Protección contra Inspección Comunal del Trabajo Sur Oriente

Santiago, dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.- Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 20 comparece doña nombre reservado, en representación de la empresa Adecco Recursos Humanos S.A., en adelante Adecco, Rol único tributario N° 96.820.170-0, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección a favor de su representada y en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Sur Oriente, representada por el Jefe de Inspección, señor nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal cometido por la recurrida, consiste en aplicarle una multa de 40 unidades tributarias mensuales, lo cual considera atentatorio de las garantías constitucionales de los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Respecto de la fecha en que tomó conocimiento del acto recurrido, esto es la multa en cuestión, fue el 26 de enero de 2016, por medio de correo electrónico ya que hasta la fecha no han sido notificados por correo certificado ni personalmente.

Como hechos, sostiene que el día 23 de diciembre de 2015, la empresa que representa fue objeto de una fiscalización por parte doña nombre reservado, fiscalizadora de la Inspección Comunal Santiago Sur Oriente, oportunidad en que en la sucursal de domicilio reservado de Ñuñoa, Santiago, se constituyó y revisó los contratos de trabajo y liquidaciones de sueldo de los meses de junio a noviembre de 2015 correspondiente a 13 trabajadores que se desempeñan como mercaderistas para su cliente la Empresa Principal Watt´s S.A., en virtud de un régimen de subcontratación que vincula a Adecco con esa Empresa Principal y que cumplen una serie de funciones que describe, pero de las cuales descarta la atención directa al público, ya que dicha empresa le ha confiado a Adecco Recursos Humanos el servicio de reposición de mercaderías en cada una de las salas de supermercados en las cuales mantiene sus diferentes productos, servicio que presta a través de trabajadores cuya función es precisamente, Mercaderistas, que deben controlar dicha reposición, recepcionar camiones con mercaderías y mantener un correcto stock en salas y bodegas, lo que implica no atender directamente al público, lo que corresponde al presupuesto esencial para los efectos de aplicar el recargo del 30% establecido en el artículo 38 inciso 2° del Código del Trabajo pero que, pese ello y tan solo por una mera liberalidad, ha pagado de manera adicional a dichos trabajadores.

No obstante lo anterior, señala que la fiscalizadora cuestionó la forma de liquidación y pago del recargo de, a lo menos, un 30% de las horas extraordinarias trabajadas en el día domingo, motivo por el cual se les cursó la Multa N° 1626/16/2, la cual fuere notificada por correo electrónico el día 26 de enero de 2016 y en que se les imputa el referido supuesto, condenándolo al pago de 40 unidades tributarias mensuales.

A continuación, la recurrente analiza los términos “establecimiento de comercio y de servicios” y “público”, arribando a la convicción que la labor de mercaderistas corresponde a aquella que desempeñan los trabajadores -en cuyo mérito se dictó la multa que impugna- que prestan servicios en un establecimiento de tales características que no atienden a un conjunto de personas que formen una colectividad (público), por lo tanto, por definición no atienden público y la interpretación realizada por la Inspección resulta antojadiza y contraria a texto expreso, infringiendo con ello las normas legales y constitucionales que señala, apuntado una alteración a las garantías constitucionales que se enunciaron como afectadas, ya que la Inspección recurrida se ha erigido como órgano con facultades propias de los Tribunales de Justicia, privándolo de una defensa jurídica y sólo ha realizado una interpretación contraria a ley, amenazando con ello su derecho de propiedad.

Así las cosas, solicita que acogiéndose este recurso, la multa que le fue impuesta sea dejada sin efecto.

Segundo: Que a fojas 54 doña nombre reservado, informa por Inspección Comunal del Trabajo Sur Oriente, alegando como cuestión previa, advierte que el recurso impetrado resulta ser extemporáneo, ello en atención a que, de acuerdo a los antecedentes que acompaña, la resolución que impuso la multa que se cuestiona fue notificada al recurrente, por correo certificado, el día 20 de enero de 2016, de manera tal que, a la fecha de la interposición de la acción constitucional -26 de Febrero de 2016-, el plazo fatal para ello se encontraba vencido.

En cuanto al fondo, el primer alcance que realiza dice relación con los requisitos copulativos para que proceda una acción de protección. Al efecto, considera que, de manera alguna, estos resultan concurrentes, de momento porque no existe arbitrariedad ni tampoco su actuar se ha apartado de lo señalado en la ley, ya que la Inspección recurrida tiene la labor de velar por el cumplimiento de las normas laborales y ese ha sido lo que precisamente ocurrió en la especie, detentando, además, la facultad de fiscalizar la aplicación de la ley del trabajo.

Por otro lado, recuerda que, en la especie, existe un recurso natural en contra de las decisiones de esta índole, cual es la reclamación judicial que establece el artículo 420 letra e), en relación con el artículo 503, ambos del Código del Trabajo, de allí que estima que no puede usarse esta vía como sustituto procesal y que ha venido siendo el criterio que se han plasmado en diferentes sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San nombre reservado.

Corolario de lo anterior, a su juicio, descarta cualquier clase de afectación o amenaza a las garantías constitucionales que se denunciaron como mermadas, estimando que en su actuar se observa con toda nitidez un debido proceso y la imposición de una multa por incumplimiento de obligaciones laborales no puede ser catalogado de un acto que afecte el patrimonio del recurrente.

Finalmente, detalla algunos aspectos de la visita fiscalizadora que fuere realizada a la empresa Adecco Recursos Humanos S.A., detallando el informe de la fiscalización y el fundamento de la multa que se impugna, señalando que existió una infracción de los artículos 38 inciso 2°, en relación con el N° 7 de la referida disposición y el artículo 506, todos del Código del Trabajo, lo cual ha sido su razonamiento que consta en la jurisprudencia administrativa que señala.

Por todo lo anterior, solicita primeramente la declaración de caducidad del presente recurso o en subsidio, que el mismo sea rechazado, condenando, en todo caso, en costas a la empresa recurrente.

Tercero: Que como se ha venido sosteniendo y previo al análisis del fondo del Recurso, es preciso consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Recurso que, además, debe cumplir con lo dispuesto en el “Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”, el que establece un plazo perentorio de 30 días corridos para su interposición, contado desde la comisión del acto u omisión considerado arbitrario o ilegal.

Cuarto: Que de este modo en necesario revisar en forma previa, si ha sido interpuesto dentro del plazo mencionado en el motivo anterior, como lo sostiene el recurrente, quien expresa que hasta la fecha del recurso no ha sido notificado por correo certificado ni personalmente y que tomó conocimiento del acto el 26 de enero pasado.

Sin embargo de la documentación acompañada por la recurrida, especialmente de la copia de fojas 41, que se refiere a “Correos de Chile-seguimiento de envíos”, aparece claramente que la fecha de entrega de la carta certificada -envío 999937922046 correspondiente a ADECCO RRHH- fue entregada el 20/01/2016, a las 11,35 horas, a Janela Escobar Rut RUT reservado, en domicilio reservado, (que corresponde al domicilio fiscalizado según propios dichos del actor), teniendo para ello preente el listado de fojas 40, por lo tanto, a la fecha de interposición del presente recurso, esto es, el 26 de febrero de 2016, el plazo de 30 días corridos estaba cumplido con creces, por lo que éste resulta ser extemporáneo, y así será declarado.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo anterior, y como, también, surge de lo transcrito en el motivo tercero de este fallo, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que es materia de autos.

Sexto: Que esta Corte, luego de examinar los antecedentes proporcionados por las partes -los que se aprecian de acuerdo a las reglas de la sana crítica- y escuchar en estrados lo expuesto por las partes, puede concluir que el acto no aparece como arbitrario ni ilegal, toda vez que lo que se le imputa a la resolución de multa que nace producto de un proceso de fiscalización contemplada en la ley y realizada por parte de la recurrida aparece efectuada conforme a derecho, ya que en dicha fiscalización habiéndose constatado el hecho éste se infracciona. Al proceder de la forma como se ha señalado no se coarta el derecho a defenderse de la fiscalizada, como se alega por ésta, ya que después de la aplicación de la multa en cuestión la recurrente tiene la posibilidad de recurrir a los tribunales dentro del plazo de 15 días, como, también de reclamar ante el mismo órgano administrativo para dejar sin efecto e impugnar de este modo la resolución de la multa, debiendo en esas instancias probar lo que se alega en esta acción de protección, en el sentido que los trabajadores por los cuales fueron infraccionados cumplían labores distintas a las a las entendidas por el fiscalizador, es decir, que tenían otra función a la que se les señaló en dicho proceso.

Así, resulta que el presente recurso de protección, no es la vía que corresponde para impugnar el acto señalado por el actor, siendo la correcta la de la reclamación. Todo ello, es sin perjuicio, de lo que ya se dijo sobre lo extemporáneo que resulta ser el libelo recursivo de autos.

Séptimo: Que del modo como ya se ha razonado, y no advirtiéndose ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, como tampoco, alguna vulneración a las garantías invocadas por la recurrente, se procederá al rechazo del presente recurso.

Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección; se rechaza, sin costas, por extemporáneo el recurso deducido en lo principal de fojas 20, por doña nombre reservado, en representación de la empresa Adecco Recursos Humanos S.A., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Sur Oriente.

Redacción Ministro señor Poblete.

Regístrese, y archívese, si no se apelare.

N° Protección 15.229-2016.- Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada por los Ministros señora Adelita Ravanales Arriagada y señor Juan Antonio Poblete Méndez.

Autoriza el (la) ministro se fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones.

En Santiago, a dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.