Protección contra Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en favor de su hermana nombre reservado, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, por haber incurrido en un actuar ilegal y arbitrario al disponer la reubicación inmediata de la residente desde el establecimiento de larga estadía para adultos mayores “Casa Hogar nombre reservado”, ubicado en DIRECCION000, comuna de Cerrillos, medida que habría sido adoptada con ocasión de la fiscalización realizada por dicha autoridad sanitaria el 15 de enero de 2026, consignada en el Acta de Fiscalización N°NUM000.

Sostiene que la decisión administrativa se funda en que la amparada no cumpliría el requisito etario exigido por el reglamento de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, por cuanto tiene 41 años de edad, circunstancia que motivó que la autoridad sanitaria ordenara su retiro o traslado del recinto. Afirma, sin embargo, que dicha medida constituye una amenaza grave e inmediata para su integridad, toda vez que su hermana presenta discapacidad asociada a retraso del desarrollo psicomotor, de carácter psíquico o mental y físico, requiriendo estabilidad y continuidad en los cuidados que actualmente recibe en el establecimiento donde reside.

Añade que la exigencia de retiro se habría dispuesto sin fijar un plazo ni contemplar una evaluación clínica actual ni un plan de continuidad de cuidados, lo que —a su juicio— torna la medida arbitraria y desproporcionada, pues expone a la afectada a un traslado brusco y potencialmente perjudicial para su salud física y psíquica. En virtud de lo anterior, estima amenazadas las garantías consagradas en el artículo 19 N°1 y N°2 de la Constitución Política de la República, solicitando que se ordene a la autoridad sanitaria abstenerse de ejecutar el retiro o traslado de la amparada mientras no se adopten resguardos adecuados que aseguren su integridad y continuidad de cuidados.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana solicitó el rechazo íntegro de la acción constitucional, señalando que el actuar de la autoridad sanitaria se ha ajustado plenamente a derecho. Expone que, con fecha 15 de enero de 2026, funcionarios de dicha Secretaría realizaron una visita de fiscalización al establecimiento Casa Hogar nombre reservado, constatándose que éste funcionaba con residentes sin contar con autorización sanitaria vigente y presentaba diversos incumplimientos a la normativa sanitaria, entre ellos fichas clínicas incompletas y falta de registros de administración de medicamentos, circunstancias que motivaron la instrucción de un sumario sanitario.

Agrega que durante dicha fiscalización se verificó que entre los residentes se encontraba nombre reservado, de 42 años de edad, quien no cumple con el requisito etario mínimo de 60 años exigido por el Decreto Supremo N°20 de 2022 del Ministerio de Salud, que regula los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Por tal motivo, se dispuso la medida sanitaria de reubicación de la residente, junto con la prohibición de ingreso de nuevos residentes al establecimiento mientras éste no obtenga la correspondiente autorización sanitaria, medidas que —según sostiene— se enmarcan dentro de las competencias legales de fiscalización y resguardo sanitario que corresponden a dicha autoridad administrativa.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la actuación que se califica de ilegal y arbitraria corresponde a la medida dispuesta por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, con ocasión de la fiscalización efectuada el 15 de enero de 2026 al establecimiento de larga estadía para adultos mayores “Casa Hogar nombre reservado”, consistente en la exigencia de reubicación o retiro de la residente nombre reservado desde dicho establecimiento, fundada en que no cumpliría el requisito etario previsto en el Decreto Supremo N°20 de 2022 del Ministerio de Salud, que regula los establecimientos de larga estadía para personas mayores, al tratarse de una persona menor de 60 años.

Quinto: Que el Decreto Supremo N°20 de 2022 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEAM), establece que tales recintos corresponden a establecimientos destinados a la residencia de personas de sesenta años o más, quienes, por motivos biológicos, psicológicos o sociales, requieren vivir en un entorno protegido o recibir apoyo y cuidados diferenciados. Asimismo, dicha normativa dispone que estos establecimientos deben contar con autorización sanitaria otorgada por la autoridad competente, la que verifica el cumplimiento de las condiciones técnicas, estructurales y asistenciales exigidas por la regulación vigente.

Sexto: Que, en este contexto normativo, la autoridad sanitaria se encuentra legalmente facultada para fiscalizar el funcionamiento de los establecimientos de larga estadía y adoptar las medidas sanitarias que correspondan cuando se detecten incumplimientos a la normativa aplicable, entre ellas la instrucción de sumarios sanitarios, la adopción de medidas destinadas a resguardar la salud y seguridad de los residentes y la exigencia de adecuación del establecimiento a las condiciones reglamentarias previstas para su funcionamiento, habiéndose constatado en el caso concreto que la residencia funcionaba sin autorización sanitaria vigente y que mantenía entre sus residentes a personas que no cumplían con el rango etario exigido para residir en el establecimiento, motivo por los cuales se dispuso, entre otras medidas, la reubicación de la protegida por no cumplir con la exigencia etaria para residir en el ELEAM, todo lo cual fue dispuesto dentro de las facultades que el ordenamiento jurídico le confiere.

Séptimo: Que, en consecuencia, no es posible concluir que el acto recurrido constituya una actuación ilegal o arbitraria que amerite el restablecimiento inmediato del imperio del derecho por esta vía cautelar, correspondiendo desestimar la acción deducida.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el art culo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida en favor de doña nombre reservado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N°1541-2026.