nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Santiago, cuatro de agosto de dos mil diecisiete.

Vistos y considerando:

Primero: Que don Gastón Ormeño Karzulovic, abogado, recurre de protección a favor de don nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República y del Servicio de Impuestos Internos, por los actos que estima ilegales y arbitrarios, consistentes en la negativa de la primera de permitirle celebrar un convenio para el pago de multa y respecto del segundo por negarse al “timbraje” de facturas solicitado por su representado.

Expresa que su representado, con fecha 23 de febrero de 2017, concurrió a dependencias de la Tesorería General de la República para celebrar un convenio pago de una multa por declaración de impuesto que realizó tardíamente, respondiéndosele por dicho servicio que no podía celebrarlo por “exclusión” y que debía dirigirse al Servicio de Impuestos Internos, indicándosele en éste que se encontraba “bloqueado”, por existir una querella en su contra.

Afirma que tales actuaciones vulneran garantías constitucionales del representado, amparadas en los numerales 21 y 22 de la Constitución Política de la República, por impedir desarrollar su actividad económica, al estar imposibilitado de timbrar facturas y demás documentación a efectos tributarios, sin que exista norma legal que autorice al Servicio para hacerlo.

Explica que el “bloqueo” tiene su origen en una Circular del Servicio de Impuesto Internos, sin embargo, éste no tiene facultades legales ni reglamentarias para hacerlo, excediendo sus atribuciones, de esa esa forma infringe los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Estima que el actuar de los órganos recurridos vulnera las garantías constitucionales de los numerales 21 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política, pues, le impide ejercer su actividad económica.

Hace presente, en cuanto a los hechos, que el Servicio interpuso una querella en contra del contribuyente por quien recurre, la que se encuentra en tramitación, lo que no ha generado efectos, al no existir sentencia condenatoria en su contra.

Pide que, en definitiva, se acoja presente recurso y se ordene a la Tesorería General de la República que le permita celebrar un el convenio de pago y al Servicio de Impuestos Internos, que acceda a timbrar las facturas y se adopten todas las medidas que sean pertinentes para el restablecimiento del derecho.

Segundo: Que por el Servicio de Impuestos Internos informa doña nombre reservado, abogada, quien solicita el rechazo del recurso, considerando:

1.- Que el recurrente inició actividades en el mes de febrero de 2015, en el giro de transporte de carga terrestre, autorizándosele los documentos tributarios correspondientes.

2.- Que en contra del contribuyente se presentaron dos querellas, ante 2° Juzgado de Garantía de Santiago y ante el Juzgado de Garantía Colina, respectivamente, en el mes de agosto de 2016 y 12 de diciembre de 2016, respectivamente, por los delitos contemplados en los numerales 8 y 9 del artículo 97 del Código Tributario, las que se encuentran en actual tramitación; que lo anterior motivó que se anotara al contribuyente una observación de carácter informativa y preventiva en el sistema integrado de información, por su calidad de querellado de delitos tributarios.

3.- Que el último “timbraje” de documentos del contribuyente se realizó el 4 de abril de 2016, timbrándosele cuatro facturas, sin que éste haya solicitado “timbraje” de documentos tributarios y, desde el 1 de febrero de 2017, se encuentra obligado a emitir factura electrónica. Además, que no hay registros que el recurrente haya solicitado “timbraje” de documentos tributarios, ni atención alguna en el Departamento de Asistencias del contribuyente de calle nombre reservado, de esta ciudad, donde éste dice haber ido.

Entiende que, en la especie, no existe invocada acción ilegal o arbitraria alguna.

En otro orden de ideas, refiere que el recurrente menciona que la negativa del “timbraje” ocurrió en la unidad de la recurrida, ubicada en la comuna de Estación Central, la que no tiene competencia para timbrar documentos de este contribuyente ya que registra domicilio en la Iquique, sin que tampoco exista constancia de que haya concurrido y menos que haya sido “bloqueado” por la existencia de la querella.

Refiere que, en el caso hipotético que el contribuyente haya consultado, lo cierto es que el Servicio le habría informado la existencia de las dos querellas en su contra y que, todo lo relativo a la condonación, se ajustará a lo que faculta la ley, encontrándose los querellados excluidos del beneficio de condonaciones, de conformidad a lo previsto en la Resolución Exenta N° 340, de la Tesorería General de la República, determinadamente, en el N° 3 del artículo 8, de dicho cuerpo reglamentario.

Expresa que su parte y la Tesorería General de la República, suscribieron el protocolo sobre política de condonación, el que, que en el título V, relativo a las exclusiones de condonación, refiere expresamente que no son sujetos de condonación los querellados, siendo este protocolo la fuente de la Resolución Exenta N° 340, de la Tesorería General de la República.

En relación a la supuesta negativa de entrega de facturas, explica que para el Servicio el “timbraje” es un mecanismo de control, a fin de evitar el mal uso de documentos y evitar la duplicidad de documentos, por lo que está sujeto al comportamiento tributario de la empresa respectiva, y, en la especie, al recurrente se le han autorizado un número de facturas acorde con las operaciones que realiza, lo que no puede considerarse un acto arbitrario o ilegal.

Precisa que el hecho que se efectúen observaciones a los contribuyentes, no tiene por objeto impedir el timbraje de documentos, sino que es de carácter preventivo y tiene por finalidad examinar la conducta tributaria del contribuyente.

Finalmente, entiende que no se ha incurrido en acción ilegal o arbitraria alguna, ya que en este caso no existe una prohibición de “timbraje”, a lo sumo una restricción en virtud de sus facultades fiscalizadoras, sin perjuicio que en el presente caso esto último no ha existido y siempre el Servicio ha timbrado las pocas facturas presentadas por el contribuyente; agrega que, tampoco existe discriminación arbitraria en materia económica, ya que las observaciones obedecen a criterios objetivos generales.

Tercero: Que, asimismo, informa don nombre reservado, en representación de la Tesorería General de la República, indicando que es el artículo 192 del Código Tributario, el que regula la atribución que tiene dicho órgano para otorgar facilidades de pago respecto de impuestos morosos en el plazo de 2 años, la que se ejercerá a través de normas o criterios de general aplicación que el Tesorero General determinará mediante resolución, tratándose por ello, de una facultad administrativa que se encuentra debidamente reglada.

Hace presente que entre el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería, el 24 de septiembre de 2015, se suscribió un protocolo sobre política de condonación que establece y coordina la actuación de ambos en el ejercicio de esta facultad; y el Título V de éste, contempla ciertas exclusiones a la condonación, entre las cuales se encuentran los contribuyentes que hayan sido querellados; señalando dicho protocolo que aquellos que se encuentren en esta situación serán informados por el Servicio de Impuestos Internos a la Tesorería General para que éste organismo cuente con los antecedentes que le permitan denegar la condonación.

En todo caso, informa que en éste no hay registro de la visita del contribuyente a la Tesorería General de la República.

Además, argumenta que, el 11 de enero de 2016, se dictó una resolución conjunta exenta que fija instrucciones para esta condonación. Asimismo, existe la Resolución Exenta N° 1 de la Tesorería General, de 8 marzo 2016, que establece que esta repartición no podrá condonar los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos a los contribuyentes que el Servicio de Impuestos Internos le informe, mediante una nómina que contempla en distintas situaciones del contribuyente, entre ellas, en caso que éstos se encuentren querellados por delitos tributarios.

Por último, niega la afectación a las garantías por ser la condonación una facultad del servicio.

Cuarto: Que el recurso de protección, al tratarse de una acción de carácter constitucional, establecida a favor de la persona que, por actos y omisiones arbitrarios o ilegales sufriera privación, amenaza o perturbación en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales reconocidos en la Carta Fundamental, requiere que se encuentre establecido determinada y fehacientemente el acto u omisión agraviante en que haya incurrido el o los órganos recurridos que los afectare.

Quinto: Que, según el recurrente, tales actos que motivan el recurso se produjeron el día 23 de febrero de 2017, al concurrir el contribuyente a la Tesorería General de la República, con el fin de celebrar un convenio de pago respecto de una multa impuesta, negándose este organismo, respondiéndole que debía dirigirse al Servicio de Impuestos Internos; que se dirigió a la unidad del Servicio de calle nombre reservado de esta ciudad, donde se le informó que se encontraba “bloqueado” por existir una querella en su contra.

Sexto: Que, sin embargo, no se encuentran acreditados estos hechos de la actuación del contribuyente nombre reservado ante la Tesorería General y el Servicio de Impuestos Internos, los que habrían ocurrido el 23 de febrero de 2017, donde se habría dado en su contra la transgresión de derechos fundamentales por parte de éstos últimos, y que, por lo tanto, conectan la acción obstructiva a su libertad de desarrollar la actividad económica y de la igualdad de trato que se merece. Por lo que, en consecuencia, razonablemente no existe la base del reclamo de culpabilidad que aquél atribuye a los servicios recurridos.

Sexto: Que, además, las pretensiones del recurrente se enfrentan con las de la Tesorería General y del Servicio de Impuestos Internos, sobre condonación de multas que se coordina entre ambos organismos y la existencia de exclusiones a la condonación, en que se encontraría el contribuyente, el que, según éstos servicios informan, ha sido requerido ejecutivamente y además querellado por delitos de acción penal pública, de índole tributaria; luego, por tratarse la acción de protección de un remedio de urgencia, de trámite breve, destinada a proteger derechos indubitados que cuenten, por lo tanto, de antecedentes claros que demuestren el quebrantamiento, ésta no es la que corresponde jurisdiccionalmente para resolver tales controversias jurídicas, las que requieren de etapas de discusión o investigación en su caso y ambas de prueba antes de ser resueltas; que, por lo mismo, en esta vía inmediata, no se observa la ilegalidad y arbitrariedad que el recurso denuncia en el actuar de los recurridos.

Y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el interpuesto por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, de fecha 8 de marzo de 2017, en contra del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Protección Rol N° 15293 – 2017.- Redacción del Ministro señor Zepeda.

No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones como Ministro Suplente.