Protección contra Hospital Clínico de la Universidad de Chile

C.A. de Santiago Santiago, once de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado don Pedro Isaac Cerda Troncoso, quien deduce acción constitucional de protección a favor de doña nombre reservado, en contra de Hospital Clínico de la Universidad de Chile, representado por su Director don nombre reservado, por el actuar que estiman arbitrario e ilegal, consistente en haber dictado la Resolución TRA N° NUM000, de 22 de octubre de 2022, que declaró vacante su cargo por salud incompatible, y que estima vulnera las garantías consagradas en el artículo 19, N°2, 9 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que su representada se desempeñó en el Hospital Clínico de La Universidad de Chile desde el 1 de abril del año 2002, en calidad de ayudante técnico de farmacia, bajo el grado 25º de la escala única de sueldos.

Agrega que la recurrente gozó desde octubre de 2020 a noviembre de 2021, ininterrumpidamente, de licencias médicas, las cuales fueron debidamente ingresadas, registradas y tramitadas conforme a los procedimientos establecidos.

Refiere que el 14 de septiembre de 2023 se le notificó a su representada, en el departamento de Recursos Humanos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la declaración de vacancia de su cargo, mediante la Resolución TRA N° NUM000, de 22 de octubre de 2022, tomada de razón por la Contraloría General de la República el 17 de abril de 2023, por supuesta salud incompatible con el desempeño del mismo.

Hace presente que, durante todo el periodo en que la recurrente se encontró con licencia médica, nunca fue llamada o notificada por el COMPIN para la realización de alguna evaluación, sea presencial o telemáticamente.

Agrega que la recurrente, desde el mes de mayo de 2022 y hasta el 14 de septiembre de 2023, se encontró trabajando en jornada completa, únicamente registrando dos licencias médicas, por 2 y 3 días respectivamente, durante el mes de agosto de 2022.

Señala que en la resolución impugnada se indica: “CONSIDERANDO: Que, han transcurrido los plazos que establece el artículo 25 del Decreto N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, para que la Institución de Salud Previsional que corresponde, se pronuncie respecto de las licencias médicas otorgadas a doña nombre reservado, las que se encuentran autorizadas.

Que, la funcionaria señalada ha acumulado más de 6 meses de licencias médicas en el transcurso de los últimos dos años Que conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 21.050, se requirió a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación respecto de la condición de irrecuperablidad de la salud de la funcionaria y que permite desempeñar el cargo.

Que la resolución exenta n°076 de fecha 10 de febrero de 2021, la comisión médica se pronunció respecto de la condición de salud de la funcionaria indicada y resuelve que adolece de un estado de salud recuperable.

Que, para la situación referida en el considerando anterior, Contraloría General de la Republica se ha pronunciado en el Dictamen N° 17.351 de 2018, señalando que si la comisión médica concluye que la salud de la funcionaria no es irrecuperable, la jefatura del servicio respectivo podrá declarar, en el caso que así lo estime, la salud incompatible de ese servidor DECRETO: DECLARECE VACANTE POR SALUD INCOMPATIBLE, a contar de la notificación de la total tramitación del presente acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años , sin mediar declaración de salud irrecuperable, el cargo servido por: 1. Don (a) nombre reservado RUN Nº NUM001, TECNICO grado 25º ESCALA SUELDOS UNIVERSIDADES ESTATALES, de la planta TECNICOS, con jornada de 44 horas semanales del servicio UNIVERSIDAD DE CHILE”.

Asevera que la recurrida yerra en sus argumentos fácticos al mencionar que su salud es incompatible para el desarrollo de sus funciones, existiendo un informe de COMPIN donde expresamente se indica que la salud de la recurrente es recuperable.

En base a lo anterior, pide que: (i) se ordene dejar sin efecto la resolución impugnada; (ii) se ordene a reintegrar a la recurrente a sus funciones habituales en Servicio de Farmacia en Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en la misma calidad jurídica que servía en dicho órgano público hasta antes de la declaración de vacancia del cargo; (iii) se ordene pagar todas la remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, desde la fecha de la separación y hasta la de su efectivo reingreso al servicio, y; (iv) se declare que la recurrida debe pagar las costas de la causa.

Segundo: Que el abogado don Moisés González Soto evacuó informe por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

En primer lugar, alega falta de legitimación pasiva, toda vez que el acto recurrido, individualizado como “Resolución TRA N° NUM000, de 22 de octubre de 2022 y tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 17 de abril de 2023”, en realidad corresponde al “Decreto Universitario N° NUM000, de 3 de mayo del 2023, tomado de razón por la Contraloría General de la República el 22 de agosto de 2023”, de lo que se colige que dicho acto fue emitido por la Rectoría de la Universidad de Chile, y no por el Hospital Clínico ni su director.

Sostiene que, por lo anterior, al no estar dirigida la acción en contra la jefatura y/o institución que correspondería, el recurso de protección no puede prosperar, toda vez que no podría ordenarse que él o los recurridos enmienden un proceder administrativo que no fue ejecutado por ellos y ajeno a su ámbito de competencia.

En segundo lugar, sostiene un ejercicio legal de una facultad discrecional y la inexistencia de falta de fundamentación o motivación en el acto administrativo.

Afirma que la recurrente pasó a integrar la planta funcionaria del Hospital Clínico de la Universidad de Chile el 2011, hasta la declaración de vacancia.

Explica que la vinculación entre las partes se enmarca en el DFL N° 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, y la regulación propia estatutaria de la Universidad de Chile.

Puntualiza que es efectivo que la vinculación funcionaria de la recurrente terminó por haberse declarado vacante su cargo por salud incompatible, de conformidad al artículo 151 del Estatuto Administrativo, y que el día 22 de octubre de 2023 se le notificó personalmente el Decreto TRA NUM000, de fecha 22 de octubre de 2022, dictado por la rectora de la Universidad de Chile, y tomado de razón por la Contraloría General de la República con fecha 17 de abril de 2023.

Asevera que en el referido acto administrativo se exponen las consideraciones de hecho y derecho que sustentan la decisión en orden a declarar vacante el cargo servido, lo que a su vez da testimonio que en esa decisión subyace un procedimiento administrativo desarrollado con estricto apego a la ley, según su especialidad, que considera, como antecedente indispensable el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que, en el caso de marras está plasmado en la Resolución Exenta N° 76, de 10 de febrero de 2021, emitida a petición de la Universidad de Chile para que aquella Comisión se pronunciase sobre la recuperabilidad o irrecuperabilidad del estado de salud de la hoy recurrente, la que calificó la salud de la funcionaria como recuperable, mediante Resolución Exenta 076 de 10 de febrero de 2021.

Sostiene que el pronunciamiento del COMPIN expresa que la recurrente “adolece de un estado de salud recuperable”, por lo que, entendida la expresión “adolecer” como “sufrir cierto defecto, carencia o vicio”, permite concluir que el estado de salud de la recurrente no podía sino ser irrecuperable, conclusión que entiende ratificada por las sucesivas licencias médicas presentadas, ininterrumpidamente, desde el 12 de octubre de 2020 hasta el 5 de agosto de 2022, que alcanzaron una extensión temporal de 397 días.

Refiere que, por lo anterior, atendido el principio de servicialidad de la administración el Estado, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile se vio en la necesidad de hacer uso de la facultad otorgada en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, para lo cual se observó el procedimiento legal establecido al efecto.

Hace presente que, si bien mediante resolución Exenta N°076 de 2021 la COMPIN declaró que la salud de la recurrente es recuperable, ello no es obstáculo para que el Jefe de Servicio pueda declarar vacante el cargo por salud incompatible. En base a lo anterior, sostiene que no hay acción u omisión arbitraria o ilegal atribuible al Hospital Clínico de la Universidad de Chile y/o a su Director General.

Tercero: Que, evacuando el informe solicitado, la Contraloría General de la República, en lo pertinente al presente arbitrio, indica que la Universidad de Chile ingresó el Decreto TRA N° NUM000, de 2022, para efectuar su examen de legalidad y, en base a los antecedentes y fundamentos planteados, se determinó que la decisión administrativa se ajustó a derecho, toda vez que se verificaron los supuestos legales que hicieron procedente la aplicación de la causal de cese.

Señala que, de la revisión de los antecedentes se constató que la reclamante hizo uso de licencias médicas por más de 6 meses, continuos o discontinuos, en un período de 2 años, según consta en la hoja de vida funcionaria extraída del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado -SIAPER- y del listado de reposos médicos acompañado por la institución.

Agrega que, mediante la evaluación practicada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, subcomisión norte, se verificó el cumplimiento del presupuesto legal sobre la ausencia de la declaración de irrecuperabilidad de la salud de empleado, pronunciamiento que consta en la resolución exenta N° 076, del 10 de febrero de 2021, de la mencionada entidad de salud, y que resolvió que el estado de salud de doña nombre reservado adolece es recuperable.

Afirma que, en consecuencia, y dado que la Universidad de Chile se encontraba facultada para disponer el cese de funciones de la recurrente por salud incompatible con el cargo, ya que se configuraron los presupuestos establecidos en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, en relación con los dictámenes N°s. E17351, de 2018, y E188441, de 2022, de la Contraloría General de la República, es que se tomó razón del citado decreto TRA N° NUM000, de 2022.

Cuarto: Que, por la Universidad de Chile, informa la Directora Jurídica de dicha institución, doña nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Indica que a partir del 12 de octubre de 2020 y hasta el 5 de agosto de 2022 la recurrente hizo uso de licencias médicas de manera continua, enterando un total de 397 días, por lo que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile se vio en la necesidad de solicitar el ejercicio de la facultad legal otorgada en el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Afirma que el 14 de septiembre del año 2023, efectivamente se le notificó a la recurrente el Decreto TRA NUM000, de fecha 22 de octubre de 2022, dictado por la rectora de la Universidad de Chile, y tomado de razón por la Contraloría General de la Republica con fecha 17 de abril del año 2023.

Sostiene que dicho acto administrativo expone las consideraciones de hecho y de derecho que sustentan la decisión para declarar vacante el cargo servido por la actora, así como el procedimiento administrativo desarrollado con estricto apego a la ley, que considera como indispensable el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “COMPIN”, que en el caso de marras está plasmado en la resolución exenta de 10 de febrero de 2021, que calificó la salud de la actora como recuperable.

Explica que la normativa vigente no establece, como requisito de procedencia para la declaración de vacancia por salud incompatible, el pronunciamiento previo del COMPIN, en orden a la compatibilidad o incompatibilidad de salud con el cargo una vez cumplido el plazo establecido al efecto por el legislador, sino que la declaración exigida legalmente a este órgano es respecto de la recuperabilidad o irrecuperabilidad de la salud de un funcionario.

Afirma que, por lo anterior, el Decreto TRA NºNUM000, controlado de legalidad por la Contraloría General de la República, no adolecería de ilegalidad ni arbitrariedad, pues su representada se ciñó a los preceptos legales establecidos objetivamente por el legislador para efectos de declarar vacancia por salud incompatible.

Señala que la Universidad de Chile, como órgano de la Administración del Estado, debe velar por la continuidad de los servicios.

Concluye que la Universidad de Chile actuó conforme a sus atribuciones y normativa legal y niega la afectación de las garantías señaladas en el recurso.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Sexto: Que la conducta que la recurrente imputa al Hospital recurrido y que estima ilegal y arbitraria, consiste en la dictación del Resolución TRA N° NUM000, de 22 de octubre de 2022, que declaró vacante su cargo, por salud incompatible, notificado personalmente a la recurrente con fecha 14 de septiembre de 2023, quien concurre con esa fecha al Departamento de Personal de ese recinto hospitalario.

Séptimo: Que en lo que dice relación con la falta de legitimación pasiva alegada por el Hospital recurrido, ésta será acogida toda vez que, como es efectivo, el acto recurrido no emana de dicha unidad académica sino que corresponde a un Decreto Universitario dictado por la Rectora de la Universidad de Chile, como se aclara en el informe emanado de dicha Corporación, razón por la cual a su respecto el arbitrio será rechazado.

Octavo: Que, para la resolución del asunto, conviene precisar para una acertada resolución, las siguientes circunstancias fácticas: 1.- La recurrente se desempeñaba desde el 1 de abril de 2002, como ayudante de enfermería, bajo diferentes modalidades de contratación, desempeñando las funciones propias de su cargo de ayudante técnico de farmacia. 2.- Desde el 12 de octubre de 2020 y hasta el 27 de noviembre de 2021, la recurrente hizo uso de licencia médica de manera ininterrumpida. 3.- Que el del 10 de febrero de 2021, mediante Resolución Exenta N°076, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, resolvió que el estado de salud de doña nombre reservado adolece es recuperable. 4.- Que el 22 de octubre de 2022, por Decreto TRA N° NUM000, se declaró vacante el cargo de doña nombre reservado, por salud incompatible. 5.- Que el 17 de abril del año 2023, la Contraloría General de la Republica tomó razón del referido Decreto. 6.- Que el 14 de septiembre de 2023, se notificó a la recurrente del Decreto TRA NUM000, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por el cual se declaraba vacante su cargo por salud incompatible, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses, en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Noveno: Que según se advierte de la lectura del recurso, el reclamo de la recurrente, se funda en que la recurrida yerra al mencionar como fundamento de la declaración de vacancia el que su salud sea incompatible para el desempeño de su cargo, fundado en la evaluación que efectúa la COMPIN, en la Resolución Exenta N° 076 de 10 de febrero de 2022, a través de la cual declara que la funcionaria nombre reservado, presenta un estado de salud recuperable, lo que deja establecido para los fines estatutarios correspondientes.

Décimo: Que el Estatuto Administrativo de los funcionarios de la Administración del Estado cuyo texto fue fijado por la Ley N° 18.834, regula expresamente la expiración de funciones por causa de salud incompatible, disponiendo las condiciones que se deben cumplir para que opere la causal, así como los requisitos de legalidad, formalidad y comunicación al afectado.

Y al respecto, el artículo 151 del Estatuto Administrativo, Ley N°18.834, en lo pertinente, establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Undécimo: De la cronología de los hechos aparece que si bien la recurrida solicitó al COMPIN competente el respectivo pronunciamiento sobre si la salud de la recurrente era o no recuperable, aquello se produjo en febrero de 2021, es decir, transcurrido tan sólo 4 meses desde el inicio de las licencias médicas de la funcionaria en octubre de 2020; de modo tal que la autoridad no podía considerar dicho informe pues a esa época, no habían trascurrido los seis meses que exige el inciso primero de la misma norma, para habilitar a la autoridad para declarar la vacancia del cargo.

En efecto, conforme al inciso final del artículo 151 citado es claro que, para declarar vacante el cargo, el jefe superior del servicio debe solicitar previamente a la COMPIN competente la mentada declaración de salud recuperable, de lo que se sigue que el pronunciamiento de la COMPIN debe ser posterior a que se hayan verificado los seis meses de licencia del funcionario, pues es a dicha circunstancia que está ligada la necesidad de una declaración de recuperabilidad o no de salud, para estos efectos.

Resulta obvio que, para la facultad de la autoridad para declarar la vacancia por “haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años,” , requiere que esté cumplido el requisito fáctico que describe la norma, es decir, que se haya usado dichas licencias por el lapso de seis meses. Sólo verificado ese supuesto del inciso primero de la referida norma, emana la facultad legal de la autoridad para declarar la vacancia y en forma consecutiva, también desde ese momento se exige la obligación previa, conforme el inciso tercero, de requerir el informe del Compin, para tal efecto. En consecuencia, resulta ilegal que la autoridad haya fundado su decisión, como ocurre en la especie, en un informe del Compin anterior a la época en que podía ejercer la facultad legal, pues en tal caso, aparece evidente que dicho informe no tiene relación ni objeto con la decisión que haya que adoptar.

Por todo lo razonado, no resulta admisible lo argumentado en el informe de la Universidad de Chile, en cuanto que a ley no exigiría el pronunciamiento previo del COMPIN una vez cumplido el plazo exigido por el legislador, sino que sólo se exige legalmente la declaración de la recuperabilidad o irrecuperabilidad del funcionario.

Duodécimo: Que además de ilegal, la actuación de la recurrida aparece como arbitraria, esto es, voluntarista, caprichosa y falta de razón, pues en la práctica, supone que ya en el cuarto mes de licencias médicas de la funcionaria, habría desplegado acciones para la futura declaración de vacancia de su cargo. De otra forma, no se explica la anticipada solicitud al COMPIN para el efecto y lo confirma su utilización como fundamento de la resolución recurrida.

La arbitrariedad descrita, pugna con el límite a la discrecionalidad que supuso el nuevo inciso tercero del artículo 151 de la Ley N°18.834, agregado por el artículo 63 de la Ley N°21.050, del año 2020, que precisamente incorporó el citado informe del COMPIM como exigencia previa y fundamento técnico del ejercicio de la facultad de la autoridad, constituyéndose así en una garantía de los derechos funcionarios ante el actuar caprichoso o falta de fundamento de la autoridad.

Décimo tercero: Así las cosas, resulta en definitiva que el acto recurrido es ilegal y arbitrario, pues ha sido dictada con infracción al inciso final del artículo 151 del Estatuto Administrativo, lesionando con ello los derechos fundamentales de la actora, a la igualdad ante la ley y de propiedad, consagrados en el N°2 y N°24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, razón por la cual la presente acción cautelar debe ser acogida, en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 24; y 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia y artículo 151 de la Ley N°18.834, Estatuto Administrativo, se decide:

I- Que se acoge respecto del Hospital Clínico de la Universidad de Chile la excepción de falta de legitimidad pasiva y, en consecuencia, se rechaza la acción a su respecto.

II- Que acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y en consecuencia, se deja sin efecto el Decreto Universitario TRA N°NUM000, de 22 de octubre de 2022, que declaró vacante su cargo por salud incompatible, debiendo reincorporarse a la recurrente a sus labores habituales, con el pago íntegro de todas las remuneraciones que no percibió durante el período de separación, esto es desde el cese de sus funciones hasta su efectiva reincorporación, debidamente reajustadas.

Acordado lo que dice relación con la falta de legitimación pasiva acogida, contra el voto del abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo, pues en su concepto es un hecho público y notorio que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile es una dependencia académica de la Universidad de Chile, siendo la recurrente una funcionaria pública de esa casa de estudios estatal, que desempeña sus labores en la referida entidad hospitalaria, de manera que el Hospital Clínico y su director son los superiores jerárquicos directos de ella y el órgano interno a través del cual se ejerce la potestad pública por parte de la Corporación. Baste anotar para demostrar lo anterior, que en el Acta de Notificación a la recurrente del Decreto TRA NUM000, que declara vacante el cargo de la recurrente, se dice que éste emana del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y se señala que en ese acto se le hace entrega de una copia del mismo, siendo que como sabemos corresponde a un Decreto Universitario dictado por la rectora de la Universidad de Chile. Por esta razón, el arbitrio de protección se encuentra bien encaminado en contra tanto del Hospital Clínico como de la Universidad de Chile, todos quienes han participado en el acto que se recurre.

Redactado por el abogado integrante Sr. Luis Hernández Olmedo.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N°Protección-15327-2023.