nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HEROES

C.A. de Santiago Santiago, trece de octubre de dos mil veintiséis.

Proveyendo a los escritos folios 13 y 14: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en ordenar a su empleador, Legrand Bticino Chile SpA, descontar de su remuneración del mes de mayo de 2026 la suma de $142.408, por concepto de un crédito social, vulnerando las garantías constitucionales de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que suscribió un préstamo con la antigua Caja de Compensación Gabriela Mistral, cuya cartera fue adquirida por la recurrida, la que activó el cobro mediante descuento por planilla de forma sorpresiva, sin notificarle previamente del inicio de los descuentos ni de la adquisición de la acreencia.

Señala que, por causas ajenas a su voluntad y ante una notoria insolvencia, dejó de cumplir con su obligación de pago, y que, según el “Pronóstico de Liquidación de Deuda” emitido el 27 de mayo de 2026, la obligación figura como “Deuda Castigada Voluntaria”, con fecha de otorgamiento el 9 de febrero de 2015, de modo que, tras más de 11 años de inactividad, la Caja pretende revivir el cobro eludiendo las vías jurisdiccionales ordinarias en que podría discutirse la prescripción de la acción.

Sostiene que la recurrida no ejerció acciones judiciales efectivas tendientes al cobro del crédito y que pretende, por medio de estos descuentos, corregir la desidia con que ha actuado, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 contempla para un cobro oportuno, privándolo de su derecho a defensa.

Estima conculcada la garantía de igualdad ante la ley, al ser colocado en una situación desventajosa respecto de los demás deudores civiles, a quienes se debe demandar ante los tribunales ordinarios para obtener el pago, cobrándosele una deuda que, a su juicio, se hallaría prescrita; y el derecho de propiedad, al privársele de parte de la remuneración obtenida con motivo de su actividad laboral.

Solicita se acoja el recurso, ordenando a la recurrida el reintegro de todas las sumas descontadas de sus remuneraciones, con intereses y reajustes, y abstenerse de realizar por sí, u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por Legrand Bticino Chile SpA o por cualquier otro empleador u organismo, descuentos de sus remuneraciones, con costas.

Segundo: Que evacúa informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que el 9 de febrero de 2015 el recurrente suscribió con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Gabriela Mistral el crédito social N°827205, por un monto de $2.846.696, pactado en 29 cuotas mensuales de $142.408 cada una, sin que haya pagado ninguna de ellas.

Agrega que, por Decreto Supremo N°103 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 2018, se aprobó la fusión por absorción de dicha Caja con la recurrida, que la sucedió en todos sus derechos y obligaciones. Indica que el 22 de mayo de 2026 remitió al actor un correo electrónico informándole la existencia de las 29 cuotas impagas y confiriéndole un plazo de 15 días para regularizar su situación, bajo apercibimiento de reanudar los descuentos, conforme al punto 3.1.17.3 del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Arguye que la acción constitucional intentada no es la vía para obtener la declaración de prescripción, por tratarse de una excepción de lato conocimiento que supone la ponderación de hechos controvertidos, y que, conforme a los artículos 2493 y 2514 del Código Civil, la prescripción debe ser alegada, correspondiendo determinar en sede ordinaria la exigibilidad de cada cuota y la existencia de actos interruptivos.

Afirma que su actuar no es ilegal ni arbitrario, pues el artículo 22 de la Ley N°18.833 impone un deber legal de deducir de la remuneración lo adeudado por crédito social, en concordancia con el artículo 58 del Código del Trabajo. Añade que dispone de la acción cambiaria, que prescribe en un año conforme al artículo 98 de la Ley N°18.092, y de la acción ordinaria derivada del mutuo, que prescribe en cinco años conforme al artículo 2515 del Código Civil, sin que ninguna de ellas haya sido declarada prescrita judicialmente, por lo que la obligación se mantiene plenamente vigente.

Alega, además, que el actor pretende eludir por esta vía el cumplimiento de obligaciones libremente asumidas, y que la restitución pedida es improcedente, pues el descuento extinguiría parcialmente una obligación vigente y, en subsidio, lo pagado en razón de una obligación natural no puede repetirse, conforme al artículo 1470 N°2 del Código Civil; agrega que, a la fecha, no se le ha remesado suma alguna.

Finalmente, niega la vulneración de las garantías invocadas, pues los descuentos legales recaen sobre una remuneración sujeta desde su origen a las deducciones del artículo 58 del Código del Trabajo, el mecanismo se aplica uniformemente a todos los deudores de crédito social, y el actor tuvo a su disposición las vías legales para alegar la prescripción ante el tribunal competente. Invoca los Dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social N°42.792-2018, N°117.359-2025, N°144.477-2022 y N°06.274-2019, conforme a los cuales, mientras la prescripción no sea declarada judicialmente, el crédito puede ser cobrado por la Caja respectiva.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, del análisis de los antecedentes, consta que el recurrente mantiene obligaciones vigentes con la Caja de Compensación Los Héroes, derivadas de un contrato de crédito social, respecto de las cuales no se ha iniciado una acción judicial de cobro y no se ha declarado la prescripción extintiva de la deuda.

Quinto: Que, ahora bien, en cuanto a la pretendida ilegalidad de los descuentos, cabe tener presente que el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone expresamente que las cantidades adeudadas por concepto de crédito social deben ser deducidas de las remuneraciones de los trabajadores afiliados por sus empleadores, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Esta normativa constituye un mandato legal que habilita y obliga al empleador a retener los montos informados por la Caja acreedora.

Por otra parte, queda de manifiesto que el recurrente suscribió con la antecesora legal de la recurrida un crédito, encontrándose en mora de pago respecto de todas las cuotas.

De esta manera, se justifica el actuar de la recurrida al amparo de la norma precedentemente citada, toda vez que consta la existencia de créditos vigentes que se encuentran insolutos, lo que habilita a la recurrida a efectuar los descuentos que sustentan la presente acción.

Sexto: Que, por otra parte, para proceder al reinicio de los descuentos del crédito otorgado el 9 de febrero de 2015, la Caja debía sujetarse a las prescripciones incorporadas en el Compendio de Normas que regulan a las C.C.A.F. aprobado por Resolución Exenta N°250 de 29 de marzo de 2023 de la Superintendencia de Seguridad Social -antes contenidas en el punto 1.17.3 de la Circular N°3.567 de la SUSESO, de 4 de enero de 2021- la que imponía en el número 3.1.17.3, referido al “Reinicio de Descuentos” y previo a informar el descuento a la entidad empleadora o pagadora de la pensión la respectiva cuota de crédito social, enviar un aviso al trabajador informándole la existencia de la deuda de crédito social impaga por los meses correspondientes, noticiándole que dichos descuentos se reanudarían de conformidad a lo acordado entre las partes al momento de otorgarse el crédito, esto es, mediante descuento en sus remuneraciones o pensiones. Tal obligación de información no sólo resulta relevante, sino condición esencial para el reinicio de los descuentos. En efecto, como aparece de la lectura del párrafo tercero del punto señalado en el Compendio de Normas que regulan a las C.C.A.F. aprobado por Resolución Exenta N°250, dicho aviso que debe contener además la información referida a la indicación del monto de crédito otorgado, número de cuotas, valor de cada una, total de cuotas pagadas y adeudadas, intereses respectivos y demás gastos que correspondan, otorgaba al deudor un plazo de al menos 15 días corridos para que concurriera a la Caja a regularizar la situación de sus cuotas morosas y acreditar el promedio de sus ingresos de los últimos tres meses.

Sin embargo, la exigencia de cumplir con dicha obligación de información, conforme a la regulación contenida en las señaladas Circulares de la SUSESO, fue cumplida por la recurrida, enviando el aviso de rigor, según consta del documento aparejado a estos autos, remitido el 22 de mayo de 2026 al correo electrónico del deudor recurrente. Por lo anterior, no se vislumbra que el reinicio del cobro del crédito social mediante descuentos de las remuneraciones resulte ilegal ni arbitrario.

Séptimo: Que, por otra parte, los antecedentes allegados a este expediente no dan cuenta que la deuda en cuestión, haya sido declararla prescrita por sentencia firme y ejecutoriada, sin que corresponda emitir pronunciamiento al respecto en esta sede de carácter cautelar, por cuanto esta no es una instancia declarativa de derechos y por ello, no es posible resolver en el marco de esta acción constitucional, un asunto de lato conocimiento, como lo es la pretendida extinción de la obligación civil materia del cobro cuestionado.

Octavo: Que, en consecuencia, al no haberse acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Héroes, toda vez que su conducta se ajusta a lo prescrito en la Ley N°18.833, y a la normativa reglamentaria emanada de la autoridad administrativa fiscalizadora, no se ha producido vulneración a las garantías de igualdad ante la ley y de propiedad del recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14968-2026.