nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el 6 de octubre de 2023 comparece nombre reservado, en favor de nombre reservado y deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por nombre reservado, por el acto que estima como arbitrario e ilegal consistente en el descuento por planilla desde su remuneración de cuotas de un crédito social cuyo cobro se encuentra judicializado, alegando como conculcada la garantía constitucional del artículo 19 número 24º de la Constitución Política de la República.

Para fundar su recurso expone que la parte recurrente en el año 2014 contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, pactado en cuotas, por concepto de “crédito social” y los pagos se efectuarían de acuerdo al artículo 22 de la Ley Nº 18.833. Sin embargo, a los pocos meses fue desvinculado de su trabajo, y en diversas ocasiones se dirigió a sucursales de la recurrida a intentar regularizar su situación, sin embargo, la única opción que le ofrecieron era repactar la deuda, con el incremento artificial de la misma que esto conlleva, incurriendo finalmente en mora.

Indica que, posteriormente, la recurrida interpuso en su contra una demanda ejecutiva, con fecha 1 de septiembre de 2015, como consta en la causa ROL C-4438-2015, tramitada ante el 1° Juzgado Civil de Antofagasta.

Reclama que, el 10 de septiembre de 2023 tomó conocimiento de que, en su liquidación de sueldo emitida por su empleador en el mes de agosto del presente año, consta un descuento de $275.516.- por concepto de crédito social.

Lo que importa un detrimento ilegal y arbitrario a su remuneración mensual, teniendo presente que la deuda se encuentra judicializada. Alega el uso arbitrario e ilegal de la norma contenida en el artículo 22 de la Ley N.° 18.833, que refiere a los descuentos por el empleador.

Solicita, en definitiva, que se ordene: 1) que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones; 2) que deberá reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados en un plazo de 5 días hábiles o del que esta Corte mejor estime; y 3) que se condene expresamente en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que, el 3 de noviembre de 2023, evacúa informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familia Los Andes y solicita el rechazo de la acción por los antecedentes que expone.

Refiere con fecha 09 de enero 2014, se otorgó al recurrente la operación de crédito código N° RUT reservado, por un capital inicial de $4.092.583.-, a una tasa de Interés de 2.53%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $157.438, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 28 de febrero 2014. Las cuotas de los meses de febrero 2014 a marzo 2015, cuotas N° 1 a N° 14, se pagaron con fecha 27 de febrero 2014 al 05 de febrero 2015, 10 de septiembre y 10 de octubre 2023. A la fecha, la operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo las cuotas de los meses de abril 2015 a enero 2018, cuotas N° 15 a N° 48.

Arguye que se trata de un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se han declarado prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 es pertinente y oportuno.

Luego, contextualiza el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y el mecanismo de cobro según lo dispuesto en el referido artículo 22 de la Ley Nº 18.833.

Razona que, el hecho que la Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado al recurrente, no libera a la recurrida ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del mencionado artículo 22.

Por lo anterior, alega que no ha existido una actuación ilegal o arbitraria de su parte, habiendo actuado conforme a atribuciones legales y reglamentarias.

Sin perjuicio de lo anterior, y sin reconocer extinción de la deuda, asevera que Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros del crédito de emergencia. Hace presente que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Finaliza, solicitando el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

TERCERO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

CUARTO: Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en el descuento en su remuneración por parte de la Caja de Compensación recurrida, en el mes de septiembre de 2023, por $275.516.- Sobre el particular, la recurrida reconoce haber realizado descuentos que sustenta en el ejercicio de la facultad del artículo 22 de la ley Nº18.883.

QUINTO: Que, en este mismo sentido, no se encuentra discutido que la deuda que origina el aludido descuento, es materia de un juicio ejecutivo, seguido en causa rol C-4438-2015, tramitada ante el 1° Juzgado Civil de Antofagasta, la que se encuentra en tramitación.

SEXTO: Que, de este modo, a pesar de existir un juicio en sede civil, el cual inicia en virtud de demanda incoada por la Caja recurrida en orden a cobrar el saldo insoluto del pagaré de que se trata, la recurrida procedió a efectuar el descuento aludido de la remuneración del actor. En ese sentido, si bien la Caja de Compensación obrante explicitó su decisión de cobrar judicialmente el pagaré pertinente, suscrito por el señor nombre reservado, haciendo efectiva la cláusula de aceleración que comprende, paralelamente procura su pago a través del descuento reprochado por el recurrente.

Por lo anterior, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera arbitraria e injustificada al forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la ley N°18.833, concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan; beneficio que resulta improcedente requerir, considerando que al mismo tiempo la reclamada ejercía vía judicial las acciones tendientes a cobrar el crédito, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para obtener el cumplimiento de la obligación por los medios legales ordinarios, como lo está ejecutando.

SÉPTIMO: Que este proceder unilateral, manifiestamente arbitrario de la recurrida, corresponde que sea declarado y se otorgue amparo al recurrente, pues de lo contrario la Caja de Compensación denunciada obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo permanentemente en el futuro, ocupando diversos sistemas jurisdiccionales para obtener el pago que se le adeuda.

OCTAVO: Que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándolo de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el arbitrio, como se adelantó, debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familia Los Andes, quien deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago de los créditos sociales vía descuentos de las remuneraciones del actor y deberá reembolsar los montos indebidamente descontados, en un plazo de décimo quinto día desde la ejecutoriedad de esta resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-15239-2023.