIMO: Que, en estas circunstancias, y conforme con lo razonado, la recurrida incurrió en un acto ilegal y arbitrario al efectuar los descuentos que han sido cuestionados, no solo al haber optado por la vía judicial para obtener el cobro de los créditos, ejerciendo acción ejecutiva para obtener la satisfacción de su crédito, sino por actuar en manifiesta contravención a la sentencia de esta Corte en el recurso de protección Rol 12121-2024, a partir del cual la recurrida no solo no se encontraba facultada para hacer los descuentos efectuados a la protegida, sino que además tenía una orden judicial de no hacerlo, siendo en consecuencia el acto de requerir el pago a través de una vía especial resulta, como se dijo, ilegal y arbitrario, por lo que el presente recurso de protección será acogido, con costas, dado que la recurrente se vio en la obligación de interponer una nueva acción de protección para el restablecimiento del imperio del derecho, por haber actuado la recurrida de modo ilegal y arbitrario, y luego de modo contumaz e inconsistente, sin tener motivo plausible para litigar en estos autos, máxime cuando los descuentos que constan en las diversas liquidaciones de sueldo acompañadas corresponden al mismo empleador, no pudiendo desconocer Caja de Compensación Los Andes su obligación de cumplir con lo resuelto en autos de protección Rol 12121-2024, ni deslindar su responsabilidad al tenor de lo manifestado en su informe;

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, con costas, la acción deducida en favor de doña nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de asignación familiar Los Andes, ordenándose a esta última cesar los descuentos efectuados sobre la remuneración de la recurrente, y efectuar la restitución de los dineros que se le descontaron y que fueron informados en este recurso.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-15420-2025.