nombre reservado con SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de enero de dos mil veintitrés.

A los folios 29, 30 y 31: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparecen los abogados Rodrigo Fernando Flores Osorio y Emanuel Isaías Cuadra Suárez, en representación de nombre reservado, trabajadora social, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Subsecretaría de Prevención del Delito, por el acto que estiman arbitrario e ilegal, consistente en el Decreto Exento RA N° 119302/150/2022, que pone término anticipado al contrato de honorarios de la recurrente, conculcatorio de las garantías fundamentales, lo que vulnera sus derechos fundamentales reconocidos en los números 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Exponen en que desde el 1 de marzo de 2021 la actora presta servicios en la División de Coordinación Nacional de la Subsecretaría recurrida, vínculo que fue renovado desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022. Indican que en el desempeño de sus funciones ha sido evaluada por sus superiores siendo incluida en el listado de funcionarios con mejor desempeño dentro del servicio.

Precisan que las funciones que desempeñaba la señora nombre reservado en la Subsecretaría consistían, entre otras, en:

· Poner a disposición de la ciudadanía la oferta programática de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

· Coordinar acciones entre la SPD, municipios y otros entes públicos o privados, para la correcta y oportuna implementación de programas de prevención del delito implementados por la SPD, para lograr los objetivos planificados.

· Prestar asesorías y coordinar la difusión de la oferta programática de la SPD, a los equipos territoriales y autoridades locales, para la correcta ejecución de programas.

· Coordinación permanente con los Centros de Apoyo a Víctimas.

Arguyen que todas ellas son funciones propias del trabajo de la recurrida, es decir, son de carácter esencial, lo que se contrapone al concepto de transitoriedad.

En cuanto al acto vulneratorio, señalan que el 31 de marzo de 2022 se notificó a su representada el decreto que contenía la decisión de poner término anticipado a su contrato de honorarios. Exponen que dicho decreto es vago e impreciso, pues no acredita los argumentos de hecho y derecho en que se funda.

Aseveran que dicha actuación sería ilegal por infringir el Estatuto Administrativo, en específico el artículo 11, que establece el marco jurídico de la relación contractual. En dicho sentido, argumentan que las funciones encomendadas a la recurrente no son propias de un contrato de honorarios. Así, el vínculo que la actora posee con la entidad es de una carrera funcionaria o al menos una contrata – regida por el artículo 10 de la misma disposición legal – teniendo derecho a la confianza legítima y principios propios del derecho administrativo. Añaden que, dicho vínculo a lo menos debió durar hasta el 31 de diciembre del año 2022. Cita en refuerzo de sus argumentos lo dispuesto en el dictamen 173171 del año 2022 de la Contraloría General de la República.

Luego, alegan que el acto administrativo carece de motivación suficiente, lo que infringe lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución, el artículo 2° de la Ley N° 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y artículo 11 de la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos. No obsta a la falta de motivación el hecho que se incluya en el contrato la frase “mientras no sean necesarios sus servicios”(sic) debido a que las funciones que realizaba son necesarias y fundamentales para para el funcionamiento del servicio, lo que comprueba aún más el incumplimiento por parte de la autoridad administrativa de la exigencia de una adecuada motivación de todo acto administrativo. A mayor abundamiento, destacan que la recurrente tenía evaluaciones que la situaban en el nivel más alto de desempeño.

Asimismo, al carecer el acto de proporcionalidad y racionalidad se torna en arbitrario.

Acusan que hecho alegado vulnera sus derechos fundamentales, como la integridad psíquica y física, son la igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria, y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 números 1, 2 y 24 de nuestra Constitución Política de la República.

Por tanto, solicita se acoja el recurso de protección y se ordene a la recurrida dejar sin efecto el Decreto Exento RA N° 119302/150/2022 de la Subsecretaría de Prevención del Delito y toda aquella destinada a poner término anticipado a la contrata de la recurrente, con costas.

Acompaña a su recurso: a) Decreto Exento RA N° 119302/7/2022 Subsecretaría de Prevención del delito; b) Informe Mensual Honorarios julio 2021 a febrero 2022; c) Set de (11) correos electrónicos año 2022 sobre funciones del cargo; d) Pantallazo Electrónico Bitácora funcionaria, feriados pendientes; e) Decreto Exento RA N° 119302/150/2022 Subsecretaría de Prevención del delito y; f) Bitácora de funciones meses de enero, febrero y marzo de 2022.

Segundo: Informando al tenor del recurso, por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el abogado Eduardo Vergara Bolbarán, solicita el rechazo del mismo, por no configurarse la vulneración de derechos alegada por la recurrente.

En primer lugar, alega falta de legitimidad pasiva de la entidad recurrida, debido a que el acto impugnado ha sido firmado por la señora Ministra del Interior y nombre reservado, siendo facultad de dicha autoridad la aprobación de los contratos a honorarios celebrados por la Subsecretaría recurrida. Por lo que al solicitarse dejar sin efecto un acto administrativo dictado por otra autoridad, se configura la falta de legitimidad de la recurrida.

Luego, en cuanto al fondo del recurso, se refiere al régimen normativo aplicable al personal contratado a honorarios, refiriéndose a lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto Administrativo en cuanto a que dicha modalidad de prestación de servicios no confiere a quien la efectúa la calidad de funcionario público. Así, explica que el pacto por el cual la Administración del Estado contrata a honorarios los servicios de una persona, constituye el marco de derechos y obligaciones de las partes, no siéndoles aplicables a dichos servidores las normas del Estatuto Administrativo, si no las reglas del contrato, conforme lo dispone el artículo 1545 del Código Civil.

En cuanto a la facultad de poner término anticipado al contrato, asegura que la autoridad administrativa estaba autorizada para disponer la terminación anticipada del contrato cuando razones de conveniencia hagan necesario, en su concepto, suadopción. Destaca que en la cláusula cuarta del contrato de honorarios a suma alzada, celebrado el 22 de diciembre de 2021, entre la recurrente y la repartición recurrida, se estableció que “las partes convienen que el eventual término anticipado del contrato de prestación de servicios operará de forma pura y simple, sin necesidad de aviso previo, debiendo notificarse por escrito a la otra parte, personalmente o de acuerdo al artículo 46 de la Ley 19.880”.

Por otro lado, alega la improcedencia de la acción de protección, por cuanto lo que pretende la actora es una revisión de los alcances de la calidad jurídica del personal contratado a honorarios y de los designados a contrata por la administración pública, lo que excede el ámbito de la acción constitucional de naturaleza cautelar.

Plantea que la presente acción no es un reclamo de ilegalidad ni arbitrariedad, si no que del mérito del acto, el cual estima fue dictado conforme a derecho. Niega que exista arbitrariedad, en virtud de que la facultad de poner término anticipado -que en el mismo contrato las partes han consentido- no corresponde a un capricho irracional de la autoridad. Alude en ese punto al principio de eficiencia y eficacia, consagrado en los artículos 3 y 5 de la Ley N° 18.575, que obligan a velar por la idónea administración de los recursos públicos, haciendo prevalecer el interés público por sobre el particular.

Niega la existencia de un acto ilegal o arbitrario en relación a la falta de motivación que se denuncia en el recurso, por cuanto las partes acordaron la eventualidad del término anticipado y con ello precavieron sus efectos con antelación. Sin perjuicio de aquello, y atendido el tenor de lo expuesto en el recurso, estima que la recurrente pretende una revisión de la calidad y alcances de la calidad en la que fue contratada, más que una acción de protección por vulneración de derechos, por corresponder a materias de un juicio de lato conocimiento.

Añade que lo que plantea la recurrente no implica la defensa de un derecho fundamental indubitado -puesto que la permanencia indefinida de un servidor a honorarios, en un puesto de trabajo pagado con fondos públicos, no es un derecho fundamental-, sino un reclamo o disconformidad sobre el mérito de los argumentos presentados por la autoridad para poner término anticipado a dicho vínculo con esta repartición, excediendo al ámbito del recurso de protección.

Asevera que la Administración del Estado se encuentra vinculada a los principios de eficiencia y eficacia, consagrados en los artículos 3º y 5º de la Ley Nº 18.575, que obligan a velar por la idónea administración de los recursos públicos, haciendo prevalecer el interés público por sobre el particular. De la aplicación de tales principios, se desprende la obligación de la Subsecretaría de realizar una constante evaluación del uso de sus recursos materiales y humanos, con el fin de lograr su mayor rendimiento posible en relación a los fines de política social que persigue.

Niega la vulneración de garantías constitucionales expuestas en el recurso, toda vez que la afectación a la estabilidad psicológica y psíquica de la recurrente en caso alguno puede tener la entidad suficiente -por inexistencia de vínculo causal-, para generar una afectación en grado de privación, perturbación o amenaza del derecho a la integridad psíquica.

Descarta que el acto administrativo incurra en discriminación, toda vez que el fundamento de la medida adoptada por la autoridad apunta a lo acordado entre las partes en la cláusula cuarta del contrato de honorarios para el caso de un eventual término anticipado del mismo, razón de carácter objetivo, no advirtiéndose indicio alguno de discriminación por militancia política como lo señala la recurrente.

Estima que tampoco se ha vulnerado el derecho de propiedad, pues el derecho personal que le asiste a la recurrente no es más que al pago por sus servicios una vez que se éstos se encuentren realizados y la respectiva acción en caso de no pago. Sin embargo, lo planteado en esta acción es el derecho de propiedad en relación a los honorarios que median entre la fecha del término anticipado del contrato de honorarios (1 de abril de 2022) y el 31 de diciembre del actual; es decir, respecto a servicios que no se han prestado y por ende sin contraprestación de pago, cuestión que a su entender no es objeto de protección jurisdiccional, por corresponder a una mera expectativa.

Adjunta a su informe copia de Decreto Exento RA N°119302/7/2022, de 28 de febrero de 2022 que aprueba contrato a honorarios a suma alzada, y Decreto Exento RA N° 119302/150/2022 que pone término al contrato a honorarios a suma alzada que indica.

Tercero: Atendida la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la recurrida, se estimó necesario pedir informe a al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual fue evacuado, reiterando los argumentos indicados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, y solicitando a su vez el rechazo del recurso por los mismos motivos.

Cuarto: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

En la especie el acto recurrido es el Decreto Exento RA N° 119302/150/2022 que puso término anticipado al contrato de honorario existente entre doña nombre reservado y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Quinto: Como se puede advertir del informe, el contrato de honorarios contempla una cláusula que faculta al órgano recurrido para poner término anticipado a las funciones que cumplía la recurrente, aseveración que no ha sido discutida por la actora.

En tal virtud, desprendiéndose que la facultad de poner término anticipadamente al vínculo, fue consentida libremente por ambas partes, no se advierte en la adopción posterior de dicha medida alguna arbitrariedad o ilegalidad, motivo suficiente para desestimar la acción cautelar intentada en autos.

Sexto: En consecuencia no siendo arbitrario e ilegal el acto administrativo impugnado, se estima innecesario ponderar las garantías constitucionales supuestamente infringidas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra de la Subsecretaría de Prevención del Delito, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Protección N° 15236-2022 N°Protección-15236-2022.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por la ministra señora Carolina S. Brengi Zunino e integrada además, por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y el abogado integrante señor Eduardo Jequier Lehuedé.

En Santiago, dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.