nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL

C.A de Santiago Santiago, seis de agosto de dos mil veinte A los escritos folios 15, 16 y 17: a todo, téngase presente.

Visto:

Con fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, comparece don nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección contra la Municipalidad de Pudahuel, y en contra de su representante, don nombre reservado.

Funda su pretensión en el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en la aprobación por parte de la Municipalidad, del traslado de patente A1, bajo la modalidad de Microempresa Familiar, en favor del particular don nombre reservado – ocurrido el cinco de febrero de dos mil veinte- sin que éste cumpliera los requisitos legales para tal decisión.

Detalla que don nombre reservado es titular de la patente “A1, depósito de bebidas alcohólicas” con el objeto de instalar su comercio en domicilio reservado de la comuna de Pudahuel, y que activó el procedimiento administrativo de “traslado”, asociando la patente a la modalidad “Microempresa Familiar” de la ley N° 19.749, normativa que contempla los siguientes requisitos para obtener los beneficios de la mencionada modalidad:

a) Que la actividad económica que constituya su giro se ejerza en la casa habitación familiar.

b) Que en la microempresa familiar no trabajen más de cinco trabajadores extraños a la familia, y c) Que los activos productivos de la microempresa familiar, sin considerar el valor del inmueble en el que funciona, no excedan las 1.000 UF.

Y respecto a los requisitos, don nombre reservado no cumpliría el primero de ellos, por cuanto su negocio no es ejercido en su casa habitación familiar.

A raíz de lo anterior, indica que la aprobación del traslado de la patente, fue puesta en tabla en sesión del Consejo Municipal, el tres de febrero del presente año, donde se permitió la participación de 350 vecinos, quienes en su totalidad rechazaron el proyecto, en atención a que en el sector se encuentran establecimientos que distribuyen igual mercadería, entregando sus firmas con todas las formalidades de la autoridad edilicia y sus concejales.

Respecto al incumplimiento del requisito que la actividad se ejerza en casa habitación familiar, señala que él y los vecinos expusieron al Consejo Municipal que don nombre reservado y su grupo familiar no habitan la dirección asociada al nuevo establecimiento comercial, ubicado en domicilio reservado, sino en domicilio reservado, ambas de Pudahuel, y que de ello pueden dar fe la totalidad de vecinos, sus diversas cuentas de servicios y por medio de inspecciones de cualquier autoridad debidamente facultada.

El Concejo Municipal, a raíz de la presentación y negativa de los vecinos participantes, y en orden a aclarar la situación domiciliaria de don nombre reservado, decidió diferir su decisión del traslado, sin embargo de ello no se generó informe alguno de la residencia del solicitante, ni de la relación favorable que tendría con Carabineros a efectos de obtener el beneficio legal, aprobando sin conocimiento suficiente, su solicitud.

Asevera que don nombre reservado no residió nunca en el domicilio donde pretende trasladar su patente y obtener el beneficio de microempresa familiar, habiendo sido advertido incluso por la inspección municipal, ante lo que habría construido dos piezas en la parte trasera que le habrían servido para sostener, frente a la autoridad municipal y Carabineros de Chile, su disposición a “residir” ahí, sumado a su declaración jurada que así lo corrobora. Sin embargo- señala el recurrente- su verdadera residencia es la de Claudio Arrau N° 9220-A, pasaje Oceanía Pudahuel, dando cuenta de ello las boletas de sus servicios básicos, y todos los vecinos a quienes consta dicha información, existiendo por tanto una clara falsedad ideológica.

Menciona que la decisión de aprobar el traslado de patente fue efectuado con irregularidades, y se basó principalmente en el negocio de “botillería” de don nombre reservado, más que en el cumplimiento de los requisitos legales de la modalidad Microempresa Familiar, agregando que si quiera repararon el hecho de que el solicitante efectuó una declaración jurada que adolecería de falsedad ideológica, que provoca per se una invalidación del acto que autorizó su traslado y la patente que lo ampara, y asimismo la persecución civil y eventualmente penal, de corresponder, a raíz que con esta aprobación derivan beneficios tributarios que no le corresponden. Y que lo anterior, encuentra asidero legal no sólo en la normativa especial, sino también en el artículo 19 N° 2, 14, 20 y 21 de la Carta Fundamental.

Refiere que en concreto, la autorización del traslado de patente, bajo declaración “fingida”, produce agravios a la recurrente, por cuanto desmejora la posición competitiva de su propio establecimiento comercial, ubicado en domicilio reservado. que comparte muro perimetral con la construcción del señor nombre reservado, la cual será permanente, en atención a que las obligaciones a que se encuentra sujeto el local del actor son las de la Ley General de Rentas y no la de Microempresa Familiar que es de suyo más beneficiosa.

Solicita, en suma, que se restablezca el imperio del derecho, declarando que la aprobación del traslado de la patente descrita quede en suspenso hasta la llegada de los informes prometidos, y que la autoridad municipal de plena fe que la declaración jurada de don nombre reservado respecto del lugar en que reside coincide en los hechos con el que efectivamente tiene, todo ello con costas.

Con fecha nueve de marzo de dos mil veinte, comparece don Misael Andrade Vega, abogado en representación de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel, informa el recurso y solicita su rechazo con expresa condena en costas.

Señala, en primer término, que la presente acción carece de fundamentos, y que no afecta ninguno de los derechos constitucionales mencionados por el recurrente. En particular, respecto al artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, indica que en ningún caso puede verse afectada esta garantía por una mera aprobación del traslado de una patente comercial de un lugar a otro dentro de la comuna, menos aún respecto del recurrente, pues de ninguna manera la Municipalidad de Pudahuel está asumiendo tareas empresariales, económicas o comerciales por propia cuenta con dicha aprobación. En cuanto a la del número 14 del mismo artículo, refiere que nada ni nadie ha impedido el ejercicio del derecho a formular peticiones, siendo el propio actor quien concurrió a la sesión y así lo hizo, escuchándosele y defiriendo la decisión de traslado hasta tener más antecedentes.

Del artículo 19 N° 2 de la Carta Magna, niega cualquier vulneración, puesto que no se ha aplicado decisión alguna que implique que don nombre reservado se le aplique una normativa distinta al resto de los ciudadanos contribuyentes, negando cualquier trato beneficioso en favor de don nombre reservado. Luego del numeral 20 de la misma disposición, considera que citarla en el recurso es totalmente improcedente, pues es imposible que exista una afectación a la misma si es que a la Municipalidad no le corresponde ni la potestad de generar nuevas normas tributarias, ni menos la de aplicar la normativa tributaria existente, no pudiendo pensarse que por un mero acto administrativo de autorización de traslado de patente comercial se cree un nuevo impuesto o altere arbitrariamente cargas tributarias de los vecinos.

Con ello, refiere en segundo lugar que el recurrente carece de legitimación activa para deducir la presente acción constitucional, al no ser titular de un derecho fundamental que se encuentre afectado con la aprobación del traslado de patente de otro comerciante, aseverando que la situación real de estos autos, es que el recurrente es dueño de un almacén y botillería de hace más de veinte años, siendo el único establecimiento del sector y teniendo, en consecuencia, una posición casi monopólica, que ahora generándose competencia perderá esas ventajas. Pero lo anterior, en ningún caso significa afectar sus garantías constitucionales.

Luego, indica que no existe acto ilegal ni arbitrario, puesto que la aprobación referida es únicamente manifestación del ejercicio de la potestad normativa municipalidad, amparada en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, detallando que don nombre reservado acompañó a su solicitud todos los requisitos conforme a la ley y reglamentos, incorporando documentación que probaba y acreditaba sus aseveraciones, siendo fiscalizado en el cumplimiento tanto por personal del Departamento de Fiscalización Municipal, como por Carabineros de Carabineros de Chile, contando con autorizaciones de la SEREMI de Salud Metropolitana, el S.A.G y el Servicio de Impuestos Internos.

Adicionalmente, argumenta señalando que la acción de protección no es la vía idónea para impugnar los actos reclamados, por cuando existe la vía de reclamo de ilegalidad, contemplado en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Asimismo, refiere que las circunstancias de hecho en las que el recurrente funda su acción constitucional, por su complejidad, no pueden ser esclarecidas vía protección, ya que cuestiona la veracidad de una declaración jurada, un incumplimiento legal y un eventual conflicto de intereses con Carabineros de Chile.

Por todo lo anterior, solicita se rechace la acción, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: El acto que motiva el recurso es el acuerdo del Consejo de 5 de febrero del año en curso donde el Honorable Consejo Municipal de la Municipalidad de Pudahuel acordó por la unanimidad de los Concejales presentes aprobar el traslado patente de alcohol depósito de bebidas alcohólicas a nombre de don nombre reservado, hacia Travesía N° 9521, comuna de Pudahuel. Específicamente objeta el recurrente que se cumpla por el señor nombre reservado con el requisito del domicilio que exige la Ley N° 19.749, y en consecuencia pueda invocar los beneficios que dicha ley contempla en su favor.

Tercero: En efecto, lo que se objeta, tiene que ver con la veracidad del contenido de la declaración jurada presentada a la solicitud de traslado de patente, denunciando que se logró con información falsa, lo que descarta la aplicación de los beneficios de la Ley antes referida.

Cuarto: Conforme se aprecia, el asunto propuesto a través de esta acción constitucional rebasa sus límites y propósitos, dado que no se está en presencia de un derecho indubitado, desde que supone indagar y establecer la veracidad de los antecedentes que la recurrida consideró al momento de aprobar la solicitud de traslado de patente.

Quinto: Centrado el conflicto en los términos anotados, sólo cabe concluir que no es este recurso procesal el arbitrio para resolver lo que se pretende, desde que no se está en presencia de un asunto de orden constitucional que amerite una repuesta urgente, lo que se corrobora al observar las peticiones contenidas en el libelo que tienen que ver con la corroboración del requisito que se echa de menos por el recurrente.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, con costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel y don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Nº 14.986-2020.- Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por las Ministros señora Adelita Ines Ravanales Arriagada, señora Jenny Book Reyes y señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero.