nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA DE REPÚBLICA

C.A. de Santiago CERTIFICO: Que, se anunciaron para alegar, escucharon relación y alegaron, por el recurso, el abogado don Sebastián Sánchez Fernández y el abogado don Paulo Cerpa Opazo, en contra de éste. Santiago, 27 de diciembre de 2023.

nombre reservado

Relatora C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.

Resolviendo al escrito de folio 21: téngase presente.

Al escrito de folio 22: a lo principal y segundo otrosí, téngase presente. Al primer otrosí: como se pide en la forma solicitada.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Sebastián Sánchez Fernández, quien deduce acción constitucional de protección en favor de nombre reservado y nombre reservado, y en contra de la Tesorería General de la República, por el acto ilegal y arbitrario consistente en una compensación realizada respecto a los montos de avenimientos acordados en procedimientos de tutela laboral, lo que vulneraría las garantías consagradas en el artículo 19 Nro. 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que las señoras Espinoza y nombre reservado interpusieron acción por vulneración de derechos fundamentales en contra de su ex empleador, la Seremi de Salud Metropolitana, seguidas bajo los RIT T-1.767-2022 y RIT 1.768-2022, ambas ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en el cual las partes alcanzaron un avenimiento para poner término a los procesos, acordándose un pago por parte del Fisco de Chile de la suma de $5.286.190.- a cada una, equivalente a 3,5 remuneraciones. Agrega que las transacciones fueron aprobadas por el tribunal, el 7 de junio de 2022 y el 13 de junio de 2022, respectivamente.

Indica que hasta la fecha de interposición del recurso, no se había remitido por parte del Ministerio de Justicia el oficio a que se requiere el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, por lo que las recurrentes concurrieron a Tesorería a consultar sobre el pago del avenimiento, lugar en el que les informan que se realizó una compensación entre dichos montos, y la supuesta deuda vigente que mantendrían con el Fisco de Chile, provenientes del crédito con aval del Estado.

Afirma que la arbitrariedad e ilegalidad del actuar de la recurrida, se configura por infracción a los artículos 6 y 7 del Decreto con Fuerza de Ley Nro. 1 del año 1994, por cuanto si bien se permite a la Tesorería General de la República compensar las deudas de contribuyentes con los créditos de que son acreedores del Fisco, éstas deben tener por causa un tributo, requisito que no se cumple en este caso.

Agrega que, incluso si se considerara que el pago de avenimientos judiciales entra en esta categoría de tributo, tampoco podría compensarse, ya que de acuerdo con la Ley Nro. 20.027, la forma especial para obtener el pago de los créditos garantizados es mediante la retención de la devolución de impuestos a la renta o la deducción de las remuneraciones obtenidas por los beneficiarios, lo cual no se configura en la presente situación.

En definitiva, solicita se acoja el presente recurso y ordena a la recurrida liberar y depositar en la cuenta de las recurrentes registrada en la Tesorería General de la República la suma de $5.286.190 a cada una, o en subsidio, lo que esta Corte estime procedente para resguardar el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que informando el abogado del Servicio de Tesorerías Rafael Di Pillo Sanhueza, alega la ausencia del acto ilegal o arbitrario por parte de dicha institución, haciendo referencia a la normativa que la regula.

Explica que, en el presente caso, mediante Resoluciones Exentas Nro. 1.865 y Nro. 1.866, ambas de 31 de agosto de 2023, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ordenó a Tesorería pagar a las recurrentes la suma de $5.286.190.-, en cumplimiento a la transacción suscrita entre las partes presentada con fecha 25 de mayo de 2023, ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Sin embargo, dichos pagos no se verificaron por cuanto operó una compensación entre deudas recíprocas de las recurrentes y del Fisco.

Precisa que al momento de verificarse los pagos, esto es, los días 8 y 11 de septiembre del presente año, Tesorería en uso de sus facultades legales, procedió a compensar la deuda tributaria de las recurrentes según dan cuenta los formularios 34, folio Nro. 207806 y folio Nro. 317934, con el crédito a su favor de que daban cuenta las resoluciones reseñadas previamente.

Argumenta que Tesorería tiene la facultad para compensar deudas de los contribuyentes de conformidad con el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley Nro. 1 del año 1994. Refiere también el artículo 1.656 del Código Civil, que indica que la compensación opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, estableciendo ciertos requisitos, los cuales son satisfechos en el presente caso.

En lo relativo a la alegación de la recurrente que la compensación, afirma que no sería procedente, ya que la norma permite compensar tributos y no créditos fiscales, lo cierto es que el mismo artículo 6, ya referido, utiliza en general la expresión créditos fiscales, la cual no puede limitarse única y exclusivamente a tributos, como parece insinuar el artículo 7, toda vez que esta disposición sólo regula en específico la situación de los recargos legales que afectan a deudas de carácter tributario.

Cita al efecto, jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia en que se ha sostenido que no existe ilegalidad o arbitrariedad en la facultad conferida a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco.

Por lo anterior, pide se rechace el recurso deducido, con costas.

Tercero: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, en la especie, la conducta reprochada corresponde a la determinación adoptada por el Tesorero General de compensar deudas por Crédito con Aval del Estado con estipendios derivados de un juicio laboral adeudados por Seremi de Salud Metropolitana; actuación administrativa fundamentada en el Decreto con Fuerza de Ley Nro.1, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, del año 1994.

Quinto: Que, en efecto, el artículo 6 de dicho estatuto señala que “[s]e autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

Añadiendo el artículo 7 siguiente que “[c]uando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco”.

Sexto: Que dichas normas deben ser leídas armónicamente en el contexto en que han sido otorgadas, esto es, de tributación con la finalidad de obtener el recupero de impuestos y derechos fiscales. Por esta razón la referencia en el artículo 6 citado a la expresión “compensar deudas de contribuyentes” queda explicada en términos restrictivos con lo que previene el artículo 7 que expresamente utiliza la frase “tributos insolutos”.

Séptimo: Que en esa dirección y dado que Tesorería hace extensiva la aplicación de la norma más allá de los contornos que le son propios, por cuanto ha pretendido compensar deudas de origen laboral, su conducta se ha tornado en ilegal, perturbando la garantía constitucional prevista en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ciertamente, como consecuencia la indebida compensación de obligaciones, efectuadas por el servicio de tesorería, los actores se vieron privados de percibir los montos obtenidos con ocasión de las sentencias dictadas en los autos RIT 11.767-2022 y RIT 1.768-2022 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, respectivamente. A lo anterior debe adicionarse que la norma aludida protege el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, particularmente si estos han sido incorporados en el patrimonio de las recurrentes producto de su trabajo, lo que les confiere especial relevancia al estar vinculados a sus necesidades básicas y de subsistencia.

Todo lo anterior conduce a concluir que el recurso intentado debe ser acogido.

Octavo: Que las alegaciones sobre el Crédito con Aval del Estado, a pesar de que corresponden a asuntos de lato conocimiento, no tiene real incidencia desde que el motivo por el cual se establece la improcedencia de la compensación ha discurrido por otra vía.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se acoge, sin costas, el arbitrio deducido en favor de nombre reservado y nombre reservado contra la Tesorería General de la República, disponiéndose que esta última debe dejar sin efecto la compensación efectuada con los fondos destinados al avenimiento obtenido por las peticionarias en los RIT 1767-2022 y RIT 1768-2022 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°15.236-2023 Protección.