Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen nombre reservado

nombre reservado e Isadora Castro Zumarán, abogadas, en favor de nombre reservado, de nacionalidad cubana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, a fin de que se deje sin efecto la actuación administrativa que mantuvo archivado el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada de la recurrente y se disponga la fijación de una nueva entrevista de elegibilidad.

Expone, en síntesis, que la actora formalizó su solicitud de refugio en el año 2017 y, desde entonces, dio cumplimiento a las exigencias administrativas que le fueron formuladas, obteniendo sucesivas visaciones temporarias mientras se sustanciaba su procedimiento. Señala que nunca fue válidamente notificada de la citación a entrevista de elegibilidad fijada para el día 1 de junio de 2023, pese a que el Servicio recurrido se comunicaba ordinariamente con ella a través del correo electrónico DIRECCION000, casilla que mantuvo invariable. Agrega que sólo el 12 de enero de 2024 tomó conocimiento personal de la Resolución Exenta N°NUM000, de 16 de agosto de 2023, que ordenó el archivo de su solicitud por abandono del procedimiento, oportunidad en que pidió el desarchivo. Refiere que, posteriormente, el Servicio rechazó dicha petición mediante Oficio Ordinario N°NUM001, de 6 de mayo de 2024, fundado en que la citación a entrevista se habría remitido por carta certificada y que ésta habría sido devuelta por Correos de Chile, sin que exista, a su juicio, constancia fehaciente de tal diligencia.

Denuncia que ese obrar es ilegal y arbitrario, por infringir las reglas que rigen la notificación dentro del procedimiento administrativo de refugio, afectar su derecho a ser oída en un trámite esencial y vulnerar las garantías del artículo 19 N°1 y N°2 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, al evacuar informe, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo del recurso. Opone, en primer término, su extemporaneidad, sosteniendo que la recurrente tomó conocimiento de la Resolución Exenta N°NUM000 el día 12 de enero de 2024, en circunstancias que esta acción fue deducida recién el 22 de enero de 2025. En subsidio, afirma haber actuado con apego a la normativa aplicable, señalando que la actora fue citada a entrevista de elegibilidad mediante Oficio Ordinario N°NUM002, de 11 de abril de 2023, remitido al último domicilio por ella informado; que no concurrió a dicha diligencia ni realizó gestión útil alguna dentro de los plazos respectivos; y que, por ello, se declaró abandonado el procedimiento y se archivó su solicitud.

Añade que, luego, se rechazó el desarchivo pedido por la interesada, atendida la falta de gestión procedimental y el incumplimiento de las cargas que le imponía su calidad de solicitante de refugio.

Tercero: Que, durante la tramitación de estos autos, esta Corte requirió en más de una oportunidad al organismo recurrido que acompañara los comprobantes de notificación del Oficio Ordinario N°NUM002, por tratarse de un antecedente indispensable para resolver el asunto controvertido. No obstante las reiteradas ampliaciones y apercibimientos conferidos, el recurrido no aportó un comprobante idóneo que acreditara, en forma suficiente, la efectiva comunicación de esa citación a la recurrente. Más adelante, y a propósito de un nuevo trámite decretado por esta Corte, informó que el Oficio Ordinario N°NUM001, de 6 de mayo de 2024, que rechazó el desarchivo, fue comunicado a la actora por correo electrónico enviado a la casilla DIRECCION000.

Cuarto: Que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho y brindar debida protección a quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías expresamente amparadas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, para resolver la controversia, conviene fijar la cronología de los hechos relevantes que aparecen acreditados con los antecedentes acompañados o que, al menos, no han sido objeto de discusión sustancial entre las partes: a) La recurrente formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada el 3 de octubre de 2017; b) En el curso de ese procedimiento obtuvo sucesivas visaciones temporarias, la última de ellas con vigencia hasta el 27 de noviembre de 2023; c) Mediante Oficio Ordinario N°NUM002, de 11 de abril de 2023, el Servicio Nacional de Migraciones la citó a entrevista de elegibilidad para el día 1 de junio de 2023, a las 14:30 horas, en dependencias del organismo; d) Mediante Resolución Exenta N°NUM000, de 16 de agosto de 2023, el Servicio declaró abandonado el procedimiento y dispuso el archivo de la solicitud de refugio; e) El día 12 de enero de 2024 la recurrente recibió, en dependencias del Servicio, copia de la Resolución Exenta N°NUM000 y del Oficio Ordinario N°72.641, circunstancia que consta en la respectiva constancia de entrega, y en esa misma fecha solicitó el desarchivo del procedimiento; f) Mediante Oficio Ordinario N°NUM001, de 6 de mayo de 2024, el Servicio rechazó la solicitud de desarchivo; g) Con fecha 23 de diciembre de 2024 la recurrente recibió además copia material del Oficio Ordinario N°NUM001 en dependencias del Servicio; y h) El presente recurso fue interpuesto el 22 de enero de 2025.

Sexto: Que, asentado lo anterior, el punto decisivo de la controversia no radica en el rechazo del desarchivo considerado aisladamente, sino en la juridicidad de la citación a la entrevista de elegibilidad fijada para el día 1 de junio de 2023, pues de esa actuación dependen el archivo del procedimiento y todos los actos posteriores dictados sobre la base de la supuesta inasistencia de la recurrente. En consecuencia, si dicha citación no fue comunicada conforme a derecho, no puede estimarse configurado el presupuesto fáctico que permitió al Servicio Nacional de Migraciones tener por abandonado el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada.

Séptimo: Que el artículo 30 de la Ley N°20.430 contempla la entrevista individual dentro del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, y el artículo 40 de su Reglamento la califica expresamente como un elemento esencial de dicho procedimiento.

No se trata, por ende, de una diligencia secundaria o meramente formal, sino de una actuación central para que la persona solicitante pueda exponer los antecedentes que fundamentan su pretensión de protección internacional. De ahí que su notificación revista especial trascendencia, pues sin conocimiento efectivo de la citación el solicitante queda, en los hechos, impedido de comparecer y de ser oído.

Octavo: Que el artículo 25 de la Ley N°20.430 dispone que, en lo no regulado por esa ley y por su reglamento, se aplicará supletoriamente la Ley N°19.880. A su turno, ni la Ley de Refugio ni su reglamento establecen una modalidad específica para notificar la citación a entrevista de elegibilidad, de modo que corresponde acudir a la regla general del artículo 46 de la Ley N°19.880, conforme a la cual las notificaciones deben practicarse por medios electrónicos, salvo las hipótesis excepcionales que la propia disposición contempla.

En el expediente no existe antecedente alguno que permita sostener que la recurrente hubiese solicitado una forma diversa de notificación, o que careciera de medios para recibir comunicaciones electrónicas. Antes bien, los antecedentes demuestran que el Servicio disponía de su casilla electrónica y que ese era un canal de comunicación efectivamente utilizado en la tramitación de su situación migratoria.

Noveno: Que, en efecto, la propia recurrente sostuvo desde el inicio que el organismo recurrido se comunicaba con ella por correo electrónico a la casilla DIRECCION000, sin que conste modificación posterior de dicho dato. A ello se suma que el mismo Servicio Nacional de Migraciones informó en autos que el Oficio Ordinario N°NUM001, de 6 de mayo de 2024, por el cual rechazó el desarchivo, “habría” sido remitido a esa misma dirección electrónica -sobre lo que se volverá luego-.

Tal circunstancia demuestra que el órgano recurrido conocía y tenía disponible un medio electrónico apto, vigente y eficaz para contactar a la recurrente. Siendo ello así, carece de justificación que, tratándose de una actuación esencial como la citación a entrevista de elegibilidad, hubiese optado por una modalidad distinta, y más aún por una cuya efectividad no fue acreditada en autos.

Décimo: Que a lo anterior se añade que, pese a los reiterados requerimientos formulados por esta Corte durante la tramitación de estos autos, el Servicio Nacional de Migraciones no aportó un antecedente idóneo que acreditara, en forma suficiente, la efectiva notificación del Oficio Ordinario N°NUM002 a la recurrente.

No acompañó comprobante bastante de entrega, ni constancia verificable de recepción, ni antecedente alguno que permitiera establecer que la interesada tomó conocimiento de la citación antes de la fecha fijada para la entrevista.

Por el contrario, la explicación ofrecida por la autoridad descansó en referencias insuficientes y no corroboradas, lo que impide tener por demostrada la comunicación regular de un acto cuya trascendencia era decisiva para la prosecución del procedimiento. En estas condiciones, no puede imputarse a la recurrente, con el grado de certeza exigible, una inactividad culpable fundada en su inasistencia a una entrevista cuya citación no fue notificada por el medio electrónico que la ley erige como regla general.

Undécimo: Que la conclusión anterior se ve reforzada por la naturaleza misma del procedimiento de refugio. Quien solicita refugio se encuentra, por regla general, en una situación de especial vulnerabilidad y precariedad, derivada del desarraigo, de la necesidad de inserción material en el país de acogida y de la inestabilidad que ordinariamente acompaña ese proceso. En tal contexto, aun cuando se hubiere informado un domicilio físico, no resulta razonable que la autoridad descanse preferente o exclusivamente -como en este caso- en una notificación postal, pues ella es la más expuesta a frustrarse por cambios de residencia, dificultades de recepción u otras contingencias propias de una situación vital precaria.

Por el contrario, considerando el acceso generalizado que hoy existe a teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico, el email aparece, especialmente en este ámbito, como una vía más cierta, rápida y segura para procurar que la comunicación llegue efectivamente al solicitante. No sólo se ajusta a la regla del artículo 46 de la Ley N°19.880, sino que se aviene mejor con la especial diligencia que debe observar la Administración cuando interviene en procedimientos que pueden incidir en la vida, integridad y estatuto migratorio de quien pide protección internacional. De allí que la omisión de esa vía de notificación, disponiendo la autoridad de la casilla electrónica de la recurrente y utilizándola luego para comunicar el rechazo del desarchivo, refuerza la ilegalidad del obrar impugnado.

Duodécimo: Que, por consiguiente, el archivo del procedimiento dispuesto por Resolución Exenta N°NUM000, de 16 de agosto de 2023, aparece como ilegal, pues descansa en una supuesta incomparecencia que no puede ser jurídicamente opuesta a la recurrente mientras no se acredite que la entrevista fue válidamente comunicada. Del mismo vicio participa el Oficio Ordinario N°NUM001, de 6 de mayo de 2024, que rechazó el desarchivo, al mantener los efectos de esa actuación defectuosa y perseverar en una imputación de abandono que carece de un presupuesto previo legítimamente configurado.

Dicho de otro modo, al no haberse notificado en forma regular la citación a la entrevista de elegibilidad, debe dejarse sin efecto esa actuación y todo lo obrado con posterioridad sobre la base de la supuesta inasistencia de la recurrente, esto es, la secuencia administrativa que culminó en el archivo del procedimiento y en la posterior negativa a reabrirlo.

Décimo tercero: Que no obsta a lo anterior la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida.

En efecto, el agravio que se denuncia en estos autos no proviene, en rigor, del solo rechazo del desarchivo considerado como un acto autónomo y aislado, sino de la falta de notificación regular de la entrevista de elegibilidad, vicio que proyectó sus efectos sobre toda la actuación posterior. Bajo esa perspectiva, la extemporaneidad no puede computarse prescindiendo del defecto originario que es precisamente el que da lugar a la afectación cautelada en esta sede.

Además, aun cuando en autos consta que el día 12 de enero de 2024 la recurrente recibió copia de la resolución de archivo, esa circunstancia por sí sola no permitía conocer íntegramente cuál era la concreta base fáctica que la autoridad invocaba para estimar configurado el abandono del procedimiento. Sólo con la entrega material del Oficio Ordinario N°NUM001, efectuada el 23 de diciembre de 2024, la actora pudo tomar conocimiento cierto, documentado y acabado de que el Servicio mantenía el archivo por atribuirle como circunstancia decisiva la inasistencia a la audiencia de elegibilidad y, más específicamente, de los antecedentes con que pretendía sustentar la supuesta notificación de dicha citación. En efecto, es recién en ese oficio donde se explicita que la comunicación se habría remitido por carta certificada al domicilio domicilio reservado; que se la asociaba a un determinado número de seguimiento; que, según se afirmaba, existiría constancia en Correos de Chile de tres intentos fallidos de entrega; y que, sobre esa base, la autoridad entendía suficiente la notificación para hacer operar el abandono. Antes de ello, la recurrente no tenía noticia completa ni verificable de a qué domicilio específico se decía enviada la carta, de qué forma concreta se habría practicado esa comunicación, ni de dónde constaría, según la Administración, su trazabilidad o frustración. Por lo mismo, sólo desde la entrega de dicho Oficio Ordinario N°NUM001 pudo conocer en plenitud el contenido del agravio que aquí reclama y controvertir fundadamente la suficiencia y regularidad de esa supuesta notificación postal, cuya efectividad, por lo demás, no resultó acreditada en autos. Y si bien el Servicio informó posteriormente —y la propia recurrente lo hizo presente en su escrito de 18 de marzo de 2026— que existiría una captura de pantalla de un correo enviado el 10 de mayo de 2024 a la casilla de la actora con el Oficio Ordinario N°NUM001 adjunto, la recurrente no reconoce haber recibido dicho mensaje en esa oportunidad, sino únicamente da cuenta de que la recurrida acompañó ese antecedente al proceso. Ello es, además, consistente con lo sostenido en el recurso, en el que afirma que, luego de solicitar el desarchivo, nunca recibió respuesta alguna por correo electrónico ni por carta certificada. Así, en autos no existe antecedente que acredite la recepción efectiva o el conocimiento cierto por la recurrente de ese correo en mayo de 2024, por lo que la primera constancia fehaciente de conocimiento personal que obra en el proceso sigue siendo la entrega material de 23 de diciembre de 2024.

Interpuesto el recurso el 22 de enero de 2025, aparece entonces deducido dentro del plazo fatal de treinta días corridos contemplado en el Auto Acordado que rige la materia.

Décimo cuarto: Que la actuación descrita afecta, a lo menos, la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, pues sitúa a la recurrente en una posición de desmedro frente al procedimiento administrativo destinado a resolver su solicitud de refugio, privándola del acceso efectivo a una diligencia esencial sobre la base de una notificación defectuosa. Del mismo modo, amenaza la garantía prevista en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, en cuanto la mantención de ese archivo incide directamente en la situación migratoria de una persona que ha solicitado protección internacional.

Décimo quinto: Que, por lo razonado, la medida adecuada para restablecer el imperio del derecho consiste en dejar sin efecto la citación a entrevista de elegibilidad contenida en el Oficio Ordinario N°NUM002, de 11 de abril de 2023, en cuanto se la tuvo por válidamente notificada a la recurrente, así como todos los actos posteriores dictados sobre la base de su supuesta inasistencia, especialmente la Resolución Exenta N°NUM000, de 16 de agosto de 2023, y el Oficio Ordinario N°NUM001, de 6 de mayo de 2024, debiendo retrotraerse el procedimiento al estado de fijar una nueva fecha para la realización de la entrevista de elegibilidad y notificar luego dicha citación por correo electrónico a la casilla registrada en el expediente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por lo que se deja sin efecto la citación a entrevista de elegibilidad contenida en el Oficio Ordinario N°NUM002, de 11 de abril de 2023, en cuanto se la tuvo por válidamente notificada a la recurrente, y asimismo se dejan sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, de 16 de agosto de 2023, y el Oficio Ordinario N°NUM001, de 6 de mayo de 2024.

El Servicio Nacional de Migraciones deberá retrotraer la tramitación administrativa al estado de citar nuevamente a la recurrente a entrevista de elegibilidad, comunicación que deberá efectuarse por correo electrónico a la dirección registrada en el procedimiento, fijando nueva fecha para su realización y continuando en lo sucesivo la tramitación que en derecho corresponda.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro suplente Manuel Rodríguez Vega.

N° Protección-1506-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señor Manuel Esteban Rodríguez Vega y la Abogado Integrante señora Magaly Correa Farías.

En Santiago, veintiocho de abril de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.