Protección contra Instituto Nacional del Tórax

Santiago, dieciséis de octubre de dos mil veintiséis.

Proveyendo los escritos folios 18, 19 y 20: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen don nombre reservado y don nombre reservado Núñez Ortega, abogados, en representación de don nombre reservado, nacional de Uruguay, médico cirujano con especialidad en cardiología, en su calidad de inculpado en el sumario administrativo instruido mediante las Resoluciones Exentas NUM000 y NUM001, ambas del año 2025, de la Dirección del Instituto Nacional del Tórax, interponiendo recurso de protección en contra del Instituto Nacional del Tórax, representado por su directora doña nombre reservado, y en contra de doña nombre reservado, fiscal instructora del referido sumario, por los actos y omisiones que estima ilegales y arbitrarios en la sustanciación del procedimiento disciplinario, los que vulnerarían las garantías consagradas en los numerales 1 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señalan que, con fecha 8 de abril de 2026, el recurrente les confirió mandato para asumir su defensa en el sumario, presentación en la que solicitaron, además, prórroga para evacuar descargos, recibiendo respuesta de la fiscal el 16 de abril por correo electrónico y sin mediar resolución alguna.

Agregan que la copia del expediente que les fue remitida por correo carecía de orden, contenía diligencias relativas a otros funcionarios y presentaba piezas faltantes, tales como la resolución que formuló cargos.

Indican que, con fecha 21 de abril de 2026, dentro de plazo, evacuaron descargos, solicitando en el primer otrosí, conforme al inciso final del artículo 132 de la Ley N° 18.834, la apertura de un término probatorio por el plazo máximo legal, y en el segundo otrosí, hacer valer todos los medios de prueba, especialmente testimonial, documental y pericial, sin que hasta la fecha de interposición del recurso se haya dictado resolución alguna a su respecto. Ante ello, el 6 de mayo de 2026 solicitaron por escrito dar curso progresivo a los autos, recordando que la petición de rendir prueba es un derecho del inculpado que el fiscal debe proveer, de acuerdo con los artículos 126 y 138 del Estatuto Administrativo y la jurisprudencia de la Contraloría General de la República.

Refieren que, el 14 de mayo de 2026, el abogado Núñez Ortega concurrió a las dependencias del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna con el objeto de conversar con la fiscal y revisar materialmente el expediente, oportunidad en que ésta, por mensajería, le habría hecho saber que no tenía por qué atenderlo presencialmente y que remitiría la resolución del proceso a su superior jerárquico, lo que importaría una infracción a los principios de contradictoriedad y transparencia y a los derechos contemplados en los artículos 10, 16 y 17 de la Ley N° 19.880, afectando el derecho a defensa.

Sostienen que la fiscal omitió pronunciarse sobre la apertura del término probatorio y, no obstante, recibió declaraciones de personas individualizadas por la defensa como testigos de descargo, sin resolución previa que lo autorizara, sin notificación al inculpado ni a sus abogados y sin permitir su participación, transgrediendo la bilateralidad de la audiencia, la contradictoriedad y la igualdad de armas. Añaden que, a la fecha, no cuentan con una copia ordenada e íntegra del sumario ni con acceso material al expediente, lo que impide controlar la legalidad de las actuaciones practicadas y ejercer una defensa técnica eficaz.

Alegan que tales actuaciones vulneran el derecho a un procedimiento racional y justo, aplicable a los procedimientos administrativos sancionatorios, y afectan la integridad psíquica del recurrente, atendida la incertidumbre e indefensión que le genera un procedimiento que puede comprometer gravemente su estabilidad laboral y su prestigio profesional.

Por estas razones, solicitan que se declare que los actos y omisiones denunciados son ilegales y arbitrarios; se ordene a la fiscal instructora pronunciarse fundadamente sobre la solicitud de apertura de término probatorio y, de corresponder, recibir íntegramente la prueba ofrecida con participación efectiva de la defensa; se ordene entregar copia íntegra del expediente y permitir su revisión física; se disponga que la autoridad recurrida se abstenga de dictar resolución final o aplicar medidas disciplinarias mientras no se subsanen las vulneraciones denunciadas; y se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que comparece la recurrida doña nombre reservado

nombre reservado, médico cirujana, y evacúa el informe solicitado, instando por el rechazo del recurso, por improcedente, con costas.

Hace presente que su participación como fiscal obedeció al cumplimiento de su deber funcionario de acatar las órdenes e instrucciones de su jefatura, y que la sustanciación del sumario se ajustó a las normas de la Ley N° 18.834, respetándose las etapas y la secuencia propias del procedimiento disciplinario y los principios de objetividad, imparcialidad y debido proceso.

Expone que el sumariado fue citado en más de una oportunidad, compareciendo y ejerciendo los derechos que la ley le reconoce, y que se recibieron y analizaron los antecedentes aportados por él y su defensa.

Precisa que, notificada la formulación de cargos, se le otorgó el plazo legal de cinco días para presentar descargos, ampliado en cinco días más a petición del inculpado, período en que pudo formular observaciones, acompañar antecedentes y hacer valer sus argumentos.

Señala que la función del fiscal consiste en investigar los hechos, reunir los antecedentes, formular conclusiones y remitir la propuesta a la autoridad competente, de modo que, concluida la investigación y analizados los descargos, emitió la vista fiscal y la elevó a la Dirección del establecimiento, a quien corresponde adoptar la decisión final respecto de eventuales sanciones, careciendo la fiscal de competencia para notificar una decisión sancionatoria inexistente o aún no adoptada.

Finalmente, sostiene que sus actuaciones deben desarrollarse por las vías formales y quedar registradas en el expediente, sin que exista norma que la obligue a sostener reuniones informales o conversaciones presenciales con el inculpado o sus abogados fuera de dichas actuaciones, por lo que la negativa a una reunión no solicitada por los mecanismos formales no constituye un acto ilegal ni arbitrario.

Concluye que el derecho a defensa ha sido satisfecho mediante la formulación de cargos, el acceso al expediente, el plazo para descargos y la rendición de prueba cuando procede.

TERCERO: Que comparece el Instituto Nacional del Tórax, representado por el abogado don Pablo Rodríguez Lizana, y evacúa el informe solicitado, instando por el rechazo íntegro de la acción de protección, con costas.

Expone como antecedentes que, mediante Resolución Exenta NUM000, de 6 de junio de 2025, la Dirección del Instituto instruyó sumario administrativo respecto del recurrente, en calidad de inculpado, designando como fiscal a la Dra. nombre reservado, funcionaria del Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna; que, por Resolución Exenta NUM001, de 29 de agosto de 2025, se dispuso la desacumulación del sumario respecto del Sr. nombre reservado; y que, con fecha 22 de mayo de 2026, la fiscal remitió a la Dirección su vista fiscal junto con el expediente, del cual la Dirección no había tomado conocimiento a la fecha de interposición del recurso, atendida la preeminencia de la labor asistencial del Instituto.

Informa que, con fecha 3 de julio de 2026, habiendo tomado conocimiento de la vista fiscal y del expediente, la Dirección dictó la Resolución Exenta NUM002, por la cual ordenó retrotraer el sumario administrativo a la etapa probatoria, al constatar que la vista fiscal no se pronunciaba sobre la solicitud de apertura de término probatorio formulada por el inculpado en sus descargos, vicio susceptible de acarrear la nulidad del proceso, ordenando a la fiscal pronunciarse sobre dicha solicitud y, una vez tramitada la etapa probatoria, emitir una nueva vista fiscal que se haga cargo de la totalidad de las alegaciones del inculpado, incluida la valoración de la prueba rendida.

Sostiene que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario imputable al Instituto, por cuanto actuó dentro del marco de los artículos 119 a 145 de la Ley N° 18.834, instruyendo el sumario y designando a la fiscal, quien goza de amplias facultades en la etapa indagatoria, la que tiene carácter reservado incluso para la Dirección, de modo que la decisión sobre la apertura del término probatorio recae exclusivamente en la fiscal, quien puede dar lugar a las diligencias útiles, pertinentes y plausibles y denegar las que no reúnan tales características, según la jurisprudencia de la Contraloría General de la República. Añade que, en lo que sí era de su competencia, veló por la garantía del debido proceso mediante la dictación de la citada Resolución Exenta NUM002.

Agrega que, no existiendo acto u omisión ilegal o arbitrario, tampoco puede configurarse privación, perturbación o amenaza de las garantías de los numerales 1 y 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental y, por último, alega la manifiesta falta de oportunidad de la acción, pues, retrotraído el sumario a la etapa probatoria, ha desaparecido el presupuesto fáctico que la sustentaba y no resulta posible dar lugar a lo pedido. Acompaña copia de la Resolución Exenta NUM002, de 3 de julio de 2026.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que luego de lo dicho, teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio del arbitrio de marras, esto es, que “se ordene a la fiscal instructora pronunciarse fundadamente sobre la solicitud de apertura de término probatorio y, de corresponder, recibir íntegramente la prueba ofrecida con participación efectiva de la defensa”, y que “se ordene entregar copia íntegra del expediente y permitir su revisión física” y que “se disponga que la autoridad recurrida se abstenga de dictar resolución final o aplicar medidas disciplinarias mientras no se subsanen las vulneraciones denunciadas”, y habiendo informado el Instituto Nacional del Tórax que, con fecha 3 de julio de 2026, la Dirección dictó la Resolución Exenta NUM002, por la cual ordenó retrotraer el sumario administrativo a la etapa probatoria, disponiendo que la fiscal instructora se pronuncie sobre la solicitud de apertura de término probatorio formulada por el inculpado en sus descargos y que, una vez tramitada dicha etapa, emita una nueva vista fiscal que se haga cargo de la totalidad de sus alegaciones, incluida la valoración de la prueba rendida, resolución cuya copia fue acompañada a estos autos, es que se debe concluir que lo pedido por esta vía se encuentra satisfecho, toda vez que la omisión que principalmente sustentaba la acción fue subsanada por la propia autoridad recurrida y el procedimiento disciplinario ha vuelto a la etapa de tramitación pertinente a las alegaciones realizadas por el recurrente.

Que, en cuanto a las peticiones relativas al acceso al expediente, según la certificación que antecede en estos autos, en estrados las partes acordaron que, dentro del plazo de 48 horas, la señora fiscal instructora remitirá copia del expediente sumarial íntegro, que contenga todo lo obrado en él, incluyendo las actas respectivas de la prueba que se haya rendido hasta la fecha.

Por lo anteriormente expuesto, esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del actor; sin perjuicio de las prerrogativas de la parte recurrente para denunciar cualquier incumplimiento de la obligación asumida por la defensa letrada de la recurrida, fiscal instructora del sumario en comento.

SÉPTIMO: Que, atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que, habiéndose satisfecho lo solicitado en el petitorio, el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y que hace innecesario e impertinente cualquier mayor análisis en relación a las alegaciones vertidas por los intervinientes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, por haber perdido oportunidad, el recurso deducido por don nombre reservado y don nombre reservado Núñez Ortega, abogados, en representación de don nombre reservado, en contra del Instituto Nacional del Tórax y de doña nombre reservado, sin perjuicio de la prerrogativa que asiste al recurrente y a que se refiere el considerando Sexto en su parte final.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

N°Protección-14971-2026.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Graciela Gómez Quitral, conformada por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno y el ministro (S) señor Guillermo Rodríguez González.