nombre reservado con MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

C.A. de Santiago Santiago, quince de febrero de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, representado legalmente por la Ministra doña Carolina Arredondo Marzán o por quien haga sus veces, y de la SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES, representada legalmente por su Subsecretaria doña NOELA SALAS SHARIM, o por quien haga sus veces, ambos con domicilio en domicilio reservado, autoridad que dictó el acto administrativo en virtud del cual se declaró vacante el cargo del recurrente, contenido en Resolución TRA N°122509/2/2023 de fecha 7 de agosto de 2023, el que estima vulnera sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°1, 2, 16 y 24, con el fin de que se deje sin efecto la citada resolución y/o se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección, y se le restituya en el cargo, en idénticas condiciones, ordenando además al pago de las remuneraciones y demás asignaciones no pagadas durante el periodo en que se vio separado de su cargo, con expresa condena en costas.

Funda su recurso en que prestó servicios sostenidos para la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, desde el 04 de julio de 2018. Aclara que fueron sostenidos porque previamente, durante el 01 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2014, también estuvo realizando labores para este servicio.

Señala que la contratación del año 2018 fue a través de un contrato de honorarios para realizar funciones de apoyo en la gestión e implementación institucional de la ley de artistas urbanos en espacios públicos y; desde el año 2020, a contrata, como técnico asimilado al grado 10° de la planta de técnicos, en el cargo de profesional de Gestión Cultura, en el Departamento de Ciudadanía Cultural de la Subsecretaría.

Agrega que en el desempeño de su cargo debía realizar funciones de elaboración de estrategias de vínculos con Municipalidades para dar cuenta de los alcances de esta ley de artistas urbanos en espacios públicos, revisar y elaborar el registro de artistas para el diseño de la plataforma que permitiera su inscripción, coordinación con contrapartes de otros equipos del servicio para difundir, promover y hacer convocatorias. Además, manifiesta que se desempeñaba como coordinador regional de organizaciones de folclore y artesanía y de organizaciones artístico cultural de artistas urbanos. Reseña que sus funciones eran parte esencial de las que se realizan por el servicio. Agrega que durante el transcurso de los tres años en que prestó servicios en la Subsecretaría, ejerció sus funciones de la mejor manera, relacionándose de buena forma con sus compañeros de trabajo, cuestión que se vio reflejada en sus calificaciones, estando siempre en lista uno distinción.

Por otra parte, refiere que lamentablemente ha tenido problemas de salud relacionadas con sus articulaciones esqueléticas, en específico las rodillas, meniscos y brazos. Producto de lo anterior ha estado en tratamiento médico con prescripción farmacológica y sesiones de terapias. Ha hecho uso de licencias médicas desde el veintiocho de abril hasta el treinta y uno de agosto de 2023, precisamente con el fin de hacer un diagnóstico certero y, más importante, realizar un tratamiento que le permitiera su mejora.

Expresa que de forma completamente sorpresiva, el día quince de septiembre del 2023, se enteró a través de la gestión de la asociación de funcionarios ANFUCULTURA, de la declaración de vacancia de su cargo por salud incompatible, mediante Resolución TRA N°122509/2/2023, de fecha siete de agosto de 2023, esgrimiendo como principal argumento, la existencia de la facultad de la autoridad para declarar la vacancia. Señala que resulta imprescindible señalar que se dictó esta resolución en circunstancias que, “como la propia resolución lo reconoce”, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez SEREMI de la Región Metropolitana, subcomisión Sur, mediante Resolución Exenta N°143.817 de fecha ocho de marzo de 2023, declaró la recuperabilidad de su salud. A través de la antedicha gestión sindical, también se enteró que no estaba en la planilla de remuneraciones para el mes de septiembre, por lo que de no haber mediado esta acción de su asociación, hubiese tomado conocimiento de esta situación al no recibir su remuneración.

Agrega que la resolución tiene solo un considerando y señala lo siguiente:

“Que mediante resolución N° 122509/495/2020 de fecha 21/12/2020 se nombra a don nombre reservado.

Que, la letra a) del artículo 150 del Estatuto Administrativo, señala que la declaración de vacancia procede en el caso de salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, añadiendo el artículo 151 del mismo ordenamiento, que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años de no mediar declaración de salud irrecuperable.

Que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez SEREMI región metropolitana, Subcomisión Sur, remite a esta esta Subsecretaría la resolución exenta N°143817 del 08 de marzo de 2023 de ésa entidad, que certifica la recuperabilidad de la salud del funcionario nombre reservado.

Que el Sr. nombre reservado a la fecha, ha hecho uso de licencias médicas en exceso a la norma antes señalada, por enfermedad no profesional.

Que, se cumplen todos los requisitos exigidos por la norma estatutaria y la jurisprudencia de la Contraloría General de la República que autorizan a esta Autoridad a declarar la vacancia por salud incompatible del cargo del funcionario nombre reservado, estamento técnico grado 10 EUS.” (sic) (el subrayado es propio).

Refiere que se resolvió declarar vacante por salud incompatible su cargo a contar de la total notificación de la total tramitación de la resolución, a pesar que su salud es completamente recuperable y así fue declarado por la autoridad de salud competente.

Producto de lo anterior, se encuentra en una situación de completa incertidumbre, ya que su fuente de empleo se ve amenazada por este acto completamente ilegal, precisamente por no basarse en los supuestos legales para su aplicación.

A mayor abundamiento, arguye que la resolución recurrida tendría como fundamento jurídico las atribuciones otorgadas por el artículo 151 del Estatuto Administrativo, basándose exclusivamente en los parámetros objetivos señalados en la norma (más de 180 días de licencias médicas en los últimos dos años), que contempla la primera parte del artículo, pero sin señalar una motivación clara del acto administrativo en cuestión.

En relación a lo anterior, sostiene que si bien, existe la facultad discrecional para declarar la vacancia del cargo que ejercía por salud incompatible con el cargo, una vez verificados factores objetivos como son haber tenido más de 180 días de licencia médica (continuos o discontinuos), y solicitar el pronunciamiento sobre la recuperabilidad o no de la situación de salud del funcionario, ello no exime de manera alguna de la obligación de fundamentar y motivar el acto administrativo en cuestión, lo que no sucede en el presente caso, como queda de manifiesto de la sola lectura del acto recurrido arriba transcrito. Afirma que salta a la vista que no hay ningún fundamento más allá de la mera referencia a la regulación legal de la figura, pero sin explicar por qué se debe aplicar en el caso concreto.

Concluye que se infringe de manera manifiesta el deber de fundamentación de los actos jurídicos que tienen los órganos de la administración del Estado, que tiene sus manifestaciones en los artículos 11, inciso segundo, 41 y 52 de la Ley N°19.880, especialmente cuando no se ha considerado la inclusión de un inciso que establece expresamente un requisito al ejercicio de dicha facultad, y que busca de dotar precisamente de un fundamento técnico médico a la decisión, a través de un informe médico emitido por la COMPIN.

Añade que se buscaba limitar esta atribución, ya que de lo contrario se estaría definiendo la vacancia por salud incompatible, sin contar con ningún tipo de antecedente objetivo médico que permitiera aseverar dicha situación.

Asimismo, sostiene que el artículo 63 de la Ley N° 21.050, publicada el 7 de diciembre de 2017, agregó un inciso tercero nuevo al artículo 151 del Estatuto Administrativo del siguiente tenor: "El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo". Señala que todo lo anterior le ha producido una situación absoluta de indefensión, pues se le ha privado de las funciones que habitualmente desempeñaba desde el año 2020, en virtud del cargo antes indicado, sin cumplir con los requisitos legales para ello, sin fundamento ni motivación que justifique la necesidad del servicio y de forma arbitraria, afectando su estabilidad en el empleo.

Expresa que es claro que el acto administrativo que decide declarar vacante su cargo es infundado debido a: (i) no contiene absolutamente ningún tipo de fundamentación más allá de la mera referencia a la norma; y; (ii) no se cumple con los requisitos establecidos por el propio artículo 151, ya que declara la vacancia por salud irrecuperable, en circunstancias que el informe técnico señala todo lo contrario, y por tanto, puede desempeñar las funciones que se le han encomendado.

Segundo: Que, evacúa informe por la recurrida doña nombre reservado, quien señala que es efectivo lo que refiere el recurrente en cuanto al periodo en que presto servicios en la institución, así como las funciones que realizó.

En cuanto a las licencias médicas señala que el recurrente presentó licencias por más de seis meses en un lapso de dos años, por lo que la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, en su calidad de jefa de servicio, instruyó iniciar las gestiones necesarias con la COMPIN, para determinar si las condiciones de salud del funcionario implican una condición de irrecuperabilidad y proceder con el procedimiento para declarar la vacancia del cargo o implican una condición de recuperabilidad y así proceder con las gestiones para declarar la salud incompatible con el cargo.

Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 146,150 y 151 del Estatuto Administrativo. Agrega que dado el pronunciamiento de la COMPIN, mediante resolución N° 143.817 de ocho de marzo 2023, que determinó la recuperabilidad de la salud del recurrente, se dictó la resolución TRA N° 122509/2023, con fecha siete de agosto de 2023, que declara la “salud incompatible” con el cargo del recurrente. Dicha resolución fue tomada de razón por la Contraloría Regional de Valparaíso con fecha siete de agosto de 2023. De manera preliminar, reclama que el recurrente se enteró de la resolución que declara su desvinculación por salud incompatible el día quince de septiembre de 2023, mediante notificación extraoficial de su Asociación de Funcionarios.

Sin perjuicio de ello, consta en documentos fidedignos, que el funcionario fue notificado legalmente, conforme al artículo 46 de la ley 18.880, el día 14 de agosto de 2023, adjuntándose el comprobante de la oficina de correos donde consta la recepción de la resolución. Indica que la dirección donde se gestionó la notificación coincide con la última dirección que el señor nombre reservado señaló a la institución, esto con ocasión de su nombramiento en la contrata.

Agrega que en dicha ocasión firmó el documento titulado, DATOS REQUERIDOS A LA PERSONA QUE SE INDICA VALIDOS PARA REGISTRAR "EN BASE DE DATOS DEL PERSONAL Y REMUNERACIONES". El domicilio señalado es domicilio reservado, Región Metropolitana. Añade que el artículo 46 de la ley 18.880 señala que: "Las notificaciones se harán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio que el interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda acuerdo con lo expresado en el N° 1 del auto acordado”.

Recalca que, sin perjuicio de que el recurso debiera declararse extemporáneo estima necesario, referirse al fondo de la acción.

Refiere que para la institución no existe acto ilegal o arbitrario, ya que la decisión impugnada fue adoptada tras un procedimiento para declarar vacante el cargo del ex funcionario recurrente, fundado en su prolongado ausentismo, actuando dentro de las facultades del Jefe Superior del Servicio y sin que se aprecie vulneración a las garantías invocadas. Asimismo, la resolución fue tomada de razón por la Contraloría Regional de Valparaíso. Por tanto, no corresponde señalar que no existe una fundamentación más allá de la referencia a la norma. Agrega que el artículo 146 de la Ley N°18.334 del Estatuto Administrativo, se señala que "El funcionario cesara en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia".

Asimismo, sostiene que el artículo 150 señala cuando procede esta causal de término, indicando que: "La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo". En cuanto al fundamento invocado por la resolución que por este acto se impugna, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, determina que: "El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable". "No se considerará para el computo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Titulo II, del Libro II, del Código del Trabajo". "El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo." Afirma que la vacancia fue declarada de conformidad al inciso primero del artículo 151 antes citado, esto es, "vacancia de cargo por salud incompatible", sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Sostiene que de los fundamentos del recurso, se desprende que lo cuestionado por la recurrente se basa en la inexistencia de un informe de COMPIN que declare su irrecuperabilidad, antecedente, a su juicio, necesario para declarar la vacancia del cargo. Por lo tanto, para resolver, es necesario determinar si este trámite previo, y la declaración de irrecuperabilidad por la entidad, resultaba necesario para terminar el vínculo laboral del funcionario.

Al respecto, expresa que debe establecerse que en el artículo 151 se contemplan dos causales de declaración de vacancia, en primer lugar, la salud incompatible para desempeñar el cargo, fundada en la existencia de licencias médicas por el periodo que señala la norma, o bien, en segundo lugar, por salud irrecuperable, declarada por informe de COMPIN, solicitado de conformidad al inciso final del artículo referido. Para el primer fundamento de vacancia - por salud incompatible estima que - no es necesario que exista una declaración de salud irrecuperable, tal como señala expresamente el inciso 1° parte final del artículo 151, ya que esta se requiere exclusivamente para el segundo presupuesto de vacancia. Estima que suponer lo contrario implicaría imposibilidad de aplicar la norma de declaración de salud incompatible. El sentido de que la norma legal puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, en primer lugar, en relación a la declaración de extemporaneidad del recurso, se debe precisar que este tribunal de alzada, solicitó al recurrente antecedentes que dieran cuenta de haber tomado conocimiento del acto impugnado el día quince de septiembre de dos mil veintitrés, acompañándose por el actor copia de correo electrónico enviado por el presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de las Culturas y de las Artes a varios destinatarios, (entre ellos el recurrente) que comunica la declaración de vacancia. Por consiguiente, no constando que haya tomado conocimiento con antelación a la fecha señalada precedentemente, se rechazara la extemporaneidad alegada.

Quinto: Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha la parte recurrente, es el acto administrativo contenido en Resolución TRA N°122509/2/2023 de fecha 7 de agosto de 2023, por el cual se declaró vacante su cargo por “salud incompatible”, bajo el siguiente tenor:

“Que mediante resolución N° 122509/495/2020 de fecha 21/12/2020 se nombró a don nombre reservado.

Que, la letra a) del artículo 150 del Estatuto Administrativo, señala que la declaración de vacancia procede en el caso de salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, añadiendo el artículo 151 del mismo ordenamiento, que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años de no mediar declaración de salud irrecuperable.

Que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez SEREMI región metropolitana, Subcomisión Sur, remite a esta esta Subsecretaría la resolución exenta N°143817 del 08 de marzo de 2023 de ésa entidad, que certifica la recuperabilidad de la salud del funcionario nombre reservado.

Que el Sr. nombre reservado a la fecha, ha hecho uso de licencias médicas en exceso a la norma antes señalada, por enfermedad no profesional.

Que, se cumplen todos los requisitos exigidos por la norma estatutaria y la jurisprudencia de la Contraloría General de la República que autorizan a esta Autoridad a declarar la vacancia por salud incompatible del cargo del funcionario nombre reservado, estamento técnico grado 10 EUS”.

Sexto: Que en cuanto a la normativa aplicable corresponde indicar que el artículo 146 c) del Estatuto Administrativo señala: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia;”. Asimismo, el artículo 150 del Estatuto Administrativo dispone que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

Por su parte, el artículo 151 del Estatuto Administrativo -de acuerdo a la modificación introducida por el artículo 63 de la Ley N° 21.050- dispone que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Por último, el artículo 3 inciso final de la Ley N° 19.880 dispone: “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional”.

Séptimo: Que el término de la contrata se realizó en virtud del artículo 3 de la Ley Nº 18.834, el cual dispone que el empleo a contrata es de carácter transitorio, esto es, que, si bien su duración se extiende por ley hasta el 31 de diciembre de cada año, ello no es óbice para que el Jefe Superior de Servicio pueda disponer el término anticipado, si los servicios no son requeridos o si existe una declaración de vacancia del cargo.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 151 del Estatuto Administrativo, se establece que el Jefe de Servicio podrá considerar como salud incompatible el uso de licencias médicas por un lapso superior a 6 meses continuo o discontinuo, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Octavo: Que en consecuencia, después de la modificación introducida por la Ley N° 21.050, para aplicar el artículo 151 del Estatuto Administrativo resulta estrictamente necesario solicitar la evaluación a la COMPIN respecto del estado de salud que afecta a un funcionario, cuyo informe sólo puede señalar dos opciones: que sea el estado de salud irrecuperable o recuperable, conservando en ambos casos la administración la facultad de mantener al funcionario en el respectivo cargo o declarar su vacancia, en los términos del artículo 151 del Estatuto Administrativo.

De esta forma, el pronunciamiento de la COMPIN de recuperabilidad no resulta vinculante para la recurrida, toda vez que aún en dicha hipótesis, igualmente puede estimar la jefatura del servicio que la salud del funcionario es “incompatible” con el funcionamiento de la entidad, dado que en dicho contexto se trata del ejercicio de una potestad exclusiva de la administración.

Noveno: Que, de acuerdo al tenor del acto impugnado se advierte que corresponde a un acto administrativo fundado desde los hechos y el derecho -analizándose de manera pormenorizada la situación particular del actor-, dictado en el ejercicio de una facultad legal y contando con el cumplimiento de los requisitos que el Estatuto Administrativo exige al efecto, conforme además al artículo 3 inciso final del referido cuerpo normativo -presunción de legalidad de los actos administrativos-, toda vez que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República con fecha 29 de septiembre de 2021.

Décimo: Que, asimismo, resulta pertinente tener presente que, mediante el Dictamen N° 17.351 de 2018, el Ente Fiscalizador ha sostenido que “la resolución de la evaluación que realice la COMPIN constituye para la autoridad que lo solicita un antecedente sobre la irrecuperabilidad de la salud del servidor, ya que se trata de la valoración que un organismo técnico especializado, realiza acerca de la condición de salud de ese empleado.

Atendido lo anterior, en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo y resolver la vacancia de éste por esa causa”, resultando para estos efectos la jurisprudencia administrativa vinculante para la administración, conforme con lo dispuesto en los artículos 9 y 19 de la Ley N° 10.336 sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

Undécimo: Que, en síntesis, la autoridad recurrida sostiene que su decisión tuvo como fundamento reconocer en los hechos los evidentes impedimentos de salud del actor en relación con el ejercicio del cargo, por lo que dispuso su vacancia a efectos de cubrirlo en el futuro y dotar al respectivo servicio público de los elementos humanos necesarios e idóneos para dar continuidad operativa a los procesos administrativos que la ley mandata, antecedentes que implicaron que se declarara su “salud incompatible”, en los términos antes explicitados.

En efecto, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años.

Duodécimo: Que de lo expresado aparece que la decisión recurrida fue adoptada en virtud del ejercicio de la atribución conferida por ley al jefe del servicio, quien ponderó en el curso del procedimiento no sólo la concurrencia de los requisitos objetivos previstos por la normativa pertinente para la declaración objetada, sino también la probabilidad de contar con el concurso de los servicios del recurrente para los fines del servicio a partir de su reintegro, después de ausencia por motivos médicos, en base a antecedentes que sostienen la calificación de incompatibilidad que se formulara, y que priva de sustento a las imputaciones de ilegalidad y arbitrariedad del recurso.

Décimo tercero: Que, asimismo, tampoco se ha demostrado la existencia de una arbitrariedad, pues el acto impugnado se fundamenta en la declaración previa de salud recuperable y en el hecho acreditado de haber hecho de licencia médica (180 días) en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que transforma su permanencia en el cargo incompatible con los fines del servicio a prestar.

Décimo cuarto: Que en relación a lo impetrado mediante el presente arbitrio constitucional, es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

Décimo quinto: Que, es así como, aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional, en cuanto a la presunta inconsistencia entre la declaración de recuperabilidad de la salud con la consideración de su incompatibilidad con el servicio, rebasa sus límites y propósitos, dado que necesariamente supone dirimir los tópicos antes consignados para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo.

Décimo sexto: Que lo cierto es entonces que el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de derechos, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose aquéllos indubitados es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Décimo séptimo: Que, en base a lo expuesto con antelación, el actuar de la recurrida se ajustó completamente a la normativa vigente y a lo previsto en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental, sin que haya existido ilegalidad o arbitrariedad alguna -denunciada o verificable- de parte de las recurridas.

Décimo octavo: Que, en conformidad a lo antes referido, al no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado y al no configurarse un acto ilegal y arbitrario, corresponde rechazar el recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, y en contra del Ministerio de las Culturas, Las Artes y El Patrimonio, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra suplente señora Orellana.

N° Protección- 14.949-2023.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Fernando Carreño Ortega, conformada por la Ministra suplente señora Soledad Orellana Pino y el Abogado Integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.