nombre reservado con CAJA LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en efectuar descuentos de sus remuneraciones por concepto de crédito social, vulnerando de este modo la garantía que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 24.

Funda el recurso expresando que el 27 de septiembre de 2013, solicitó a la recurrida un crédito por la suma de $3.018.542, que luego reprogramó, constituyéndose en mora desde el 31 de agosto de 2015, habiéndose hecho exigibles todas las 34 cuotas, lo que motivó que la recurrida lo demandara ejecutivamente.

Respecto de dicho procedimiento, afirma que la causa Rol N° C-9110-2016, seguida ante el 7º Juzgado Civil de Santiago, fundada en un pagaré como título ejecutivo, finalizó al declararse su abandono, mediante resolución firme de 10 de marzo de 2021.

Estima que es ilegal y arbitrario que, pese a dicha resolución, la recurrida siga descontando de sus remuneraciones cada una de las cuotas pendientes del crédito social, por lo que, citando jurisprudencia en apoyo a sus asertos, solicita que se le ordene desistir de estos descuentos, así como la devolución del dinero descontado con motivo de este crédito, todo ello con costas.

2°) Que, informando la recurrida al tenor del recurso, señaló que otorgó al recurrente un crédito por la suma de $3.018.542 que luego fue reprogramado el 9 de noviembre de 2022, por la suma de $1.969.763, en un plazo de 36 meses con una cuota de $82.682, cuyo primer vencimiento corresponde el 31 de diciembre de 2022.

Explica que el 10 de noviembre de 2022, recibió la suma de $274.195, correspondiente al mes de diciembre de 2022, y la suma de $74.001.-, como abono en la cuota del mes de enero de 2023, más un interés penal de $117.512.

Concluye que se trata de un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, ya que fue reprogramado con fecha 9 de noviembre de 2022, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente.

Descarta un acto ilegal o arbitrario que pueda reprochársele, así como la conculcación de alguna garantía fundamental, citando jurisprudencia en apoyo a sus afirmaciones, motivos por los que solicita el rechazo del recurso.

3°) Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

4°) Que, resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, el descuento de las cuotas de un préstamo social por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Heróes -a partir del mes de noviembre de 2022- y, posteriormente, si aquella acción constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afectó o amenaza las garantías constitucionales invocadas.

5°) Que con el mérito de los antecedentes aportados apreciados conforme a la sana crítica es posible tener por establecido los siguientes hechos:

1.- Que la Caja de Compensación con fecha 27/9/2013, otorgó al recurrente un crédito por la suma de $3.018.542 pagadero en un plazo de 57 meses, con una cuota de $140.000, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de octubre de 2013.

2.-Las cuotas del mes de octubre de 2013 a abril de 2014, se pagaron regularmente en el plazo establecido.

3.- Las cuotas del mes de mayo de 2014 a junio de 2018 (8 a 57) se reprogramaron con fecha 9 de noviembre de 2022, por la suma de $ 1.969.763, a una tasa de 2.05% en un plazo de 36 meses, con una cuota de $82.682, cuyo primer vencimiento corresponde el 31 de diciembre de 2022.

4.- Con fecha 10 de noviembre de 2022, la recurrida recibió el pago de $274.195, con lo que se tuvo por pagada la cuota de diciembre de 2022, recibiéndose además como abono de la cuota de enero del año en curso la suma $ 74.001.

5.- Que ante el Séptimo Juzgado Civil de esta ciudad se tramitó el juicio ejecutivo Rol 9110- 16, juicio que se declaró abandonado por resolución de 10 de marzo de 2021.

6°) En atención a la naturaleza de la entidad de previsión social, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja Acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Que la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, ha señalado en Dictamen N° 2659-2020 de 12/8/2020: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagará respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos”

7°) Que en estas circunstancias, claro es que la deuda es exigible, vigente y no está prescrita; debiendo además tenerse en cuenta que el actor reprogramó la deuda el 9 de noviembre del año 2022, es decir después de la declaración del abandono de procedimiento en la causa civil de cobro, procediendo al pagó de la suma de $ 274.195, que corresponde a la primera cuota de la reprogramación que vencía en diciembre de 2022 y abonando el pago de la cuota con vencimiento en enero del año en curso, pagos que fueron recibidos por la recurrida.

8°) Que en este escenario, no corresponde considerar que la conducta en que se funda la presente acción sea arbitraria o ilegal, desde que se ha ejercido una facultad legal que autoriza la deducción de cuotas de créditos sociales de las liquidaciones de las remuneraciones.

En consecuencia la recurrida ha desplegado una actuación que se ajusta a las normas y prerrogativas que la ley que regula esta materia le otorga, respecto de una obligación vigente, desde que la declaración del abandono de procedimiento no importa la extinción de las acciones pertinentes, como expresamente lo establece el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil.

9°) Que como se viene razonando, no configurándose el actuar ilegal o arbitrario de la Caja de Compensación, la acción de protección será rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección por nombre reservado.

Acordado lo anterior contra el voto en contra de la ministra señora González Troncoso, quien estuvo por acoger el recurso de que se trata y disponer que la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, se abstenga de solicitar se efectúen descuentos a las remuneraciones del recurrente para el pago del crédito social que le fuera otorgado el 27 de septiembre de 2013, reprogramado el 31 de agosto de 2015, debiendo además restituir a ésta las cuotas ya descontadas a contar de octubre de 2022.

La disidente tiene presente para ellos, los siguientes fundamentos:

1°.- Que en cuanto al conflicto planteado, consta de autos que el acreedor -recurrida- con fecha 13 de abril de 2016 interpuso demanda ejecutiva en contra del recurrente, esgrimiendo como título ejecutivo el mismo pagaré y su reprogramación, causa que se siguió ante el 7° Juzgado Civil de Santiago, accionando para el pago total de la obligación, procedimiento que fue declarado abandonado con fecha 10 de marzo de 2021, sin haber interpuesto la Caja de Compensación otra acción para perseguir el cobro de la supuesta deuda pendiente. Por otro lado, tampoco acompañó a la causa la última reprogramación que el recurrido manifestó se habría verificado en noviembre de 2022.

2°.- Que, asimismo, la disidente tiene presente que se trata del mismo crédito social y habiendo optado el acreedor por iniciar el cobro judicial de la obligación, debe instar por esa vía, sin que sea procedente iniciar el descuento de cuotas cuando el recurrente como trabajador dependiente se incorpora al sistema formal de trabajo en el mes de mayo 2021, pues tal mecanismo a través de sus remuneraciones por parte de su actual empleador, se torna arbitrario por cuanto la recurrida adoptó una posición jurídica que ahora debe respetar, sin que pueda revivir el sistema anterior.

3°.- Que de esta forma los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones del recurrente, en los términos en que se hicieron, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Book y la disidencia su autora.

No firma la Ministra señora González Troncoso, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por hacer uso de permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

N°Protección-152004-2022.