Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veinte de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, en favor de los ciudadanos venezolanos nombre reservado y su cónyuge nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados presentada por sus representados, habiendo transcurrido más de un año y medio desde su formulación sin obtener pronunciamiento alguno.

Relata que los recurrentes, junto a sus tres hijos menores de edad, ingresaron a territorio nacional por un paso fronterizo no habilitado en la localidad de Colchane el 5 de agosto de 2024, procediendo posteriormente a autodenunciarse ante la autoridad policial correspondientemente. Expone que, ante la grave crisis política, social y económica que asola a su país de origen, el 17 de diciembre de 2024 formalizaron ante el Servicio recurrido su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados.

Aduce que sus representados tomaron conocimiento de la inactividad de la recurrida el 7 de junio de 2026 tras revisar los portales electrónicos de la institución. En cuanto al derecho, invoca como conculcadas las garantías constitucionales del artículo 19 números 1, 2 y 16 de la Constitución Política de la República, referidas al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, y la libertad de trabajo, señalando que la falta de cédula de identidad y regularización migratoria les impide acceder a empleos estables y mantener la debida certidumbre jurídica familiar. Solicita, en definitiva, acoger la acción constitucional, ordenar el restablecimiento del imperio del derecho y disponer que la recurrida resuelva a la brevedad las solicitudes de refugio y residencia temporal presentadas.

Segundo: Que evacuó informe el Servicio Nacional de Migraciones a través de sus abogadas, Carolina Fernandoy Catalán y Sarai Estrada González, solicitando el rechazo íntegro del recurso interpuesto por haber perdido este oportunidad y eficacia, al encontrarse las pretensiones de los recurrentes totalmente resueltas con anterioridad a la interposición de la presente acción de protección.

En cuanto a los antecedentes de hecho de los amparados, detalla lo siguiente: a) Respecto de nombre reservado: Registró solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado el 28 de agosto de 2024 bajo el ID NUM000. No obstante, mediante la Resolución Exenta N° NUM001 de fecha 3 de enero de 2025, el Servicio tuvo por desistida dicha petición por haber excedido el plazo fatal de 7 días hábiles previsto en el artículo 26 de la Ley N° 20.430 para presentarse ante la autoridad tras su ingreso clandestino al país (ocurrido el 5 de agosto de 2024). En contra de dicho acto administrativo, el extranjero interpuso recurso de reposición, el cual fue desestimado en todas sus partes mediante la Resolución Exenta dictada el 28 de noviembre de 2025, manteniéndose firme el desistimiento decretado, acto que fue válidamente notificado al correo electrónico proporcionado por el usuario. b) Respecto de nombre reservado: Solicitó el reconocimiento de la condición de refugiada el 28 de agosto de 2024 bajo el ID NUM002.

De igual manera, por Resolución Exenta N° NUM003 de fecha 3 de enero de 2025, la recurrida tuvo por desistida su solicitud por idéntico fundamento legal. Interpuesto el recurso de reposición correspondiente, este fue rechazado mediante la Resolución Exenta dictada el 22 de abril de 2026, confirmando el desistimiento de la solicitud, resolución que fue igualmente notificada al correo electrónico registrado por la interesada.

Sostiene la recurrida que, al haber emitido pronunciamientos expresos y definitivos sobre las solicitudes de los actores con anterioridad a la fecha de interposición del recurso de protección (7 de junio de 2026), no existe omisión ilegal o arbitraria alguna que pueda ser objeto de tutela urgente por esta vía jurisdiccional, habiéndose extinguido el presupuesto básico de la acción de protección, por lo que pide el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción de naturaleza cautelar y extraordinaria, destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales expresamente protegidos por esta vía.

Cuarto: Que la controversia jurídica planteada se circunscribe a determinar si existe una omisión arbitraria e ilegal por parte del Servicio Nacional de Migraciones en orden a mantener sin respuesta o resolución, por un tiempo desproporcionado, las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados de nombre reservado y de nombre reservado, así como los trámites de residencia temporal asociados a sus tres hijos menores de edad.

Quinto: Que, para analizar la procedencia de la acción intentada, es menester examinar el mérito instrumental allegado a la causa. Al respecto, el Servicio recurrido ha incorporado copia íntegra y fehaciente de las siguientes actuaciones administrativas terminales: 1. Resolución Exenta N° NUM004 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 28 de noviembre de 2025, que rechaza el recurso de reposición interpuesto por nombre reservado y mantiene firme el desistimiento de su solicitud de refugio. 2. Resolución Exenta N° NUM005 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 22 de abril de 2026, que rechaza el recurso de reposición interpuesto por nombre reservado y ratifica el desistimiento de su tramitación.

De la lectura de dichos actos administrativos se constata que la autoridad migratoria ejerció de manera oportuna sus facultades de revisión y resolución respecto de las peticiones formuladas por los recurrentes, fundando sus decisiones en el incumplimiento del plazo perentorio de 7 días establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430, en relación con el artículo 28 bis del mismo cuerpo normativo y el artículo 31 de la Ley N° 19.880, tras comprobarse que los actores ingresaron clandestinamente al territorio nacional el 5 de agosto de 2024 y formularon sus solicitudes de refugio fuera de dicho lapso legal, sin aportar antecedentes que justificaran de manera veraz dicha dilación.

Sexto: Que de lo razonado precedentemente se colige, en forma inequívoca, que la pretendida omisión que motivó la interposición de este recurso de protección no tiene existencia real ni vigencia material a la fecha de deducirse la presente acción, lo que ocurrió el día 7 de junio de 2026. En efecto, la autoridad administrativa competente ya se había pronunciado con carácter definitivo respecto de las solicitudes de los actores con fecha 28 de noviembre de 2025 y 22 de abril de 2026, respectivamente, notificándose tales decisiones a las casillas de correo electrónico que los propios interesados designaron en sus formularios de atención.

Séptimo: Que, conforme ha sostenido de forma reiterada la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, si el acto o la omisión que se tilda de ilegal o arbitrario ha sido resuelto o subsanado por la vía correspondiente con anterioridad o durante la secuela de la tramitación de la acción cautelar, esta pierde su objeto y eficacia protectora, toda vez que no subsiste una situación de vulneración actual que deba ser remediada mediante las medidas de urgencia propias de este arbitrio constitucional. Así las cosas, al comprobarse que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados de los amparados ya cuentan con resoluciones exentas de término firmes, la presente acción de protección carece de objeto y debe ser desestimada en este extremo.

Octavo: Que, por consiguiente, al no acreditarse la existencia de un actuar ilegal o caprichoso atribuible al órgano recurrido, sino que, por el contrario, habiéndose constatado que el Servicio Nacional de Migraciones actuó dentro del ámbito de sus competencias legales y dio respuesta expresa a las solicitudes de los recurrentes conforme a la normativa de la Ley N° 20.430 y la Ley N° 19.880, no se configura vulneración alguna a las garantías fundamentales de igualdad ante la ley, integridad psicofísica o libertad de trabajo consagradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Noveno: Que, por lo expuesto, al carecer la acción constitucional de presupuestos fácticos y jurídicos que justifiquen la adopción de medidas de resguardo de urgencia, el recurso interpuesto deberá ser rechazado en todas sus partes, como se dispondrá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-15080-2026.