nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, trece de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, de nacionalidad colombiana, y deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, conforme a la Ley N° 18.156, comunicado por carta de veintinueve de mayo de dos mil veintiséis, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona que obtuvo el título de química farmacéutica en la Universidad del Atlántico, Barranquilla, debidamente apostillado, y que se desempeña como Administrador nombre reservado en Farmacias Cruz Verde SpA, en virtud de un anexo de contrato de trabajo que formaliza la relación laboral iniciada el trece de abril de dos mil veintitrés, en cuya cláusula segunda manifiesta su voluntad de mantener su afiliación al régimen de previsión de su país de origen y hace reserva de acogerse al artículo 7° de la Ley N° 18.156. Indica que está afiliada desde el siete de enero de dos mil veintidós al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por Porvenir S.A., cuyo certificado de nueve de abril de dos mil veintiséis acredita coberturas de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y a Mutualser EPS desde el diez de agosto de dos mil veintiuno, en régimen subsidiado. Expone que acompañó toda la documentación exigida y que la recurrida rechazó reiteradamente su solicitud con fundamentos genéricos y carentes de motivación, como se desprende del último rechazo, lo que la deja en indefensión administrativa.

Argumenta que la exigencia de coberturas “a todo evento” es ilegal, porque el artículo 1° de la Ley N° 18.156 solo exige que el régimen extranjero otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y ningún sistema, incluido el chileno, otorga prestaciones incondicionales; que en Colombia la enfermedad común la cubren las EPS, como Mutualser, y que respecto de la invalidez y la muerte de origen común cumple el requisito de 50 semanas en tres años, pues registra 65 semanas; que la ley exige equivalencia material de cobertura y no identidad formal de los certificados; y que el rechazo del certificado de Mutualser carece de fundamento legal. Sostiene, además, que el acto carece de motivación y que se le da un trato desigual respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias.

Cita los artículos 19 N° 2 y N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República, los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la Circular N° 553 y el Oficio N° 26.395, de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, de la Superintendencia de Pensiones.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso, ordenando que se reconozca la documentación suministrada y que la recurrida realice un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho, dentro de un plazo razonable o el que la Corte estime, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informa Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y solicita se rechace el recurso, con costas.

Opone, en primer término, la excepción de cosa juzgada, fundada en que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó, el once de febrero de dos mil veintiséis, el recurso de protección Rol N° 271-2026, deducido por la recurrente en su contra por el rechazo de su solicitud de devolución de fondos como técnico extranjero, fundado en que las coberturas del certificado no son a todo evento, sentencia confirmada por la Corte Suprema el veinticinco de febrero de dos mil veintiséis, Rol N° 7547-2026, y que el veintisiete de marzo de dos mil veintiséis la misma Corte dictó sentencia en la causa Rol N° 1858-2026, sobre la misma materia, concurriendo la triple identidad del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Expone como antecedentes que la recurrente ingresó las solicitudes N° 25255 y N° 2444, el veinticuatro de diciembre de dos mil veinticinco y el veintisiete de mayo de dos mil veintiséis, respectivamente, por las cotizaciones enteradas por su empleador entre abril de dos mil veintitrés y noviembre de dos mil veinticinco, y que ambas fueron rechazadas por el mismo motivo, toda vez que acompañó un certificado que señala en forma genérica las coberturas del sistema colombiano y no las de su caso específico, y que dichas coberturas no son a todo evento.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la recurrente no cumple el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, conforme al Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que exige acreditarlo mediante certificación de la institución de seguridad social, debidamente legalizada, y a los oficios de la Superintendencia de Pensiones N° 21.480, de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, N° 21341, de uno de diciembre de dos mil veintitrés, y N° 3141, de veinte de febrero de dos mil veinticuatro, que exigen acreditar una cobertura a todo evento, específica y durante toda la prestación de servicios en Chile, criterio que estima respaldado por las sentencias de las Cortes de Apelaciones de Copiapó y Antofagasta, confirmadas por la Corte Suprema. Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que debe cumplir estrictamente las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 y los artículos 46 y 47 de la Ley N° 19.882, bajo riesgo de sanciones.

TERCERO: Que, el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En la especie, corresponde determinar si el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente constituye un acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías de igualdad ante la ley y de derecho de propiedad que le asegura el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 exige, para la procedencia del régimen de excepción que establece, que el técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisito cuya acreditación, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, debe efectuarse mediante la certificación de la institución de seguridad social respectiva, debidamente legalizada. Las administradoras de fondos de pensiones, por su parte, se encuentran sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones y obligadas a cumplir sus instrucciones.

QUINTO: Que, en la especie, el certificado de Porvenir S.A. de nueve de abril de dos mil veintiséis describe las coberturas del Sistema General de Pensiones colombiano y señala que la afiliada tiene cobertura en los riesgos anotados, pero, como lo consigna la carta impugnada, sujeta las prestaciones a condiciones que no aseguran su otorgamiento, en particular la de invalidez, limitada a un período determinado de incapacidad, y la de vejez, condicionada a la edad o al capital acumulado; y el certificado de Mutualser EPS de veintiocho de abril de dos mil veintiséis acredita la afiliación de la recurrente en régimen subsidiado, sin señalar las coberturas que comprende. Con tales antecedentes, la recurrida concluyó fundadamente que no se encontraba acreditado el requisito legal.

SEXTO: Que, por otra parte, la carta de rechazo expresa en forma pormenorizada las razones por las cuales los certificados acompañados no se estimaron suficientes, por lo que no puede calificarse de inmotivada, y la recurrente no aportó antecedente alguno que dé cuenta de que otros solicitantes en igual situación hayan recibido un trato diverso.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la recurrida actuó dentro del marco de sus atribuciones, aplicando la normativa vigente y las instrucciones del órgano fiscalizador, mediante una decisión fundada, por lo que su actuar no puede calificarse de ilegal ni de arbitrario, por lo que el recurso deberá ser desestimado.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, consta de la certificación de la Secretaría de esta Corte que la recurrente dedujo con anterioridad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el recurso de protección Rol N° 271-2026, en contra de la misma Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales, acción que fue rechazada por sentencia de once de febrero de dos mil veintiséis, confirmada por la Corte Suprema el veinticinco de febrero de dos mil veintiséis. Si bien aquel recurso se dirigió en contra de un rechazo anterior al que motiva estos autos, el fundamento de ambas negativas, según consta en ambas cartas, es el mismo, esto es, que las coberturas acreditadas por la recurrente en su país de origen no son a todo evento, de modo que la cuestión que nuevamente se somete al conocimiento de esta Corte ya fue objeto de pronunciamiento jurisdiccional entre las mismas partes y por la misma causa, lo que refuerza la conclusión de que la presente acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado respectivo, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14976-2026.