nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 4 de julio de 2025 comparece doña nombre reservado, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, actuando en nombre y a favor de doña nombre reservado, ciudadana venezolana, Licenciada en Educación Básica Integral, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., representada por su director Santiago nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario de fecha 25 de junio de 2025, que rechaza solicitud de retiro de fondos para extranjero, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos de la afectada, garantizados en el artículo 19 en sus números 2 y 3 de la Constitución Política de la República, esto es, igualdad ante la ley y debido proceso, por lo que solicita que se ordene a la recurrida aprobar el retiro de fondos de sus cotizaciones como técnico extranjera.

Relata la recurrente que con fecha 24 de junio de 2025, doña nombre reservado solicitó ante AFP ProVida S.A., a través del portal web, la devolución de sus fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156 sobre exención de cotizaciones a técnicos extranjeros, bajo el N°1284643. Posteriormente, se le notificó, el 25 de junio de 2025, el rechazo de su solicitud, fundado en que la constancia de afiliación presentada se encuentra vencida al momento de realizar la solicitud, superando la vigencia indicada en dicho documento, y que por ello "no es posible acreditar que se encuentra cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero".

En efecto, la recurrida admitió que se adjuntó una constancia de afiliación emitida por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Chile, de fecha 27 de febrero de 2024, que acredita su afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) desde el día 7 de enero de 2008 hasta la fecha de emisión, pero que aquello no acredita que dicha afiliación haya perdurado por la totalidad del período cuya devolución se ha solicitado y que debía ser acreditada por un certificado de afiliación actual y debidamente legalizado.

Así las cosas, señala la parte recurrente que ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, esto es, detentar la calidad de técnico, encontrarse afiliada a un régimen previsional fuera de Chile (IVSS) y manifestar su voluntad de mantener la afiliación en su contrato de trabajo, sin embargo, la Administradora realiza una interpretación formalista de la norma y en consecuencia el rechazo esgrime un requisito de validez del documento no establecido en la ley, ya que el certificado de afiliación al sistema venezolano de la afectada se encuentra legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y además, puede ser verificado electrónicamente en la web oficial del IVSS con el código que la constancia arroja, lo que evidencia la afiliación del recurrente, por lo que la conducta omisiva de verificar la afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal.

Además, se destaca que la normativa especial - Ley N° 18.156, art. 1° y 7°, Circular N° 553 - nada dice sobre la vigencia o la fecha de expiración del certificado de afiliación.

En otro orden de ideas, la recurrente trae a colación que, al ser un hecho notorio la falta de representación diplomática venezolana en Chile resulta imposible cumplir con el requisito adicional de la recurrida, contradiciendo el aforismo que a lo imposible nadie está obligado y el artículo 45 del Código Civil.

En este sentido, los actos de la recurrida resultan en una vulneración del derecho a la Igualdad ante la Ley, pues se le ha dado un trato desigual al exigirle una formalidad adicional no contemplada en la ley ni en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Asimismo, se vulnera el derecho de Propiedad sobre sus fondos previsionales, pues la negativa injustificada y antojadiza a entregar los fondos, a pesar de cumplir con los requisitos legales, afecta la esencia de su derecho. Finalmente, el acto impugnado también vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, al no haberse notificado la necesidad de nuevos documentos para la continuación del proceso.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida, que cumplidos como han sido todos los extremos de la Ley N°18.156 y Circular N° 553, se apruebe el retiro de fondos de sus cotizaciones como técnico extranjera, o las medidas que se estimen pertinentes.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., a través de su abogado don Daniel Santoni, evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo en todas sus partes de la acción de protección, con expresa condenación en costas, fundado principalmente en dos defensas, esto es, la improcedencia de la acción cautelar de protección para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, la ausencia de un acto arbitrario e ilegal por parte de la recurrida, por cuanto se ha dado estricto cumplimiento a la ley y la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto a la primera alegación, la Administradora sostiene que la acción cautelar no es la vía idónea para el conocimiento de la materia controvertida, toda vez que el recurso de protección, según la doctrina y la jurisprudencia, fue ideado como un medio pronto y eficaz para situaciones urgentes, cuyo objeto es prestar inmediato amparo ante menoscabos derivados de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que priven, perturben o amenacen un derecho o garantía.

Se añade que la acción de protección no es un juicio de lato conocimiento que permita solicitar declaraciones de derechos, ni que permita discutir la constitucionalidad de normas como el D.L. N° 3.500 en sede cautelar.

En el caso de autos, se desprende que no existe un derecho indubitado, sino un derecho controvertido, ya que la recurrente alega un actuar ilegal y arbitrario, mientras la Administradora sostiene su actuar es correcto de conformidad a la ley y la normativa vigente de la Superintendencia de Pensiones, lo que no puede solucionarse por esta vía.

Respecto a la segunda alegación, en subsidio de la anterior, la recurrida argumenta que no ha incurrido en un acto ilegal ni arbitrario. En efecto, se indica que se rechazó la solicitud de devolución de fondos de doña nombre reservado, efectuada en su calidad de técnico extranjero, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida de acuerdo con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, ello, pues la Ley N° 18.156 es una norma de carácter excepcionalísima en el ordenamiento jurídico chileno para el retiro de fondos y por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, ProVida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución. Además, se hace presente que la actora no ha recurrido a la Superintendencia de Pensiones para obtener un pronunciamiento del regulador.

Añade la defensa que, por mandato del Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y su reglamento, las AFP se encuentran legalmente impedidas de destinar los fondos de cotización obligatoria a un fin distinto del de financiar las pensiones mencionadas, salvo las excepciones que la misma ley contempla, como es el caso de los técnicos extranjeros que cumplan copulativamente con los requisitos de la Ley N° 18.156. El artículo 1° de dicha ley y el Compendio de Normas exigen, entre otras condiciones, que el trabajador extranjero esté afiliado a un régimen previsional fuera de Chile y que esto se acredite mediante una certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada. Con base en ello, el actuar de AFP ProVida no es ilegal ni arbitrario, pues solo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos de la normativa vigente.

Finalmente, la Administradora respalda su posición citando sentencias de diversas Cortes de Apelaciones (Santiago, San Miguel, Valparaíso, Concepción), las que confirman el correcto actuar de las AFP al exigir el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos por la ley y la autoridad, en particular, respecto de la necesidad de que la documentación extranjera esté debidamente legalizada o apostillada y que, en caso de constancias con vigencia temporal, no se presente una vez expirado el plazo.

Concluye que, al no existir un acto u omisión ilegal o arbitraria, no se ha producido agravio alguno y, por tanto, no se cumple ninguno de los tres requisitos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia del recurso de protección.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Modelo, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no haber acompañado a su solicitud un certificado de afiliación a una administradora de fondo de pensiones extranjera, que se encontrara vigente, requisito que sería exigido por la normativa.

QUINTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 1° letra a) de la Ley 18.156: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, (…)”.

Por su parte, el numeral 1°. del Libro II, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Por su parte, el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal.

Agrega el mismo numeral en su letra b) “Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.”

SEXTO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, al ser necesaria la vigencia del documento para determinar su validez, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en la petición principal de la presentación de fecha 4 de julio de 2025, en favor de doña nombre reservado, en contra de la decisión de rechazar la solicitud de retiro de fondos para extranjero, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-15388-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez y el Abogado Integrante señor Cristián Parada Bustamante.

En Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.