Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña Graysi Hortensia Torres Bello, abogada, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en una omisión arbitraria e ilegal, consistente en el excesivo tiempo transcurrido sin pronunciarse respecto de su solicitud de autorización excepcional para el egreso del país de extranjera infractora, presentada el 2 de junio de 2025, que, a su juicio, vulnera las garantías establecidas en los N°s. 7 letra a) y 14 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que ingresó al territorio nacional el 25 de enero de 2021 por paso no habilitado, generando autodenuncia ante Policía de Investigaciones de Chile por ingreso irregular y obteniendo la respectiva tarjeta de infractor, completando su proceso de empadronamiento el 6 de septiembre de 2023.

Señala que por urgentes razones familiares de salud y legales relacionadas con sus hijos y nietos en Venezuela, se encuentra en la necesidad imperiosa de abandonar Chile, por lo que, en trabajo mancomunado con la agencia Grupo Soporte Global INC gestionó la compra de un vuelo aéreo cuya salida es 8 de Julio del año 2025 procediendo a realizar la solicitud para su egreso, acorde con lo establecido en los artículos 30 de la Ley N° 21.325, y 19 y siguientes de su Reglamento, aprobado por Decreto N° 296, de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuyo artículo 20 dispone expresamente que el Servicio Nacional de Migraciones dispondrá de hasta 15 días hábiles para resolver dicha petición.

Observa que transcurrido el plazo legal desde la presentación de dicha solicitud concurrió a la oficina de partes del aludido servicio, oportunidad en que el funcionario de oficina de partes le indica que existe un formulario tipo para esas circunstancias y que la autoridad migratoria está otorgando autorización de salida a partir el 18 de julio en adelante.

Reclama que el servicio recurrido ha actuado con infracción arbitraria e ilegal de los principios formativos consagrados en la Ley N° 19.880, tales como escrituración, celeridad, economía procedimental, transparencia y de publicidad, y del derecho de las personas a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios.

Finaliza solicitando se acoja el presente recurso y: 1.- Se declare la ilegalidad y/o arbitrariedad de las acciones u omisiones de la recurrida Servicio Nacional de Migración, por la falta de pronunciamiento oportuna y verás en relación a la presentación suscrita por la recurrente. 2.- La violación, privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política. 3.- Se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos ilegales y/o arbitrarios descritos con antelación respecto del/la afectado/a. 4.- Se impartan instrucciones al Servicio Nacional de Migraciones para que otorgue la autorización correspondiente. 5.- Se ordene a la recurrida que instruya las investigaciones y/o sumarios internos respectivos que permitan dilucidar las responsabilidades administrativas involucradas y adoptar las medidas necesarias para impedir que se repitan actos que importen atentados al derecho de igualdad ante la ley y a la integridad psíquica.

SEGUNDO: Que se requirió informe al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Cartera de Estado que hizo saber que el organismo competente para informar sobre la materia es el Servicio Nacional de Migraciones.

TERCERO: Que informando al tenor del recurso, el Servicio Nacional de Migraciones solicitó su rechazo, por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario desplegado por esa autoridad que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales de la recurrente, siendo inexistentes los perjuicios que en su libelo sostiene y, finalmente, por cuanto la acción ha perdido toda oportunidad, puesto que se ha autorizado la salida del país requerida.

Al efecto, hace presente que mediante Oficio Ordinario N° NUM000, de 7 de julio de 2025, esa autoridad autorizó la salida del país de la extranjera, informándose de ello a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile.

Asimismo, precisa que la actora pudo salir del país el 8 de julio de 2025, de acuerdo a lo que tenía programado.

CUARTO: Que con fecha 2 de octubre de 2025, la abogada Graysi Torres Bello hizo presente en estos antecedentes que en su concepto lo informado por la parte recurrida carece de consistencia, veracidad y legalidad, pues sí existieron acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de parte de la autoridad migratoria susceptibles de afectar las garantías constitucionales de la actora. Lo anterior, desde que al 27 de junio del año en curso ésta constato que su petición no había sido resuelta, pese a haber transcurrido el plazo establecido para ello, pronunciamiento que solo obtuvo merced de la interposición de la presente acción constitucional y un día antes del aquel en que debía iniciar su viaje.

Añade que el Oficio Ordinario N° NUM000, de 7 de julio de 2025, al que se alude en el informe fue remitido Policía de Investigaciones Migratoria, sección aeropuerto Internacional Santiago de Chile, no fue notificado a la interesada, dejándola en la indefensión, vulnerabilidad y desconocimiento del resultado de su gestión en el control migratorio vuelos internacionales de Santiago de Chile.

QUINTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que por el presente arbitrio constitucional se reprocha al Servicio Nacional de Migraciones la tardanza en resolver solicitud de autorización excepcional para el egreso del país de extranjera infractora, presentada el 2 de junio de 2025 SÉPTIMO: Que, de lo mencionado por el servicio recurrido al evacuar su informe, y de los antecedentes acompañados a éste, se desprende que dicha autorización finalmente fue emitida mediante Oficio Ordinario N° NUM000, de 7 de julio de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones y comunicada a la autoridad respectiva, de modo tal que la recurrente pudo salir del país en la fecha que tenía prevista.

OCTAVO: Que, de lo expuesto en los motivos precedentes se desprende que la presente acción de cautela constitucional ha perdido oportunidad, pues no existe medida que actualmente pueda adoptar esta Corte en relación a la conducta reprochada, por lo que será desestimado, según se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 15104-2025.