Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S

C.A. de Santiago Santiago, nueve de octubre de dos mil veinticinco. A los folios 12 y 13: téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que con fecha 3 de julio de 2025, comparece nombre reservado

Peñaloza Parra, en favor y representación de nombre reservado, técnica en informática, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A, por haber rechazado arbitraria e ilegalmente su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida exige requisitos adicionales no contemplados en la normativa vigente, específicamente la apostilla de documentos venezolanos en circunstancias de imposibilidad material debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, y que se acredite haber cotizado en Venezuela durante toda la relación laboral, además de ignorar el contenido de un documento, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en sus artículos 19 N°2 y N°24, por lo que solicita se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a realizar un nuevo pronunciamiento favorable sobre la solicitud planteada.

Expone que la recurrente realizó la solicitud ante la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., de retiro de fondos mediante el formulario dispuesto para ello, adjuntando toda la documentación requerida y cumpliendo con lo solicitado por la administradora.

No obstante lo anterior, posteriormente, mediante correo electrónico de fecha 3 de junio de 2025, fue informada por la administradora de fondos acerca de las razones del rechazo de su solicitud. En dicha comunicación, la recurrida indicó que la solicitud no podía prosperar debido a que:

A.- La Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, lo cual es un requisito esencial para su validez en Chile.

B.- La Constancia Electrónica de Cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no indica que, en caso de enfermedad, usted cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias.

C.- La Constancia Electrónica de Cotizaciones señala expresamente que su fecha de ingreso al IVSS corresponde al 13 de abril de 1998, pero que su estatus actual es de asegurado cesante con fecha de egreso el 31 de marzo de 2019. En consecuencia, no queda claro que usted haya estado afiliado a este sistema durante la vigencia de la relación laboral acreditada.

Frente a esta exigencia, el recurrente sostiene que se encuentra ante una situación de imposibilidad material para cumplir con el requisito de apostilla exigido por la recurrida. Ello, en razón del contexto actual caracterizado por la imposibilidad de obtener la legalización consular de la declaración jurada de dicho certificado de afiliación en el Instituto de Previsión Social IVSS, como se hacía anteriormente.

En este orden de ideas, el recurrente invoca las disposiciones del Código Civil en su artículo 45, que define la fuerza mayor o caso fortuito como "el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc." Sostiene que la ausencia de representación diplomática por parte de Venezuela constituye una situación de imprevisibilidad que imposibilita actualmente a los nacionales venezolanos obtener la declaración jurada de inscripción en el IVSS que se obtenía anteriormente y que a posterior era convalidada por el Ministerio correspondiente.

Asimismo, el recurrente argumenta que el certificado presentado cuenta con mecanismos de verificación que permiten corroborar su autenticidad. En este sentido, señala que cualquier interesado puede verificar la existencia de dicha afiliación, puesto que la misma planilla ofrece un código de verificación con el que se puede acceder a la comprobación de la autenticidad del documento en la página oficial del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS) en la plataforma http: http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss.

De esta manera, demuestra que el objetivo de verificar la afiliación al sistema previsional venezolano puede cumplirse sin necesidad de exigir formalismos adicionales que resultan materialmente imposibles de obtener.

Por otro lado, señala que el segundo argumento invocado es que la constancia no indicaría que la recurrente está cubierta por prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad. Esta afirmación sería incorrecta y desconocería el propio contenido del documento presentado, el cual remite expresamente a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley del Seguro Social venezolana, que incluye protección en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso. El documento, por tanto, sí daría cuenta del cumplimiento del artículo 1 de la Ley 18.156.

Menciona que el tercer argumento habría sido que la recurrente no habría estado afiliada al IVSS durante el tiempo en que mantuvo vínculo laboral en Chile, por haberse indicado una condición de cesante desde el año 2019. Este argumento es igualmente infundado. La Ley 18.156 no exige cotizaciones durante todo el período de residencia en Chile, sino simplemente que el trabajador técnico extranjero haya estado afiliado a un régimen previsional extranjero al momento de firmar el contrato laboral y haya manifestado voluntad de mantener dicha afiliación.

Precisa que la condición de cesante en el sistema previsional venezolano, no implica pérdida de afiliación ni de derechos asociados.

Cita jurisprudencia en que se han acogido recursos por hechos similares.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A. reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que José Felipe Aguilera Navarro, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., evacuó informe.

Indica que la recurrente incumplió el requisito establecido en el artículo 1°, letra a), de la Ley N° 18.156, pues no acompañó documentación que acredite que se ha encontrado cubierta, durante toda la prestación de servicios en Chile, por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ni que, además, en el caso de la cobertura de enfermedad, aquella comprenda prestaciones médicas y pecuniarias.

Menciona que el Oficio Ordinario N°NUM000 de la Superintendencia de Pensiones, de 13 de septiembre de 2016, establece que “será menester que la certificación que se emita para acreditar cobertura previsional expresamente señale que el trabajador ha tenido y tiene derecho a ella durante su permanencia en Chile, debiendo además en el caso de la cobertura de enfermedad, especificar que comprende las prestaciones médicas y pecuniarias”.

Agrega que, as su vez, Oficio Ordinario N°NUM001, de fecha 02 de mayo de 2017, de la misma institución, indica que: “Se debe manifestar a usted que el mencionado certificado no acredita que usted durante su prestación de servicios en Chile, haya contado con la cobertura de salud integral en su país de origen, que comprenda prestaciones médicas y pecuniarias y por todo el tiempo en que cotizó en nuestro país, por tanto no sirve para acreditar el requisito establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.156”.

Este criterio se habría mantenido en el Oficio Ordinario N°NUM002, de fecha 01 de julio de 2025.

Señala que, mediante Oficios Reservados N°NUM003 de 2023, N°NUM004 de 2016, N°NUM005 de 2019 y N° NUM002 de 2025 la Superintendencia ha reiterado el criterio de que la apostilla o legalización resulta obligatoria.

Agrega que si bien el recurrente invoca la fuerza mayor o caso fortuito para justificarse, dicha institución no puede utilizarse para eludir el cumplimiento de las condiciones establecidas para acceder a un beneficio, por cuanto la fuerza mayor o caso fortuito se utiliza para eximir de responsabilidad a las partes en un contrato o convenio cuando un evento imprevisible e inevitable impide el cumplimiento de las obligaciones.

Añade que los hechos expuestos exceden el marco de procedencia del recurso de protección, cuya naturaleza es esencialmente cautelar y de urgencia y supone la existencia de derechos indubitados que estén siendo vulnerados.

Cita jurisprudencia en apoyo de sus alegaciones.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el art culo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que el artículo 1 de la Ley N° 18.156 dispone que: “[l]as empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnen las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprender los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley N°16.744.”

A su turno, el artículo 7 agrega: “en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieran depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley”.

Quinto: Que, en la especie, el acto recurrido consiste en el correo electrónico de 3 de junio de 2025, mediante el cual la entidad recurrida denegó la solicitud de devolución de fondos previsionales de la actora debido a que:

A.- La Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, lo cual es un requisito esencial para su validez en Chile.

B.- La Constancia Electrónica de Cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no indica que, en caso de enfermedad, usted cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias.

C.- La Constancia Electrónica de Cotizaciones señala expresamente que su fecha de ingreso al IVSS corresponde al 13 de abril de 1998, pero que su estatus actual es de asegurado cesante con fecha de egreso el 31 de marzo de 2019. En consecuencia, no queda claro que usted haya estado afiliado a este sistema durante la vigencia de la relación laboral acreditada.

Sexto: Que, para acreditar el cumplimiento de los requisitos que la recurrida echa en falta, la recurrente acompaña Constancia Electrónica de Cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la que textualmente dispone: “El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), hace constar por medio de la presente que el (la) Ciudadano (a) nombre reservado titular de la Cédula de Identidad N° NUM006 posee 832 semanas cotizadas ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), siendo su primera fecha de afiliación al Instituto 13/04/1998, encontrándose actualmente en estatus de asegurado CESANTE en la empresa INVERSIONES GUAPAS CHIP, C.A inscrita bajo en Número Patronal NUM007 con Fecha de egreso 31/03/2019 según base de datos de la institución sujeta a revisión de documentos probatorios.

En tal sentido, de conformidad con el Artículo N° 1 de la Ley del Seguro Social aprobada bajo Gaceta Oficial N° 5.976 de fecha 24/05/2010, establece lo siguiente: "La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus beneficiarios y beneficiarias en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantia o paro forzoso." Constancia que se expide a petición de la parte interesada en la ciudad de Caracas a los 19 días del mes de Mayo de 2025.

El presente certificado tendrá vigencia hasta el día 31 del mes de Mayo de 2025.”

Séptimo: Que, en relación a la objeción expresada por la recurrida, que se vincula directamente con las exigencias del artículo 1 de la Ley nro. 18.156, cabe referir que AFP CUPRUM S.A. se ha limitado a verificar, con el debido celo, el cumplimiento de las exigencias que impone a la petición del recurrente la norma legal referida, dando para ello cumplimiento a la normativa -vinculante a su respecto- que ha emitido la Superintendencia de Pensiones; la que, en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, relativo a la “Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten.

Devolución de fondos previsionales”, estableció que el cumplimiento del requisito de la letra b) del artículo 1 de la Ley nro. 18156, “debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte”; y que “[p]ara la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156".

Octavo: Que, de esta manera, atendido el carácter imperativo y excepcional de las exigencias establecidas en el artículo 1 de la Ley nro. 18.156, de interpretación, por ende, restrictiva, no puede sino concluirse que la entidad recurrida, al limitarse a velar por su cumplimiento y, en concreto, a exigir que el peticionario acredite suficientemente, mediante documentación legalizada, que se encuentra “afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”, ciñéndose para estos efectos a la normativa de la Superintendencia del ramo; ajustó su actuar a la normativa legal y reglamentaria que gobierna la materia, por lo que el mismo no puede ser tildado de arbitrario o ilegal, máxime considerando que la respuesta dada a la actora contiene una adecuada fundamentación que le permitió a éste conocer a cabalidad lo decidido y sus fundamentos; conclusión que no se desvirtúa por las dificultades que ha aducido para obtener la documentación que la AFP echa en falta, toda vez que tal circunstancia no puede justificar el incumplimiento por su parte de una exigencia imperativa que la ley especialmente establece para la procedencia de su solicitud de devolución de fondos previsionales, los que, en su condición de tales, no pueden ser entendidos meramente como un fondo de ahorro a ser retirado al término de los servicios, sino como un especial resguardo legalmente obligatorio para asegurar la cobertura previsional del cotizante, sea nacional o extranjero.

En estas circunstancias, no encontrándonos ante un acto arbitrario o ilegal que vulnere garantías constitucionales del recurrente, la presente acción cautelar no se encuentra en condiciones de prosperar.

En consecuencia y visto además dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y lo dispuesto en los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, se rechaza el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado contra AFP CUPRUM S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-15362-2025.