nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. de Santiago Santiago, uno de octubre de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 13: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por haber rechazado mediante notificación de fecha 3 de junio de 2025 la solicitud de retiro de fondos previsionales amparada en la Ley N°18.156. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad privada garantizados por la Constitución Política de la República.

Expone que su representado, ingeniero electrónico en Telecomunicaciones con residencia definitiva en Chile, ha prestado servicios en la sociedad Techno Group SPA, RUT RUT reservado, desde el año 2022 hasta la actualidad. Agrega que, durante la vigencia de sus contratos laborales, se le descontaron sistemáticamente cotizaciones de AFP, salud y cesantía, habiendo suscrito en cada contrato cláusulas previsionales donde manifestó expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1° de la Ley 18.156.

Explica que en virtud de la exención establecida en dicha normativa, el 29 de mayo de 2025 ingresó solicitud ante AFP Cuprum para el retiro y devolución de sus fondos previsionales, acompañando la documentación exigida: contratos de trabajo con cláusula de exención, título profesional apostillado, cédula de identidad vigente y constancia del seguro social venezolano. Aduce que el 3 de junio de 2025, la recurrida rechazó la solicitud argumentando que no se acompañó documentación que acreditara cobertura continua del sistema de seguridad social extranjero durante toda su estadía en Chile, señalando además que la constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) indicaba un estatus de "asegurado cesante" con fecha de egreso del 30 de septiembre de 2017.

Ante esta negativa, señala que presentó reclamo ante la Superintendencia de Pensiones el 8 de junio de 2025, la cual respondió el 26 de junio señalando que el certificado debe acreditar cobertura de salud integral en el país de origen con anterioridad a la prestación de servicios en Chile. Destaca que, tras los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2025 en Venezuela, la embajada venezolana en Chile anunció la suspensión indefinida de todos sus trámites, imposibilitando la apostilla de documentos a través de ese organismo consular.

Sostiene que la Ley 18.156 establece en su artículo 1° requisitos específicos para la exención de cotizaciones previsionales: que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo. Argumenta que cumple íntegramente estos requisitos, siendo la constancia electrónica del IVSS verificable mediante código alfanumérico en el portal web oficial de dicha institución. Asimismo, invoca el artículo 45 del Código Civil sobre fuerza mayor o caso fortuito, dado que la suspensión de funciones diplomáticas constituye un impedimento objetivo para obtener apostillas.

Afirma que la recurrida ha efectuado una interpretación excesivamente literal y formalista de la norma, desatendiendo su finalidad y agregando requisitos no contemplados expresamente por el legislador. Conforme a lo expuesto, denuncia vulneración del derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, por cuanto la recurrida le ha dado un trato diferenciado respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias, exigiendo formalidades adicionales no contempladas en la Ley N°18.156.

Asimismo, alega vulneración del derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, toda vez que los fondos previsionales constituyen bienes incorporales de su dominio según el inciso 4° del artículo 20H del Decreto Ley 3.500, y la negativa arbitraria de devolución afecta su facultad de disponer de dichos recursos.

En definitiva, solicita que se ordene a AFP Cuprum S.A. reconocer como válida la documentación acompañada, proceder a la tramitación de la solicitud y efectuar la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, la abogada Valentina Lagos Sánchez, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto.

La recurrida fundamenta su actuar en la Ley N°18.156, que contempla una exención respecto del cumplimiento de disposiciones previsionales generales aplicables a empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero. Destaca que el artículo 7° de dicha normativa faculta a trabajadores extranjeros afiliados a solicitar la devolución de fondos previsionales, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1° del referido cuerpo legal. Asimismo, invoca la facultad de la Superintendencia de Pensiones, conferida por el artículo 3 del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 47 de la Ley N°20.255, para dictar normas e instrucciones de carácter general obligatorias para todas las administradoras, cuya aplicación no puede estimarse arbitraria ni contraria a derecho.

Sostiene que el recurrente incumplió el requisito establecido en el artículo 1°, letra a), de la Ley N°18.156, al no acompañar documentación que acredite estar cubierto durante toda la prestación de servicios en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Específicamente, señala que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), otorgada el 7 de mayo de 2025, no indica que en caso de enfermedad el recurrente cuente con cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias. Invoca el Oficio Ordinario N°23.241 de 13 de septiembre de 2016 de la Superintendencia de Pensiones, que establece que la certificación debe señalar expresamente que el trabajador ha tenido derecho a cobertura durante su permanencia en Chile, debiendo especificar que la cobertura de enfermedad comprende prestaciones médicas y pecuniarias.

Manifiesta que esta interpretación ha sido ratificada en los Oficios Ordinarios N°9.663 de 2 de mayo de 2017 y N°12.194 de 1 de julio de 2025, este último emitido en un caso de características prácticamente idénticas, donde el organismo fiscalizador reiteró que debe acreditarse de manera específica protección respecto de todos los riesgos durante la prestación de servicios en Chile, incluyendo la cobertura de salud integral.

Argumenta que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, requisito esencial para su validez en Chile por tratarse de documento emitido en país extranjero. Cita el Oficio Reservado N°25.057 de 29 de diciembre de 2023 de la Superintendencia de Pensiones, que establece expresamente que la documentación para acreditar los requisitos de las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N°18.156 debe presentarse debidamente legalizada o apostillada.

Adicionalmente, invoca el Oficio Ordinario N°32.365 de 27 de diciembre de 2016, que instruye exigir documentación apostillada o legalizada conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil cuando no existe reciprocidad o el Estado no es miembro de la Convención de la Apostilla. Señala que esta exigencia fue ratificada en el Oficio Ordinario N°24.089 de 11 de noviembre de 2019 y, de manera contundente, en el Oficio Ordinario N°12.194 de 1 de julio de 2025, que concluyó que el certificado del IVSS no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero por no estar firmado, apostillado ni legalizado.

Refuta el argumento del recurrente sobre la imposibilidad de obtener apostilla debido a la suspensión de funciones diplomáticas venezolanas, señalando que la fuerza mayor o caso fortuito no puede utilizarse para eludir el cumplimiento de condiciones establecidas para acceder a un beneficio. Asevera que dicha institución se emplea para eximir de responsabilidad en contratos cuando eventos imprevisibles impiden el cumplimiento de obligaciones, pero no para excusar el incumplimiento de requisitos para hacer valer un beneficio. Invoca el Oficio Ordinario N°6.948 de 22 de abril de 2025, donde la Superintendencia estableció que todos los trabajadores extranjeros, sin excepción de su país de origen, deben acreditar el cumplimiento de todas las exigencias copulativas del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Afirma que los hechos expuestos exceden el marco de procedencia del recurso de protección, cuya naturaleza es cautelar y de urgencia. Precisa que no se configura arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta, sino la aplicación de normativa especial cuya interpretación corresponde a un órgano técnico especializado. Aduce que no existen derechos indubitados vulnerados, sino una controversia sobre el derecho a acceder a la devolución de fondos, que debe ser resuelta por la Superintendencia de Pensiones conforme al artículo 3 del D.F.L. N°101 de 1980, órgano competente para conocer reclamos formulados por afiliados contra las administradoras.

En virtud de lo expuesto, solicita se rechace el recurso, por no concurrir los requisitos legales, al no haber cometido la administradora acto ilegal o arbitrario alguno que cause privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de emergencia para resguardar o restablecer el imperio del derecho ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace su legítimo ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar auxilio.

CUARTO: Que para resolver el litigio debe revisarse las normas aplicables al caso.

Al efecto, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

QUINTO: Que a su turno, el artículo 7° de la misma ley señala que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que, así las cosas, las exigencias que fundan la negativa de la A.F.P. Cuprum S.A., encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria.

Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N° 18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-15002-2025.

En Santiago, uno de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.