nombre reservado con FISCO-TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés.

Visto y considerando:

1°) Que acciona de protección nombre reservado, trabajador independiente, domiciliado en domicilio reservado, contra la Tesorería General de la República, representada por nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado; por estimar conculcado el derecho que le asiste conforme al artículo 19 Nro.24 de la Constitución Política de la República.

Fundamenta su pretensión señalando que, el 21 de agosto de 2023, realizó la compraventa del automóvil placa patente PRVC.93-K de propiedad de nombre reservado, a través de escritura otorgada en la notaría de nombre reservado y anotada en el repertorio 232-2023. Realizó el pago del impuesto correspondiente a través del formulario de giro y pago de derechos de transferencia de vehículos motorizados del Servicio de Registro Civil, con permiso de circulación, documento folio 07.11242340, por la suma de $139.026.- Por circunstancias que desconoce, desde la notaría le indicaron que, debido a un error de ellos, se produjo una duplicidad en el ingreso, por lo que la inscripción a su nombre no se llevó a cabo. Hace hincapié en que nunca tuvo el vehículo en su poder.

Para remediar el problema, ese mismo día rescilió con su vendedor la compraventa y efectuaron una nueva el 31 de ese mismo mes, pagando nuevamente el impuesto, esta vez con el folio 07.11275301, por la misma suma de $139.026.- El 29 de agosto de 2023, solicitó a Tesorería la devolución de lo pagado por la operación fracasada, respondiéndole por correo electrónico que: “Constando en la cláusula sexta del contrato de compraventa, la entrega material del bien a entera satisfacción del comprador, señalando expresamente que se produce la tradición del bien, conforme a la CN 269 de TGR, dictámenes de Contraloría N°s: 10.575, de 1987 y 30.225, de 1996, siendo el hecho gravado la transferencia del dominio del vehículo, es improcedente y no corresponde dar lugar a la devolución de lo pagado mediante el formulario 23”.

Estima injusta esta negativa ya que se trata de un doble gravamen sobre una misma operación y porque la carga de los tributos debe obedecer a criterios de justicia que no se han observado en este caso.

Pide se declare ilegal y arbitrario el acto de la recurrida y se ordene la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho y se proceda a la devolución de la suma de $139.026.- pagada doblemente, con costas.

2°) Que, en su informe, Tesorería General de la República alega en primer término la incompetencia de esta Corte para conocer del asunto, ya que la respuesta a la solicitud de devolución fue entregada por una funcionaria desde su correo institucional de la Tesorería Regional Santiago Sur, ubicada en Gran domicilio reservado, al contribuyente quien vive en Talagante, domicilios -ambos- que corresponden a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

En cuanto al fondo, indica que no ha existido actuación ilegal ni arbitraria porque es un hecho irrefutable que se transfirió la propiedad del vehículo, es decir, ocurrió la tradición del mismo y el título de dominio fue el contrato de compraventa firmada ante notario público de la comuna de San Miguel, cuya cláusula sexta dice: “La entrega material y la tradición de lo vendido se realizan en este acto, recibiéndolo el comprador a su más entera satisfacción y conformidad”; y, en la resciliación figura la cláusula quinta en que se devolvió el dinero pagado y se entregó el vehículo, al señor nombre reservado por el recurrente.

Cita al efecto el artículo 670 inciso primero del Código Civil, expresando que el hecho gravado es la transferencia de dominio del vehículo y no la inscripción del contrato de compraventa, por lo que para que sea exigible el derecho, es menester que se produzca la tradición de la cosa vendida y se verifique la entrega de la cosa por el vendedor. La fuente de la obligación de pago, con carácter de irrenunciable por parte del municipio e imperativa para el contribuyente y notario que verifica el pago, tiene norma legal expresa, obligación que no fue afectada por la resciliación. Así, de acuerdo con el artículo 41 Nro. 7 del decreto Supremo Nro. 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido y sistematizado del decreto ley Nro.3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, los municipios se encuentran facultados para cobrar derechos sobre la transferencia de vehículos con permisos de circulación, equivalentes al 1,5% sobre el precio de venta, teniendo como mínimo el precio corriente en plaza que determine el Servicio de Impuestos Internos, precisándose que serán los notarios y oficiales civiles que autoricen la transferencia, quienes deberán exigir previamente la acreditación del pago del último permiso de circulación y que estarán facultados para emitir el giro correspondiente. El Servicio de Tesorería debe “incorporar al Fondo Común Municipal las cantidades recaudadas por este concepto”, refrendado ello por el artículo 5° del Decreto Nro. 22, del año 2021, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba el Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados.

Puntualiza las facultades de recaudación de impuestos, derechos y créditos fiscales del Servicio de Tesorería que le otorga el artículo 30 del decreto ley Nro.1.263, Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera del Estado; y el artículo 13 de la ley Nro.19.041.- y finaliza señalando que el recurso es improcedente, pues no busca dar protección a un derecho indubitado, debiendo ser conocido este asunto en un juicio de lato conocimiento.

3°) Que la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

4°) Que, en cuanto a la objeción formal sobre la competencia, el Auto Acordado sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, dictado por la Excma. Corte Suprema, dispone en su artículo 1 que “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”; confiriendo el artículo 2, facultades para el examen de admisibilidad a la sala de cuenta, lo que se cumplió favorablemente en este caso.

5°) Que, sin perjuicio de lo anterior y para el caso de que se considere que esa revisión solamente analiza la temporalidad y la mención de hechos constitutivos de vulneraciones de hecho, lo cierto es que la respuesta a la solicitud de devolución del importe pagado doblemente, emanó de Tesorería General de la República que tiene su domicilio principal en la comuna de Santiago, correspondiéndole el conocimiento del recurso destinado a refutarlo, a esta Corte de Apelaciones, independientemente de que la entrega propiamente tal de la decisión se haya verificado en San Miguel, motivo por el cual se cumple con la exigencia del Auto Acordado sobre la materia, lo que significa que esta alegación previa deba ser rechazada.

6°) Que, en cuanto al fondo, conviene recordar que la acción constitucional que nos ocupa, es una herramienta de carácter procesal cuya importancia se mide por su capacidad de dar protección a los derechos fundamentales de las personas, entendiendo por tales los señalados taxativamente en el artículo 20, y siempre que haya una actuación u omisión ilegales o arbitrarias que los amaguen o afecten.

De ahí que se ha dicho que “[…] la eficacia de este remedio se debe a que constituye un proceso cuyas ventajas principales son su rapidez y su carácter sumario y concentrado, que le permiten resolver situaciones de vulneración de derechos fundamentales que no pueden quedar entregadas a una tramitación de lato conocimiento, sin que con ello se consume un daño irreparable”. ( PINOCHET C., Francisco (Santiago, 2020) “El Recurso de Protección. Estudio Profundizado” [Ediciones Jurídicas] pág.29)

De esta manera, sus características primordiales son que se trata de una acción de carácter autónomo que forma parte de la jurisdicción constitucional, de carácter declarativo y de urgencia, siendo su objeto la tutela de los derechos fundamentales, indicados taxativamente en la Constitución Política, frente a los actos u omisiones del poder político y/o de los particulares que infringen u atropellan tales derechos. (2.-HENRÍQUEZ V., Myriam [Santiago, 2020] “Acción de Protección” (Ediciones DER))

7°) Que como se advierte del recurso y del informe, no hay discrepancia acerca de que el recurrente pagó el impuesto que grava la transferencia de un vehículo motorizado el mismo día que la compraventa fue resciliada y que dicho hecho se debió a la imposibilidad de inscribirla por parte del Registro Civil que lleva el registro respectivo, debiendo volver a celebrar la compraventa y esta vez sí, previo pago, quedó inscrito a su nombre; sino más bien, si la conducta del servicio recurrido negando la devolución de los $139.026.- adolece de ilegalidad o arbitrariedad vulnerando el derecho de propiedad del contribuyente.

8°) Que el artículo 5° del Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados, establece: “En caso de que el título traslaticio de dominio de un vehículo sea autorizado por un notario u otro ministro de fe, la solicitud de inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados deberá ser solicitada por éste, a costa del adquirente, dentro del plazo previsto en el artículo anterior. Tratándose de las situaciones previstas en el inciso segundo del artículo 11º del presente reglamento, una vez autorizada la declaración consensual por el Oficial Civil respetivo, y verificado el pago del impuesto municipal a la transferencia y los derechos de inscripción, se dará inicio de oficio al procedimiento de inscripción del vehículo en el Registro a través del sistema electrónico.”

9°) Que de acuerdo a su redacción, entonces, el pago del impuesto tiene un único objetivo, cual es hacer posible la inscripción y este es por lo tanto la razón de su imposición, para de esta manera consolidar la tradición, peculiaridad del régimen de vehículos motorizados. Lo que ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema en el sentido de que no basta con haberse hecho la tradición material, conforme con el Código Civil, si esta tradición no logra darle la presunción de dominio al adquirente por faltarle esa inscripción.

10°) Que así las cosas, al negarse la devolución de un pago destinado a cumplir este objetivo legal, la entrega del dinero carece de causa y no se verifica en la especie la hipótesis del artículo 5° transcrito, afectándose el patrimonio del contribuyente a quien debió haberse reembolsado una suma de dinero que le pertenece, derecho que se encuentra protegido por el artículo 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República. De consiguiente, la conducta del servicio recurrido se ha tornado en ilegal.

11°) Que por último debe dejarse establecido que se cumple en la especie con los requisitos de una acción declarativa y de urgencia que hace innecesario dejar para lato conocimiento un asunto del que las cuestiones materiales se encuentran claras, especialmente si se tiene en cuenta que la presente vía es sin perjuicio de otros derechos y constituye un “equivalente jurisdiccional de los procedimientos comunes”. (3 PINOCHET [2020] pág.207)

En consecuencia y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se acoge el arbitrio deducido por nombre reservado contra la Tesorería General de la República y se ordena que esta última debe devolver al primero la suma de $139.026.-, sin costas.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Romy Rutherford quien fue de parecer de rechazar la acción constitucional intentada, teniendo para ello especialmente en consideración:

1°) Que de cara a las argumentaciones vertidas por la recurrente y por el informante corresponde anotar que los postulados contenidos en el arbitrio obligarían a esta Corte a resolver sobre el fondo del asunto, declarando que la actora tiene un título que reúne las exigencias que harían procedente “la devolución” de la suma de $139.026, como se pide en el libelo. Monto que correspondería a impuestos por concepto de derechos de transferencia de un vehículo que dice haber pagado doblemente, por haberse resciliado el primer contrato de compraventa celebrado. Tal situación importaría un juicio valorativo y declarativo en aplicación de las normas legales atingentes.

Lo anterior, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una acción u omisión arbitraria o ilegal.

2°) Que a la conclusión anterior se arriba teniendo especialmente en consideración que la finalidad propia del recurso de protección es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental. Ciertamente, se trata de una acción cautelar de origen constitucional que protege a los individuos mediante determinadas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y evidente. En esta dirección se ha razonado por nuestro máximo tribunal que “[l]a Acción Constitucional de Protección ha sido establecida en nuestro derecho, como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, sin embargo, esta es una acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservativas, cuyo objetivo es, como su nombre indica, la protección de derechos indubitados indiscutidos y no su declaración, por cuanto ello implicaría desnaturalizarla en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, la más propia esencial característica de los otros órganos del poder estatal” (Corte Suprema, Rol Nro. 1108-2009). En este mismo sentido sería posible citar un sin número de fallos.

3°) Que la doctrina ha seguido la tendencia jurisprudencial descrita y la principal razón estriba en que la tramitación del recurso, pensada para resolver situaciones evidentes y apremiantes de vulneración de derechos constitucionalmente garantizados, no provee a la recurrida de las garantías propias de un justo procedimiento para hacer valer sus defensas. De esta forma, so pretexto del restablecimiento del imperio del derecho la recurrida puede ver quebrantados en sede de protección los derechos que le corresponden, si se tiene en cuenta que no estamos frente a un asunto palmario e imperioso.

En tal sentido, el profesor nombre reservado sostiene que “[…] conociendo de la acción de protección, el tribunal no dispone de los medios para agotar el conocimiento del asunto y la urgencia con que el caso de ser decidido. Por lo general el procedimiento es incompatible con un sopesamiento de todos los antecedentes de hecho y de derecho que inciden en el caso” (“El recurso de protección como medio de amparo de los contratos en Instituciones Modernas de Derecho Civil, Homenaje a nombre reservado”, Editorial Jurídica ConoSur, 1996, p. 333).

El profesor nombre reservado, por su parte, es categórico al afirmar que “[e]l recurso de protección no debe transformarse en un sustituto de las acciones ordinales sino que, por el contrario, su interposición debe circunscribirse exclusivamente para el caso que flagrantemente se hayan desconocido derechos personales o alguna de las partes o un tercero –sea autoridad o particular– pretenda aplicar justicia por sí mismo” (“Límites al recurso de protección en materia contractual”, Revista de Derecho de la Universidad Finis Terra Nro. 6, 2002 p. 67).

En la misma dirección el profesor nombre reservado señala “[…] si bien se ha logrado este significativo avance en el resguardo de la garantías constitucionales, por otra parte se ha efectuado un abuso desmedido de este recurso, pretendiéndose por esta vía eminentemente sumaria, cautelar, zanjar situaciones jurídicas de suyo complicadas y materia de juicio de lato conocimiento” (“Alcances limitados del recurso de protección en relación a interpretación de contratos suscritos por municipios”, Gaceta Jurídica Nro. 207, 1997, pp. 38-39).

4°) Que, seguidamente, el recurso de protección es un instituto de carácter procesal constitucional, rápido, sumario y breve, encaminado a estudiar el asunto en caso que se den los supuestos denunciados, correspondiendo a la Corte restablecer el imperio del derecho o de la justicia en la forma que mejor convenga. De suerte que el recurso de protección tiene los límites que le impone su propia naturaleza según se ha consignado y, en consecuencia, no es un medio idóneo para dilucidar, como sucede en este caso, sobre la procedencia o no de la devolución de lo pagado por concepto de impuesto cuando se ha resciliado el contrato de compraventa que justificó tal solución, y por ende, si se encuentra demostrado que se trata de un pago que corresponda sea devuelto, como se pide por la recurrente.

En este sentido nombre reservado señala que “[…] si entendemos que nuestro recurso protección al igual que el amparo existente en otras legislaciones iberoamericanas es un proceso de urgencia entonces debemos concluir que para su procedencia es necesario que concurran los supuestos propios de todo proceso, de urgencia, esto es, una situación de peligro y cierto grado de evidencia en la reclamación, es decir cuando exista peligro de daño o amenaza a un derecho fundamental y cuando la conducta atentatoria sea manifiestamente arbitraria o ilegal” (El recurso de protección bajo la tutela de urgencia, Revista Ius Novum, Universidad Católica de Valparaíso, 2009, Nro. 2, p. 211).

5°) Que de la forma en que se viene razonando es posible colegir que tanto la jurisprudencia como la doctrina están contestes acerca de los límites del recurso protección, estableciendo como condición sine qua non la existencia de un derecho indubitado de la recurrente que resulte evidente y flagrantemente afectado por su contraparte o por un tercero. Lo cierto es que un recurso de protección que pretenda dirimir aquello que se ha planteado por la impugnante no existe en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo mismo, el de autos, no puede prosperar.

6°) Que, como corolario de lo hasta aquí reflexionado no puede sino concluirse que en el caso sub lite no se ha establecido que el recurrente posea un derecho indubitado que lo habilite para reclamar por la presente vía, pues, como se ha dicho, se requiere de una declaración previa de derechos que no procede hacer en este procedimiento, circunstancia ésta que lleva a concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección y, consecuencialmente, corresponde sea rechazada.

Redactado por la ministra (S) señora Poza y el voto en contra por su autora.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nro. 15.009-2023 Protección.-