Protección contra Hospital Clínico de la Universidad de Chile

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado e interpone recurso de protección en contra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Decreto TRA N° NUM000, tomado de razón por la Contraloría General de la República el 6 de mayo de 2026 y notificado el 13 de mayo de 2026, mediante el cual se declaró vacante su cargo por salud incompatible, actuación que considera vulneratoria de las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a desempeñarse en el Hospital el 1 de septiembre de 1989 como Técnico de enfermería de Nivel Superior y que, debido a una diabetes, desarrolló una capsulitis adhesiva en su brazo izquierdo, haciendo uso de licencias médicas entre el 1 de abril de 2024 y el 15 de marzo de 2025. Señala que concluido dicho período se reincorporó a sus funciones, desempeñándolas durante aproximadamente un año sin nuevas licencias médicas ni inconvenientes laborales.

Agrega que el acto recurrido reconoce expresamente que la COMPIN, mediante resolución de 24 de julio de 2025, determinó que presentaba un estado de salud recuperable, descartando una condición de salud irrecuperable, pero que, pese a ello, igualmente se declaró vacante su cargo fundándose únicamente en el uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años, sin ponderar su efectiva recuperación ni el desempeño laboral posterior.

Sostiene que el acto es ilegal por infringir el artículo 151 del Estatuto Administrativo, que exige un pronunciamiento de la COMPIN respecto de la condición de salud irrecuperable que impida desempeñar el cargo, requisito que no concurre en la especie, y que además resulta arbitrario por carecer de una motivación suficiente y prescindir de antecedentes esenciales, afectando su derecho a la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad sobre el cargo y las remuneraciones. Invoca jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y de la Corte Suprema relativa a la improcedencia de declarar la vacancia cuando la COMPIN ha calificado la salud del funcionario como recuperable.

En definitiva, solicita se deje sin efecto el decreto impugnado, se mantenga su calidad de funcionaria y se ordene el pago de las remuneraciones correspondientes, entre la fecha de su separación y la de su efectivo reingreso.

SEGUNDO: Que informa el Hospital Clínico de la Universidad de Chile solicitando el rechazo del recurso.

Expone que la recurrente fue funcionaria a contrata desde el 1 de septiembre de 1989 y que su vínculo estatutario terminó mediante el Decreto TRA N° NUM000, que declaró vacante su cargo por salud incompatible, de conformidad con el artículo 151 del Estatuto Administrativo, previa consulta a la COMPIN y toma de razón por la Contraloría General de la República.

Señala que la recurrente hizo uso de 350 días de licencias médicas entre el 16 de junio de 2023 y el 13 de marzo de 2025, todas de origen común, cumpliéndose el presupuesto objetivo del artículo 151 del Estatuto Administrativo, que expresamente contempla tanto licencias continuas como discontinuas, siempre que excedan de seis meses dentro de los últimos dos años y no exista declaración de salud irrecuperable.

Explica que dicha disposición distingue entre salud recuperable, salud irrecuperable y salud incompatible con el desempeño del cargo, tratándose de conceptos jurídicos distintos. En ese sentido, sostiene que la COMPIN únicamente tiene competencia para pronunciarse sobre la recuperabilidad de la salud del funcionario, mientras que corresponde exclusivamente al jefe superior del servicio determinar si ese estado de salud resulta compatible o incompatible con el desempeño del cargo.

Agrega que si la COMPIN declara la salud irrecuperable procede el régimen especial de retiro por invalidez y no la declaración de salud incompatible; en cambio, cuando declara la salud recuperable, la autoridad conserva la facultad discrecional de declarar la vacancia por salud incompatible si concurren los presupuestos del artículo 151. Indica que el decreto impugnado se encuentra debidamente motivado, pues ponderó el informe de la COMPIN, el prolongado uso de licencias médicas, la necesidad de asegurar la continuidad y permanencia de la atención asistencial, la imposibilidad de la recurrente de desempeñar regularmente las funciones propias de su cargo y la inexistencia de plazas para su reasignación.

Añade que la posterior reincorporación de la recurrente a sus labores no impide el ejercicio de dicha potestad, pues los requisitos legales ya se encontraban cumplidos.

Finalmente, sostiene que el acto administrativo se ajusta a la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República y de la Corte Suprema, que reconoce la distinción entre salud recuperable e incompatibilidad para el desempeño del cargo, por lo que no existe actuación ilegal o arbitraria ni vulneración de las garantías invocadas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas.

CUARTO: Que para resolver debe tenerse presente que el jefe superior del servicio tiene la facultad legal de declarar la vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo, según dispone el artículo 151 de la Ley Nº 18.834.

En cuanto a la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo, esta norma, en su inciso primero, dispone que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Agrega en su inciso tercero que el jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

QUINTO: Que, de la norma mencionada precedentemente, se desprende tanto la potestad del jefe del Servicio para decretar la vacancia en el cargo cuando se verifique el uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, como también el hecho de que la referida evaluación de la COMPIN debe resolver que la salud de la funcionaria es recuperable, pues de ser irrecuperable no procede la declaración de incompatibilidad, sino la de invalidez. A esto se refiere la citada norma al consignar “sin mediar declaración de salud irrecuperable”, por lo que cabe descartar la alegación en orden a la declaración de salud recuperable impedía la decisión impugnada, pues -por el contrario- estriba en un requisito para declarar la vacancia del cargo.

SEXTO: Que, sin embargo, la razonabilidad de la norma se funda en la necesidad institucional de contar con personal que desempeñe sus funciones de manera regular y permanente para asegurar la adecuada prestación del servicio de salud que corresponde al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. De este modo, la potestad del director debe ejercerse teniendo presente dicho elemento y las circunstancias del caso concreto.

SÉPTIMO: Que, con los antecedentes agregados a esta sede, se advierte que el decreto que se impugna por esta vía ha sido emitido después de más de un año y tres meses desde la última licencia larga de la actora (12 de febrero a 13 de marzo de 2025) y más de once meses desde su reincorporación regular a sus funciones. En efecto, de acuerdo con los datos aportados por la propia recurrida se observa que la ausencia por enfermedad de la recurrente se verificó en un periodo acotado, desde el 1 de abril de 2024 al 13 de marzo de 2025, sin registrar ninguna licencia posterior en el año 2025. Lo anterior no permite establecer que exista actualmente una incompatibilidad de la salud de la actora y más parece que se trató de un evento puntual, que afectó su salud en el pasado, pero que no le resta idoneidad para ejercer sus funciones en el presente.

OCTAVO: Que, al respecto, la Ley Nº 19.880, al regular el principio de imparcialidad, establece en el inciso final del artículo 11 que “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.” A partir de esto se estima que los actos administrativos siempre deben motivarse, lo que implica señalar las causas y fundamentos que provocan la decisión, mas la motivación no puede consistir en una mera remisión a la norma y al sentido de la ley, sino que tiene una exigencia mayor de fundamentación, máxime cuando se ejerce una potestad tan intensa como la declaración de vacancia en el cargo por salud incompatible.

En este sentido tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema como la doctrina están contestes en que la motivación de los actos administración tiene especial relevancia al ejercer una facultad discrecional, como la que dispuso el director General del Hospital Clínico. Es así como el profesor Luis Cordero señala que los actos administrativos están sujetos a un control de razonabilidad de la decisión y esto significa que para que un acto administrativo se produzca regularmente y no incurra en una causa de invalidez es necesario que el órgano competente exprese los motivos en que se basa la decisión, de manera que se acredite por esa vía su relación con los hechos que han servido de antecedentes a la actuación de la Administración (Cordero Vega, L. “El derecho administrativo chileno.

Crónicas desde la Jurisprudencia”. Der Ediciones (2020) p. 108)

También la Contraloría General de la República ha destacado la relevancia de la motivación en el ejercicio de potestades discrecionales como un medio para controlar una posible desviación de poder y evitar arbitrariedades. En varios dictámenes el órgano controlador ha sostenido que los actos administrativos dictados en “el ejercicio de las potestades discrecionales debe ser suficientemente motivado y fundamentado, asegurando que las actuaciones de la Administración sean consecuentes con el fin considerado en la preceptiva pertinente al conferirlas, de manera que no importen una desviación de poder” (ESTUDIO SOBRE LA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, nombre reservado. Pág 189).

El Dictamen N° 23.114/2007 señala que “la dictación de actos que, como ocurre en la especie, corresponden al ejercicio de potestades discrecionales, exigen un especial y cuidadoso cumplimiento de la necesidad jurídica en que se encuentra la Administración en orden a motivar sus actos, exigencia que tiene por objeto asegurar que los actos de la Administración no se desvíen del fin considerado por la normativa que confiere las respectivas atribuciones, que cuenten con un fundamento racional y se encuentren plenamente ajustados a la normativa constitucional y legal vigente, lo cual impide, por cierto, establecer diferencias arbitrarias entre personas que se encuentran en una misma situación, cautelándose de este modo el principio de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19, numeral 2, de nuestra Carta Fundamental”.

NOVENO: Que, en caso actual, a diferencia de lo resuelto en la protección Nº 7417-2026 de esta Corte, la resolución que decide la incompatibilidad de salud de la actora, en definitiva, se sustenta únicamente en el criterio aritmético de verificarse una hipótesis en la que se puede hacer valer la potestad en cuestión, más carece de una fundamentación que demuestre la necesidad de declararla en el caso concreto, en circunstancias que el especial escenario en que se emitía la decisión exigía una fundamentación más completa y precisa, que se hiciera especial cargo de esos aspectos excepcionales.

En particular, no se efectúa un análisis sobre la oportunidad y proporcionalidad de la medida, en relación con la no controvertida reincorporación de la actora y el regular ejercicio ininterrumpido de sus funciones por prácticamente un año desde el último día de ausencia, lo que demuestra su total recuperación y torna la decisión como inoportuna y contraria al sentido de la norma, al declarar la vacancia de un cargo que está siendo bien servido y que probablemente lo seguirá siendo, atendido el tiempo transcurrido desde el período de licencias.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, la actuación de la entidad universitaria y de salud resulta arbitraria, tanto por prescindir de una debida motivación que justifique la declaración de incompatibilidad en el caso concreto de una funcionaria que llevaba más de 36 años de servicio, como porque devino inoportuna, al verificarse once meses después de su reincorporación regular al servicio. Además, se considera ilegal, desde que otorga una interpretación automática a la norma del artículo 151 del Estatuto Administrativo que no se condice con su real sentido y finalidad.

UNDÉCIMO: Que, como consecuencia de la ilegalidad y arbitrariedad constatadas, se advierte que la recurrida ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley de la parte recurrente, garantizado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución. En este sentido, y conforme a lo señalado en los considerandos precedentes, se observa que la actora ha sido objeto de una diferenciación indebida, por su antigua condición de salud, al declarar que esta resulta incompatible con el ejercicio de sus funciones, sin una motivación que justifique su oportunidad y razonabilidad, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley.

Además, se entiende afectada su integridad psíquica, al ser privada de su fuente laboral pese a su exitosa recuperación y reincorporación regular a sus funciones durante un lapso más que suficiente.

En tales condiciones, corresponde que el recurso se acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso deducido por nombre reservado en contra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, sólo en cuanto se deja sin efecto el Decreto TRA N° NUM000, tomado de razón por la Contraloría General de la República el 6 de mayo de 2026, mediante el cual se declaró la vacancia de su cargo por salud incompatible con el desempeño de sus funciones, debiendo la citada entidad recurrida adoptar las medidas pertinentes para su reincorporación al servicio.

Comuníquese por la vía más expedita.

Regístrese y archívese.

Redacción del abogado integrante señor Luna.

Nº Protección 15323-2026.