Protección contra Corporación de Desarrollo Social de Providencia

Santiago, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y de la Subsecretaría de Salud Pública, por haber impedido, a través del CESFAM Dr. H. Alessandri de Providencia, la entrega del medicamento Metilfenidato 20 mg prescrito al recurrente, actuación que estima ilegal y arbitraria, por cuanto se fundó en normativa administrativa -la Guía Clínica de Atención Primaria 2008 del Minsal y la Resolución N°9773/2021 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente- que restringe dicho fármaco a menores de edad y a ciertas patologías GES, sin sustento legal que justifique tal exclusión respecto de adultos diagnosticados con trastorno del espectro autista, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, a la vida e integridad física y psíquica, y a la protección de la salud, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N°2, N°1 y N°9, respectivamente, por lo que solicita se acoja el recurso.

Señala que es estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que fue derivado por la Unidad de Salud y Bienestar UC a evaluación especializada tras presentar inasistencias reiteradas y licencias médicas por estrés agudo, siendo diagnosticado el 4 de mayo de 2026 por la Dra. nombre reservado con Trastorno del Espectro Autista Nivel 1 y Trastorno por Déficit Atencional con presentación Hiperactiva/Impulsiva, prescribiéndosele Metilfenidato de liberación prolongada 20 mg diarios. Añade que, al concurrir el mismo día al CESFAM Dr. H. Alessandri para obtener el medicamento, este le fue denegado por encontrarse restringido a menores de edad, denegación que fue ratificada por las respuestas del OIRS del Minsal y del CESFAM, y que su posterior reclamo ante la Superintendencia de Salud, ingresado el 12 de mayo de 2026, fue resuelto el 1 de junio de 2026 remitiendo los antecedentes nuevamente al CESFAM sin dar solución al fondo.

Invoca la Ley N°21.331 sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental y la Ley N°21.545 ("Ley TEA"), que garantizan atención sanitaria integral e igualitaria y seguimiento continuo a personas con dicho diagnóstico durante todo su ciclo vital, sosteniendo que la normativa administrativa en que se funda la negativa no contempla una prohibición expresa para adultos, sino una omisión regulatoria que no puede primar sobre un mandato legal de rango superior y de aplicación preferente por especialidad.

En estos términos, sostiene que se han vulnerado sus derechos constitucionales, toda vez que la negativa configuraría una discriminación arbitraria por razón etaria contraria al artículo 19 N°2 de la Constitución; que la falta de entrega del medicamento pone en riesgo su integridad física y psíquica, protegida por el artículo 19 N°1, al privarlo de un tratamiento indispensable para su desarrollo académico, laboral y social; y que ello importa además una infracción al derecho a la protección de la salud del artículo 19 N°9, en relación con los tratados internacionales sobre la materia.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto denegatorio, se declaren infringidos los derechos constitucionales invocados, se ordene a la Corporación de Desarrollo Social de Providencia la entrega del medicamento Metilfenidato 20 mg en el CESFAM Dr. Alessandri, y se adopten las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, incluyendo la eliminación de la restricción etaria del Arsenal Farmacológico y la incorporación del medicamento al listado GES para personas con Trastorno del Espectro Autista.

Segundo: Que evacuando el informe requerido, comparece don Fernando Ortiz Alvarado, abogado, en representación convencional del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, quien solicita el rechazo del recurso deducido en contra de su representado, fundado en las consideraciones que se exponen a continuación.

En primer término, sostiene que no existe acto alguno de reproche atribuible al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, por cuanto lo pretendido por el recurrente -la entrega del medicamento Metilfenidato- no puede ser ejecutado por su representado, al carecer de habilitación legal para la realización de entrega de fármacos o prestaciones médicas, actividad que corresponde exclusivamente a los prestadores de salud, como lo es el CESFAM Dr. H. Alessandri Providencia, dependiente de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. Añade que el Servicio de Salud no es "mandante" de dicho Centro de Salud Familiar ni de la Corporación de la cual este depende, y que, conforme a la ley, los directores de los Servicios de Salud no pueden interferir en el ejercicio de las atribuciones que la normativa confiere a los Centros de Salud Familiar en el otorgamiento de prestaciones o fármacos a sus usuarios.

En cuanto a la única mención que el recurso hace de su representado, relativa a la Resolución N°9773/2021 que establece el Arsenal Farmacológico del CESFAM Dr. H. Alessandri, precisa que dicha atribución resulta errada, toda vez que ese acto administrativo fue dictado por la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, correspondiendo a la Resolución Exenta N°9773 de 10 de agosto de 2021, publicada en el Diario Oficial el 23 de septiembre de igual año, y no por el Servicio que representa.

Respecto de las garantías constitucionales invocadas, sostiene, en relación con la igualdad ante la ley, que la Guía Clínica de Atención Primaria constituye una norma técnica de aplicación general dictada por el Ministerio de Salud, en cuya confección no ha existido acto u omisión alguna atribuible a su representado. En cuanto al derecho a la vida e integridad psíquica, señala que el metilfenidato es un fármaco estimulante del sistema nervioso central indicado para el TDAH y la narcolepsia, sin que se advierta cómo la falta de su entrega pudiera afectar dichos derechos, no existiendo tampoco acto u omisión imputable al Servicio. Y en lo relativo al derecho de acceso a las acciones de salud, indica que tal exigencia no puede recaer en quien no proporciona directamente las atenciones o fármacos, categoría que corresponde a los prestadores de salud y no a los Servicios de Salud.

Agrega que la controversia planteada constituye una materia propia de un juicio de lato conocimiento, por lo que el recurso de protección no resultaría la vía idónea para obtener lo pretendido respecto de su representado, y que el principio de legalidad le impide obrar más allá de lo expresamente permitido por la ley.

En mérito de lo anterior, solicita tener por evacuado el informe y rechazar en definitiva el recurso interpuesto en contra del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

Tercero: Que, evacuando el informe requerido, comparece doña Bernardita Vicuña Figueroa, abogada, en representación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, quien solicita el rechazo del recurso, con costas, fundada en los antecedentes y consideraciones que se exponen a continuación.

Señala, en primer lugar, que su representada es una persona jurídica de Derecho Privado sin fines de lucro que tiene a su cargo la administración de los establecimientos de educación y salud de la comuna de Providencia, traspasados por el Estado en noviembre de 1981, correspondiéndole administrar, entre otros, el CESFAM Dr. Hernán Alessandri. Explica que, conforme al artículo 4 del D.F.L. N°1 del Ministerio de Salud, corresponde a dicha cartera dictar las normas técnicas, administrativas y financieras a que deben ceñirse los organismos del sistema, de manera que los establecimientos de atención primaria solo se encuentran facultados para otorgar aquellas prestaciones autorizadas en su nivel de atención, no constituyendo la adquisición, prescripción y dispensación de medicamentos una facultad discrecional de su representada, sino una actividad reglada.

En cuanto al medicamento Metilfenidato 20 mg, sostiene que el Decreto Supremo N°194 de 2024, que aprueba el Formulario Nacional de Medicamentos, lo incorpora en su punto referido a medicamentos psicoterapéuticos, pero en presentación de comprimidos de 10 mg, y que la Resolución Exenta N°9.773 de 2021 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud lo asocia específicamente a la patología GES N°53, esto es, consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo o moderado de alcohol y drogas en menores de 20 años, de modo que, si bien el fármaco se encuentra disponible en el arsenal institucional, su representada carecería de habilitación para entregarlo fuera de dicho grupo beneficiario, por lo que su negativa constituiría el debido cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y no un actuar arbitrario.

Respecto de la Ley N°21.545, argumenta que, si bien dicho cuerpo legal reconoce y promueve la atención integral e inclusión de las personas con trastorno del espectro autista, no modifica las competencias de los niveles asistenciales de la red de salud ni incorpora nuevas prestaciones farmacológicas a los establecimientos de atención primaria, ni altera los arsenales farmacológicos aprobados por la autoridad sanitaria, por lo que la imposibilidad de dispensar el medicamento fuera de las condiciones autorizadas no importaría, por sí sola, una infracción a dicha ley ni una discriminación arbitraria por razón de edad.

En lo relativo a las garantías constitucionales invocadas, sostiene, en cuanto a la igualdad ante la ley, que de los propios términos del recurso se desprendería que lo perseguido es la modificación de la normativa que define los grupos beneficiarios del fármaco, reconociéndose que el recurrente no forma parte de dicho grupo, dando su representada cumplimiento a la regulación vigente. En cuanto al derecho a la vida e integridad física y psíquica, señala que no existiría vulneración, por cuanto el medicamento puede ser adquirido en el comercio a un valor entre $19.000 y $45.000, sin que el recurrente haya explicado los motivos por los que no pudo adquirirlo o postular a programas de ayuda municipal. Finalmente, en cuanto al derecho a la salud del artículo 10 del Protocolo de San Salvador, en relación con el artículo 19 N°9 de la Constitución, indica que lo cautelado por esta vía se limita al derecho a elegir el sistema de salud al que cada persona desee acogerse.

En mérito de lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección deducido, con expresa condena en costas.

Cuarto: Que, evacuando el informe requerido, comparece doña nombre reservado, abogada Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud, quien informa por orden de la Subsecretaría de Salud Pública, solicitando el íntegro y total rechazo del recurso, con los fundamentos que se exponen a continuación.

En primer lugar, sostiene que el recurso de protección constituye una acción cautelar, de urgencia y excepcional, cuya procedencia exige la concurrencia copulativa de una conducta ilegal o arbitraria, la afectación de un derecho garantizado, un nexo causal entre ambos y la posibilidad de adoptar medidas de resguardo, presupuestos que, a su juicio, no concurren respecto de la Subsecretaría de Salud Pública, invocando al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

En cuanto al marco normativo aplicable, explica que la disponibilidad de medicamentos en la red pública se rige por el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES), regulado en la Ley N°19.966 y su reglamento (D.S. N°121 de 2005), y por el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo de la Ley N°20.850 ("Ley Ricarte Soto"), ambos sujetos a procedimientos reglados de evaluación científica, técnica, epidemiológica y presupuestaria que culminan en un decreto supremo, sin que la autoridad sanitaria pueda incorporar prestaciones de forma discrecional o respecto de un caso particular. Añade que el Trastorno del Espectro Autista no se encuentra incluido en el listado GES, y que el Metilfenidato solo forma parte del listado específico de prestaciones asociado a los problemas de salud N°34 (depresión en mayores de 15 años) y N°53 (consumo perjudicial de alcohol y drogas), mientras que las "Orientaciones Técnicas" del Minsal de 2025 solo recomiendan, sin garantizar, su uso en dicho trastorno.

Sostiene, además, que la definición del arsenal farmacológico de los establecimientos de atención primaria corresponde a la gestión de los respectivos Servicios de Salud y entidades administradoras, y no a la Subsecretaría de Salud Pública, la cual no administra dichos establecimientos ni provee directamente medicamentos, careciendo por tanto de competencia para ordenar la incorporación del fármaco reclamado.

En lo relativo a las garantías constitucionales invocadas, señala que no existe vulneración al artículo 19 N°2, por cuanto la exclusión del medicamento de los regímenes de cobertura deriva de la aplicación general e impersonal de normas técnicas objetivas, y no de un trato diferenciado fundado en condiciones personales del recurrente. Respecto del artículo 19 N°1, afirma que no existe vínculo causal entre las competencias de la Subsecretaría y la situación descrita, y que no consta antecedente científico que acredite un riesgo vital derivado de la falta del fármaco, citando al efecto el fallo de la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°1.332-2020, que rechazó un recurso similar por no existir riesgo vital inminente.

Finalmente, en cuanto a la petición del recurrente de incluir el Metilfenidato en el listado GES, sostiene que ello excede el ámbito del recurso de protección, por importar sustituir un procedimiento administrativo reglado - a cargo de los Ministerios de Salud y Hacienda mediante decreto supremo fundado- por una decisión jurisdiccional.

En mérito de lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe requerido a la Subsecretaría de Salud Pública y al Ministerio de Salud, y decretar el íntegro y total rechazo del recurso.

Quinto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho.

A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Sexto: Que las garantías que se denuncian conculcadas son el derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho a la salud. De ellas, únicamente las dos primeras se encuentran contempladas en el artículo 20 de la Constitución. En cuanto a la tercera, esto es, el derecho a la salud no ha sido contemplada por el constituyente dentro del ámbito de esta acción. Establecido lo anterior, es necesario analizar si en el caso concreto las recurridas han conculcado de alguna forma las garantías del actor y si -en caso afirmativo- existen medidas eficientes y eficaces que pueda adoptar esta Corte para reestablecer el imperio del Derecho.

Séptimo: Que, en relación con lo antes dicho, el acto que se califica de ilegal y arbitrario por parte del recurrente consistiría en la negativa de entrega del medicamento Metilfenidato 20 mg que le fuera prescrito tras ser diagnosticado con trastorno del espectro autista nivel 1 y déficit atencional. La negativa le fue señalada al acudir al CESFAM Dr. H. Alessandri en atención a que dicho medicamento se encontraría restringido a menores de edad, siendo ratificada dicha denegación por las respuestas del OIRS del Minsal y del CESFAM, sin que de su reclamo ante la Superintendencia de Salud obtuviese una respuesta de fondo al problema planteado.

Advierte la recurrente que la negativa de entrega del medicamento se basaría en que la Resolución Vigente N°9773/2021 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente que establece el Arsenal Farmacológico del CESFAM Dr. H. Alessandri, señala que el Metilfenidato 20mg, está indicado solo para las señaladas en el número 34 y 53 de la Ley de Garantías en la Salud (GES), lo cual contraría los derechos y garantías que la Ley 21.331 reconoce a las personas en la atención de salud mental, cuyo artículo 9 numeral 8° prescribe que la atención en salud debe ser igualitaria y equitativa, garantizando el “recibir atención sanitaria integral y humanizada y al acceso igualitario y equitativo las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud”, complementado además en el numeral 10° del mismo artículo, impidiendo la afectación de sus derechos y libertades. A dicha normativa añade la contenida en la Ley 21.545 que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista en el ámbito social, de salud y educación, que tiene por objeto asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y también los adultos con trastorno del espectro autista, buscando eliminar cualquier forma de discriminación.

Tales cuerpos normativos -entiende- contradicen los argumentos entregados por la autoridad administrativa para negar la entrega del medicamento que requiere, el que estima vital para el normal funcionamiento de su vida y la posibilidad de responder a nivel académico, laboral y social.

Entiende la recurrente que no existe una prohibición a entregar el medicamento a mayores de edad, sino que una falta de plan para adultos diagnosticados con TDAH y TEA por parte de las autoridades, lo cual no puede ser causal de negación a entregar un tratamiento, menos aún con mandato legal expreso -ley 21.545- que tiene carácter de especialidad por jerarquía, materia y temporalidad sobre la Guia del MINSAL del año 2008 la cual prevé que el tratamiento de personas con TDAH, tiene como población objetiva niños, niñas y adolescentes hasta la edad de 18 años, 11 meses y 31 días, el cual estará a cargo den la atención primaria de salud pública, el cual podrá contener la medicación con Metilfenidato 20 mg, de forma complementaria, a lo cual agrega que el Servicio de Salud Metropolitano Oriente el año 2011 lanzó su propia guía llamada “Protocolo de Referencia y Contrarreferencia para SSMO Trastorno de déficit atencional en el menor de 15 años”, como se anticipa en el nombre, esta normativa también es sólo aplicable a niños, niñas y adolescentes.

Octavo: Que, en tanto, del análisis de los informes evacuados por las recurridas, se advierte que todas ellas refutan la existencia de algún acto legal o arbitrario que afecte las garantías mencionadas por el actor, pues en resumen expresan que el Metilfenidato 20 mg tiene la calidad de un medicamento psicoterapéutico, que la Resolución Exenta N°9.773 de 2021 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud lo asocia específicamente a la patología GES N°53, esto es, consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo o moderado de alcohol y drogas en menores de 20 años, lo cual no habilita su entrega a personas fuera de dicho grupo beneficiario, por lo que la negativa constituiría el debido cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y no un actuar arbitrario.

Respecto de la Ley N°21.545, se argumenta que si bien dicho cuerpo legal reconoce y promueve la atención integral e inclusión de las personas con trastorno del espectro autista, no modifica las competencias de los niveles asistenciales de la red de salud ni incorpora nuevas prestaciones farmacológicas a los establecimientos de atención primaria, ni altera los arsenales farmacológicos aprobados por la autoridad sanitaria, por lo que la imposibilidad de dispensar el medicamento fuera de las condiciones autorizadas no importaría, por sí sola, una infracción a dicha ley ni una discriminación arbitraria por razón de edad.

Se informa asimismo que el medicamento Metilfenidato está incluido en el listado específico de prestaciones (LEP) de los problemas de salud Depresión en personas de 15 años o más (PS34) y Consumo perjudicial y dependencia de alcohol y drogas (PS53) y es también recomendado su uso para algunos casos de personas con diagnóstico de trastorno del espectro autista, empero el Trastorno del Espectro Autista no está dentro del listado de problemas de salud GES, de manera que el acceso al medicamento no se encuentra asegurado.

Por último, se hace presente que aunque la Ley N°21.545, reconoce y promueve la atención integral, la inclusión y la protección de los derechos de las personas con trastornos del espectro autista durante todo su ciclo vital, esa normativa no modifica las competencias de los distintos niveles asistenciales de la red de salud, ni incorpora nuevas prestaciones farmacológicas a los establecimientos de atención primaria de salud, como tampoco altera los arsenales farmacológicos aprobados por la autoridad sanitaria.

Noveno: Que, como elemento normativo sustancial que ha de tenerse en consideración para resolver el arbitrio incoado, es menester recalcar que la Ley N°19.966, publicada en el Diario Oficial el 3 de septiembre de 2004, estableció el Régimen de Garantías en Salud, el cual, de conformidad con lo señalado en el artículo 1° es “un instrumento de regulación sanitaria que forma parte integrante del Régimen de Prestaciones de Salud a que se refiere el artículo 4° de la Ley N°8.469, elaborado de acuerdo al Plan Nacional de Salud y a los recursos de que disponga el país. Establecerá las prestaciones de carácter promocional, preventivo, curativo, de rehabilitación y paliativo, y los programas que el Fondo Nacional de Salud deberá cubrir a sus respectivos beneficiarios, en su modalidad de atención institucional, conforme a lo establecido en la ley N°18.469”.

Conforme a este nuevo régimen, se incorporaron las Garantías Explícitas en Salud (GES), que dicen relación con el acceso, calidad, oportunidad y la protección financiera con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a un número determinado de patologías o condiciones de salud cuya atención se asegura a toda la población, debiendo el Fondo Nacional de Salud y las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) asegurar obligatoriamente dichas garantías a sus respectivos beneficiarios. El artículo 2° del mismo cuerpo normativo señala: “El Fondo Nacional de Salud y las Instituciones de Salud Previsional deberán asegurar obligatoriamente dichas garantías a sus respectivos beneficiarios”.

Décimo: Que, las Garantías Explícitas en Salud, como expresamente dispone el artículo 2° de la Ley N°19.966, constituyen derechos para los beneficiarios tanto del sistema público como privado de salud y su cumplimiento puede ser exigido por éstos ante Fonasa o las Isapres, la Superintendencia de Salud y las demás instancias que correspondan.

Undécimo: Que, de las argumentaciones allegadas a este recurso es posible desprender que no ha sido controvertida por ninguna de las partes el padecimiento por parte del actor nombre reservado de un trastorno del espectro autista nivel 1 y déficit atencional que fue diagnosticado médicamente, y de los que dan cuenta los antecedentes aportados por el mismo recurrente.

Duodécimo: Que, en cuanto a las diversas fuentes normativas que han sido invocadas en el recurso, como fundamento de la ampliación de cobertura del medicamento indicado en el caso del actor, es dable tener en consideración lo previsto en la Ley 21.545. Dicha normativa en su artículo 2º letra a) indica que se entenderá por personas con trastorno del espectro autista a aquellas que presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico, que se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al interactuar con los diferentes entornos, así como también en conductas o intereses restrictivos o repetitivos. El espectro de dificultad significativa en estas áreas es amplio y varía en cada persona.

Conforme a la misma ley -artículo 3º- existen ciertos principios a que debe sujetarse, entre los que se encuentra el trato digno, la perspectiva de género, intersectorialidad, neurodiversidad y seguimiento continuo, entre otras.

Ha de destacarse en este punto lo referido en el artículo 5 de la misma Ley que conecta con el otro cuerpo legal citado por la parte recurrente -Ley 20.609-. Dicha disposición establece que “sin perjuicio de las normas administrativas y penales, toda persona con trastorno del espectro autista directamente afectada por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria, podrá interponer la acción prevista en el artículo 3º de la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, a través de su representante legal o quien tenga de hecho su cuidado personal o educación, en la forma y condiciones contempladas en dicha ley. También podrá interponer esta acción cualquier persona, como un familiar, cuidador o cuidadora, cuando aquella se encuentre imposibilitada de ejercerla y carezca de representantes legales o personas que la tengan bajo su cuidado o educación, o cuando, aun teniéndolos, éstos se encuentren también impedidos de deducirla.

En este sentido, la propia normativa esgrimida por el actor da cuenta de una herramienta diversa al presente arbitrio cautelar que puede ser utilizada para accionar en casos en que se produzca una discriminación que pueda afectarle directamente en su condición de persona con trastorno del espectro autista.

Decimotercero: Que, aun cuando en la especie pueda concordarse con la situación fáctica planteada por la parte recurrente, respecto de la recomendación de ser provisto del medicamento Metilfenidato 20 mg, para facilitar su normal funcionamiento vital y propiciar un adecuado rendimiento académico, laboral y social, no puede desconocerse que tal supuesto debe ser establecido dentro de los límites legales y reglamentarios actualmente vigentes. Ello se condice, por cierto, con el propio tenor de la Ley 21.545, desde que al establecer los “Deberes generales del Estado” en su artículo 6º, precisa que: “Es deber del Estado asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista, a través de las acciones que señala el artículo 7 y de las demás medidas establecidas en la ley.

El Estado deberá asegurar a dichas personas el pleno goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con las demás. En especial, asegurará su inclusión social y educativa, con el objeto de disminuir y eliminar las barreras para el aprendizaje, la participación y la socialización.

En tal sentido, impulsará las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de lo señalado precedentemente.

Asimismo, el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir y sancionar la violencia, el abuso y la discriminación en contra de dichas personas.

Lo dispuesto en el presente Título se realizará de acuerdo con las atribuciones, los medios y los recursos disponibles por los servicios involucrados.” (el destacado es nuestro).

De tal modo, al establecer la norma que los fines previstos en la ley deben siempre ajustarse a las atribuciones, medios y recursos disponibles por los servicios involucrados, está sometiendo claramente su cumplimiento a los parámetros en actual vigencia.

Decimocuarto: Que, atendido el margen previamente establecido y para dilucidar la controversia planteada, es preciso tener en consideración que la administración del medicamento solicitado no se encuentra entre las prescripciones que el Fondo Nacional de Salud establece como parte de aquellos tratamientos incorporados a las Garantías Explícitas en Salud para el rango etario y padecimiento que afecta al actor, ni tampoco se encuentra considerado en alguno de los programas extraordinarios de cobertura para medicamentos de alto costo, como los establecidos en la Ley N°20.850, que Crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y en la Cobertura Adicional de Enfermedades Catastróficas.

En tal sentido, cabe tener presente la actual jurisprudencia de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia (fallo de 18 de diciembre de 2025, en causa Rol 41.941-2025), en cuanto refiere que “se debe tener presente que la Ley N°20.850 creó un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, cuerpo normativo que procura otorgar cobertura financiera universal a medicamentos de alto costo, alimentos y elementos de uso médico, de demostrada efectividad, de acuerdo con lo establecido en los protocolos respectivos, garantizando que los mismos sean accesibles en condiciones de calidad y eficiencia. La determinación de cobertura se formaliza por medio de un decreto supremo dictado por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Hacienda, que cumpla con una serie de condiciones copulativas establecidas en el artículo 5° de la referida ley, y que dicen relación con la existencia de evidencia clínica sobre la efectividad del medicamento, que las redes asistenciales tengan las capacidades necesarias para confirmar los diagnósticos, que los tratamientos tengan coherencia con coberturas actuales y demás consideraciones de carácter presupuestarias que sean invocadas.”

Agrega asimismo, la indicada sentencia que “el hecho de que el medicamento requerido no se encuentre actualmente incorporado en alguno de los mecanismos de financiamiento que contempla nuestro sistema de salud público ni esté priorizado, constituye una decisión de política pública de salud que apunta a soluciones estructurales cuya pretensión es guiada no solamente por razones presupuestarias sino con miras a solucionar en el contexto de limitados recursos públicos el mayor número de casos, de similares características al de autos, existentes en la comunidad en cumplimiento del deber del Estado de “promover el bien común”, decisión que, por cierto, ha sido determinada con arreglo a parámetros objetivos y técnicos, en que la evidencia científica que apoya su eficacia ocupa un rol importante y ha permitido de forma progresiva, la inclusión y el financiamiento de variados medicamentos de alto costo y prestaciones de salud asociadas. Esta es la política que, en materia de prescripción de medicamentos de alto costo recomienda desde el año 2016 la Organización Mundial de la Salud en el documento “El acceso y uso racional de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias estratégicas y de alto costo”, aprobado en la 55° sesión del Consejo Directivo y 68.a Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas. Allí se establece que el aseguramiento a las personas y a la comunidad del “acceso a medicamentos seguros, asequibles, eficaces y de calidad a fin de evitar dificultades económicas, el empobrecimiento o la exposición a gastos catastróficos, especialmente en el caso de los grupos en condiciones de vulnerabilidad”, debe realizarse mediante “la adopción por los países de una lista explícita de medicamentos y otras tecnologías sanitarias que se base en los criterios establecidos por la OMS para la adopción de listas de medicamentos esenciales, que aborde las prioridades fundamentales y que se evalúe, revise o amplíe progresivamente cuando corresponda y mediante criterios de eficacia, seguridad y costo-efectividad puede promover la eficiencia y la equidad”.

Precisa igualmente que “conceder acceso a medicamentos que no están incluidos en los listados definidos por la autoridad en ejercicio de sus potestades y según mandato legal, trae por consecuencia una discriminación de trato de unos frente a otros que se encuentran en idéntica posición y condición. Ello, tanto para el recurrente como para el laboratorio farmacéutico que comercializa el medicamento cuya entrega se solicita. Así, en primer lugar, el o la requirente de protección se ve favorecido respecto de otros que padeciendo de la misma patología no pueden acceder al medicamento cuya cobertura se reclama por las mismas razones en que se funda esta acción y; en segundo lugar, la entrega de medicamentos no cubiertos discrimina en favor de un laboratorio farmacéutico por sobre los otros que comercializan medicamentos de alto costo y de características similares de aquel cuya entrega se reclama. Finalmente, conceder la entrega del medicamento por la vía de la acción de protección amplía los canales de comercialización de medicamentos permitiendo a los laboratorios farmacéuticos beneficiados acceder a canales cerrados para la venta de sus productos comerciales de alto costo. Ello, sin duda, genera una inmediata diferencia y beneficio pecuniario para un laboratorio farmacéutico por sobre los demás que se ubican en similar situación. Lo razonado precedentemente descarta por cierto la vulneración del derecho fundamental consagrado en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental.”

Decimoquinto: Que, según se advierte, entonces, la falta de cobertura del medicamento solicitado en favor del recurrente no obedece a un acto ilegal o arbitrario de las recurridas, ni tampoco se verifica una situación de riesgo vital, actual e inminente, sin que sea posible que esta Corte adopte medida alguna que contraríe dicha decisión mediante un acto declarativo de derechos, lo cual resulta ajeno a la naturaleza cautelar de este arbitrio, vulnerando el principio de juridicidad, al asumir competencias que no le pertenecen.

Por tal motivo, ha de concluirse que la acción cautelar impetrada no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República para ser acogida.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida por don nombre reservado, en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y de la Subsecretaría de Salud Pública.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Claudia Parra Villalobos.

No firma la Ministra Claudia Parra, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

N°Protección-15284-2026.