nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. de Santiago.

Santiago veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco.

Al folio N° 12: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, notificado mediante correo electrónico de fecha 25 de junio de 2025.

Expresa que la recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156. Señala que el acto recurrido, el rechazo de su solicitud, se fundó en que no acompañó documentación que acreditara su cobertura durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que cubriera vejez, enfermedad (incluyendo prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez y muerte, y que el certificado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presentado no indicaba dicha especificidad para enfermedad, ni se encontraba debidamente legalizado. Además, el certificado señalaba un estatus de “asegurado cesante” con fecha de egreso en 2015, lo que no aclaraba la cobertura durante la relación laboral acreditada.

Sostiene que la administradora obstaculiza el proceso de retiro de fondos dando una mala interpretación de la norma y desatendiendo el objetivo de que el extranjero pueda disponer de su propiedad (fondos de previsión). Afirma que la ley solo exige estar afiliado sin efectuar distinciones de oportunidad y que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS es plenamente verificable a través de enlaces web y códigos alfanuméricos que fueron proporcionados.

Alega que la exigencia de legalización o apostilla es un requisito no expresamente establecido en la ley y que, en cualquier caso, es de imposible cumplimiento debido a la inexistencia actual de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que configura un caso de fuerza mayor o caso fortuito conforme al artículo 45 del Código Civil, pues a lo imposible nadie está obligado.

Indica que el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al darle un trato desigual con respecto a otros solicitantes que, en iguales circunstancias, han obtenido respuestas favorables. Asimismo, considera vulnerado su derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, pues la decisión de la AFP Cuprum de retener sus fondos constituye una privación injustificada de un bien de su exclusiva propiedad.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada, y dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados. Para ello, acompaña, entre otros documentos, cédula de identidad para extranjeros, notificación de rechazo de la AFP Cuprum, constancia de afiliación al IVSS, declaración jurada notariada y apostillada, título profesional apostillado, contrato y anexo de trabajo, y una carta de aprobación de AFP Cuprum a otro solicitante en similares condiciones.

Segundo: Que, evacuando informe, don José Felipe Aguilera Navarro, abogado en representación de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A., solicita el rechazo del recurso de protección con costas.

Señala que la Ley N°18.156 es un régimen de excepción que exige el cumplimiento de requisitos copulativos para la devolución de fondos previsionales. Indica que el rechazo de la solicitud de la recurrente se fundó en el incumplimiento del requisito establecido en el artículo 1°, letra a), de la Ley N°18.156, al no haber acompañado documentación que acreditara su cobertura durante toda la prestación de servicios en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones en casos de vejez, enfermedad, invalidez y muerte.

Expone que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS presentada no indica que la cobertura en caso de enfermedad incluya prestaciones médicas y pecuniarias, aspecto crucial según lo instruido por la Superintendencia de Pensiones en Oficios Ordinarios N°23.241 (13/09/2016), N°9.663 (02/05/2017) y N°12.194 (01/07/2025). Además, reitera que dicha constancia no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, requisito esencial para su validez en Chile, como lo establecen los Oficios Reservado N°25.057 (29/12/2023), Ordinario N°32.365 (27/12/2016) y N°24.089 (11/11/2019) de la Superintendencia de Pensiones, y ratifica el Oficio Ordinario N°12.194 (01/07/2025) que señala que el documento del IVSS "no sirve para acreditar el cumplimiento" por no estar debidamente legalizado ni apostillado.

Añade que la Constancia Electrónica de Cotizaciones hace referencia a una fecha de egreso del IVSS el 31 de diciembre de 2015, lo que no permite acreditar que la recurrente haya mantenido la afiliación al sistema de seguridad social extranjero durante toda su permanencia en Chile, contraviniendo lo instruido en Oficios Ordinarios N°23.241 (13/09/2016) y N°2.836 (29/01/2019). Sostiene que la invocación de fuerza mayor o caso fortuito no puede eludir el cumplimiento de requisitos para un beneficio excepcional (Oficio Ordinario N°6.948 de 22/04/2025).

Estima que la AFP Cuprum no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, sino que ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones. Finalmente, argumenta que la acción de protección excede su marco de procedencia, pues se refiere a una controversia sobre la aplicación de una normativa especial que debe ser resuelta en un procedimiento de lato conocimiento o ante las instancias administrativas de la Superintendencia de Pensiones, al no existir un derecho indubitado. Cita jurisprudencia reciente de diversas Cortes de Apelaciones (Antofagasta, Rol N°195-2025; Concepción, Rol N°1998-2025; La Serena, Rol N°1071-2025) que han rechazado recursos similares por no acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales, falta de legalización/apostilla de la constancia IVSS o por existir controversia sobre el derecho.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, carente de razonabilidad o de fundamento.

Cuarto: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, AFP Cuprum S.A., de rechazar la solicitud de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente.

Quinto: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7° de la Ley N°18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1° de la referida normativa establece que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la Ley N° 16.744”.

Sexto: Que, así las cosas, del análisis de los antecedentes proporcionados por ambas partes, se desprende que la decisión de la recurrida, AFP Cuprum S.A., de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales, no reviste, en la especie, el carácter de arbitraria o ilegal. Ello, por cuanto la Administradora se ha ajustado a las instrucciones y criterios interpretativos emanados de la Superintendencia de Pensiones, órgano técnico competente en la materia, relativos a la acreditación de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156.

En efecto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) acompañada por la recurrente no cumple con la exigencia de especificar de forma integral las prestaciones por enfermedad (médicas y pecuniarias) durante toda su permanencia en Chile, tal como lo demandan los Oficios Ordinarios N°23.241, N°9.663 y N°12.194 de la Superintendencia de Pensiones. Asimismo, el documento carece de la debida legalización o apostilla, requisito que, de acuerdo a los Oficios Reservado N°25.057, Ordinario N°32.365 y N°24.089, es esencial para la validez de documentos extranjeros en Chile, y que fue nuevamente ratificado por el Oficio Ordinario N°12.194, al señalar que sin este formalismo el certificado "no sirve" para acreditar el requisito de cobertura.

Finalmente, la misma constancia indica un estatus de “asegurado cesante” con egreso en diciembre de 2015, lo que genera una controversia sobre la continuidad de la cobertura durante el período de servicios en Chile, según lo instruido por la Superintendencia de Pensiones.

Considerando que la recurrida ha actuado en estricta observancia de las directrices y jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, no puede reputarse su actuación como carente de razonabilidad o contraria a derecho.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, y como se ha dicho reiteradamente, el recurso de protección es una acción constitucional de urgencia destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos. En el presente caso, la controversia suscitada entre las partes respecto a la idoneidad y validez de la documentación presentada por la recurrente para acreditar el cumplimiento de los requisitos excepcionales de la Ley N°18.156, impide concluir que el derecho invocado sea indubitado.

Una discusión sobre la suficiencia de la prueba y la interpretación de la normativa aplicable en materia previsional, con sus reglamentaciones e instrucciones técnicas, excede el ámbito de la acción cautelar de protección y corresponde a un procedimiento de lato conocimiento, o a la vía administrativa ante la Superintendencia de Pensiones, conforme lo ha sostenido la propia recurrida y confirmado por sentencias de diversas Cortes de Apelaciones en casos similares, como las citadas de Antofagasta (Rol N°195-2025), Concepción (Rol N°1998-2025) y La Serena (Rol N°1071-2025).

Octavo: Que, en estas circunstancias, al no configurarse un acto u omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida que vulnere derechos constitucionales indubitados de la recurrente, no procede sino desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-15366-2025.