nombre reservado con SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE PRIMERO: Comparece don Ernesto Manríquez Mendoza, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de Dairis Marilenys nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría del Interior, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la omisión arbitraria e ilegal cometida, consistente en el no pronunciamiento respecto de su solicitud de nacionalización dentro de un plazo razonable.

Manifiesta que la recurrente presentó, el 4 de julio de 2023, una solicitud de nacionalización por el sistema informático del Servicio Nacional de Migraciones, la que hasta la fecha no ha tenido una respuesta final, ya sea concediendo o denegando su nacionalización, lo que vulnera la garantía procedimental administrativa de resolución en un plazo razonable, consagrada en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Agrega que, la autoridad ha establecido arbitrariamente, dos categorías de extranjeros: aquellos que obtienen su nacionalidad dentro de un plazo razonable, y aquellos que no, afectándose con ello la garantía del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que al derogarse el carácter de gracia de la nacionalización, se estableció en múltiples disposiciones de la Ley 21.325 que el procedimiento para la nacionalización de extranjeros es el administrativo general, esto es, la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos.

Agrega que los artículos 4º de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, 3º y 5º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, definen la aplicabilidad en este caso de los principios de celeridad administrativa, eficiencia, eficacia y coordinación.

Indica que estos principios están relacionados con el derecho fundamental al debido proceso administrativo, protegido en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto, teniendo presente la interpretación que ha desarrollado sobre la materia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo ha incorporado como parte del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En cuanto al plazo razonable, refiere que la norma general que fija un plazo para la culminación de un procedimiento administrativo es el artículo 27 de la Ley 19.880.

Así, el plazo que la legislación chilena considera como razonable, desde el inicio del procedimiento administrativo hasta la emisión de la decisión final, es de 6 meses.

Pide que se ordene al Servicio Nacional de Migraciones, remitir los antecedentes a la Subsecretaría del Interior y, consecuentemente, que la Subsecretaría del Interior, emita el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de su solicitud de nacionalización, en ambos casos, que ello se haga dentro de quinto día hábil contado desde la notificación de esta sentencia, bajo el apercibimiento de que, si no se resolviere la solicitud, se remitirán los antecedentes al superior jerárquico y a Contraloría General de la República, con expresa condenación en costas del recurso.

SEGUNDO: Evacuando el informe requerido, la Subsecretaria del Interior, expuso que conforme a la normativa actual, es el Servicio Nacional de Migraciones el organismo encargado de tramitar las solicitudes de carta de nacionalización, para luego remitirlas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para su resolución, conforme lo dispone expresamente el artículo 157, N° 8 de la ley N° 21.325, cuerpo normativo cuya vigencia, según lo dispone su artículo undécimo transitorio, se verificó a contar del 12 de febrero de 2022, fecha en la que se publicó, en el Diario Oficial, el Reglamento de dicha ley.

Recalca que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se encuentra regulado por el decreto supremo N° 5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros, lo que no fue modificado por la ley N° 21.325, que en sus artículos 84 y siguientes reconduce la regulación de este trámite a dicho cuerpo normativo.

Sostiene respecto del presente recurso, que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la recurrente, se encuentra en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, siendo esta una etapa previa a la remisión de los antecedentes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Agrega que la acción de protección de derechos constitucionales es de naturaleza cautelar, autónoma, excepcional y de urgencia, y goza de tramitación informal y sumaria y que como contrapartida, el ámbito de su aplicación se limita a aquellos actos u omisiones cuya arbitrariedad o ilegalidad exige la urgente adopción de medidas de emergencia para subsanar manifiestas amenazas, violaciones o atropellos flagrantes de determinados derechos fundamentales, todo lo cual no se verifica en la especie, ya que la presente acción no invoca acción u omisión alguna que pueda importar una afectación a sus garantías constitucionalmente protegidas, de aquellas señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya que solo se limita a afirmar –genéricamente- que se encuentra en una situación de desventaja o desigualdad en comparación con otras personas extranjeras que no habrían visto dilatados sus procedimientos de solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización.

Explica que no se aporta antecedente alguno que permita respaldar tal afirmación, ni tampoco que dé cuenta que haya sido perjudicada en relación a las demás personas; o que habría existido una desigualdad de trato o alguna clase de actuar discriminatorio.

Añade que la protegida tiene una situación migratoria regular en el país, por lo que la pendencia de su solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de alguna de sus garantías fundamentales.

Señala que conforme la jurisprudencia que invoca, la mera demora en la tramitación de solicitudes de este tipo no permite apreciar alguna vulneración en los derechos que la Constitución garantiza a las personas y que el mero vencimiento del plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la ley N° 19.880, no puede ser considerado, por sí mismo, como vulneratorio al derecho a la igualdad ante la ley, ya que se hace necesario aportar antecedentes que permitan comprender por qué esa eventual demora significaría un trato desigual en relación con otros casos debidamente especificados.

Por ello, afirma que no ha incurrido en alguna acción u omisión lesiva de los derechos de la parte recurrente, por lo que no cabe sino rechazar la acción de autos.

TERCERO: Que, informando el Servicio Nacional de Migraciones solicitó el rechazo de la presente acción por improcedente, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente, luego de cumplir con los requisitos legales en cuanto al plazo de residencia legal en Chile para optar a la permanencia definitiva en el país, mediante la Resolución Exenta N°23088794, de 27 de marzo de 2023, se le otorgó el permiso de permanencia definitiva, el que se encuentra actualmente vigente.

Agrega que con fecha 04 de julio de 2023, la recurrente solicitó, mediante la plataforma web de trámites (SIMPLE) de dicho Servicio, la carta de nacionalización, mediante la solicitud ID N° 66294770, la que se encuentra actualmente en trámite, en etapa de primer análisis.

Explica que la labor del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación de las solicitudes de carta de nacionalización termina con la remisión, mediante oficio, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior, para que la autoridad competente, el Presidente de la República, resuelva su concesión o rechazo y se emita el acto administrativo final, firmado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública.

En el caso de autos, la solicitud de carta de nacionalización del recurrente ya ha superado la etapa de elaboración de informe por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, encontrándose el procedimiento administrativo en etapa de análisis de antecedentes, por lo que la remisión del oficio con la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización, se encuentra pendiente.

En cuanto al tiempo de tramitación, según lo prescrito en el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas, lo que significó un retraso considerable, sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Por lo expuesto, solicita el rechazo del recurso, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

CUARTO: Que, el llamado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a menoscabos derivados de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en que pueden incurrir las autoridades o los particulares. Así, se ha considerado que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental; y c) que ese derecho esté señalado como objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, en la especie, la omisión que se califica de ilegal y arbitraria, que motiva el ejercicio de esta acción constitucional, corresponde a la circunstancia de que la autoridad recurrida no ha resuelto ni ha emitido su pronunciamiento respecto de la solicitud de carta de nacionalización formulada por la recurrente.

SEXTO: Que, consta de los antecedentes acompañados a los autos por las partes que: a) el 4 de julio de 2023, la recurrente ingresó solicitud de carta de nacionalización; b) Informando el recurso la autoridad migratoria señaló que la solicitud de la extranjera se encuentra en trámite, en etapa de primer análisis.

SÉPTIMO: Que, en el escenario descrito es posible advertir que la solicitud de carta de nacionalización se encuentra aún en trámite y si bien se constata una demora en su tramitación, ello puede encontrar respuesta en la gran cantidad de solicitudes que han formulado los extranjeros en el último tiempo, lo que es de público conocimiento.

OCTAVO: Que, además, cabe tener presente que, la Corte Suprema con fecha veinte de marzo de este año en los autos rol N° 115.064-2022, previa vista de la causa -forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte ‘‘dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluyó que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales;

NOVENO: Que, en consecuencia, tratándose en este caso de una situación análoga a la examinada en el aludido fallo por la Excma. Corte Suprema, pues lo impugnado aquí ha sido la demora supuestamente excesiva en la conclusión del trámite de la solicitud de carta de nacionalización, debe necesariamente concluirse que en la presentación efectuada en estos autos, ha de descartarse arbitrariedad, pues la demora es razonable y también debe ser desechada una actuación ilegal, como quiera que los plazos que se confieren a la administración no son fatales, cuestión que aunada a la carga de trabajo que enfrenta el servicio de migraciones, llevan a desechar la presente acción constitucional.

DECIMO: Finalmente tampoco se advierte un perjuicio o atentado a alguna garantía constitucional que pueda verse afectada con la demora, pues el solicitante de carta de nacionalización, se encuentra regular en el territorio nacional gozando de permanencia definitiva.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Dairis Marilenys nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría del Interior, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Regístrese, comuníquese y archívese.

No firma la Ministra señora López, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por hacer uso de permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

N°Protección-1507-2024.