Protección contra INSTITUTO PROFESIONAL INACAP

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO. Que comparece MARÍA CAMILA ACUÑA DÍAZ, abogada, en favor de nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra del INSTITUTO PROFESIONAL INACAP, por haberse negado a proporcionarle sus documentos académicos, específicamente su título profesional y certificados correspondientes, arguyendo la supuesta pérdida de antecedentes por el paso del tiempo y exigiendo, como única solución, la repetición total del programa académico, acto que considera ilegal y arbitrario, por cuanto transfiere injustificadamente a la recurrente las consecuencias de una falla institucional en la custodia de documentación oficial, impidiéndole su acceso al campo laboral en condiciones de igualdad, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, a la libertad de trabajo y su protección, artículo 19 N° 16 y al derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y se ordene el restablecimiento del derecho, con la entrega de su título y certificados, además de la devolución de los aranceles y matrículas pagadas por la carrera.

Expone la parte recurrente que la señora nombre reservado cursó y aprobó satisfactoriamente la carrera de Técnico en Administración de Panadería en el año 1995, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la malla curricular vigente, incluida su práctica profesional. Sin embargo, al solicitar la entrega de sus documentos académicos, que incluyen su título profesional y los certificados correspondientes, la institución recurrida se ha negado a proporcionárselos, basándose en la supuesta pérdida de antecedentes debido al paso del tiempo. Como única alternativa, se le exige la repetición total del programa académico.

Argumenta la recurrente que las actuaciones del Instituto Profesional INACAP resultan absolutamente arbitrarias e ilegales, transgrediendo diversos derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República.

Así, invoca la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, toda vez que, a diferencia de otros egresados que reciben sus títulos y certificaciones sin inconvenientes, a la señora nombre reservado se le niega injustificadamente este derecho por razones imputables a la institución, lo que le impide acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones y le impone la carga de asumir el costo de una segunda formación académica completa, lo cual no se exige a los demás titulados; y la negativa a entregar el título o una alternativa compensatoria, como la reconstrucción de antecedentes o devolución de pagos, deja a la recurrente en una posición de desprotección legal, vulnerando además el derecho a la seguridad jurídica.

Asimismo, alega la transgresión de la libertad de trabajo y su protección, establecida en el artículo 19 N° 16 de la Constitución, al impedírsele ejercer la profesión para la cual está calificada, restringiendo su acceso al mercado laboral y generándole una situación de desigualdad competitiva frente a otros postulantes con título en mano, lo que menoscaba sus posibilidades de desarrollo económico y personal.

Finalmente, sostiene que se ha infringido su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, pues el cumplimiento de todos los requisitos académicos exigidos por la institución, según la malla curricular vigente al año 1995, que incluye la aprobación de asignaturas, evaluaciones, y la realización de la práctica profesional correspondiente, conforme a los estándares fijados por la institución, genera un derecho adquirido, incorporal y de naturaleza patrimonial, sobre su título profesional y certificados de estudios.

Sostiene que la negativa de la institución a entregar estos documentos que acreditan formalmente dicho derecho, bajo el pretexto de una supuesta pérdida administrativa de antecedentes, constituye una afectación directa a la titularidad, uso y goce de un bien incorporal propio de la recurrente, privándola materialmente de ejercer dominio sobre una propiedad inalienable y generándole una limitación patrimonial efectiva, continua y creciente en el tiempo, pues la recurrente se ve impedida de acceder a empleos, concursos y oportunidades económicas que demandan la acreditación de estudios superiores, lo que la coloca en una situación de desventaja sostenida en el tiempo.

Agrega que esta privación arbitraria resulta tanto más lesiva cuanto no media dolo ni culpa por parte de la señora nombre reservado, sino que la pérdida de los documentos es atribuible únicamente a la falta de diligencia de la institución, la cual ostenta un deber legal y ético de conservación documental, situación que la deja en una posición de indefensión jurídica incompatible con el Estado de Derecho. Concluye que, por tanto, se configura una vulneración grave, actual y arbitraria del derecho de propiedad de la recurrente, al impedirle disponer del fruto de sus méritos académicos legítimamente adquiridos, transgrediendo con ello una garantía constitucional esencial protegida a través de la presente acción de protección.

Concluye que, por tanto, se configura una vulneración grave, actual y arbitraria del derecho de propiedad de la recurrente, al impedirle disponer del fruto de sus méritos académicos legítimamente adquiridos, transgrediendo con ello una garantía constitucional esencial protegida a través de la presente acción de protección.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene el restablecimiento del derecho, mediante la entrega del título y certificados; y la devolución de lo pagado, mediante el reembolso de aranceles y matrículas pagadas por la carrera.

SEGUNDO. Que la Superintendencia de Educación Superior, informa que su objeto es fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las instituciones de educación superior en el ámbito de su competencia; y dentro de sus funciones, conforme al artículo 20 literal l) y m) de la mencionada ley, se encuentran atender consultas, recibir y resolver reclamos, actuar como mediador e investigar y resolver denuncias.

Aclara que la SES, ya sea por reclamo o denuncia, no tiene facultades para ordenar a una institución de educación superior a satisfacer las pretensiones de la persona reclamante o denunciante, correspondiéndole únicamente la instrucción de una mediación o la aplicación de sanciones; y por consiguiente, carece de competencia para compeler a INACAP a entregar el título de Técnico en Administración de Panaderías a la recurrente, incluso si lo estimare pertinente en derecho.

Adicionalmente, informa que no dispone de registros de estudiantes que hayan obtenido un título técnico o profesional o grado académico, siendo esta materia de competencia de la Subsecretaría de Educación Superior, organismo dependiente del Ministerio de Educación, conforme al artículo 8° literal f) de la Ley 21.091.

Detalla que, respecto a las presentaciones de la recurrente, el 02 de octubre de 2024, se ingresó el reclamo código 2024-03843, presentado por la recurrente contra el Centro de Formación Técnica INACAP, manifestando la falta de entrega de su título y la exigencia de volver a estudiar, que fue declarado admisible, y en respuesta, INACAP informó el 11 de octubre de 2024, que, tras revisar la documentación, no se encontraron registros de titulación, sino solo de egreso, por lo que no era posible emitir el certificado.

Añade que la resolvió la improcedencia de instruir mediación y dictaminó el cierre fundado del reclamo el 22 de noviembre de 2024, por no existir disposición de todas las partes para negociar la pretensión.

Explica que posteriormente, el 4 de junio de 2025, se ingresó el reclamo código 2025-02630, también por la recurrente, esta vez contra el Instituto Profesional INACAP, reiterando la problemática y proponiendo soluciones alternativas como rendir un examen o convalidar su trabajo actual, el que fue declarado admisible y en respuesta al requerimiento de la SES, INACAP informó el 18 de junio de 2025, rectificando que la recurrente fue estudiante del Centro de Formación Técnica INACAP y reiterando que no existen registros de su titulación, solo de egreso, por lo que no es posible emitir el certificado solicitado.

Informa que este último reclamo se encuentra actualmente en análisis por la SES para determinar si corresponde recopilar nuevos antecedentes y/o la instrucción de una eventual mediación, o bien el cierre definitivo.

Concluye que si bien los hechos narrados por la recurrente acaecieron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 21.091 y al inicio de funciones de la SES, este servicio ha tramitado los reclamos conforme a sus facultades, pero reitera su carencia de atribuciones para compeler a INACAP a otorgar el título o certificado de título, pues su rol en los reclamos se limita a la instrucción de mediaciones, bastando la no concurrencia de la institución o el no aceptar bases de acuerdo para que esta se frustre.

TERCERO. Que, informa la recurrida Instituto Profesional Inacap y sostiene que no ha actuado de forma ilegal ni arbitraria, ni ha infringido las garantías constitucionales invocadas, sino que, por el contrario, ha actuado con sujeción y en conformidad a la ley.

Precisa, en primer lugar, que no se está en presencia de un caso de negación de título profesional por convalidación de prácticas, y con ello, la no otorgación del certificado de título profesional, como así pretende hacerlo parecer la actora. Por el contrario, indica que el problema radica en la falta de antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos de titulación.

Sostiene que la negativa a la entrega del título técnico a la recurrente no obedece a una mera arbitrariedad, sino a la inexistencia de antecedentes que amparen la solicitud.

Informa que la recurrente ingresó en 1993 a la Carrera de Administración de Panadería, egresando en 1995, y que, tras revisar la documentación disponible, no se encuentra registro de que el título se encuentre en custodia, figurando la actora como egresada en los sistemas informáticos.

Añade que, al revisar las actas manuales entre los años 1992 y 2001, no se encontraron registros de su titulación, solo del egreso, por lo que no existen documentos que acrediten el proceso de titulación, haciendo imposible la emisión del certificado de título solicitado.

Sostiene que la calidad de egresada no basta para otorgar el título profesional sin la acreditación de la práctica profesional, requisito fundamental según su normativa interna, e informa que ha instado a la recurrente a regularizar los trámites pendientes para la obtención del título.

Detalla que su Reglamento Académico General establece que la práctica profesional es una actividad curricular obligatoria que forma parte del plan de estudios y es requisito para la titulación, debiendo los estudiantes realizar las gestiones necesarias y someterlas a la aprobación previa del director de Carrera. En este contexto, el artículo 69 del Reglamento exige que los estudiantes no tengan deuda de ninguna naturaleza con Inacap y cumplan con los requisitos académicos para realizar actividades previas a la titulación, condiciones que la recurrente no ha cumplido, lo que ha impedido la convalidación de su práctica profesional.

Finalmente, indica que, dada la antigüedad del egreso, solo se han podido recabar los respaldos del egreso de la recurrente, que acompaña.

En lo que respecta a los fundamentos de derecho, invoca la improcedencia del recurso de protección como vía idónea para amparar las pretensiones de la recurrente, pues la fiscalización de las condiciones y modalidades de los servicios educacionales es competencia de la Superintendencia de Educación Superior y no de la Corte de Apelaciones.

En cuanto la infracción de la garantía constitucional del artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, niega que el condicionamiento de la entrega del título sea un acto arbitrario o ilegal, pues la recurrente se obligó a observar y cumplir el Reglamento al ingresar al plan de estudios, y que reprochar ahora esas condiciones como ilegales o arbitrarias contraviene la teoría de los actos propios. Además, sostiene que todo alumno en la misma situación recibe el mismo trato, y que la recurrente no ha acreditado que Inacap haya otorgado un título a otro alumno en idéntica situación.

En lo que atañe a la garantía del artículo 19 número 16 de la Constitución Política de la República, Libertad de trabajo, niega que la recurrente haya sido privada o limitada en el ejercicio de actividad laboral alguna, y que su calidad de egresada no se ha visto afectada. Atribuye la alegada afectación emocional y patrimonial a causas no imputables a Inacap, e insta a la Corte a considerar que los hechos se enmarcan en un contexto educativo, descartando la vulneración a la libertad de trabajo.

Sostiene que respecto al artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, derecho de propiedad, no existe vulneración a esta garantía, ya que la actora no ha adquirido un derecho de propiedad sobre ningún documento académico ni sobre los derechos que emanan de los servicios educacionales prestados, sino que se trata de una “mera expectativa” sujeta al cumplimiento de requisitos previamente aceptados por la propia recurrente, que en este caso, de acuerdo a la ley aplicable y al Reglamento, requiere estar al día con el pago de los aranceles.

Subraya que el recurso de protección no es una instancia de declaración de derechos, sino de protección de derechos preexistentes e indubitados, y que la recurrente carece de un derecho indubitado de propiedad para que le sea otorgado un título profesional, sino que sólo lo tendrá cuando cumpla todos y cada uno de los requisitos previamente establecidos en la ley y aquellos libremente acordados por las partes, por lo que no se puede sostener que hay una propiedad sobre su titulación y, por ende, no es susceptible de protegerse a través de una acción de protección por una supuesta vulneración al numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Reitera que no existen actos u omisiones arbitrarias o ilegales imputables a Inacap, y que su proceder se ajusta a la legalidad vigente y a su reglamentación académica interna. Afirma que la imposibilidad de inscribir la práctica profesional se enmarca en una relación contractual válida y libremente acordada, y que Inacap se ve impedido de acceder a la solicitud de la recurrente debido a la inexistencia de antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos académicos para la titulación, actuando conforme a derecho y a principios de razón, lógica y leyes.

Argumenta que las peticiones de la recurrente, que incluyen la entrega del título y certificados, así como la devolución de los pagos por aranceles y matrículas, exceden el alcance del recurso de protección, pues si bien el artículo 20 de la Constitución Política de la República, permite adoptar providencias para restablecer el imperio del derecho, establece que el derecho a solicitar reembolsos y eventuales compensaciones de carácter económico corresponde a uno de aquellos que se deben hacerse valer “ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Concluye que cualquier pretensión de carácter pecuniario debe ser tramitada ante los tribunales ordinarios de justicia mediante el procedimiento declarativo que corresponda, lo que reafirma la ausencia de un derecho indubitado en la acción de protección.

Solicita rechazar el recurso de protección, con costas.

CUARTO. Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o amenace su ejercicio. Para que prospere, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas.

Como se ha señalado reiteradamente, el recurso de protección constituye una acción cautelar desformalizada para poner remedio jurídico a situaciones producidas por actos u omisiones ilegales o arbitrarias que afectan al menos en grado de amenaza, alguna de las garantías constitucionales protegidas. Para su acogimiento, se requiere que se esté frente a una clara transgresión de alguna de tales garantías y, además, debe invocarse un derecho preexistente y no discutido, no siendo una instancia declarativa o constitutiva de derechos, finalidad esta última totalmente ajena a su naturaleza cautelar o protectora de derechos preexistentes QUINTO. Que el acto que se reclama como ilegal y arbitrario por la recurrente, consistiría en la negativa del Instituto Profesional Inacap de entregarle sus documentos académicos, específicamente su título profesional y certificados correspondientes al Título Técnico de Administración de Panadería, cursado entre el 22 de marzo de 1993 al 30 de diciembre de 1995, con una duración total de 1800 horas, según se acredita con el certificado de egreso acompañado.

SEXTO. Que de los antecedentes acompañados por la recurrente, se ha podido acreditar que, efectivamente cursó el programa académico conducente al grado técnico de Administración de Panadería y egresó del mismo, según consta en el Certificado de Egreso referido y el Certificado de Concentración de notas, los cuales no han sido cuestionados por la recurrida; y que además, la calidad de egresada del referido programa de estudios es reconocida también por ésta última, al señalar que “La recurrente efectivamente ingresó el año 1993 a la Carrera de Administración de Panadería egresando el año 1995.”, acompañando además, el Historial de Egresos y Titulaciones en que se consigna expresamente “Fecha de Egreso: 31/12/95”.

No obstante, lo anterior, no existe ningún antecedente que permita acreditar que la recurrente, una vez verificado el egreso académico, haya realizado o cumplido de alguna forma los requisitos exigidos para obtener el Título Técnico respectivo y por su parte, la recurrida no posee tampoco antecedentes en ese orden.

SÉPTIMO. Que así las cosas, los antecedentes proporcionados deja en evidencia que la discusión trabada en autos no se vincula con una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto esta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre.

En efecto, siendo pacífico que la actora egresó del programa académico, lo que aparece cuestionado y controvertido es que se hayan cumplido o no los requisitos de titulación por parte de la actora, una vez egresada del programa de estudios técnicos respectivo, cuestión que afirma ésta se ha verificado, mientras que la recurrida niega tales hechos al no contar con los registros que acrediten tal aseveración, lo cual impide que la pretensión deducida pueda ser satisfecha a través de esta vía, pues resulta evidente que no existe un derecho indubitado.

OCTAVO. Que de esta forma, siendo que la pretensión desarrollada en el libelo dice relación con un asunto controvertido y no un derecho indubitado, el que, por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda, sede en la cual debería plantearse el cumplimiento de los requisitos que habilitarían a la actora para la entrega de del Título Técnico Profesional que reclama y además, la devolución de los aranceles y matrículas pagadas por la carrera, ello debe ser analizado por el órgano jurisdiccional de instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que al protegido le franquea a la recurrente el ordenamiento jurídico.

NOVENO. Que, conforme a lo anteriormente expuesto, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida en favor de nombre reservado, en contra del Instituto Profesional Inacap.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.

N° Protección-15033-2025.