nombre reservado con MUNICIPALIDAD INDEPENDENCIA

C.A. de Santiago Santiago, trece de julio de dos mil veintitrés.

A los escritos folios 34, 35 y 36: a todo, téngase presente.

Santiago, trece de julio de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que comparecen nombre reservado, secretaria; nombre reservado, técnica de párvulos; y nombre reservado, auxiliar, y deducen recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Independencia, representada por su Alcalde, señor Gonzalo Durán Basonti, por los actos que estiman como arbitrarios e ilegales consistentes en declarar vacantes sus respectivos cargos que ostentan en la recurrida, por motivo de salud incompatible, alegando como conculcadas las garantías constitucionales del artículo 19 números 2º, 16º y 24º de la Constitución Política de la República, por lo que piden que se ordene dejar sin efecto los actos administrativos; se ordene la reincorporación y la restitución de todas las remuneraciones que no han sido pagadas, con expresa condena en costas.

Para fundar el recurso exponen que todos son trabajadores de la recurrida, cumpliendo funciones como personal no docente en el Departamento de Administración de Educación Municipal. Que, nombre reservado, ingresó a trabajar el día dos de diciembre de dos mil quince; nombre reservado, ingresó a trabajar el día trece de mayo de dos mil trece; y nombre reservado, ingresó a trabajar el día diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.

Señalan que sus contratos son regidos por las normas establecidas en el Código del Trabajo. Y todos -por distintas razones- han tenido distintas afecciones de salud hace bastante tiempo, por lo que han debito tomar licencias médicas.

Que, el treinta de octubre de dos mil veintidós, tomaron conocimiento de que fueron desvinculados, en virtud de procesos y resoluciones que no conocen. Y, a través de otros funcionarios consiguieron una de las resoluciones en que se declara la vacancia del cargo de la recurrente nombre reservado, Decreto Alcaldicio N° 1678/2022 del fecha doce de octubre de dos mil veintidós, que dispone el cese de sus funciones a partir del quince de octubre del mismo año, por considerarse su salud incompatible con el cargo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 147 letra a) y 148) de la Ley N° 18.883, al haber hecho uso de licencia médica en un lapso superior a ciento ochenta días en los últimos dos años; declarando, en consecuencia, vacante el cargo.

Alegan que el hecho de no fundamentar las resoluciones administrativas es contrario al principio de confianza legítima con que cuentan los funcionarios de la Administración del Estado.

Reclaman, a su vez, que no han sido notificados de dichos actos administrativos ni de los Informes de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Arguyen que han sido los mismos tribunales superiores de justicia quienes han resuelto que la facultad de poner término al contrato de trabajo por salud incompatible es únicamente aplicable a funcionarios contratados por Código del Trabajo que cumplan funciones docentes. La Excelentísima Corte Suprema posee un criterio asentado que ha sido expresado en sentencias previas, como son los fallos en causas roles N° 9.013-2012, 24.090-2014 y 41.188-2016, en las que se declaró que la remisión que establece normas reguladoras para personal no docente de establecimientos educacionales que indica, no se extienden a la terminación del contrato, materia sujeta únicamente al estatuto propio de esta categoría de trabajadores, que es el Código del Trabajo. Por lo que no existe normativa aplicable a la situación del personal no docente que faculte a su empleador a cesar sus funciones y declarar la vacancia del cargo en razón de haber ejercido su derecho a reposo justificado en la licencia extendida por un profesional de la salud;

SEGUNDO: Que, por medio de la abogada Mary Cuba Herrera, evacúa informe la recurrida Ilustre Municipalidad de Independencia y solicita el rechazo de la acción por no configurarse en la especie los requisitos exigidos para su procedencia.

En primer lugar, alega la improcedencia del recurso por haberse interpuesto de manera extemporánea, ya que todos los recurrentes fueron debidamente notificados de los actos administrativos que impugnan.

A saber, el vínculo laboral de la recurrente nombre reservado culminó tras la dictación del Decreto Alcaldicio N° 1678 de fecha doce octubre de dos mil veintidós, por el cual se dispone su cese de funciones a partir del día quince de octubre del mismo año, por considerar su salud incompatible con el desempeño del cargo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 147 letra a) y 148 de la Ley 18.883. El que se notificó de manera presencial por el secretario municipal el catorce de octubre de dos mil veintidós, negándose a firmar la recurrente, lo que quedó plasmado por escrito. También se remitió carta certificada con igual fecha, la que se entendió notificada el diecisiete de octubre de dos mil veintidós.

Idénticas situaciones ocurren para el caso de los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, cuyo vínculo laboral culminó tras la dictación de los Decretos Alcaldicios números 1674 y 1677, respectivamente, ambos de fecha doce octubre del año dos mil veintidós, por los que se declara el cese de las funciones a partir del día quince de octubre del año dos mil veintidós, por considerar su salud incompatible con el desempeño del cargo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 147 letra a) y 148 de la Ley 18.883. A ambos se les notificó el catorce de octubre de dos mil veintidós y tampoco quisieron firmar, remitiéndose, de igual forma, la carta certificada a su respecto. Y alega que prueba de lo anterior, es que tanto la recurrente nombre reservado como el recurrente nombre reservado realizaron presentaciones ante Contraloría General de la República, exponiendo una supuesta irregularidad en la forma en cómo procedió su despido, el día tres de noviembre de dos mil veintidós. Concluye haciendo presente que la acción de protección fue interpuesto el día veintinueve de noviembre de dos mil veintidós.

Alega que es igualmente falso que los recurrentes nunca hayan sido notificados ni informados sobre la evaluación médica que se efectuó, toda vez que una vez presentada la solicitud de evaluación de salud compatible ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez se remiten por parte de la entidad edilicia los antecedentes del funcionario cuya salud se requiere evaluar, y éstos se someten nuevamente a exámenes médicos requeridos por dicha Comisión, previa a la dictación del referido informe.

En consecuencia, los recurrentes asistieron a exámenes médicos requeridos por la Comisión para la evaluación de su salud, informándoles dicha entidad la existencia de la solicitud de evaluación requerida por este municipio. De no haberse verificado dichos exámenes, la Comisión no habría podido emitir ninguna resolución. Sin embargo, se emitió Resolución de Evaluación para el caso de cada uno de los recurrentes, determinando para el caso de cada uno de ellos, que cuentan con salud recuperable, lo que habilita al jefe de servicio a proceder en conformidad a la facultad otorgada en el artículo 148 de la Ley 18.883.

En segundo lugar, reclama la improcedencia del recurso por inexistencia de acto u omisión ilegal por parte de la Ilustre Municipalidad de Independencia. Al respecto señala que, de conformidad con el inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.464, el personal asistente de la educación se rige por el Código del Trabajo y por las normas especiales de la citada Ley N° 19.464, y las contempladas en la Ley N° 18.883, relativas a permisos y licencias médicas, sin perjuicio de la aplicación de la Ley N° 21.109, cuando corresponda, acorde con sus disposiciones, en conformidad a lo dispuesto en Dictamen N° E72278, de 2021.

Que en lo que respeta a la causal de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo, cabe tener en consideración que el artículo 15 de la Ley N° 18.020, ordena que los trabajadores de la Administración Civil del Estado sujetos a las normas del Decreto Ley N° 2.200, de 1978 –norma que si bien se encuentra derogada, es una referencia que debe entenderse efectuada al actual Código Laboral y a sus preceptos complementarios-, “que se encuentren en la situación prevista en la letra c) del artículo 233 del Decreto con Fuerza de Ley N° 338, de 1960, incurrirán en causal de caducidad del contrato sin derecho a indemnización”.

Sostiene que, la reiterada jurisprudencia de la Entidad Fiscalizadora, contenida, entre otros, en el Dictamen N° 79.472, de 2012, ha precisado que la alusión a la letra c) del artículo 233, del Decreto con Fuerza de Ley N° 338, actualmente debe entenderse realizada al artículo 151 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, norma que indica, en su inciso primero, que la superioridad del servicio “podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”.

En consecuencia, no obstante haberse regido los recurrentes por las normas del Código del Trabajo, la reiterada jurisprudencia de Contraloría General de la República, ha reafirmado que el personal asistente de la educación de los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades, les resulta aplicable el artículo 151 de la Ley N° 18.834, norma que se homologa a la contenida en el artículo 148 de la Ley N° 18.883, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 18.020.

Que, para el caso de ejercer la mencionada facultad, se requiere haber dado cumplimiento a lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 151 de la Ley 18.834, esto es, haber requerido informe previo a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, a fin de que valúe la salud del funcionario, respecto de la condición de irrecuperabilidad de su salud y de que no le permite desempeñar el cargo, requisito que se cumplió para el caso de todos los recurrentes de autos.

Así, habiendo concluido la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo.

En consideración de lo expuesto, su parte dio estricto cumplimiento a todos los requisitos legales para el ejercicio de la potestad impugnada, y que por tanto ha actuado dentro del marco de la legalidad.

Por otra parte, la desvinculación de los recurrentes por contar con salud incompatible con el desempeño del cargo no puede ser considerada como un acto arbitrario, carente de fundamento, toda vez que lo que subyace a esta facultad es el resguardar el buen funcionamiento del servicio y un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, principios que se ven obstaculizados cuando se genera una ausencia reiterada del trabajador, que implica una desviación y sobrecarga de las funciones de otros trabajadores, que deben cubrir las labores del trabajador ausente, sin que se cuente en el municipio con más recursos que permitan la contratación de un reemplazo para todos los casos.

Finaliza, señalando que no se han vulnerado las garantías constitucionales alegadas como conculcadas por los recurrentes;

TERCERO: Que, a folio 24 de los presentes autos, vía trámite esta Corte solicitó a la Contraloría General de la República informe sobre las reclamaciones o impugnaciones presentadas por los recurrentes a los Decretos Alcaldicios que dictaminaron la desvinculación, el que fue evacuado a folio 26.

El ente contralor informa que no se advierte la existencia de ninguna presentación de la recurrente nombre reservado en los términos consultados.

En cuanto a la recurrente nombre reservado, refiere que revisados los sistemas de información se advierte que dedujo el tres de noviembre de dos mil veintidós, una reclamación correspondiente a la referencia N° W031030, de 2022, impugnando el término de su relación laboral con la entidad edilicia recurrida, de manera repentina y sin previo aviso, de lo que tomó conocimiento el quince de octubre de dos mil veintidós. Agregó, que se ha mantenido con licencia médica por aproximadamente nueve meses, lo que no se condice con lo indicado por la resolución del municipio, que señala dos años de reposo.

Dicha presentación, previo informe de la Municipalidad de Independencia, fue atendida mediante el Oficio N° E286570, de 2022, de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, concluyendo que no se advertía irregularidad en el término de la relación laboral de la interesada por la causal de salud incompatible con el desempeño del cargo.

Refiere que, a su vez, mediante el Oficio N° E354538, de 2023, la entidad de control dejó sin efecto dicho pronunciamiento, por cuanto en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6° de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, no le corresponde informar ni intervenir en asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, por lo que dicha entidad fiscalizadora se encontraba impedida de intervenir en la materia, toda vez que la misma ya estaba judicializada a la fecha de emisión del citado oficio N° E286570, de 2022.

Respecto de don nombre reservado, indica que revisados los sistemas de información se advierte que dedujo el 3 de noviembre de 2022, una reclamación correspondiente a la referencia N° W031124, de 2022, impugnando el término de su contrato de trabajo por salud incompatible con el cargo. Previo informe de la Municipalidad de Independencia, la entidad de control mediante el Oficio N° E341391, de 2013, de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, se abstuvo de emitir un pronunciamiento, por cuanto el interesado interpuso una demanda en causa laboral en procedimiento de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido en contra de la indicada entidad edilicia, que incide en la materia de que se trata, impugnando su desvinculación ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, en causa RIT T-84-2023. Al respecto, reitera que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la Ley N° 10.336, de la Contraloría General de la República, no le corresponde informar ni intervenir en asuntos que se encuentran sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia;

CUARTO: Que, a folio 30 de los presentes autos, la recurrida informa que en el caso de la recurrente nombre reservado, demandó despido injustificado, en causa RIT O-248-2023, tramitada ante el 1°Juzgado de Letras del Trabajo, en la que se llegó a acuerdo conciliatorio en la audiencia de juicio, llevada a cabo el día 16 de junio del presente año, acompañando la referida acta, en la cual consta que las partes se otorgaron el más amplio, completo y recíproco finiquito, y declararon que nada se adeudan por concepto alguno, renunciando a toda acción que tenga su origen en los hechos ventilados en dicha causa, salvo aquellas destinadas a hacer cumplir la referida conciliación.

Que, así mismo, para el caso de los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, menciona que las partes se encuentran en vías de generar un posible acuerdo en la jurisdicción laboral;

QUINTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

SEXTO: Que en lo que atañe a la extemporaneidad alegada, dado que el acto que motiva la acción de protección es la declaración de vacancia de los cargos de los recurrentes, conforme se advierte del cúmulo de antecedentes acompañados por la recurrida, lo cierto es que los tres actores tomaron conocimiento de tal decisión de manera presencial el 14 de octubre de dos mil veintidós o, a lo más, el día 17 del mismo mes y año, por carta certificada.

Luego, resulta manifiesto que los comparecientes estaban en conocimiento del acto que impugnan con más de treinta días a la fecha de interposición del recurso -29 de noviembre de dos mil veintidós-, motivo por el cual ella debe calificarse de extemporánea, lo que necesariamente debe conducir a esta Corte a desestimar por dicho motivo el presente arbitrio;

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, en lo que atañe, ahora, a la supuesta ilegalidad que por esta vía se reclama, esto es, haber sido los actores ilegalmente desvinculados de sus cargos, los que fueron declarados vacantes por salud incompatible, no es dable soslayar que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión de los recurrentes es la supuesta inaplicabilidad del artículo 147 de la Ley 18.883 a trabajadores regidos por el Código del Trabajo, pero que trabajan en la Administración, lo que la recurrida niega enfáticamente.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que los actores solicitan les sean tutelados, no pueden satisfacerse a través del presente arbitrio, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

OCTAVO: Que en este mismo entendimiento, corrobora también la conclusión en orden a denegar el presente arbitrio la sola consideración de que las circunstancias que se esgrimen en el recurso como agraviantes a los derechos de la actora nombre reservado, ya fue objeto de una conciliación celebrada con fecha 16 de junio de 2023, ante el 1° Juzgado Laboral de Santiago -motivo por el cual el abogado que la representa se desistió en estrados del recurso a su respecto- y, la situación de los actores nombre reservado y nombre reservado se encuentra actualmente al amparo del derecho, toda vez que como ellos mismos reconocen, con fecha 11 de enero 2023, dedujeron demandas en sede laboral;

NOVENO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Independencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-151712-2022.