CLUB DEL RODEO CHILENO GIL LETELIER con MUNICIPALIDAD DEDE SANTIAGO

20 Santiago, veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°15.106-2023 ha comparecido don nombre reservado en representación, en su calidad de Presidente, de la CORPORACIÓN CLUB DE RODEO CHILENO nombre reservado, Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, ambos con domicilio en domicilio reservado (Ex San Joaquín) N°2.951, de la Comuna de Santiago, quien recurre de protección de garantías constitucionales en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, corporación autónoma de derecho público, representada por su Alcaldesa, ambas domiciliadas en domicilio reservado (Edificio Consistorial), comuna de Santiago, por el actuar arbitrario e ilegal al emitir los Decretos Alcaldicios N°6286 y N°6626 de fechas 14 y 24 de agosto de 2023, en mérito de los argumentos que expone.

Explica que el “Club” es una Corporación de derecho privado sin fines de lucro creada el 14 de marzo de 1952, regida por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con personalidad jurídica concedida por Decreto Supremo Nº71 de 8 de enero de 1954, del Ministerio de Justicia, con nombre social indistintamente de “Club del Rodeo Chileno nombre reservado” o “Club del Rodeo, Pruebas Ecuestres y Cultura Criolla Chilena nombre reservado”, cuyo estatuto se modificó en los términos de las escrituras públicas de las fechas que indica, aprobado por el Decreto Supremo Nº897, de 4 de noviembre de 1999 del Ministerio de Justicia.

De conformidad al artículo segundo de los Estatutos del “Club” tendrá los siguientes objetivos:

-Desarrollar entre sus asociados la práctica y fomento del deporte y la cultura física en general, específicamente los deportes ecuestres criollos y en forma particular el rodeo, proyectándolo hacia la comunidad;

-Promover el mejoramiento deportivo, pudiendo para dicho efecto realizar compañas y eventos deportivos;

-Promover el mejoramiento moral e intelectual de sus miembros, auspiciando cursos y conferencias, veladas artísticas y actos culturales para los asociados, como, asimismo, el fomento de todo aquello que tienda a difundir los usos y costumbres campesinas chilenas, y de la cultura tradicional chilena;

-Crear y sostener bibliotecas, y -Procurar el desarrollo de un espíritu de comunidad y solidaridad social entre sus integrantes, pudiendo auspiciar la creación de sociedades mutualistas y cooperativas.

-Se observará la más estricta imparcialidad política y religiosa.

Para cumplir con sus objetivos sociales al “Club” desde la década del 50 del siglo pasado, se le ha otorgado sucesivamente el uso gratuito del bien de dominio fiscal ubicado en Av. Carlos Valdovinos (Ex San Joaquín) N°2.951, de la Comuna de Santiago, con inscripción dominical a fojas 1.000, N°1732 del año 1963 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en virtud de sucesivos actos jurídicos, siendo los últimos los celebrados el 2 de septiembre de 1975, con una duración indefinida (comodato); luego por el celebrado el 1 de septiembre de 1982, por un plazo de 30 años (concesión), y por el celebrado por escritura pública de 27 de marzo de 2014 por un plazo de 10 años, contados desde el 1 de septiembre de 2012 (comodato).

En tal contexto, durante el año 2022 se iniciaron las gestiones para la renovación de tal uso.

Con arreglo a lo establecido en la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con fecha 21 de diciembre de 2022, se celebró sesión (virtual) del Concejo Municipal de la I. Municipalidad de Santiago, en el que consta el acuerdo tendiente a otorgar comodato a favor del “Club”, cuya transcripción es del siguiente tenor:

“1.- Establecer el uso del terreno en comodato de manera exclusiva para las siguientes actividades:

a) folclóricas; b) terapéuticas; c) la promoción del cuidado y trabajo en torno al medio ambiente y cuidado animal, no permitiendo el maltrato animal regido y sancionado por el artículo 291 bis del Código Penal, ni actividades económicas en el predio objeto del comodato, además de la prohibición de la práctica del rodeo en el terreno del comodato;

2.- Se deberá contar con la vigencia de la personalidad jurídica, y en caso de su pérdida permitirá poner término unilateral del contrato de comodato;

3.- Otros usos de los establecidos en forma exclusiva serán causal de término unilateral del contrato;

4.- El comodatario deberá dar cumplimiento a la normativa laboral y un trato digno a sus trabajadores y trabajadoras, el incumplimiento de esta obligación será causal de término unilateral del contrato de comodato;

5.- Plazo de extensión del comodato de 4 años, en vez de 10 años.”

Los eventuales vicios de legalidad e inconstitucionalidad de dichos acuerdos se encuentran sometidos a conocimiento de la Contraloría General de la República, en reclamo Web N° W002935, de 27 de enero de 2023.

Paralelamente se iniciaron las gestiones para la renovación de las siguientes patentes: a) comercial ROL 797376-4; b) N°507.700-1, giro Restaurant Diurno, y c) N°507.701-K giro Restaurant Nocturno, de la I. Municipalidad de Santiago.

Expresa que el “Club”, con el fin de cumplir sus fines sociales detenta y es titular de las siguientes patentes de alcohol:

a) N°507.700-1, giro Restaurant Diurno; y b) N°507.701-K giro Restaurant Nocturno.

Sus renovaciones fueron solicitadas para los semestres 2022 y 2023.

Seguidamente, el recurso alude a los “ACTOS ADMINISTRATIVOS ARBITRARIOS E ILEGALES EN CONTRA DEL QUE SE RECURRE DE PROTECCIÓN POR VULNERAR DERECHOS FUNDAMENTALES.” (Sic).

Añade que el 30 de agosto de 2023 fueron notificados de los Decretos Alcaldicios N°6286, y N°6626, de 14 y 24 de agosto de 2023, respectivamente, de la Ilustre Municipalidad de Santiago, en virtud de los cuales se rechazaron las renovaciones de las patentes descritas para los periodos 2022 y 2023, cuyo fundamento resulta arbitrario e ilegal: “…porque no se puede desempeñar actividad económica en el predio objeto del comodato, conforme se indica en página 3, la que forma parte integrante del acuerdo N°311 (y 312), de fecha 12 de julio de 2023.”

El tenor de los descritos actos administrativos es el que detallan los documentos que transcribe, denunciando que dicho actuar resulta arbitrario e ilegal y vulneratorio de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 2, 3 inciso 5°, 21 inciso 1°, y 24 de la Constitución Política de la República.

Añade que los artículos 6° y 7° de la Constitución consagran los principios de legalidad y juridicidad, en los términos que reproduce.

En el marco infra constitucional, tales principios se consagran, entre otros, en el artículo 2° del D.F.L. N° 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, que indica:

“Artículo 2º.- Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes.

Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.”

En tal contexto, sostiene, los actos administrativos impugnados resultan ilegales por cuanto no cumplen con las exigencias que contempla para su emisión el artículo 65 letra o) del DFL N° 1, de fecha 26 de julio de 2006, del Ministerio del Interior, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que dispone:

“Artículo 65.- El alcalde requerirá el acuerdo del concejo para:

o) Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. El otorgamiento, la renovación o el traslado de estas patentes se practicará previa consulta a las juntas de vecinos respectivas.”

En consecuencia, dice, en materia de patentes de alcohol, el(la) alcade(sa) deberá cumplir con dos exigencias, se requerirá: a) El acuerdo del Consejo Municipal, y b) Consulta previa de la(s) Junta(s) de Vecinos respectiva.

No obstante, al analizar los actos impugnados, salvo la remisión genérica a la descrita disposición (art. 65 letra o) de la LOC de Municipalidades), nada existe sobre la consulta previa de la(s) Junta(s) de Vecinos respectiva, afirmando que la no renovación resulta ilegal.

Se refiere, en seguida, a la “FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO; VULNERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 11, 16 Y 41 DE LA LEY N° 19.880, QUE ESTABLECE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.”

Precisa al respecto que en íntima relación con el capítulo desarrollado precedentemente, le imputa falta de motivación a los actos de autoridad impugnados.

En tal contexto, el artículo 11 de la Ley N°19.880, expresa: “Principio de imparcialidad. Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”, lo que es reiterado en sus artículos 16 y 41.

Todo acto administrativo debe bastarse así mismo, y por tanto la mera lectura de los actos de autoridad impugnados permitirá sostener su falta de motivación, no bastando para tal efecto la somera alusión (en su parte considerativa) como fundamento a un “Anexo”, que jamás se adjuntó y se tuvo a la vista.

Idéntica conclusión en lo referente a los informes a que hacen referencia sus vistos, dado lo dispuesto en el artículo 41, inciso final, de la Ley N°19.880, que reza: “La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.”, incorporación que no puede entender con la mera remisión al mismo.

En consecuencia, al no estar debidamente motivados, deberán dejarse sin efecto los actos impugnados.

Seguidamente, aborda la arbitrariedad del acto, señalando que el fundamento de los Decretos Alcaldicios N°6286, y N°6626, de 14 y 24 de agosto de 2023, respectivamente, de la Ilustre Municipalidad de Santiago, en virtud de los cuales se rechazaron las renovaciones de las patentes descritas para los periodos 2022 y 2023, resulta arbitrario e ilegal: “…PORQUE NO SE PUEDE DESEMPEÑAR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL PREDIO OBJETO DEL COMODATO, conforme se indica en página 3, la que forma parte integrante del acuerdo N°311 (y 312), de fecha 12 de julio de 2023.”

Afirma que dicha prohibición del desarrollo de actividades económicas resulta arbitraria, ilegal e inconstitucional, no pudiendo limitarse vía acuerdo del Consejo Municipal.

La Constitución Política de La República, en su artículo 1°, inciso 3°, establece:

“El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.”

Asimismo, asegura a todas las personas, en su artículo 19 N°21, inciso 1°:

“21º.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.”

Ambas disposiciones son aplicables al “Club”, el que como todo grupo intermedio para el cumplimiento de sus fines propios requiere de financiamiento; por tanto, prohibir el desarrollo de actividades económicas no se ajusta a derecho y resulta arbitrario, ilegal e inconstitucional.

Estima que es ajeno al ordenamiento jurídico prohibir el desarrollo de actividades económicas, en tanto aquellas no resulten contrarias a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, no pudiendo prohibirse vía acuerdo municipal.

Es evidente su arbitrariedad, en tanto emana de quien no tiene facultad para limitar la garantía (19 N° 2, 3 inciso 5°, 21 inciso 1°, y 24); con exceso de competencias; con desviación de poder; y sin supuestos de hecho que fundamenten la decisión.

Trae a colación jurisprudencia en torno a sus argumentos, la que no es de utilidad reproducir.

Tocante a la “VULNERACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONSAGRADAS EN LOS NUMERALES 2, 3° INCISO QUINTO; 21, INCISO PRIMERO, Y 24 DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA”, informa que la Constitución Política de la República establece en su artículo 20, lo siguiente: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

En cuanto a la igualdad ante la ley, indica que el artículo 19 N°2 del citado cuerpo legal señala:

“La Constitución asegura a todas las personas:

2°. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.”

Considera conculcada la descrita garantía constitucional, dado que se ha consumado una diferencia arbitraria e ilegal, al tratar al Club de diversa forma, si se toma en consideración al someterlo para la renovación de las patentes del alcohol a una limitación ajena al ordenamiento jurídico.

Agrega que no puede la Ilustre Municipalidad de Santiago y/o su Consejo Municipal determinar o limitar actividad económica alguna ni separarse del ordenamiento jurídico y no renovarlas sin el informe previo de la junta de vecinos respectiva.

Respecto de la comisión especial, precisa:

El art. 19 N° 3, inciso quinto, de la carta fundamental establece:

“La Constitución asegura a todas las personas: … Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.”

Considera conculcada la descrita garantía constitucional, por cuanto, los mismos emisores de los actos considerados arbitrarios e ilegales, por sí y ante sí, califican sin forma de juicio, qué hechos son subsumibles como causal de no renovación de patentes de alcohol.

En cuanto al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, precisa que el art. 19 N° 21, inciso primero, de la Carta Fundamental indica:

“La Constitución asegura a todas las personas:

“El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.”

Reitera que el “Club” es titular de las patentes de alcohol N°507.700-1, giro Restaurant Diurno; N°507.701-1, giro Restaurant Nocturno, ambas de la Ilustre Municipalidad de Santiago.

En este contexto, no lo cabe duda que los hechos descritos conculcan el derecho a desarrollar dicha actividad económica, por cuanto se le pretende privar de una de las vías para cumplir su objeto social.

En lo referente al derecho de propiedad, alude al a su numeral 24, en lo pertinente:

“La Constitución asegura a todas las personas:

El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.”

Sostiene, luego, que el actuar ilegal y arbitrario descrito atenta contra su derecho de propiedad, dado que el “Club” es titular de las patentes de alcohol ya singularizadas, para restaurant diurno y nocturno, ambas de la Ilustre Municipalidad de Santiago, que le permiten desarrollar la actividad económica descrita, la que se ha visto perturbada con la emisión de los actos descritos.

Finalmente, pide tener por interpuesto el recurso de protección por la CORPORACIÓN CLUB DE RODEO CHILENO nombre reservado, y previo informe de la recurrida ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, se acoja en todas y cada una de sus partes, disponiendo que se adopten todas las medidas necesarias para el restablecimiento de las garantías vulneradas, declarando que se deja sin efecto toda actuación que perturbe, conculque o amenace las garantías descritas amparadas bajo las patentes de alcohol N°507.700-1, giro Restaurant Diurno; N°507.701-K, giro Restaurant Nocturno, ambas de la Ilustre Municipalidad de Santiago, dejándose sin efecto los Decretos Alcaldicios N°6286 y N°6626, de 14 y 24 de agosto de 2023, respetivamente, de la referida Municipalidad, en virtud de los cuales se rechazaron las renovaciones de las patentes descritas para los periodos 2022 y 2023, todo con expresa condena en costas.

2°) Que, asimismo, ha comparecido doña nombre reservado, abogada, por la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, actuando en su representación judicial, en autos sobre Recurso de Protección caratulados “CLUB DE RODEO CHILENO nombre reservado CONTRA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO”, quien emite el informe requerido, expresando que don nombre reservado en representación del club de rodeo chileno nombre reservado interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad, al estimar que los Decretos Alcaldicios Sección Segunda N°6686 y N°6626 de 14 de agosto y 24 de agosto de 2023, que disponen la no renovación de las patentes N°507.700-1 y N°507.700-K, respectivamente, que funcionaban en Carlos Valdovinos N°2951, comuna de Santiago, serían arbitrarios e ilegales y vulnerarían las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2°; 3° inciso 5°; 21, inciso 1°y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Primeramente, se explaya sobre los requisitos para la renovación de las patentes municipales, precisando que el Club de rodeo chileno nombre reservado ha detentado las patentes de alcohol diurnas y nocturnas, N°507.700-1 y 507.701-K, respectivamente, cuyas renovaciones fueron solicitadas para los semestres 2022 y 2023, siendo denegadas por la Ilustre Municipalidad de Santiago, mediante los Decretos Alcaldicios Sección Segunda N°6686 y N°6626 de 14 de agosto y 24 de agosto de 2023, respectivamente.

Señala que el ordenamiento jurídico vigente entrega a las municipalidades la facultad de otorgar las patentes municipales, estando sus requisitos y procedimientos establecidos en nuestro marco legal y no entregados al arbitrio de la autoridad. De acuerdo con ello, la renovación de una patente municipal por un nuevo período, supone la verificación, por parte de la autoridad, de la observancia de los requisitos exigidos para su otorgamiento, por lo que su incumplimiento impide que un municipio autorice el ejercicio de la actividad respectiva por un nuevo período.

Explica que la máxima autoridad edilicia se encuentra obligada a clausurar establecimientos que contravinieren las disposiciones de la ley general de urbanismo y construcciones, de la ordenanza general o de la normativa local. En dicho sentido se ha pronunciado el máximo órgano contralor del país en sus dictámenes números 079451N16 y 051831N15.

Así, es la ubicación precisa, es decir el establecimiento donde se ejercerá la actividad comercial, un elemento esencial de la patente, por cuanto se desprende de los artículos 24 y 26 del decreto ley N°3.063 de 1979 sobre Rentas Municipales, la necesidad de que conste la existencia de un título que habilite al solicitante de la patente para ejercer el derecho a hacer uso, sea como poseedor o como mero tenedor, del espacio físico que aquél señale como sede de sus actividades.

Luego, hace presente que el artículo 65, letra o), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades señala que el alcalde requerirá el acuerdo del concejo para otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes; en conformidad con ello el Honorable Concejo Municipal de Santiago dictó los Acuerdos N°311 y 312, ambos de 12 de julio de 2023, disponiendo la no renovación de las patentes N°507.700-1 y 507.700-K, respectivamente, fundándose en la imposibilidad de desempeñar una actividad económica en el predio objeto del comodato ubicado en Carlos Valdovinos N°2951, comuna de Santiago.

Lo anterior, atendido que el Club de rodeo chileno nombre reservado ha detentado un contrato de comodato sobre el inmueble ubicado en domicilio reservado, precisamente con la Ilustre Municipalidad de Santiago. Dicho comodato fue otorgado mediante Acuerdo del Honorable Concejo Municipal de Santiago el 21 de diciembre de 2022, por un plazo de 4 años, y de manera exclusiva para actividades folclóricas, terapéuticas, la promoción del cuidado y trabajo en torno al medio ambiente y cuidado animal, no permitiendo el maltrato animal, regido y sancionado por el artículo 291 bis del código penal, ni actividades económicas en el predio objeto del comodato, además de la prohibición de la práctica del rodeo en el terreno del comodato.

Destaca que de acuerdo a la jurisprudencia administrativa (aplica dictamen N°031121N06, entre otros), será jurídicamente procedente que un municipio entregue en comodato a una entidad particular un bien propio en la medida que se garantice el resguardo de los respectivos bienes, que sea necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones y que dicha actuación se efectué con pleno respeto a los principios de igualdad y no discriminación arbitraria. Sin perjuicio de lo cual, la misma jurisprudencia administrativa, ha precisado que el contrato de comodato puede celebrarse tanto con particulares como con organismos públicos, en la medida que el comodatario colabore con la Entidad Edilicia en el cumplimiento de alguna tarea municipal, siendo evidente que las actividades folclóricas, terapéuticas, la promoción del cuidado y trabajo en torno al medio ambiente y cuidado animal se vinculan con el quehacer municipal, no así el desarrollo de actividades económicas en el predio en cuestión, lo que muy probablemente no se ajustaría a derecho.

En atención al mencionado Acuerdo N° 311 del Honorable Concejo Municipal de 12 de julio de 2023, la Ilustre Municipalidad de Santiago procedió a dictar el Decreto Alcaldicio Sección Segunda N°6286 de 14 de agosto de 2023, que dispone la no renovación de la patente N°507.700-1 y en atención al Acuerdo N°312 del mismo Concejo de 12 de julio de 2023, procedió a dictar el Decreto Alcaldicio Sección Segunda N°6226 de 24 de agosto de 2023, que dispone la no renovación de la patente N°507.700-K, fundándose ambos casos en la falta de un elemento esencial de la patente, esto es, el establecimiento dónde se ejercerá la actividad comercial, puesto que pesa sobre el inmueble ubicado en domicilio reservado, una prohibición de ejercicio de actividad económica.

Señala que la autoridad municipal actuó en el cumplimiento de sus deberes, en los hechos, atribuir a la máxima autoridad comunal la facultad de dejar de aplicar la referida sanción a su discreción, importaría vulnerar el principio de juridicidad -consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y en el artículo 2° de la ley N° 18.575- de conformidad con el cual los órganos de la Administración del Estado deben someter sus actuaciones a la Constitución y a las leyes, sin que tengan más potestades que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. En consecuencia, en la medida que una patente municipal no cumpla con todos los requisitos para su otorgamiento, la autoridad está obligada a decretar la no renovación de la misma.

Sobre la eventual ilegalidad del actuar municipal, la informante señala que el recurrente basa su pretensión, entre otros argumentos, en la falta de consulta previa por parte del municipio a las juntas de vecinos respectivas, de acuerdo con lo dispuesto en la parte final de la letra o) del artículo 65 de la ley N°18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades.

Aclara que la denegación de la renovación de las patentes en cuestión no dice relación con este requisito, sino con el cumplimiento de requisitos previos al pronunciamiento del Honorable Concejo Municipal de Santiago, como lo es el cumplimiento de todos los requisitos para la renovación de las patentes propiamente tal, por lo tanto, no procedía el pronunciamiento de las juntas de vecinos, por cuanto con o sin dicho pronunciamiento, de todas maneras no se cumpliría con el requisito faltante, esto es, tener un establecimiento dónde se ejercerá la actividad comercial.

Referente a la falta de motivación del acto administrativo impugnado, indica que lo anterior carece de veracidad por cuanto ambos decretos en su parte resolutiva son claros al señalar expresamente que se rechaza la renovación de las patentes en cuestión “porque no se puede desempeñar actividad económica en el predio objeto del comodato”, desprendiéndose de su sola lectura la motivación que tuvo el Honorable Concejo Municipal de Santiago al momento de determinar la No Renovación de las patentes N°507.700-1 y N°507.700-K, teniendo además como parte integrante de los referidos decretos los acuerdos en los cuales se fundan los mismos, de su propio tenor.

Agrega que el recurrente sostiene que la prohibición de desarrollar una actividad económica en el predio ubicado en Carlos Valdovinos N°2951, comuna de Santiago, resulta arbitraria. Sobre dicho punto, reitera que el referido inmueble es de propiedad municipal y objeto de un comodato entre el recurrente y el municipio, por lo tanto, en el marco de dicho contrato de comodato la Municipalidad, en el cumplimiento de sus deberes legales, ha restringido el ejercicio de actividades económicas por parte de la comodataria, en resguardo de los bienes e intereses municipales, ya que el ejercicio de actividades económicas por parte de la comodataria no tiene ninguna relación con las funciones propias del municipio.

Sobre la vulneración de las garantías constitucionales consagradas en los números 2, 3 inciso quinto, 21 inciso primero y 24 del artículo 19 de la carta magna, señala lo que sigue.

Respecto del artículo 19 N°2, igualdad ante la ley, esta garantía consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias, todo lo cual aplica en la especie, por cuanto la no renovación de las patentes se efectuó de acuerdo al marco jurídico vigente, no discriminando de manera alguna a la recurrente, sino que más bien, aplicándole una sanción que puede ser impuesta a cualquier persona que se encuentre en su misma situación.

Artículo 19 N° 3 inciso quinto, Comisión Especial. El actuar de la Ilustre Municipalidad de Santiago se ha ajustado a Derecho, en cuanto es la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades la que establece que es el Alcalde quién requerirá el acuerdo del Honorable concejo municipal para afectar las patentes de alcoholes, todo lo que aconteció en la especie de acuerdo con un procedimiento reglado y sin la creación de Comisión Especial alguna.

Artículo 19 N°21, derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Dice que es cierto que toda persona tiene derecho a desarrollar cualquier actividad económica cumpliendo los correspondientes requisitos legales, lo que, en el caso de autos, el club de rodeo chileno nombre reservado dejó de cumplir, en razón de lo cual, la consecuencia natural es que pierda un derecho.

Artículo 19 N°24, derecho de propiedad. Si bien el Club de rodeo chileno nombre reservado ha sido titular de las patentes de alcohol en cuestión, dicho derecho de propiedad ha terminado en cuanto el club ha dejado de cumplir los requisitos para detentar tal derecho, tal como se ha expresado respecto de la titularidad de un inmueble para el ejercicio de las mentadas patentes.

Por las razones y disposiciones antes expuestas, se ha de declarar que la Municipalidad, en la dictación de los Decretos Alcaldicios Sección 2da. N°6286 y N°6626 de 14 y 24 de agosto de 2023, respectivamente, ha actuado con las facultades y dentro de los márgenes que la ley establece para este caso, por lo que no pueden entenderse conculcadas las Garantías Constitucionales referidas por la recurrente en autos, por lo que el Recurso de Protección debe ser desestimado en todas sus partes, lo que solicita.

Añade que por lo expresado, el actuar de la Ilustre Municipalidad de Santiago se ha ajustado a Derecho, no hay trasgresión de norma alguna, sino, antes bien, el cumplimiento de los deberes que impone el ordenamiento jurídico a su representada, cuya ratio legis corresponde a contribuir a sostener el orden público.

En suma, de no sancionar la infracción en cuestión, la Municipalidad no estaría respetando el principio y deber de bien común, que impone la Constitución Política de la República, como bien común general (artículo 1° inciso 4° de la C.P.R.),a saber: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.

Por su parte, la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala en su artículo 1° inciso segundo: “Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.

De este modo, si un órgano público cumple la ley, no actúa infringiéndola, sino por el contrario, adecuando su conducta orgánica (y la de sus funcionarios) a ella. Por lo cual no existe acto ilegal alguno.

Por otro lado, el proceder de su representada tampoco es arbitrario, y no lo es porque arbitrario, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa: Sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón.

Entonces, no puede ser arbitrario aquello que obedece a la ley y se funda en los hechos que se tienen a la vista y en los antecedentes de los cuales se ha dado cuenta.

Pide, finalmente, tener por evacuado el informe decretado en autos, determinar que la Ilustre Municipalidad de Santiago ha actuado conforme a Derecho y rechazar el recurso de protección impetrado.

3°) Que, mediante oficio suscrito por doña nombre reservado, la Contraloría General de la República informa a esta Corte, como se le solicitara.

Señala que, en respuesta a correo electrónico de 17 de enero de 2024, mediante el cual, en el contexto del recurso de protección rol ingreso N° 15.106-2023, interpuesto por don nombre reservado, en representación del “Club de Rodeo Chileno nombre reservado” -en adelante, el club de rodeo-, en contra de la Municipalidad de Santiago, solicita a dicha Contraloría General de la República que se informe y remitan todos los antecedentes relacionados con el estado de tramitación del reclamo ingresado a esta Entidad de Control bajo el número de referencia N° W002935, de 2023, informa lo siguiente:

Sobre el particular, señala que a través del oficio N° E446.146, de 31 de enero de 2024, la Entidad de Control atendió la presentación formulada por el citado club de rodeo, por lo que acompaña al informe copia de los siguientes documentos:

1.- Oficio N° E446.146, de 31 de enero de 2024, de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de esta Contraloría General.

2.- Consulta N° W002935, de 2023, de dicho peticionario y sus antecedentes.

3.- Oficio ORD. N° 195, de 2023, de la Municipalidad de Santiago.

4.- Resolución exenta N° 2.531, de 19 de diciembre de 2023, de esta Entidad Contralora, que fija el orden de subrogancia de Fiscal de la Contraloría General de la República, figurando la suscrita en el orden 1.

5.- Resolución exenta N° 2567, de 20 de diciembre de este año y de este origen, que delega, en calidad de Fiscal (S) de esta Entidad de Control, la facultad de firmar “por orden del Contralor General”, entre otros asuntos, los oficios como el de la especie.

4°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

5º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

6°) Que en el presente caso, se ha interpuesto recurso de protección de garantías constitucionales por la entidad denominada Club de Huasos nombre reservado, quien estima que los Decretos Alcaldicios Sección Segunda N°6686 y N°6626 de 14 y 24 de agosto de 2023 respectivamente, que disponen la no renovación de las patentes de alcoholes N°507.700-1 y N°507.701-K respectivamente, para restaurant diurno y nocturno, que funcionaban en Carlos Valdovinos N°2951, comuna de Santiago, serían arbitrarios e ilegales y vulnerarían las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2°, 3° inciso 5°, 21, inciso 1° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Existen varios motivos para desestimar el aludido recurso, los que pueden comenzar por señalar la circunstancia de que el Club recurrente no tiene un derecho indubitado que esta Corte esté en condiciones de proteger, sino uno que está en discusión, de manera que no se encuentra en situación de solicitar amparo para un derecho que no posee. La prueba más evidente de lo anterior radica en la circunstancia de que el permiso otorgado no es perpetuo, y debe ser renovado constantemente, ante la autoridad edilicia correspondiente, la que lo otorgará en tanto concurran las condiciones y requisitos para ello.

En el presente caso la entidad recurrente precisamente solicitó la renovación de las patentes, siendo ellas denegadas por los decretos alcaldicios ya señalados, los que a su vez se dictaron en virtud de las legítimas atribuciones del alcalde, con acuerdo del Concejo Municipal, no requiriéndose el pronunciamiento de los vecinos a través de las organizaciones correspondiente, pues ello es necesario conforme a la normativa legal previamente transcrita, solo para el otorgamiento de las patentes y no para el rechazo de las solicitudes, caso de la especie, de donde deriva la improcedencia de reclamar por la no consulta.

Y la motivación de las resoluciones recurridas es absolutamente clara y entendible, sin que, a su vez, se entienda lo solicitado en el recurso en orden a dejar sin efecto los referidos actos administrativos de la autoridad edilicia, pues en ellas se resolvía sobre la renovación de las patentes, para determinados semestres, por estar ya caducas las anteriores, de manera que de todos modos la recurrente no podría hacer uso de ellas, en la forma pretendida. Y esta Corte no tiene la facultad de otorgar o renovar las patentes, como pareciera ser la pretensión última de quien recurre, dado que ello es una facultad de dicha autoridad, a la que este Tribunal no puede suplantar.

Seguidamente, se debe reiterar que la recurrente ha detentado las patentes de alcohol diurna y nocturna N°507.700-1 y 507.701-K, respectivamente, cuyas renovaciones fueron solicitadas para los semestres 2022 y 2023, siendo denegadas por la Ilustre Municipalidad de Santiago, mediante los Decretos Alcaldicios Sección Segunda N°6686 y N°6626 de 14 de agosto y 24 de agosto de 2023, respectivamente.

La denegación de la autoridad recurrida ocurrió en el marco de las legítimas atribuciones de la misma, sin que se advierta cual sería la ilegalidad o arbitrariedad, si le negativa se basó en una cláusula contractual contenida en el contrato de comodato celebrado entre las mismas partes, en la cual se prohibió en forma expresa la realización de actividades económicas, que es a lo que se aspira. Por lo demás, en la expedición de los decretos reprochados se siguieron las formalidades que la ley establece para ello.

7°) Que, por otro lado y como se ha dicho en numerosas ocasiones, el recurso de protección de garantías constitucionales no constituye un mecanismo para reprochar actuaciones de toda clase de autoridades que dictan resoluciones en el marco de sus legítimas atribuciones, como ha sido e l caso, en que la alcaldesa recurrida no ha estado en la obligación de renovar patentes ya vencidas, sino que podrá hacerlo en la medida en que se cumplan las exigencias que fija la ley. Si ello no ocurre, dicha autoridad está en la obligación de denegar lo pedido, tal como lo ha hecho y, esta Corte, de resolver en sentido contrario, lo haría contra derecho, usurpando atribuciones de autoridades diversas. Se debe recordar en este punto la existencia de un procedimiento especial para impugnar decisiones del ente municipal.

En resumen, además de no existir un derecho indubitado que pueda ser protegido, no hay actuación ilegal ni arbitraria de parte de la autoridad recurrida, que le pueda ser reprochada con motivo de la actuación consistente en la dictación de los decretos alcaldicios ya singularizados, que rechazaron las solicitudes de renovación de patentes de alcoholes. Y tampoco se ha usado la vía de impugnación correspondiente.

La facultad de dicha autoridad para obrar como lo ha hecho nace de la propia ley. Efectivamente, la Ley N°18.695 destina su título II al alcalde, conteniendo el párrafo 1° las disposiciones generales y el párrafo 2° las atribuciones. El artículo 65 estatuye que:

“El alcalde requerirá el acuerdo del concejo para: …o) otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. El otorgamiento, la renovación o el traslado de estas patentes se practicará previa consulta a las juntas de vecinos respectivas.”

Dos consideraciones surgen de lo anterior, siendo la primera la que dice relación con que la renovación y la caducidad de las patentes, caso de autos, requieren el acuerdo del concejo, tal como ocurrió en autos, en que el concejo acordó no renovar las patentes de restaurant tanto diurno como nocturno de la entidad recurrente.

Y la segunda apunta a que la previa consulta a las juntas de vecinos correspondientes es solo para el otorgamiento, la renovación o el traslado de las patentes de alcoholes, lo cual es lógico si se piensa en el impacto que tiene un local de expendio de bebidas alcohólicas en la comunidad, sea para retiro o consumo en el lugar. El requerimiento no es necesario cuando se deniega una renovación, pues el texto de la ley es muy claro al respecto, de manera que el reproche que en tal sentido formula la parte recurrente es totalmente infundado.

Por lo demás, cuando la municipalidad ha denegado la renovación de las patentes, lo ha hecho debido a lo pactado previamente entre las mismas partes en un contrato de comodato, el que no ha sido cuestionado, lo que a su turno conduce a la circunstancia de que el problema se relaciona con la interpretación de un contrato y por ende, lo más ajeno posible de ser dilucidado mediante un recurso de protección.

En suma, no existe un derecho indubitado que proteger mediante el arbitrio entablado en estos autos, ni tampoco una actuación ilegal ni arbitraria de parte de la autoridad recurrida, la que solo se ha apegado a la normativa vigente y al texto de un contrato previamente celebrado, cuya legalidad no puede ser discutida por la presente vía.

8°) Que, en tales condiciones, no resulta posible el acogimiento del arbitrio constitucional que se revisa, lo que libera a esta Corte de analizar las garantías constitucionales que se dicen amagadas, pero brevemente, se puede decir que no ha habido trato arbitrario, pues no se ha demostrado por la parte recurrente que, en un caso o varios similares, la decisión ha sido diversa, habiéndose aplicado y seguido el procedimiento establecido en la ley para la denegación de que se reclama.

Tampoco ha habido juzgamiento por comisiones especiales, ya que el municipio no he ejercido la función de juzgar al club de huasos, recurrente, sino que se ha limitado a ejercer las atribuciones de que la ha dotado la legislación, del orden administrativo y no jurisdiccional, que rigen de manera severa el otorgamiento de patentes de alcohol.

De igual modo, no se ha alterado la libertad de ejercer una actividad económica, ya que éstas han de realizarse con apego a la ley y para llevar a cabo aquellas que requieren de una patente de alcoholes, debe contar con el permiso o patente correspondiente, la que se debe solicitar al municipio respectivo y en este caso, la renovación de las que poseía fue denegada. Asimismo, no se le ha denegado una actividad económica, pues puede ejercer los rubros señalados, de restaurante o cualquier otro, sin expendio de bebidas alcohólicas.

9°) Que, finalmente, exigir mayor motivación que la que poseen los decretos alcaldicios que por esta vía se quieren impugnar aparece como todo un exceso, pues el que poseen es más que suficiente, al punto que el recurrente ha podido entenderlo perfectamente y explicarlo en el recurso. Y también esta Corte pero, por otra parte, reclamar de tal circunstancia mediante un recurso de protección de garantías constitucionales es un nuevo exceso, sobre todo si se considera que los actos de los municipios pueden ser impugnados por medio de la acción especial que la propia ley N°18.695 establece, la que constituye la vía natural de reclamo.

Finalmente, no cabe sino desestimar el recurso de que se trata.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se rechaza la acción de protección entablada por don nombre reservado, Presidente a la Corporación Club de Rodeo Chileno nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Santiago.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Protección N°15.106-2023.

No firma la ministra señora Marisol Rojas Moya, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.