Protección contra Subsecretaría del Interior

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que, con fecha 10 de junio de 2026, comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en favor de don nombre reservado y doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, representada por su Subsecretario don Máximo Pávez Cantillano, por haber incurrido en la falta de respuesta a la solicitud de regularización enviada por carta certificada con fecha 8 de septiembre de 2025 y la falta de remisión de sus antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que contraviene lo preceptuado en los artículos 4°, 26 y 27 de la Ley N°20.430 y el artículo 155 de la Ley N°21.325, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley de sus representados, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se concluya el procedimiento cuyo inicio ha sido solicitado dándole curso y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio.

En cuanto a las circunstancias fácticas expuestas en la presentación, se señala que los beneficiarios del recurso son ciudadanos venezolanos que se vieron forzados a escapar de su país de origen e ingresar a Chile por un paso no habilitado, debido a que su seguridad se vio amenazada por la violencia generalizada, los conflictos internos y las violaciones masivas a los derechos humanos en Venezuela. Agrega el libelo que, tras recabar información y haber concluido de manera negativa un proceso previo ante el Servicio Nacional de Migraciones, con fecha 8 de septiembre de 2025 remitieron una carta certificada con sus antecedentes a la Oficina de Partes de la Subsecretaría del Interior, solicitando su regularización al amparo del artículo 155 de la Ley N°21.325. No obstante lo anterior, la parte recurrente sostiene que no han vuelto a ser contactados por la autoridad ni se les ha otorgado la visación de residente temporario contemplada en el artículo 32 inciso primero de la Ley N°20.430 o en el artículo 155 de la Ley N°21.325.

A fin de fundamentar en derecho su pretensión, el actor expone que el derecho a buscar y recibir asilo constituye un derecho humano fundamental de carácter inalienable, citando al efecto el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el deber del Estado de respetar y promover los derechos esenciales garantizados por la Constitución y los tratados internacionales, según el artículo 5° inciso segundo de la Carta Fundamental. Asimismo, invoca el principio de no devolución consagrado en el artículo 4° de la Ley N°20.430, el cual resulta aplicable desde que se manifiesta oralmente o por escrito la intención de formalizar la petición de refugio según el artículo 26 del mismo cuerpo legal, en concordancia con los artículos 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Continuando con la estructura de sus alegaciones jurídicas, la presentación enfatiza el imperativo contenido en el artículo 27 de la Ley N°20.430, conforme al cual todo funcionario de la Administración del Estado que tome conocimiento de una solicitud de refugio debe ponerla en conocimiento de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado en el más breve plazo. Sobre esta base, aduce que no corresponde a los funcionarios administrativos deliberar sobre la validez de los antecedentes presentados, limitándose su cometido a proporcionar el formulario formal e iniciar la tramitación, según el manual aprobado por la Resolución Exenta N°21.726 del Servicio Nacional de Migraciones. Adicionalmente, resalta que la calificación de posibles situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que impidan la concurrencia presencial de los solicitantes es de competencia exclusiva de la aludida Secretaría Técnica.

En lo relativo a la vulneración de las garantías constitucionalmente protegidas, el recurso sostiene que la omisión injustificada y la abstención de respuesta por parte de la autoridad administrativa configura un proceder ilegal y arbitrario que atenta directamente contra la garantía de la igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Dicha afectación se produce, a juicio del recurrente, por cuanto la falta de contacto y la paralización en la tramitación del procedimiento importan una discriminación arbitraria en relación con el trato dispensado a otros ciudadanos extranjeros en hipótesis análogas, impidiéndoles acceder de manera efectiva a la protección temporal que la legislación establece.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se resuelva que la autoridad administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal, vulnerando derechos fundamentales de los recurrentes que representa, resolviendo que se concluya el procedimiento cuyo inicio ha sido solicitado por los recurrentes, dándole curso, y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio, bajo el artículo 155 de la Ley N°21.325, mientras se espera la evaluación, por parte de una comisión calificada, de la recurrente, ya debidamente individualizada.

SEGUNDO: Que, con fecha 23 de junio de 2026, evacuó el Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo en todas sus partes de la acción de protección interpuesta en favor de don nombre reservado y doña nombre reservado, con expresa condena en costas.

Expone que los actores incurren en una confusión de conceptos al interrelacionar dos mecanismos migratorios de distinta naturaleza jurídica, tramitación y estatuto normativo. Por un lado, la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal por caso calificado o motivos humanitarios deriva de una potestad indelegable del Subsecretario del Interior amparada en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, y por otro lado, la determinación de la condición de refugiado que se enmarca en un procedimiento reglado gobernado por las disposiciones de la Ley N°20.430 y el Decreto Supremo N°837 de 2010 del Ministerio del Interior.

En relación con la solicitud de refugio, aclara que la recepción y evaluación de los requisitos formales de admisibilidad corresponden al Servicio Nacional de Migraciones en la fase inicial del procedimiento.

La intervención de la Subsecretaría del Interior se encuentra reservada exclusivamente para la etapa final, correspondiéndole emitir un pronunciamiento fundado a través de una resolución del Subsecretario del Interior fundada en la recomendación previa de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, según el artículo 19 de la Ley N°20.430. Por consiguiente, al enmarcarse las alegaciones de los actores en la tramitación inicial del refugio, el Ministerio del Interior carece de competencia para pronunciarse al respecto en esta sede. Adicionalmente, el informe invoca los artículos 40 y 43 de la Ley N°19.880, destacando que la inactividad del interesado por un plazo superior a treinta días genera el abandono y la consiguiente conclusión del procedimiento administrativo.

En cuanto a la solicitud de residencia, la recurrida invoca los artículos 24 de la Ley N°21.325 y 2° del Decreto Supremo N°296 de 2022, los cuales imponen al Estado el deber de promover una migración regular e imponen la obligación de ingresar al país por pasos habilitados. Explica que la regularización constituye una facultad de la autoridad para subsanar contravenciones migratorias voluntarias, existiendo bajo la legislación vigente dos hipótesis diferenciadas. La primera corresponde a procesos reglados de general aplicación previstos en los artículos 69 y 155 N°8 de la Ley N°21.325, haciendo presente que actualmente no existen procedimientos vigentes de esta índole. La segunda hipótesis atañe al artículo 155 N°9 del citado cuerpo legal, que consagra una potestad excepcional por casos calificados o motivos humanitarios, siendo esta la única vía aplicable a requerimientos particulares como los de la especie.

Al dar cuenta del estado de los requerimientos de la parte actora, el órgano administrativo informa: a) En cuanto las solicitudes de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal por caso calificado o humanitario, señala que las peticiones se encuentran en actualmente en tramitación y que los actos que las resolverán serán debidamente notificados una vez concluidos conforme a la ley. b) A su vez, respecto de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado presentadas por los recurrentes con fecha 14 de junio de 2024, comunica que estas fueron tenidas formalmente por desistidas con fecha 5 de noviembre de 2024 por el Servicio Nacional de Migraciones, tras no haber presentado los antecedentes exigidos para satisfacer los requisitos formales mínimos, adjuntando copia de las Resoluciones Exentas N°NUM000 y N°NUM001, ambas de 5 de noviembre de 2024.

Por su parte, argumenta que las solicitudes excepcionales de residencia temporal exigen un examen exhaustivo al tratarse de exenciones a infracciones migratorias voluntarias. Sostiene además que el tiempo de tramitación responde a un incremento exponencial de requerimientos —registrándose un aumento superior al 964% entre los años 2022 y 2023, sumado a más de 4.500 solicitudes entre enero y mayo de 2024—, lo que descarta cualquier actuar caprichoso del órgano público. Asimismo, citando jurisprudencia de la Corte Suprema y dictámenes de la Contraloría General de la República, enfatiza que el plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni la invalidación del procedimiento.

Adicionalmente, sostiene que no se verifica una privación, perturbación ni amenaza a las garantías constitucionales tuteladas por el artículo 20 de la Carta Fundamental. Plantea que la falta de resolución inmediata de una petición efectuada al amparo del artículo 19 N°14 de la Constitución no configura por sí sola una vulneración de derechos, correspondiendo a la parte actora probar la existencia de un perjuicio directo y la relación de causalidad con la omisión alegada, sin que proceda tutelar meras expectativas. Añade que acoger esta acción generaría una discriminación arbitraria contra las personas que esperan la resolución de sus trámites por la vía ordinaria, desnaturalizando la acción de protección al pretender instrumentalizarla para acelerar procedimientos o sustituir facultades discrecionales reservadas exclusivamente al Subsecretario del Interior.

Por consiguiente, la recurrida solicita el rechazo total de la acción de protección por no existir acción u omisión ilegal ni arbitraria, con expresa condena en costas a la parte recurrente por carecer de motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que, con fecha 24 de julio de 2026, evacuó el informe requerido el Servicio Nacional de Migraciones solicitando el rechazo en todas sus partes de la acción de protección interpuesta en su contra, sosteniendo su absoluta improcedencia por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión imputable a dicha autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal ni que atente contra las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Respecto a la situación particular del recurrente nombre reservado, señala que se trata de un ciudadano de nacionalidad venezolana que no registra fecha de ingreso al territorio nacional, derivándose de ello su ingreso clandestino por paso no habilitado, de lo cual dio cuenta la Policía de Investigaciones de Chile mediante el Parte Policial N°NUM002 de fecha 21 de mayo de 2022. Sobre la trayectoria administrativa del interesado, la autoridad refiere que con fecha 8 de junio de 2023 recibió una carta certificada mediante la cual solicitó la regularización de su condición migratoria al alero del artículo 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325, antecedentes que fueron remitidos a la Subsecretaría del Interior mediante el Oficio Ordinario N°NUM003 de fecha 6 de julio de 2026 por ser dicho órgano el legalmente competente. Añade la recurrida que con fecha 14 de junio de 2024 el extranjero solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado a través de la plataforma web SIMPLE —solicitud registrada bajo el ID N°NUM004—, respecto de la cual el Servicio resolvió tenerla por desistida mediante la Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 5 de noviembre de 2024, por haber excedido el plazo de siete días hábiles desde su ingreso para presentarse ante la autoridad conforme al artículo 26 de la Ley N°20.430 y por no presentar los antecedentes requeridos para acreditar el cumplimiento de los plazos reglamentarios previstos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N°837. En tal sentido, la repartición pública aclara que el actor confunde en su libelo la carta de regularización enviada a la Subsecretaría del Interior el 8 de septiembre de 2025 con el procedimiento de refugio iniciado en junio de 2024 vía web, el cual fue resuelto y concluido con anterioridad a dicha misiva.

Hace referencia, por su parte, a la situación de la recurrente doña nombre reservado, manifestando que se trata igualmente de una nacional venezolana sin registro de fecha de ingreso formal al país, lo que configura su ingreso clandestino eludiendo los controles fronterizos, hecho denunciado por la Policía de Investigaciones mediante el Parte Policial N°NUM005 de fecha 21 de mayo de 2022. Asimismo, da cuenta de que con fecha 8 de junio de 2023 el Servicio recibió una carta certificada solicitando la regularización migratoria en virtud del artículo 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325, remitiendo la totalidad de los antecedentes a la Subsecretaría del Interior a través del Oficio Ordinario N°NUM006 de fecha 6 de julio de 2026. Respecto de su solicitud de refugio ingresada vía web el 14 de junio de 2024 bajo el ID N°NUM007, la recurrida informa que fue declarada desistida por la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 5 de noviembre de 2024 por los mismos motivos legales expresados en el caso de su co- recurrente. A partir de lo anterior, la repartición enfatiza que el Servicio Nacional de Migraciones no es la entidad administrativa que se encuentra tramitando las solicitudes formuladas por los actores ni ostenta la facultad legal para pronunciarse sobre ellas.

El Servicio Nacional de Migraciones analiza la potestad de regularización extraordinaria del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, precisando que dicha norma asigna de manera exclusiva e indelegable al Subsecretario del Interior la atribución de disponer el otorgamiento de permisos de residencia temporal por casos calificados o motivos humanitarios. Conforme a dicho tenor normativo, el Servicio sostiene su manifiesta falta de legitimación pasiva, atendido que carece de facultades legales para tramitar o resolver las solicitudes de regularización planteadas. Agrega que, en cumplimiento del artículo 14 inciso segundo de la Ley N°19.880, procedió a derivar oportunamente la totalidad de las piezas administrativas a la Subsecretaría del Interior para que sea dicha autoridad la que resuelva el asunto, por lo que no mantiene labor ni gestión pendiente alguna respecto de las peticiones formuladas.

Por tales consideraciones de hecho y de derecho, solicita el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional de protección, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que de su parte prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales contempladas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, solicitando asimismo rechazar la condena en costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Para que esta acción prospere, es requisito indispensable la constatación de un acto ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado.

QUINTO: Que, el acto calificado como ilegal y arbitrario por la parte recurrente consiste en la falta de respuesta oportuna por parte de la Subsecretaría del Interior respecto de la solicitud de regularización migratoria remitida mediante carta certificada con fecha 8 de septiembre de 2025, así como la abstención de enviar tales antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

SEXTO: Que, a partir de los hechos expuestos por las partes y de los antecedentes que constan en el proceso, es posible establecer los siguientes hechos: 1. Los recurrentes son nacionales venezolanos que ingresaron a Chile de forma clandestina por un paso no habilitado, registrando por tal razón denuncias policiales formuladas por la Policía de Investigaciones de Chile con fecha 21 de mayo de 2022. 2. Con fecha 14 de junio de 2024 ambos actores presentaron solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado a través de la plataforma web SIMPLE ante el Servicio Nacional de Migraciones. 3. Mediante las Resoluciones Exentas N°NUM001 y N°NUM000, ambas de fecha 5 de noviembre de 2024, el Servicio Nacional de Migraciones tuvo formalmente por desistidas las citadas solicitudes de refugio por no subsanarse los requisitos formales de admisibilidad previstos en la ley. 4. Con fecha 8 de septiembre de 2025, los recurrentes enviaron cartas certificadas dirigidas a la Subsecretaría del Interior solicitando la regularización de su condición migratoria al amparo del artículo 155 de la Ley N°21.325. 5. Dicha solicitud de residencia temporal por motivos humanitarios o caso calificado se encuentra actualmente en tramitación pendiente de resolución ante la Subsecretaría del Interior.

SÉPTIMO: Que, para la adecuada resolución de la acción de protección deducida, conviene precisar que los actores han invocado dos mecanismos de regularización migratoria sustancialmente diferentes.

Por una parte, la determinación de la condición de refugiado constituye un procedimiento administrativo regulado en la Ley N°20.430, cuya fase inicial de admisibilidad se sustancia ante el Servicio Nacional de Migraciones e involucra un análisis técnico por parte de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, previo al pronunciamiento del Subsecretario del Interior.

Por otra parte, la solicitud de permiso de residencia temporal por motivos humanitarios o casos calificados corresponde a una potestad discrecional, excepcional e indelegable asignada en forma exclusiva al Subsecretario del Interior por el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, orientada a subsanar la irregularidad migratoria en circunstancias calificadas.

OCTAVO: Que del mérito de los antecedentes de la causa resulta evidente que la vía referida al reconocimiento de la condición de refugiados de los actores concluyó mediante la dictación de las Resoluciones Exentas N°NUM001 y N°NUM000 de 5 de noviembre de 2024, las cuales tuvieron por desistidas legalmente tales pretensiones, sin que conste que se haya recurrido administrativa ni judicialmente en contra de éstas.

De este modo, en la actualidad subsiste únicamente como procedimiento pendiente la solicitud de residencia temporal por casos calificados o motivos humanitarios incoada el 8 de septiembre de 2025 ante la Subsecretaría del Interior, marco dentro del cual debe analizarse la efectividad de la omisión reprochada.

NOVENO: Que para resolver la presente acción constitucional no solo debe tenerse presente el principio de celeridad previsto en el artículo 7 de la Ley N°19.980 y el plazo de 6 meses establecido en el artículo 27 de la mencionada normativa, sino que también la institución de la fuerza mayor, puesto que la espera más allá del plazo legal siempre debe ser apreciada en un contexto que también considere las posibilidades de la Administración en términos de los recursos de los que dispone para cumplir con su cometido, así como a las circunstancias fácticas en las que actualmente se desenvuelve la institución, atendido el incremento exponencial de solicitudes de igual o similar naturaleza que debe atender, y que originan procedimientos administrativos que debe tramitar.

DÉCIMO: Que, con todo, la fuerza mayor tampoco se puede transformar en una regla inexpugnable, de suerte que todo tiempo desproporcionado pueda ser cubierto por la misma. Si bien el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal, tampoco resulta infinito o indefinido.

Luego, si bien es posible constatar que la solicitud de los protegidos se encuentra próxima a cumplir un año desde su presentación, se considera un tiempo razonable en el contexto de la decisión que dicho órgano debe adoptar para la resolución de la petición.

UNDÉCIMO: Que así entonces, conforme a la complejidad del acto administrativo involucrado y a la cantidad de solicitudes de esta índole que ingresan al Servicio Nacional de Migraciones, y que en definitiva debe resolver la Subsecretaría del Interior, el plazo que ha demandado el conocimiento y resolución de la solicitud ante la Subsecretaría no deviene en ilegal ni arbitrario, estimándose a la fecha que la demora se encuentra justificada y dentro de un plazo razonable inferior a un año desde que se presentaron las solicitudes, circunstancia por la que se rechazará la acción deducida.

Por estas razones y de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-15328-2026.