Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil veintiséis.

Proveyendo al escrito folio 25: téngase presente.

VISTOS PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado

nombre reservado, en representación convencional del Hospital Santiago Oriente "Dr. nombre reservado", interponiendo recurso de protección en contra de doña nombre reservado y de don nombre reservado, progenitores de los lactantes nombre reservado y nombre reservado, nacidos el NUM000 de 2026, por haberse negado expresamente a la administración a sus hijos de la vacuna BCG contra la tuberculosis, la vacuna contra la Hepatitis B y la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS). Actuación que la recurrente considera ilegal y arbitraria, por cuanto contraviene el Programa Nacional de Inmunizaciones establecido en el Decreto Exento N°50 de 2021 del Ministerio de Salud y sus modificaciones, así como la Resolución Exenta N°337 de 2026 que aprueba los lineamientos técnico-operativos para la inmunización contra el VRS, obedeciendo dicha negativa únicamente a la voluntad o capricho de los recurridos, vulnerando con ello el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los recién nacidos, garantizado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene la inmediata administración de las tres vacunas referidas, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario y con costas.

Expone que el NUM000 de 2026 ingresó a la Unidad de Urgencia Obstétrica del Hospital Santiago Oriente doña nombre reservado, cursando un embarazo múltiple de 35 semanas y 1 día, siendo sometida a cesárea y dando a luz a los mellizos individualizados.

Señala que, no obstante haberse entregado a los progenitores la información pertinente sobre los riesgos y beneficios de la inmunización neonatal, cumpliendo el personal médico con las obligaciones que impone la Ley N°20.584, aquellos manifestaron su rechazo expreso a las vacunas obligatorias BCG y Hepatitis B, invocando desconfianza en la industria farmacéutica, formalizando dicho rechazo mediante la suscripción de una declaración de responsabilidad. Añade que, en entrevista posterior al parto, la madre se mostró colaboradora, exponiendo que un hijo mayor no había sido inmunizado sin consecuencias en su salud y cuestionando la efectividad de las vacunas. Indica, asimismo, que la vacuna VRS, si bien no reviste carácter obligatorio, es recomendada por el Ministerio de Salud como medida preventiva de alto impacto, mediante la administración de Nirsevimab, dado que dicho virus constituye la principal causa de hospitalización por infecciones respiratorias agudas en lactantes.

Invoca el artículo 19 N°1 de la Constitución, sosteniendo que la autonomía parental encuentra límite en el interés superior del niño, reconocido en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 4° de la Ley N°21.430 y en el artículo 16 de la Ley N°19.968. Alega, además, que la falta de inmunización interrumpe la inmunidad de grupo, comprometiendo la salud pública tutelada en el artículo 19 N°9 de la Carta Fundamental, e invoca cifras sobre el repunte de tuberculosis y brotes de enfermedades prevenibles en países desarrollados. Cita también los artículos 3° y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Decreto Exento N°50 del Ministerio de Salud, la Resolución Exenta N°337 sobre inmunización VRS, el deber de cuidado de los artículos 222 y siguientes del Código Civil, y jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago (Rol Protección N°23.705-2025) y de la Excelentísima Corte Suprema (Rol N°23.591-2026), que en un caso análogo ordenaron la vacunación de una recién nacida pese a la negativa parental.

Según el recurso, la conducta reprochada vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los lactantes, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, al privarlos de los medios preventivos esenciales frente a enfermedades infectocontagiosas cuya prevención se encuentra científicamente avalada, exponiéndolos a un riesgo cierto, actual y grave de contraer patologías que podrían acarrear discapacidad o muerte, y comprometiendo además la salud pública tutelada en el artículo 19 N°9 de la misma Carta Fundamental.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene la inmediata administración de la vacuna BCG, la vacuna contra la Hepatitis B y la inmunización contra el VRS a los lactantes nombre reservado y nombre reservado, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que ambos recurridos fueron debidamente notificados por receptor judicial el día 23 de junio pasado, sin que evacuaran los informes que les fueron requeridos, motivo por el cual el pasado 10 de agosto del presente año se prescindió de los mismos, trayendo los autos en relación.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a)que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la controversia en estos autos se encuentra circunscrita a la negativa de los padres de la menor protegida de que se le administren las vacunas obligatorias contra la Tuberculosis (BCG) y la Hepatitis B, incluidas en el Plan Nacional de Inmunización, además de la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, fundándose la negativa de los padres en el hecho de desconfiar de la industria farmacéutica y las eventuales consecuencias negativas en la salud que estiman podría traer la inoculación en los recién nacidos.

Que, en ese orden de ideas la discusión sobre la que versa la presente causa tiene dos aristas, una relacionada con la inoculación de vacunas obligatorias para lactantes, esto es la BCG y de la Hepatitis B, además de otra vacuna, contra el virus sincicial, la que no es obligatoria en el Plan Nacional de Vacunación, pero que la misma se considera muy beneficiosa para la salud de los lactantes, debiendo ser tratadas ambas situaciones de manera diversa.

QUINTO: Que, respecto de las vacunas obligatorias, para la resolución de la presente acción constitucional resulta relevante analizar la normativa que regula la materia, la cual encuentra su fuente principal en el Código Sanitario, cuyo artículo 32 dispone: “El Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles.

El Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para los cuales existan procedimientos eficaces de inmunización.

Igualmente, podrá declarar obligatoria la vacunación de los animales contra enfermedades transmisibles al hombre.

El Servicio Nacional de Salud podrá disponer de las medidas necesarias para que, en interés de la salud pública, las autoridades controlen el cumplimiento por parte de los habitantes del territorio nacional de la obligación de vacunarse contra las enfermedades transmisibles en los casos en que tal vacunación sea obligatoria”.

Conforme a lo anterior, es el Ministerio de Salud quien tiene a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles, agregando que el Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para las cuales existan procedimientos eficaces de inmunización.

Luego, el “Plan Nacional de Inmunización” existente en el país constituye una política de salud pública cuyo objetivo es evitar la propagación de enfermedades dentro de la población en términos generales, cuya inobservancia vulnera la garantía establecida en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República respecto a la vida y la integridad física y psíquica.

SEXTO: Que en el contexto del marco normativo señalado el Ministerio de Salud dictó el Decreto Exento Nº6, de 2010, por medio del cual dispuso la vacunación obligatoria contra enfermedades inmunoprevenibles de la población del país, el cual fue reemplazado por el Decreto Exento N°50, de 2021.

El artículo 1° del Decreto N°50 dispone la vacunación obligatoria de la población contra las enfermedades inmunoprevenibles que se indican y en las oportunidades que se señalan, lo cual debe ser efectuado por los establecimientos que se mencionan, entre las cuales se comprende la vacunación por Tuberculosis (BCG) y la Hepatitis B, las que justamente corresponden a la vacunación omitida respecto de los lactantes en cuyo favor se recurre.

Respecto a la Tuberculosis (BCG) y Hepatitis B, en los Nos. 1 y 10 del cuadro contenido en el artículo 1° del decreto, se dispone la vacunación obligatoria de la población infantil, indicándose el siguiente esquema de administración: una dosis de vacuna BCG durante los primeros días de vida para la tuberculosis, y tres dosis de vacuna a los 2, 4 y 6 meses de vida, con un refuerzo a los 18 meses, para la hepatitis B.

Sin perjuicio de lo anterior, en el artículo 5° del decreto en estudio se indica que en caso de que la vacuna BCG no sea administrada de acuerdo con el calendario del Programa Nacional de Inmunizaciones de nuestro país (durante los primeros días de los recién nacidos), los establecimientos de salud podrán administrarla hasta los 4 años, 0 días, de acuerdo con las recomendaciones del laboratorio productor para realizar la puesta al día de dicha vacuna en nuestro país.

SÉPTIMO: Que, por su parte, la Ley N°20.584, sobre Derechos y Deberes de los Pacientes, en su artículo 14 reconoce como principio rector el derecho de todo persona a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, señalándose en su inciso sexto que respecto al consentimiento de menores de edad, en principio, este corresponde sea manifestado por los padres o su representante legal, teniendo todo niño, niña y adolescente el derecho a ser oídos, lo que en el caso concreto no es posible atendida la edad de los menores a la fecha de esta sentencia, que es de NUM001 meses y NUM002.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 15 de la misma ley reconoce que el derecho a prestar el consentimiento no se concibe como uno de carácter absoluto, reconociendo como límite, entre otros, en los que no se requerirá esa manifestación de voluntad, cuando la falta de aplicación de los procedimientos, tratamientos o intervenciones supongan un riesgo para la salud pública, de conformidad con lo dispuesto en la ley.

OCTAVO: Que en el tiempo reciente la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha venido consistentemente en confirmar que la vacunación obligatoria del “Plan Nacional de Inmunizaciones”, respecto de menores de edad, prevalece por sobre las aprehensiones, opiniones o convicciones personales de los padres, fundado en la protección de la salud pública, el interés superior del menor y a lo dispuesto en el Código Sanitario, ordenando vacunar a menores, incluso contra la voluntad de sus padres, por estimarse que la negativa vulnera el derecho a la vida y la salud, haciendo prevalecer el bien común por sobre el particular, reconociendo que la administración de vacunas obligatorias a la población es parte de las facultades y obligaciones que tiene el Estado para la prevención de enfermedades transmisibles cuando existan procedimientos eficaces de inmunización, como ocurre en este caso (Roles Nos. 9747-2025; 7616-2025; 28.368-2024; 76.162- 2021 Y 10.159-2019).

En este mismo sentido, la jurisprudencia ha dicho que la normativa que sustenta el “Plan Nacional de Inmunización” se orienta al resguardo del interés superior de los niños que integran la comunidad en que se desenvuelven, por lo que la vacunación de cada niño y niña no sólo permite proteger su vida, integridad y salud en tanto individuo, sino también a todos los niños y niñas en el ámbito social del que forman parte.

NOVENO: Que si bien es cierto el artículo 14 de la Ley N°20.584 reconoce que toda persona tiene el derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, señalándose que respecto de menores de edad sean los padres o su representante legal quienes presten el consentimiento, y que entonces la decisión sobre la vacunación de los niños correspondería exclusivamente a los padres, sin que en ello puedan intervenir los tribunales, lo cierto es que tal alegación se funda en una visión equivocada acerca del rol de los padres respecto de sus hijos, pues si bien son éstos los primeros llamados a tomar decisiones en cuanto a lo que resulta más conveniente para la vida y desarrollo de sus descendientes menores de edad, más que un derecho a decidir por los padres, nos encontramos frente a una responsabilidad de tomar las decisiones que mejor se avengan con el interés superior del niño, y bajo ese prisma, no son las aprehensiones, creencias o excusas de los padres las que deben primar.

Luego, en la medida que dichas decisiones afecten los derechos fundamentales de sus hijos, y consecuentemente la de otros miembros de la comunidad en que estos se desenvuelven, las posibilidades de decisión se reducen, pues sólo resultarán legítimas y atendibles aquellas que sean compatibles con el respeto y protección de dichos derechos e intereses, decisión que en el presente caso, de acuerdo a los antecedentes expuestos, no resulta justificada.

DÉCIMO: Que conforme a lo expuesto, a juicio de esta Corte se encuentra acreditada la existencia de una acción ilegal y arbitraria atribuible a los padres recurridos, al negarse a que sus hijos sean vacunados conforme el “Plan Nacional de Inmunización”, lo cual afecta el derecho a la vida e integridad de los niños que se pretende proteger, debiendo prevalecer el interés superior de los mismos, estimándose, además, que los fundamentos, aprehensiones y excusas que se han hecho valer para justificar la negativa y posposición del esquema de vacunación de la lactante no son atendibles ni tienen la entidad ni suficiencia necesaria para convalidar la negativa a la vacunación oportuna, aun cuando ciertos médicos consultados por los recurridos hayan emitido certificaciones generales, sin sustento en exámenes médicos practicados a los lactantes, que justificarían la negativa de los padres.

UNDÉCIMO: Que así entonces, la obligatoriedad de la vacunación debe ser aplicada atendiendo el esquema dispuesto por la autoridad sanitaria, conforme a lo dispuesto en el Decreto N°50, de 2021, del Ministerio de Salud, correspondiendo que los menores de autos se le administren todas las vacunas que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias, entre ellas las por las cuales se ha interpuesto el presente recurso –Tuberculosis (BCG) y Hepatitis B– teniendo en cuenta que de acuerdo al artículo 5° del decreto señalado la vacuna BCG puede ser administrada hasta los 4 años 0 días de vida, lo cual así se dispondrá en lo resolutivo de este fallo.

DUODÉCIMO: Que, por otro lado, respecto de la solicitud de ordenar la inoculación de la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, lo cierto es que la misma, al menos actualmente, no es obligatoria según el Plan Nacional de Vacunación, por lo que debe tenerse a la vista el derecho consagrado en el artículo 14 de la Ley N° 20.584, que faculta a toda persona —y, tratándose de menores, a sus padres o representante legal, según su inciso sexto— para otorgar o denegar su voluntad respecto de un procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud. Siendo la inoculación de la vacuna contra el virus respiratorio sincicial un procedimiento de esa índole, la decisión de los padres se encuentra amparada por la citada disposición y no puede, por sí sola, calificarse de ilegal o arbitraria, sobre todo considerando que, a contrario sensu de lo ocurrido con las otras dos vacunas objeto de la presente acción cautelar, la propia autoridad de salud ha decidido que la misma no sea obligatoria, sino que voluntaria, no pudiendo entonces aplicar el razonamiento señalado respecto de las vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis b, debiendo en este punto primar la voluntad de los padres respecto a la posibilidad de acceder o no al procedimiento de vacunación, debiendo ser desestimado el recurso en este punto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el Hospital Santiago Oriente “Dr. nombre reservado

Brousse”, en favor de los lactantes nombre reservado y nombre reservado y dirigido en contra de sus progenitores doña nombre reservado y de don nombre reservado, solo en cuanto se dispone que de forma inmediata se le apliquen las vacunas obligatorias contra la Tuberculosis (BCG) y Hepatitis B.

Para la inmediata administración de las vacunas los padres deberán concurrir hasta un vacunatorio, debiendo acompañar ante esta Corte los comprobantes que den cuenta de la administración de las vacunas, lo cual, de no acreditarse dentro de los 10 siguientes a que el presente fallo quede ejecutoriado, facultará al Hospital recurrente para trasladarse hasta el domicilio de la menor, o en el que ésta se encuentre, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de mantenerse la negativa de los padres.

II.- Que se rechaza en todo lo demás el recurso de protección interpuesto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-15026-2026.