CENTRO DE NEGOCIOS GAMAN SPA con I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, el abogado don Carlos Eduardo Harms Melo, con 7 minutos; y contra el mismo, la abogado doña Paola Andreoli Blondi, por 5 minutos. Santiago, 13 de mayo de 2020.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, trece de mayo de dos mil veinte.

Proveyendo al folio 16: Atendido a que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República no es vinculante para esta Corte, no ha lugar por innecesario.

A los folios 17 y 18: A todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, emprendedora, representante legal de Centro de Negocios Gaman SpA, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección, por sí y a favor de todas las personas jurídicas, naturales con giro o microempresas, que actualmente son o sean clientes de una Oficina Virtual como usuarios del domicilio de la recurrente, en contra de la actuación ilegal y arbitraria de la I. Municipalidad de Santiago, representada por su alcalde don Felipe Alessandri V, ambos domiciliados en domicilio reservado, en circunstancias que la Dirección de Rentas de la Ilustre Municipalidad de Santiago ha incurrido nuevamente, en un acto ilegal y arbitrario, al cobrarles derechos de aseo, por el Primer Semestre 2020, en circunstancias que esta Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol N°7093-2019, acumulada a la causa rol proteccional N°90.158-2018, ha ordenado que se dejen sin efecto los cobros por derechos de aseo efectuados por la recurrida a los clientes de mi representada y de los otros recurrentes de aquella causa, sentencia que fue confirmada por la E. Corte Suprema.

Pide se restablezca el imperio del derecho y se deje sin efecto el cobro por derecho de aseo del período 2020, de los anteriores y futuros períodos; o lo que esta Corte determine prudente, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que desde enero de 2008, la I. Municipalidad de Santiago a diferencia de otros Municipios de la Región, ha dado informado que reinterpretando el dictamen N°81.446 de 2016, de Contraloría General de la República, la Subdirección de Rentas y Finanzas de la Recurrida, ha incluido en el cobro de derechos de aseo, en la patente municipal, sin distinguir si existen uno o más usuarios en un mismo domicilio o si este cobro fue pagado por la empresa principal.

Añade que en el caso de las Oficinas Virtuales (empresas que ofrecen domicilio comercial y tributario como forma de ayudar a emprendedores en su etapa inicial), es el dueño de aquella oficina virtual quien realiza el pago, y no las personas domiciliadas “virtualmente” en aquella, pues de lo contrario se realizaría en innumerables ocasiones el mismo pago.

Expone que tomando este criterio, la Tercera Sala de la Corte Suprema en causa rol N°15.116-2018 acogió el recurso de protección presentado por la Asociación Gremial Chilena de Oficinas Virtuales y dejó sin efecto el cobro realizado por la Municipalidad al tratarse de un proceder ilegal y arbitrario, que afecta el patrimonio de los recurrentes, porque los conmina a solventar una carga en un supuesto para el cual no está previsto.

A pesar de este fallo de 2018, la recurrida, en enero de 2019 informó que se dejaba sin efecto el cobro de derechos de aseo, pero solamente a los 1.540 usuarios singularizados en el recurso original y en el caso de la oficina Centro de Negocios Gaman SpA, tuvieron que iniciar un recurso de protección Rol N°7093-2019, para efectos de que se dejara sin efecto el cobro por derechos de aseo “a favor de las personas jurídicas o personas naturales con giro, todas empresas de menor tamaño, que actualmente son, o que serán clientes de la Oficina Virtual de nombre “Gaman SpA” ubicada en Estado N°215, Oficina 703, Santiago”, el que se acumuló con los recursos presentados por Lob Office y el 13 de junio de 2019, esta Corte de Apelaciones resolvió que se dejen sin efecto los cobros por derechos de aseo efectuados por la recurrida a los clientes de la recurrente y de los demás actores de aquella causa.

Denuncia que el municipio no cumple hasta ahora con el fallo, por cuanto no se ha procedido ni al cese del cobro para con todos los clientes de su domicilio ni tampoco a la devolución de los dineros pagados indebidamente por los mismos, a pesar de las solicitudes y gestiones administrativas que ha realizado la mencionada ACOV A.G.

Expone que la Ilustre Municipalidad de Santiago nuevamente incurre en un acto arbitrario e ilegal para con la Oficina Virtual de la recurrente y de sus clientes, pues como se acredita en el documento que acompaña, a partir del 1° de enero de 2020, la Dirección de Rentas Municipales no ha excluido a los clientes del Centro De Negocios Gaman SpA del cobro por “derechos de aseo” en el pago de su patente comercial por el período 2020, en la cuota de enero del presente, aun cuando este fue declarado ilegal por esta Corte y ratificado por el máximo tribunal, pasando completamente por alto el hecho que la recurrente fue expresamente una de las beneficiadas por la sentencia que deja sin efecto el cobro.

Añade que al momento de consultar sus clientes en la Municipalidad, señalando expresamente ser beneficiarios de la exención de pago por ser cliente de Centro De Negocios Gaman SpA y acreditar su domicilio en domicilio reservado; se les ha señalado que ellos no se encuentra beneficiados como sí ocurre con otra oficina virtual “Lob Office”, en circunstancias que el fallo en causa rol 7093-2019 fue acumulada al recurso rol N°90.158-2018, que benefició a todos los recurrentes incluidas Oficinas Virtuales de Acov A.G y la oficina virtual Centro de Negocios Gaman SpA.

Adjunta el último comprobante de pago correspondiente al Segundo Semestre 2019 y en cuanto al Primer Semestre 2020, se señala una deuda a pagar hasta el 31 de enero 2020 por la suma de $71.820.- la que evidentemente incluye en un solo cobro el art. 24 (patente) sin excluir el Derecho de Aseo.

Considera la recurrente que existen dos actos arbitrarios e ilegales. El primero es no eximir del pago de “Derechos de Aseo” por el período 2020 a todos los clientes de la oficina virtual Centro De Negocios Gaman SpA, lo cual es posible determinar al generar el cobro con el domicilio en domicilio reservado, ya que las sentencias le han indicado al Municipio que es el “acto” el que debe dejarse sin efecto. Además, el acto atenta contra la libertad económica, puesto que por el capricho de la Municipalidad, sus clientes se ven impedidos de pagar su patente comercial para el año 2020 si no pagan los derechos de aseo, con el riesgo de poder ser sancionados con multas por aquel hecho Reitera que este derecho de aseo sí es pagado por el dueño de la oficina virtual (quien ejerce una actividad físicamente en el domicilio), pero no corresponde que sea pagado por el contribuyente que es cliente de la oficina virtual porque no está físicamente en el lugar y no genera dicho residuo domiciliario que habilitaría a la Municipalidad para cobrar un arancel, pretendiendo la recurrida realizar 100 veces un mismo cobro, cuya contraprestación la ha pagado la empresa de oficina virtual, quien ha recibido la contraprestación de retiro de basura que emite.

Precisa que este cobro ilegal desde el 2018 -y que se reitera en enero de 2020- ha significado dos fenómenos. El primero es que muchos clientes no puedan continuar con su giro, pues para una microempresa es un monto significativo; y porque muchos de esos clientes han tomado la decisión de migrar hacia Providencia o Las Condes, donde la Municipalidad no cobra el Derecho de Aseo en la Patente.

Finalmente, estima que la decisión de la Municipalidad de Santiago priva y perturba a los usuarios clientes de oficina virtual del legítimo ejercicio de los derechos de propiedad, libertad económica, de no discriminación arbitraria e igualdad ante la ley; y la arbitrariedad se manifiesta en la infundada decisión del Municipio de realizar un cobro, aplicando un arancel, sin una contraprestación que la justifique.

Estima vulneradas el derecho de propiedad; el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen; la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica; y la igualdad ante la ley.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Sentencia dictada por esta Corte en causa rol N°90.158-2018; 2. Sentencia de la E. Corte Suprema en causa Rol N°15.116-2018; 3. Copia Informe de Deuda por Patente Comercial por el período Primer Semestre 2020, sin señalar a qué contribuyente corresponde, salvo el domicilio domicilio reservado, donde se señala una deuda a pagar hasta al 31 de enero 2020 por $71.820.

Tercero: Que, evacua el informe requerido don nombre reservado, abogado y Director Jurídico Subrogante de la Ilustre Municipalidad de Santiago, quien solicita el rechazo del recurso Funda sus alegaciones señalando que el fallo dictado en la causa rol N°90.158-2018 ordenó a la Municipalidad de Santiago a dejar sin efecto los cobros de derechos de aseo efectuados a los recurrentes explícitamente singularizados en las acciones deducidas, obligando a la Municipalidad a dejar sin efecto únicamente los cobros ya efectuados a las personas que fueron parte de la causa, pero en ninguna parte le ordenó abstenerse de cobrarlos a futuro, menos a personas indeterminadas que no fueron parte de la causa y que eventualmente pudieran llegar a ser clientes de la recurrida.

Entiende que lo anterior tiene total sentido, pues de acuerdo al ordenamiento se contempla expresamente el principio del efecto relativo de las sentencias, por el cual es obligatoria sólo respecto del caso concreto en que se pronunció y, por ende, no constituye lo que se denomina un precedente, como lo señala el inciso segundo del artículo 3 del Código Civil.

Expresa que un hecho análogo al señalado dice relación con los recursos de protección presentados cada año por las personas que se ven afectadas por los aumentos o alzas de sus planes de salud. En efecto, estos usuarios a pesar de obtener fallos a su favor, se ven obligados a presentar tantos recursos como aumentos sufran sus planes cada año, no pudiendo utilizar fallos anteriores para evitar que les vuelvan a aplicar alzas. De esta manera, el recurrente no puede pretender que el municipio deje de cobrar los derechos de aseo del Primer Semestre de 2020 y los sucesivos, bajo el argumento de existir fallos dictados en su favor, pero que se refieren a cobros ya efectuados a la fecha de sus dictaciones, y menos que pretender que se hagan extensivos a personas indeterminadas (clientes futuros).

Expone que, los municipios se encuentran obligados a efectuar el cobro por el servicio de aseo, de conformidad al inciso 1° del artículo 7° del Decreto Ley Nº3.063, sobre Rentas Municipales, que dispone que las municipalidades cobrarán una tarifa anual por el servicio de aseo, por cada vivienda o unidad habitacional, local, oficina, kiosco o sitio eriazo. A su vez, el inciso 3° del artículo 9° de esa preceptiva, establece en lo que interesa, que el derecho de aseo será pagado por el dueño o por el ocupante del inmueble, ya sea usufructuario, arrendatario o mero tenedor, sin perjuicio de la responsabilidad que afecte al propietario.

Añade que, el inciso 4° de la misma norma establece que la municipalidad cobrará directamente la tarifa de aseo que corresponda a los propietarios de los establecimientos y negocios en general, gravados con la contribución a que se refiere el artículo 23, la que deberá enterarse conjuntamente con la respectiva patente.

Refiere que, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República contenida en el Dictamen N°1.541, de 2012, ha precisado que el derecho de aseo responde a la contraprestación del servicio que efectúa la municipalidad por la extracción de basura desde una vivienda, unidad habitacional u otros recintos señalados en la ley, por lo que, tratándose de un mismo usuario, sólo procede pagar por uno de los conceptos establecidos por el legislador, a elección de la municipalidad.

Destaca que la expresión “usuario” que emplea el citado artículo 9° del decreto ley Nº3.063, de 1979, alude a la persona que se beneficia con el servicio de aseo (aplica dictamen N° 65.536, de 2011).

Explica que las oficinas virtuales contemplan tantos usuarios como contratos de arrendamientos hayan suscritos con el propietario, pudiendo los arrendatarios no solo recibir correspondencia, sino además ocupar las dependencias para realizar reuniones de trabajo, por lo que no es efectivo que solo uno de ellos deba pagar por el servicio de aseo de todos aquellos que se benefician del servicio de aseo. En este sentido, la Contraloría General, mediante el Dictamen 81.446-2016, señala que el municipio está obligado a cobrar derechos de aseo por cada uno de los usuarios o contribuyentes que se benefician del servicio de aseo que proporciona el municipio, no siendo arbitrario ni ilegal el cobro al Primer Semestre de 2020.

Estima que la recurrida no vulnera ninguna de las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, pues el cobro lo efectúa en uso de una atribución legal que prescribe el ordenamiento jurídico, sumado a lo ordenado por la Contraloría General, mediante el dictamen señalado, aunado a que, los artículos 9 y 19 de la Ley N°10.336, que establece las atribuciones y orgánica de la Contraloría General de la República, señalan que los dictámenes que emita son obligatorios para los órganos que regula.

Expone que, de acuerdo al artículo 11 del Código Tributario, el domicilio postal consiste en un correo, apartado postal u oficina de correos, fijado por el contribuyente para el solo efecto de ser notificado de las comunicaciones emitidas por el Servicio de Impuestos Internos, por lo que no resulta aplicable al caso en que existe domicilio físico compuesto por calle, número y oficina y donde se faculta la posibilidad de ocupar dichos inmuebles para el desarrollo de reuniones y actividades inherentes a una explotación de carácter comercial.

Precisa que, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Afirma que, la decisión de la Municipalidad, al cobrar los derechos de aseo, conjuntamente con la patente comercial correspondiente al Primer Semestre 2020, se ajusta a derecho en uso y ejercicio de las facultades y atribuciones legales, por lo que está lejos de ser arbitrario e ilegal como lo señala la recurrente.

Tercero: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Quinto: Que, conviene precisar que la recurrente es una persona jurídica que desarrolla la actividad de arriendo de oficinas virtuales, quien ha señalado que los arrendadores de oficinas virtuales se dedican a dicho giro para prestar un servicio por concepto de domicilio tributario y domicilio comercial, para pequeños empresarios, quienes pueden tener la dirección registrable ante el Servicio de Impuestos Internos y la Municipalidad respectiva.

Sexto: Que, en uso de la garantía constitucional de libertad económica, la recurrente forman parte del incipiente concepto de oficina virtual, que se caracteriza por reunir en un mismo domicilio físico, tantas oficinas virtuales cuantos sean los usuarios de los mencionados servicios. Cada oficina virtual puede albergar cientos de usuarios.

Refiere la recurrente estar haciendo uso de esos servicios en su oficina ubicada en la comuna de Santiago y por ello, ejerce su recurso contra los cobros de derecho de aseo municipal que afectan a sus arrendatarios o a los posibles clientes que pueda tener en el futuro, al atribuírseles la calidad de deudores de derechos municipales de aseo.

Séptimo: Que, el recurrente ha manifestado que sus clientes arrendatarios no son deudores de esos derechos, porque no ejercen actividades económicas materiales en sus oficinas virtuales y por consiguiente, no generan residuos domiciliarios, sino que lo hace quien explota la actividad de proveer oficinas virtuales, esto es, la propia recurrente, la que paga los derechos respectivos. En consecuencia, no existe una contraprestación por parte del municipio que haga procedente el cobro de derechos de aseo pretendido, respecto de sus arrendatarios.

Octavo: Que, por su parte, la Municipalidad recurrida ha fundado sus alegaciones en estar actuando en estricto cumplimiento de lo dictaminado por la Contraloría General de la República, según la cual siempre que en un mismo domicilio funcionen dos o más contribuyentes distintos que pueden considerarse usuarios del servicio de aseo, cada uno de ellos deberá pagar el correspondiente derecho.

Además, la circunstancia de que los usuarios de la oficina cuenten con patente comercial, permite asumir que ejercen una actividad comercial efectiva en el lugar, lo que los hace beneficiarios del servicio de aseo y, por ende, obligados a solventarlo, a no ser que demuestren lo contrario, máxime porque se les permite usar la oficina en momentos determinados.

Noveno: Que, conviene precisar que los hechos en que se fundan las acciones de protección ya han sido resueltos por la Excma. Corte Suprema en la causa rol N°15.116-2018, cuya doctrina esta Corte hace suya. En efecto, el inciso primero de su artículo 6 del Decreto Ley N°3063 establece que: “El servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios se cobrará a todos los usuarios de la comuna (…)”.

El artículo 7 precisa que la tarifa anual que se cobra por ese servicio “(…) se cobrará por cada vivienda o unidad habitacional, local, oficina, kiosco o sitio eriazo”.

Por su parte, el inciso tercero del artículo 9 dispone: “El derecho de aseo será pagado por el dueño o por el ocupante de la propiedad, ya sea usufructuario, arrendatario o mero tenedor, sin perjuicio de la responsabilidad que afecte al propietario. No obstante, los usufructuarios, arrendatarios y, en general, los que ocupen la propiedad en virtud de un acto o contrato que no importe transferencia, no estarán obligados a pagar el derecho de aseo devengado con anterioridad al acto o contrato; efectuado el pago por el arrendatario, éste quedará autorizado para deducir la suma respectiva de los cánones de arrendamiento”. El inciso que le sigue especifica: “La municipalidad cobrará directamente la tarifa de aseo que corresponda a los propietarios de los establecimientos y negocios en general, gravados con patentes a que se refiere el artículo 23, en conformidad a lo establecido en el artículo 8º, incisos primero y segundo, la que deberá enterarse conjuntamente con la respectiva patente”. Y el penúltimo inciso preceptúa: “Las municipalidades estarán obligadas a certificar, a petición de cualquier persona que lo solicite, el monto del derecho de aseo que corresponda a una propiedad determinada y la existencia de deudas en el pago de ese derecho”.

Décimo: Que, de una interpretación armónica de los preceptos antes enunciados se puede establecer que los derechos por servicios de aseo se devengan por inmueble. Lo anterior se ratifica en el artículo 7 del D.L. 3063, en cuanto determina que la tarifa se cobra por cada vivienda o unidad habitacional, local, oficina, kiosco o sitio eriazo. Y lo ratifica el inciso sexto del artículo 9, cuando obliga a las municipalidades a certificar el monto del derecho de aseo que corresponda a una propiedad determinada.

La directa vinculación entre los derechos de aseo y los inmuebles encuentra un fundamento notorio, además, en la comprobación fáctica de ser los desechos domiciliarios un producto de la actividad que se desarrolla en cada uno de ellos.

Undécimo: Que, el Tribunal Superior ha establecido que “al mismo tiempo, esas disposiciones elucidan que la obligación de pagar derechos por servicio de aseo no rige para tantas personas cuantas ocupen un inmueble, menos aún para tantas cuantas sean prestatarias de servicios originados en él.

Si bien expresan que los servicios de aseo han de pagarlos “todos los usuarios de la comuna”, y aluden, posteriormente, a la forma cómo ha de hacerse el cobro a los usuarios (artículos 6 y 9), la armonización de esos preceptos con los demás citados y pertinentes de la ley obliga a concluir que el usuario a que se refieren es aquel que tiene el uso, goce o dominio pleno del bien raíz de que se trata, siendo responsable final del pago este último.

Sólo así se explica que el inciso tercero del artículo 9 disponga: “El derecho de aseo será pagado por el dueño o por el ocupante de la propiedad, ya sea usufructuario, arrendatario o mero tenedor, sin perjuicio de la responsabilidad que afecte al propietario”.

Duodécimo: Que, por consiguiente, no es el acto de establecer domicilio en un inmueble determinado, ni la recepción de correspondencia u otros actos análogos realizados en él, lo que hace nacer la obligación de pagar derechos de aseo.

Más bien lo es tener el uso, goce o dominio pleno del inmueble, lo que se explica por la razonable asunción de ser esa tenencia, goce o dominio la generadora de desechos domiciliarios que han de costearse con los derechos de aseo.

Décimo tercero: Que, además, el fallo del máximo tribunal razona en el sentido que, la patente comercial está prevista en el artículo 23 del decreto ley antes mencionado, cuyo inciso primero preceptúa: “El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquiera otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley”. El inciso primero del artículo que le sigue complementa lo anterior prescribiendo: “La patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, kiosko o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda”.

Como se advierte, ambos tipos de obligaciones se vinculan estrechamente con el ámbito físico en que se produce el hecho que les da origen. De este modo, los derechos de aseo se devengan por cada unidad inmueble, con motivo de los desechos domiciliarios que produce; y, a su vez, la patente comercial se devenga por el ejercicio de una actividad comercial en un espacio físico determinado.

Existe ciertamente una conexión entre ambas, pues cabe suponer que el ejercicio de una actividad comercial conlleva la generación de desechos domiciliarios en el lugar en que se desarrolla.

Décimo cuarto: Que, del análisis de la normativa antes mencionada, es posible concluir que la mera circunstancia de estar enrolado en el pago de una patente comercial no necesariamente trae aparejado consigo la obligación de pagar derechos de aseo. Ello porque puede acontecer que quien detenta la patente no reúna, sin embargo, alguna de las calidades que obligan al pago de derechos de aseo.

Como puede advertirse en el presente caso, si bien es efectivo que los arrendatarios virtuales de la recurrente ejercen una actividad comercial vinculada con un lugar de la comuna, tal vinculación es sólo formal. De esta manera, resulta evidente que ellos no generan los desechos domiciliarios del lugar, que es compartido en esa calidad por muchas personas, sino que lo hace quien mantiene el uso, goce o dominio pleno del mismo. De éste ha de ser de cargo entonces, como dispone el inciso tercero del artículo 9, el pago de tales derechos.

Décimo quinto: Que, asimismo, esta Corte estima que la conducta de la recurrida se muestra también carente de fundamento suficiente, ya que si el pago por derechos de aseo responde a la circunstancia real y material consistente en la necesidad de disponer de los desechos domiciliarios, y existe un usuario claramente identificable que mantiene el uso y goce de un lugar, no resulta explicable la pretensión de extender el cobro de los mismos a todos los usuarios de servicios prestados por este último.

Se suma a lo anterior la inexistencia de antecedentes en orden a si cada recurrente habría de pagar una misma tarifa de aseo, igual a la del tenedor o poseedor del lugar, o distinta de éste pero igual a la de los demás arrendatarios de la recurrente, o distinta para todos; y los motivos que justificarían tales distinciones, si las hubiere, afectándose con ello el principio de proporcionalidad.

En efecto, esta omisión es del todo relevante, porque se advierte fácilmente la posibilidad de generarse un cobro excesivo de derechos de aseo, pues, en un escenario como el descrito en la especie, la cantidad de desechos domiciliarios guarda casi nula relación con la cantidad de usuarios del servicio de oficina virtual.

Décimo sexto: Que este proceder ilegal y arbitrario de la recurrida importa dar un trato discriminatorio y que afecta el patrimonio de los actuales usuarios de la recurrente, amagando con ello las garantías que los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución les aseguran, porque los conmina a solventar una carga en un supuesto para el cual no está previsto.

Décimo séptimo: Que, al haberse acogido las acciones constitucionales por las garantías antes referidas, se omite pronunciamiento sobre los demás derechos supuestamente conculcados.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, con costas, el recurso de protección deducido por Centro de Negocios Gaman SpA, en contra de la I. Municipalidad de Santiago, sólo en relación con los actuales arrendatarios de oficina virtual de la recurrente, que se encuentren debidamente acreditados, con patente y contrato de arrendamiento vigente y, en consecuencia, se dejan sin efecto los cobros de derechos de aseo que se hayan efectuado por la recurrida.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1515-2020.

Pronunciada por la Undécima (Virtual) Sala, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, e integrada por el Ministro señor Fernando Ignacio Carreño Ortega y el Fiscal Judicial señor nombre reservado. Autoriza la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, trece de mayo de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.