nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, docente, representado por la abogada Melissa Denisse Acevedo Bustos, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada legalmente por don nombre reservado, por haber efectuado descuentos unilaterales en sus remuneraciones mensuales mediante retención directa realizada a través de su empleador, sin previa notificación ni información al recurrente, y habiendo ya ejercido previamente la vía judicial para el cobro de la misma deuda. Actuación que considera ilegal y arbitraria, toda vez que configura un doble cobro de la obligación adeudada, constituye un ejercicio abusivo de las facultades contempladas en el artículo 22 de la Ley N°18.833, implica la renuncia tácita a dicha prerrogativa al haber optado por la vía judicial mediante juicio ejecutivo, y se realizó sin el debido aviso previo al trabajador, vulnerando con ello el derecho de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza en su artículo 19 N°24, específicamente en cuanto al legítimo ejercicio de disponer de sus remuneraciones mensuales, privándole de recursos económicos necesarios para su subsistencia, razón por la cual solicita que se adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus garantías constitucionales.

Señala que con fecha 27 de marzo de 2018 contrató con la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana un préstamo de consumo, el cual se materializó mediante la suscripción de un pagaré signado bajo el número N°13000650730, por la suma de $7.520.326 por concepto de capital, más los intereses correspondientes. Indica que dicha obligación debía ser pagadera en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $150.394, venciendo la primera de ellas el 31 de octubre de 2019 y la última el 30 de septiembre de 2024, sin perjuicio de que con fecha 18 de junio de 2019 se realizó una modificación a través de una hoja de prolongación Folio 13000657038, por la suma de $6.786.916.

Expone que tanto en el crédito de consumo como en el pagaré se pactó una cláusula de aceleración, mediante la cual, en caso de mora o simple retardo en el pago íntegro y oportuno de todo o parte de una de las cuotas de la obligación, se facultaría a la Caja para exigir sin más trámite el pago total de la deuda o del saldo a que se halle reducida, considerándose la obligación como si fuera de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados, todo ello conforme al artículo 9° de la Ley N°18.010. Asimismo, refiere que se estipuló la facultad de deducir de su salario, por parte de su empleador actual o futuros, entidades pagadoras de pensiones o pagadoras de subsidios de incapacidad laboral, las cuotas correspondientes al referido crédito contratado con la Caja de Compensación.

Relata que sus condiciones personales, económicas y financieras le llevaron a caer en mora con la obligación pactada con la entidad recurrida, adeudando la suma de $6.786.916 respecto del referido pagaré. Señala que a raíz de constituirse en mora con la Caja, ésta tomó la decisión de demandarle ejecutivamente, iniciándose un juicio ejecutivo en su contra que rola como C-1939-2020, tramitado ante el 3° Juzgado de Letras de Iquique, caratulado "CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA/nombre reservado", el cual actualmente se encuentra con sentencia favorable de abandono del procedimiento.

No obstante lo anterior, el recurrente manifiesta que al momento de recibir su remuneración correspondiente al mes de junio de 2025, se percató de que figuraban descuentos por planilla por el monto de $150.394, efectuados por su empleador, descuentos que fueron ordenados por la Caja de Compensación. Precisa que tomó conocimiento de este actuar el día 02 de junio de 2025, fecha en que recibió su liquidación de sueldo correspondiente a ese mes y se le depositó su salario en su cuenta bancaria. Sostiene que jamás se le puso en conocimiento ni se le notificó por parte de la recurrida que comenzaría a cobrarse el crédito social mediante esta modalidad, siendo dicha decisión unilateral, de carácter arbitraria, caprichosa, injustificada y abusiva, ocasionándole un menoscabo y una importante privación en su derecho de propiedad, en tanto se le deduce mensualmente una cantidad que es necesaria para subsistir, considerando que su salario alcanza justo para costear los gastos del mes, entre cuentas, deudas, alimentos, transporte, entre otros.

Invoca como garantía constitucional vulnerada la establecida en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de propiedad, el cual dispone que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Asimismo, cita la norma constitucional que establece que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. Argumenta que los descuentos unilaterales efectuados a sus remuneraciones en los términos en que se hicieron respecto del referido crédito afectan su patrimonio y, por ende, la garantía constitucional referida, privándole de beneficios económicos de que tiene mérito por el hecho de prestar servicios, recibiendo su remuneración mensual para mantenerse económicamente, subsistir y recrearse como toda persona.

Hace presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece la acción de protección como una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Señala que es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones indicadas en dicha disposición constitucional y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental, aspecto que en la especie se está dando.

En relación con la normativa que regula las Cajas de Compensación, el recurrente cita el artículo 21 de la Ley N°18.833, que establece que las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regida por un reglamento especial. Igualmente, invoca el artículo 22 de la misma ley, que dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Agrega que practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

Respecto del ejercicio del beneficio contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833, el recurrente sostiene que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada, toda vez que existe una causa vigente en la que el acreedor comenzó a exigir el cumplimiento forzado de la obligación, encontrándose en presencia de un doble cobro de la deuda, donde por una parte se iniciaron acciones judiciales y, por otra, existen descuentos de su salario, siendo que ya existe un procedimiento al respecto. Hace hincapié en que las Cajas de Compensación, como lo ha reiterado la jurisprudencia de manera categórica y uniforme, en tanto grupo intermedio prestador de un servicio público, están subordinadas a la Constitución Política de la República, citando diversos fallos que lo ratifican, entre ellos los Roles N°12425-2018, 80.819-2022, 33.068-2020 y 13080-2018.

Argumenta que una vez que el recurrido ejerció una vía para llevar a cabo el cobro, esto es el camino judicial, debe abstenerse de realizar el cobro por medio de una segunda vía a través del beneficio de los descuentos de la remuneración que otorga el artículo 22 de la Ley, puesto que al demandar ejecutivamente estaría aceptando la eventualidad de no obtener sentencia favorable como asimismo de carecer de bienes para hacerse con el pago de la deuda, por lo tanto no puede ejercer esta prerrogativa una vez que tuvo la voluntad de judicializar el cobro, independientemente de sus resultados. Sostiene además que el recurrido, una vez que llevó a cabo la intimación mediante la vía judicial, ha renunciado de forma voluntaria al ejercicio del cobro por medio de deducciones en su remuneración, no pudiendo de forma unilateral, una vez iniciado el cobro de una forma, desistirse y llevar a cabo la vía extrajudicial por medio del empleador, es decir, decidir una posición jurídica como vía de cobro legítima que debe perentoriamente respetar, sin que pueda revivir el sistema anterior previsto para relaciones laborales vigentes y obligaciones pactadas en cuotas exigibles mes a mes, destacando que esto ha sido reconocido por el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa que rola bajo el número 26439-2024.

Adicionalmente, el recurrente plantea que dichos descuentos fueron deducidos de forma unilateral y sin información previa, no existiendo de por medio una notificación formal o carta certificada sobre esta decisión por parte de la Caja de Compensación, actuar que considera ilegal según la jurisprudencia, citando un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que establece que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones al afectado, tras el transcurso de un extenso lapso de tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la ley N°18.833, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

En cuanto a la oportunidad y competencia, el recurrente señala que la perturbación y amenaza de su derecho de propiedad en abuso de una facultad legal por parte de la Caja de Compensación recurrida se produjo el día 02 de junio de 2025, cuando se le informó a través de la entrega de su liquidación de sueldo correspondiente a ese mes y por ende, por el acto en que le depositaron su salario ya con la deducción realizada, encontrándose dentro del plazo fatal de treinta días corridos que establece el Auto Acordado. Respecto al lugar donde se produjo la privación, perturbación y amenaza, indica que fue en su domicilio laboral de la empresa Corporación Instituto Profesional Inacap, RUT RUT reservado, ubicada en domicilio reservado, tomando allí conocimiento de los descuentos, cuya jurisdicción la ejerce la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

De acuerdo con los fundamentos expuestos, el recurrente sostiene que se ha vulnerado su derecho constitucional de propiedad consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, en su dimensión de derecho a disponer libremente de sus remuneraciones mensuales, toda vez que la Caja de Compensación recurrida, haciendo uso abusivo, arbitrario e ilegal de la facultad contemplada en el artículo 22 de la Ley N°18.833, ha procedido a efectuar descuentos directos en sus haberes sin previa notificación o información, después de haber ya ejercido la vía judicial para el cobro de la misma obligación mediante juicio ejecutivo, lo que configura un doble cobro y una renuncia voluntaria a la prerrogativa de descuento directo, privándole así de recursos económicos necesarios para su subsistencia y afectando gravemente su patrimonio, en circunstancias que dicha actuación carece de justificación legal al haber optado la recurrida por judicializar la deuda, debiendo atenerse a esa vía única de cobro y no revivir unilateralmente el sistema de descuento directo sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir íntegramente sus remuneraciones.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente; se restituya al recurrente los descuentos efectuados de acuerdo a los antecedentes acompañados en esta acción constitucional, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción; y se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que la parte recurrida, representada por don Julio César Villalobos Villarroel, abogado, en representación convencional de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, evacuó oportunamente el informe ordenado por esta Corte, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

En primer término, la recurrida reconoce los hechos esenciales planteados por el recurrente, señalando que efectivamente el señor nombre reservado mantiene un crédito moroso con la Caja de Compensación. Precisa que con fecha 18 de junio de 2019 el recurrente solicitó un crédito social N°013-000657038 por la suma de $6.786.916, pagadero en 60 cuotas de $150.394, deuda que se encuentra vigente y no prescrita. Asimismo, confirma que es en atención a la existencia de dicha deuda que la Caja, en virtud de la facultad contemplada en el artículo 22 de la Ley N°18.833, solicitó al empleador del recurrente, Corporación Instituto Profesional Inacap, RUT RUT reservado, que realice los descuentos correspondientes.

Respecto del juicio ejecutivo mencionado por el recurrente, la parte informante reconoce que con fecha 30 de mayo de 2020 la Caja de Compensación demandó el pago de la suma de $6.786.916, dictándose con fecha 5 de junio de 2025 sentencia que acoge el incidente de abandono del procedimiento. Sin embargo, sostiene enfáticamente que lo anterior no significa que la obligación se haya extinguido, sino que, por el contrario, ésta se encuentra plenamente vigente, motivo por el cual procede a utilizar las herramientas legales pertinentes para la protección del Fondo Social.

Expone en primer lugar la naturaleza jurídica de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, citando el artículo 1° de la Ley N°18.833, conforme al cual estas entidades son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, relacionadas con regímenes legales de carácter previsional y de prestaciones de bienestar social, entre las cuales se encuentran los créditos sociales. Agrega que, conforme al Compendio de Normas que Regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar del año 2023, emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, los créditos sociales se definen como un beneficio de bienestar social consistente en préstamos de dinero, cuya finalidad está orientada a contribuir y satisfacer necesidades del trabajador y del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, relativas a vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza.

Enseguida, invoca los principios generales del derecho contractual consagrados en los artículos 1.545 y 1.546 del Código Civil, señalando que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y que los contratos deben ejecutarse de buena fe, obligando no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación. Argumenta que al celebrarse un contrato del cual emanan obligaciones, la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde, a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla mediante la declaración de prescripción, que es de exclusiva competencia de los tribunales de justicia, o que haya operado respecto de la obligación alguno de los otros modos de extinguirlas conforme lo dispuesto en el artículo 1.567 del Código Civil, circunstancias que no han acontecido en la especie, atendido que el recurrente no acompaña documento demostrativo al efecto.

Adicionalmente, fundamenta su posición citando el Dictamen N°2659-2020 de fecha 12 de agosto de 2020 emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, el cual dispone en su inciso final que en cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.

Sobre la base de los fundamentos precedentemente expuestos, sostiene que la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana no ha privado, perturbado ni amenazado los derechos y garantías constitucionales del recurrente, ya que en todo momento ha obrado conforme a derecho, salvaguardando además las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 números 2, 22 y 24 de la Constitución Política de la República, relativas a la igualdad ante la ley, igualdad de trato en materia económica y derecho de propiedad. Argumenta que en este caso no existe un descuento ilegal que afecte la igualdad o la esfera de dominio del recurrente, ni expropiación alguna de parte de su remuneración, por cuanto el cobro de lo adeudado se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales, los cuales tienen evidente carácter social al ser una prestación de seguridad social, y cuya modalidad de descuento no es otra que la de facilitar el cobro de los dineros dados en préstamo contra un fondo social, en virtud del Orden Público Económico.

En síntesis, solicita el rechazo de la acción de protección incoada en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, fundamentando su petición en que los cobros realizados no son arbitrarios ni injustificados, en atención a que las obligaciones existen y se mantienen vigentes al no existir una sentencia que declare que las mismas se encuentran extintas, y que dichos descuentos se encuentran ajustados al máximo permitido por la legislación vigente.

Por tanto, en mérito de los antecedentes expuestos y en conformidad a lo dispuesto en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección de las Garantías Constitucionales, la recurrida solicita a esta Ilustrísima Corte tener por evacuado el informe requerido y rechazar la acción de protección interpuesta.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario por el recurrente, consiste en que la recurrida efectúa descuentos mensuales en su remuneración respecto a un crédito social mediante el mecanismo de descuento por planilla sin haber sido informado previamente, de manera motivada y racional.

QUINTO: Que, el artículo 22 de la Ley N° 18.833 establece que "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales." Esta disposición consagra un mecanismo legal de cobro para los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación, que revisten un carácter especial dado su fin de seguridad social y su naturaleza no lucrativa.

Este mecanismo no es una facultad discrecional de la Caja, sino una obligación impuesta por ley al empleador, una vez que la deuda es informada.

SEXTO: Que, la alegación de la recurrente de que los descuentos son arbitrarios e ilegales por falta de información o por revivir una deuda antigua, debe ser analizada a la luz de los hechos acreditados en autos. En primer lugar, la documental acompañada por la recurrida desvirtúa la afirmación de la recurrente sobre la falta de información, toda vez que en el pagaré se establece claramente la forma de pago mediante descuento por planilla. En segundo lugar, y en cuanto al carácter "arbitrario" o "ilegal" del cobro, es crucial diferenciar los hechos del presente caso de la jurisprudencia invocada por la recurrente. Los fallos citados se refieren a situaciones en que las Cajas de Compensación reactivaron unilateralmente el cobro de deudas a través de descuentos por planilla después de lapsos extremadamente prolongados (de cuatro a diez años) de inactividad, lo que fue calificado como un ejercicio caprichoso e injustificado de la potestad legal.

SÉPTIMO: Que, en el presente caso, los antecedentes revelan que el crédito fue reprogramado el 18 de junio de 2019. Si bien existieron pagos intermitentes y el informe de la recurrida indica que las cuotas comenzaron a caer en mora ejerciéndose la correspondiente acción ejecutiva el 30 de mayo de 2020, en tal procedimiento se declaró su abandono por sentencia de 5 de junio de 2025.

La recurrente alega que los descuentos se iniciaron en junio de 2025. Este lapso temporal entre el inicio de la mora respecto de los créditos reprogramados en junio de 2019 y el inicio de los descuentos impugnados (junio 2025) es notoriamente breve y no constituye un "extenso lapso" de inactividad que permita configurar un acto caprichoso o antojadizo por parte de la C.C.A.F. La Araucana. Por el contrario, la actuación de la recurrida se enmarca dentro de la gestión ordinaria de cobro de un crédito vigente y exigible, conforme al mandato legal y contractual.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no se advierte en el actuar de la C.C.A.F. La Araucana la arbitrariedad o ilegalidad necesaria para configurar la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, por cuanto, ha ejercido una facultad de cobro autorizada por la ley y consentida por la recurrente en el respectivo contrato de crédito social, en relación con una obligación actual y exigible. La remuneración, si bien constituye parte del patrimonio del trabajador, puede ser objeto de descuentos autorizados por ley o por contrato, como ocurre en este caso con los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación, cuya naturaleza y régimen de cobro se encuentran específicamente regulados. La posibilidad de que el descuento por planilla constituya un acto "arbitrario" o "ilegal" está supeditada a circunstancias excepcionales, como la inobservancia de plazos de prescripción o un actuar intempestivo tras prolongada inacción, lo que no ha ocurrido en la especie.

Por estas razones, al no configurarse un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, perturbe o prive las garantías constitucionales invocadas, el recurso de protección deducido carece de fundamento, debiendo ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese N°Protección-15029-2025.

En Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.