nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGUIRDAD PÚBLICA

Santiago, treinta de agosto de de dos mil veinticuatro.

Proveyendo los escritos folios 9 y 10: téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el día 1 de junio del año en curso, comparece la abogada Adriana Mijares Hernández, en nombre y a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido éste en un acto ilegal o arbitrario que vulnera, a su juicio, las garantías fundamentales contenidas en los numeral 1º y 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el protegido ingresó al país en calidad de turista el año 2019, obteniendo originalmente un permiso de residencia temporal, el que no habría podido ser renovado, en razón de no consignar todos los antecedentes exigidos, por cuanto la empresa para la cual prestaba servicios decidió no entregárselos por considerarlos confidenciales, como lo sería el certificado de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, lo que significó el rechazo de su solicitud de permiso de residencia, siendo también rechazada una segunda solicitud debido a las mismas razones.

Refiere que el día 21 de septiembre de 2022 ingresa una tercera solicitud, solicitándose por la autoridad que esta fuera subsanada, el 16 de mayo de 2023, por no haber sido presentado el contrato de trabajo vigente, lo que habría cumplido su parte, el 22 de diciembre del mismo año. No obstante lo anterior, indica que el 7 de mayo del año en curso, la autoridad rechazó de manera definitiva su petición, disponiéndose su abandono del país, en razón del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto Nº 177, al no remitir contrato de trabajo vigente.

Previa referencia a las circunstancias particulares del recurrente, y de enunciar que actualmente se encuentra con contrato vigente y no mantiene antecedentes penales, expone que resulta evidente que las circunstancias que se tuvieron a la vista han cambiado, por lo que espera que la autoridad realice un nuevo estudio de los antecedentes, y en consecuencia deje sin efecto la orden de abandono dispuesta.

Por todo lo expuesto, y previa referencia como resultan vulneradas las garantías constitucionales que individualiza, solicita se acoja la acción interpuesta y en consecuencia se ordene al recurrido Servicio dejar sin efecto la orden de abandono decretada mediante Resolución Exenta Nº 24223216, permitiéndosele la presentación de una nueva solicitud de permiso de residencia temporal a fin de regularizar su situación migratoria en el territorio nacional;

SEGUNDO: Que evacuando informe por el Servicio Nacional de Migraciones, comparecen las abogadas Carolina Fernandoy Catalán y Paula Díaz Miranda, quienes solicitan el rechazo de la acción interpuesta, debiendo ser considerada como improcedente, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Luego de exponer la situación migratoria del recurrente desde que ingresó al país el 15 de febrero de 2019, indica que el día 30 de septiembre del mismo año se le otorgó una visación de residencia temporal, sujeta a contrato, en calidad de titular y por el periodo de un año, el que no fue materializado.

Posteriormente, el 21 de enero de 2020, se dictó la Resolución Exenta N°144 de la Gobernación Provincial de Chacabuco, que dejó sin efecto la Resolución N°2092, en virtud de los nuevos antecedentes aportados por el extranjero, específicamente el cambio de empleador, otorgándosele además una visa de residencia temporal sujeta a contrato, por 1 año y en calidad de titular, el que tampoco fue materializado por el extranjero.

Luego, el 13 de agosto de 2021, se regularizó la permanencia del recurrente en el territorio, a través de la regularización extraordinaria establecida en el artículo 8° transitorio de la Ley N°21.325, otorgándosele un permiso migratorio de residencia temporal, en calidad de titular, por el período de 1 año, el que se mantuvo vigente hasta el día 13 de agosto de 2022.

El 21 de septiembre de 2022, se ingresó una solicitud de residencia temporal para extranjeros dentro de Chile por motivos económicos con el empleador Pullman Cargo, por medio de la página web, bajo el número ID 54501814, respecto de la cual se emitió parte del Servicio una comunicación electrónica, el 16 de mayo de 2023, a través de la cual se informó que dicha solicitud se encontraba incompleta, ya que el contrato de trabajo, la carpeta tributaria del empleador, y el documento donde consta la titularidad o representación legal de la persona jurídica que suscribe el contrato, no eran los que se estaban solicitando, otorgándose, por tanto, un plazo de 60 días para subsanar dicha circunstancia, siendo acompañados antecedentes por el recurrente, el 6 de julio de 2023.

No obstante lo anterior, el 15 de diciembre del mismo año, y a través de comunicación electrónica de rechazo previo Nº 50841709, el Servicio informó al extranjero que su solicitud se encontraba comprendida en una causal de rechazo en conformidad al artículo 88 N°1 de la Ley 21.325, por los motivos antes singularizados, además de no presentar documentación que fundamente su solicitud de residencia temporal con base en las subcategorías migratorias establecidas en el Decreto de Ley N°177, otorgándose un plazo de 10 días hábiles para realizar los descargos correspondientes, lo que finalmente se llevó a efecto el 22 de diciembre, remitiendo copia de contrato de trabajo de fecha 15 de noviembre de 2023 con el empleador Sahid Est Temporary Staffing SpA, el que indicaba expresamente, en el punto undécimo que la duración de dicho contrato se prolongará hasta el día 30 de noviembre de 2023; dos anexos de contrato, prolongando la vigencia del contrato hasta el día 15 de diciembre de 2023; y, posteriormente, hasta el día 31 de diciembre de 2023, sin acompañar otros documentos que acrediten la vigencia de dicho contrato.

En razón de lo anterior, el 7 de mayo de 2024, indica que el Servicio resolvió la solicitud de visa por medio de la Resolución Exenta Nº 24223216, rechazando el permiso y disponiendo su abandono del territorio nacional en un plazo de 30 días contados desde la notificación del acto, reservándose los recursos administrativos establecidos en la Ley Nº 19.880, de los que no existe constancia de haber sido ejercidos.

Por todo lo expuesto, y previa cita de la normativa que rige al efecto, reitera la solicitud de rechazo de la acción interpuesta;

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que según consta de los antecedentes de convicción acompañados es posible tener por establecidos los siguientes hechos:

a.- Con fecha 30 de septiembre de 2019 se entregó al amparado por primera vez una visa sujeta a contrato, por un año, no siendo materializado.

b.- El 21 de enero de 2020, se le otorgó una visa de residencia temporal sujeta a contrato, por un año, y en calidad de titular, el que tampoco fue materializado.

c.- Con fecha 13 de agosto de 2021, se regularizó la permanencia del recurrente en el territorio, a través de la regularización extraordinaria establecida en el artículo 8° transitorio de la Ley N°21.325, otorgándosele un permiso migratorio de residencia temporal, en calidad de titular, por el período de 1 año, el que se mantuvo vigente hasta el día 13 de agosto de 2022.

d.- El 21 de septiembre de 2022 ingresó una solicitud de residencia temporal para extranjeros dentro de Chile por motivos económicos con el empleador PULLMAN CARGO, por medio de la página web. Esta solicitud quedó registrada bajo el ID N°54501814.

e.- Mediante las comunicación electrónica de Folio N° 38809192 de 16 de mayo de 2023, la autoridad migratoria informó al amparado que los documentos que había acompañado eran insuficientes para acceder a su petición, indicándole los que debía allegar al efecto.

f.- A través de la comunicación electrónica Folio N° 50841709, de 15 de diciembre de 2023, el Servicio notificó al protegido el previo rechazo de su solicitud, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 21.325, por no presentar contrato de trabajo, el cual debe estar actualizado a la fecha de envío y firmado por ambas partes ante notario; por no presentar la carpeta tributaria del empleador o contratante; por no presentar documento donde conste la titularidad o representación legal de la persona que suscribe el contrato; y por no presentar documentación que fundamente su solicitud de residencia temporal, en base a las subcategorías establecidas en el Decreto Ley N° 177 y, de acuerdo al artículo 91 de la Ley 21.325 se le confirió un plazo de 10 días para evacuar sus descargos. El 22 de diciembre de 2023, el recurrente remitió sus descargos y acompañó determinada documentación con la finalidad de subsanar su solicitud.

f.- Por medio de Resolución Exenta N°24223216, de fecha 7 de mayo de 2024, se hizo efectivo el apercibimiento informado al amparado y se rechazó la solicitud de permiso de residencia temporal, por no cumplir los requisitos legales al efecto, al no haber adjuntado la documentación que cumpliera con lo exigido en el artículo 17 del Decreto Ley N° 177 ordenándole, además, el abandono del territorio nacional en un plazo de 30 días. En la misma resolución se le comunicó que se le reservaban todos los recursos administrativos contemplados en la Ley 19.880, para impugnar el acto administrativo, los que jamás formalizó, por lo que el citado acto administrativo se encuentra actualmente firme y vigente;

QUINTO: Que de conformidad con los antecedentes acompañados se advierte que el rechazo de la solicitud de regularización migratoria, se basa en que el amparado no cumplió con los requisitos que le exigían el artículo 88 de la Ley 21.325, el cual en su numeral 1° estatuye: “Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de quienes:

1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en conformidad con lo establecido en el artículo 70”.

Por su parte, el artículo 91 de la misma normativa indica: “Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previamente a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al artículo 146, las razones en que se fundará su rechazo. El interesado tendrá diez días para presentar antecedentes respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso de que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el afectado será notificado en conformidad al artículo 146 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos respecto de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país, que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado para ingresar al país, conforme al artículo 136.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada, podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de vigencia restringida, según se determine en cada caso.

A los extranjeros que hicieren abandono del país dentro del plazo fijado por el Servicio se les reducirá a la mitad el plazo de prohibición de ingreso que se hubiere establecido en la resolución correspondiente”;

SEXTO: Que como ha quedado demostrado, al momento de requerir su solicitud de residencia temporal por motivos económicos y, con posterioridad, dado que en varias oportunidades -dos- se le dio plazo para ello, no acompañó el protegido la documental requerida. Tampoco dedujo recurso administrativo alguno en contra de la decisión que ahora impugna y, en este sentido, aparece prudente reflexionar que no es esta la vía para enderezar un procedimiento administrativo concluido, que fue tramitado con estricto apego a la ley, en razón de situaciones fácticas posteriores al mismo o cuando su resultado no fue favorable a la pretensión del administrado, por no haberse apegado él al procedimiento reglado respectivo, dado que entender lo contrario determina, en la práctica, que el órgano jurisdiccional asuma ilegítimamente funciones y adopte decisiones fuera del ámbito de su competencia, transgrediendo con ello lo preceptuado en el artículo 7 de la Carta Fundamental, cuyo inciso segundo expresamente señala: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”;

SÉPTIMO: Que luego de lo dicho sólo cabe concluir que la autoridad recurrida actuó con estricto apego a la normativa legal que regula la materia, no existiendo actuación ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos que invoca transgredidos el recurrente, por lo que la presente acción constitucional debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Protección Rol N° 15256-2024 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y la Abogada Integrante señora Magaly Correa Farías.