nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

C.A. de Santiago Santiago, siete de noviembre de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 21 y 22: a todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Rodrigo Ojeda Garrido, abogado, en favor de don nombre reservado, y deduce acción de protección en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por el acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en la Resolución Exenta N° 954, de 25 de mayo de 2025, que acogió parcialmente el recurso de reposición interpuesto por éste, confirmando la medida disciplinaria de destitución que previamente le fuera aplicada por Resolución Exenta N° 779, de 24 de abril de 2025, la que a su juicio vulnera las garantías contempladas en los N°s. 1 y 3, inciso quinto, del artículo 19 de la Constitución Política.

Precisa que la medida disciplinaria que impugna le fue impuesta en razón de los siguientes cargos, que se estimaron acreditados en el procedimiento sumarial respectivo:

a. Incumplimiento grave al principio de la probidad administrativa de acuerdo a lo indicado en los artículos 52 y 62 de la Ley N° 18.575, además de los artículos 61 y 84 letra l) de la Ley N° 18.834, “(…) por haber incurrido en conductas constitutivas de atentados a la dignidad de la denunciante, por la vía de la generación, mantención y uso de registros audiovisuales sin consentimiento de la misma y sin autorización de la jefatura ni de las personas grabadas, en los cuales constan imágenes que violan la dignidad de la denunciante, obtenidas y guardadas sin el consentimiento ni autorización de la misma”.

b. Incumplimiento grave al principio de la probidad administrativa de acuerdo a lo indicado en los artículos 52 y 62 de la Ley N° 18.575, además de los artículos 61 y 84 letra m) de la Ley N° 18.834, “(…) por incurrir en conductas constitutivas de acoso laboral, por la vía de actos de difusión e intimidación en contra de otros compañeros de trabajo de forma reiterada en el tiempo, que tuvo como resultado el menoscabo, maltrato o humillación y perjuicio en la situación laboral u oportunidades en el empleo; particularmente, por el uso de apodos inapropiados y difusión del contenido de videos atentatorios contra la dignidad de una funcionaria que dañaron la dignidad y la condición de salud mental de la denunciante e intimidatorias en contra de otros funcionarios”.

Advierte que el acto administrativo que se pronunció sobre la reposición administrativa ejercida en contra de dicha decisión, la modificó eliminando el vocablo “generación” de las faltas que motivaron la sanción aplicada.

Alega en primer término que la sanción se fundó en normativa que no estaba vigente al momento de la sanción, como ocurre con la Ley N° 21.643 -conocida como Ley Karin- y que sobre este punto la resolución impugnada se limita a invocar, en su considerando quinto, el Dictamen N° 553.505, de 2024, de la Contraloría General de la República para justificar que las modificaciones en normas sustantivas no pueden aplicarse al procedimiento en cuestión, sin perjuicio de que las normas procesales se apliquen de manera inmediata. Sostiene que precisamente en ello radica su reclamo, toda vez que resulta ilegal que se hayan utilizado las definiciones y requisitos de procedencia de conductas contenidas en dicha ley, cuando los hechos denunciados son anteriores a su entrada en vigencia.

En segundo término, se refiere a la presencia de la denunciante en las dependencias del servicio el día de los hechos, desde que aquella informó mediante correo electrónico, enviado esa misma jornada a la autoridad respectiva, que se encontraba en modalidad de teletrabajo. Cuestiona que el acto impugnado haya considerado, en el motivo décimo, que en la especie se invocaba un caso fortuito, dado que ello no fue planteado en esos términos por esa parte, quien solicitó en reiteradas oportunidades -en los descargos y en la reposición-, la apertura de una investigación administrativa destinada a esclarecer la falsedad de la declaración de la denunciante en relación con el lugar donde se encontraba ese día, petición que fue desestimada arbitrariamente y sin fundamento alguno, y que estima crucial para el esclarecimiento de los hechos, porque permitiría contextualizar el comportamiento del propio recurrente, quien habría pensado que, al existir movimiento en el lugar de trabajo cuando no debía haber nadie presente, pudiesen estar siendo objeto de un ilícito penal, como había ocurrido en otras oportunidades anteriores.

Argumenta que la irracionalidad de lo resuelto se confirma en el considerando duodécimo del acto que recurre, en el cual se expresa que se desestimó iniciar procedimiento administrativo en su momento y que las eventuales infracciones no son parte de aquel en que incide dicho pronunciamiento. Estima infundada dicha conclusión por cuanto, a su juicio esa falsa información constituye el presupuesto único por el cual fue sancionado, ya que de haber sido efectivo lo declarado, no se habría encontrado en el edificio ese día y el registro de video cuestionado no existiría respecto de ella, lo que conllevaría su ausencia de responsabilidad y la improcedencia de la sanción impuesta.

Como tercer punto crítica lo mencionado en los considerandos undécimo, décimo quinto y décimo sexto, en relación a la falta del elemento infraccional subjetivo, dado que la autoridad razonó que la mantención del registro era por sí reprochable incluso sin haberse divulgado; que no se aportaron nuevos antecedentes que desacreditaran la mantención, edición y exposición del video con fines intimidatorios; y que el uso de baño por parte de la funcionaria denunciante para cambiarse de ropa era accesorio y no atentaba contra la probidad, respectivamente.

Sobre el particular reitera que la falsedad de lo informado por la funcionaria respecto del lugar donde se encontraba ameritaba la instrucción de un procedimiento disciplinario y expone que resulta ilógico sostener que las dependencias tienen uso accesorio personal cuando la denunciante no resguardó su privacidad, manteniendo la puerta abierta y paseándose en ropa íntima por los demás espacios, agregando que todas las actividades desarrolladas dentro de la superintendencia tienen naturaleza pública, sin estar sujetas a reserva, menos aun cuando no se mantuvo la puerta cerrada ni se ejecutó el resguardo razonable. Concluye que el hecho de obtener un registro mediante equipo institucional, en dependencias públicas, durante horario laboral, no constituye afectación a la dignidad de la denunciante, pues tales actividades no requieren autorización, pese a lo cual la resolución en examen estableció en su considerando décimo séptimo que la mantención de registro audiovisual sí vulneraba la dignidad de dicha servidora, sin la debida motivación, Acto seguido, y como cuarto argumento, se refiere a la falta de adecuación de los hechos a la calificación de falta grave a la probidad que le dio la autoridad, así como a la falta de proporcionalidad de la sanción, aspecto que se habría analizado en el considerando décimo octavo de la decisión que recurre de protección. Reprocha que la autoridad haya fundado la gravedad de la conducta en la protección de la vida privada mediante los delitos consagrados en los artículos 161 A y siguientes del Código Penal, sin precisar cuáles hechos delictuales se configurarían con los hechos investigados. Adiciona que ello no guarda concordancia con los hechos imputados, que fueron calificados como acoso laboral y no acoso sexual, cuyo aspecto subjetivo es diverso, por lo que no se configurarían los delitos invocados como sustento de la gravedad que se le asigna. Niega el acoso laboral, que se sustenta en actos de difusión inexistentes y supuesta intimidación a través de la mantención de los registros. Desmiente, además, el menoscabo, maltrato o humillación que se atribuye como consecuencia a la conducta, asegurando que la denunciante asistió a capacitaciones durante 2021 y 2022, sin perjuicio en su empleo ni oportunidades, manteniendo relaciones normales con sus compañeros, buenas calificaciones, sin experimentar perjuicio alguno.

Finalmente, aborda el considerando 19 que desestima su solicitud de rebaja de la sanción aludiendo al artículo 125 del Estatuto Administrativo para justificar la destitución por vulneración grave a la probidad y concluyendo que la medida resulta proporcional. A este respecto, comenta que dicha decisión es ilegal y realiza una interpretación incorrecta de la normativa, pues la contravención al principio de probidad no necesariamente trae aparejada la destitución, sanción que supone un examen de proporcionalidad especialmente cuando los hechos carecen de suficiente gravedad.

En razón de lo expuesto, solicita se acoja el recurso en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho, ordenando dejar sin efecto la medida que destituye de su cargo al recurrente y que se le reincorpore a la brevedad a sus funciones, con todas sus prestaciones, con costas.

SEGUNDO: Que comparece David Peralta Anabalón, abogado, Superintendente de Servicios Sanitarios (S), quien informando el recurso solicita su rechazo, con costas.

Luego, describe la tramitación del procedimiento disciplinario, iniciado por Resolución SISS N° 1.856, de fecha 5 de septiembre de 2024, al que siguió una etapa indagatoria que culminó con la formulación de cargos al recurrente, como autor de infracción grave al principio de probidad administrativa. Refiere que aquel evacuó descargos, solicitó diligencias probatorias y presentó medios de prueba dentro del plazo establecido al efecto. Hace presente que el actor cuenta con representación letrada desde el inicio del procedimiento y no ha desconocido los hechos imputados. Relata que, concluidas las diligencias probatorias solicitadas y recepcionadas los medios ofrecidos el fiscal instructor propuso la medida disciplinaria de destitución del actor por incurrir en faltas graves a la probidad administrativa; en calidad de autor de mantención y uso de registros audiovisuales sin consentimiento de la denunciante, y además, en calidad de autor de acoso laboral por la vía de actos de difusión e intimidación en contra de otros compañeros de trabajo de forma reiterada en el tiempo.

Añade que por Resolución Exenta N° 779, de 24 de abril de 2025, el Jefe Superior del servicio aprobó el sumario administrativo y sus conclusiones, resolviendo aplicar la medida disciplinaria de destitución respecto del Sr. nombre reservado. Dicha decisión fue atacada mediante recursos administrativos de reposición y jerárquico en subsidio, los que fueron rechazados a través de la Resolución SISS N° 954, de 26 de mayo de 2025, por cuanto no aportó nuevos antecedentes que permitieran considerar aminorar o eximir su responsabilidad, dictando la Resolución Exenta RA N° 404/37/2025, de 10 de abril de 2025, para su registro en Contraloría General de la República.

En cuanto a los fundamentos del recurso de protección indica lo siguiente:

1.- En lo relativo a la improcedencia de la aplicación de la Ley N° 21.643, afirma que el recurso yerra en esta reclamación, pues los hechos materia del sumario administrativo no se enmarcan en lo dispuesto en dicho cuerpo normativa. Aclara que el procedimiento sumarial se instruyó conforme al artículo 52 de la Ley N° 18.575, Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, que sujeta a sus funcionarios al cumplimiento del principio de probidad administrativa, a los artículos 119 y siguientes de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, aprobado por Decreto Supremo N° 1.640, de 1998.

A su turno, la vista fiscal que propuso la aplicación de la máxima sanción dio aplicación al artículo 2° del Código del Trabajo, plenamente aplicable a funcionarios públicos y la medida de destitución se funda en los artículos 52 y 62 de la Ley N° 18.575 y los artículos 61 y 84 letras l) y m) de la Ley N° 18.834.

2.- La circunstancia eximente de responsabilidad alegada por el actor, consistente en el caso fortuito que constituiría la presencia de la funcionaria grabada al momento de su registro por la cámara, fue analizada debidamente, determinándose que no concurrían los requisitos copulativos que lo configuran, a saber, hecho imprevisible, inimputable e irresistible, circunstancias que tampoco fueron acreditadas por el recurrente, en particular respecto de la mantención de los vídeos vulneratorios en el equipo computacional entregado por la SISS para la ejecución de sus funciones, que fueron exhibidos y comunicados a terceros.

En lo que concierne a la falta de elemento subjetivo y vulneración de la dignidad de la denunciante, expresa que la resolución cumple con el requisito esencial de motivación y que el fundamento de la sanción proviene del mérito de los elementos de convicción del sumario administrativo, apreciados por el sustanciador y la autoridad disciplinaria conforme a las reglas de la sana crítica, quienes concluyeron que existe falta grave a la probidad por los hechos denunciados y acreditados en el sumario, sin observarse infracciones normativas ni decisiones arbitrarias.

Observa que durante el proceso sumarial no se presentaron circunstancias que impidieran al funcionario ejercer su defensa y los hechos que fundamentan las acusaciones no variaron durante la investigación. Por su parte la sanción de destitución y el posterior rechazo del recurso de reposición se fundamentan en la las disposiciones pertinentes de las Leyes N°s 18.575, 18.834 y 19.880.

Asegura que el recurrente se limita a cuestionar la evaluación de los antecedentes, lo que da cuenta de que no comparte la decisión adoptada, sin que esto implique falta de juridicidad del acto administrativo.

Apunta que, en ese contexto, el presente recurso excede los márgenes de una acción cautelar de emergencia, que no ha sido establecida para efectuar una revisión y análisis del fondo del proceso sumarial o de decisión adoptada por la autoridad.

3.- Asevera que la destitución aplicada es correlativa y proporcionada a la gravedad de los hechos sancionados, por cuanto se encuentra acreditada su calidad de autor de conductas graves que afectan la probidad administrativa en contra de la denunciante y que se conforman por el acoso laboral y por mantener y hacer uso de registros audiovisuales sin consentimiento de la afectada y sin autorización de la jefatura ni de las otras personas grabadas, en donde constan además imágenes que violan la dignidad de la denunciante.

Apunta que la solicitud de rebaja de la sanción efectuada en el recurso administrativo fue acogida parcialmente, eliminándose el cargo de “generación” de registro audiovisual.

Concluye que, conforme a los antecedentes informados y normas vigentes, ni existe acción u omisión arbitraria e ilegal que haya vulnerado los derechos del recurrente, ni se configuran los presupuestos requeridos para la procedencia de la acción de protección, razón por la cual debe rechazarse el recurso.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, con los antecedentes con que se puede contar en un arbitrio de esta naturaleza, se pueden establecer las siguientes situaciones:

a) El actor fue funcionario de la División de Fiscalización de la Región de Valparaíso de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

b) Mediante Resolución Exenta N°1.856, de 5 de septiembre de 2024, se ordenó instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de indagar y establecer las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren proceder en virtud de los hechos denunciados por la funcionaria nombre reservado en contra de don nombre reservado, los que daban cuenta de antecedentes que podrían constituir violencia en el trabajo, acoso laboral y/o sexual.

c) Por Resolución Exenta N° SN, de 24 de enero de 2025, se formulan al denunciado los siguientes cargos:

“a) Incumplimiento grave al principio de la probidad administrativa de acuerdo a lo indicado en los artículos 52 y 62 de la LOCBGAE, además de los artículos 61 y 84 letra l) del Estatuto Administrativo, por haber incurrido en conductas constitutivas de atentados a la dignidad de la denunciante, por la vía de la generación, mantención y uso de registros audiovisuales sin consentimiento de la misma y sin autorización de la jefatura ni de las personas grabadas, en los cuales constan imágenes que violan la dignidad de la denunciante, obtenidas y guardadas sin el consentimiento ni autorización de la misma, b) Incumplimiento grave al principio de la probidad administrativa de acuerdo a Lo indicado en los artículos 52 y 62 de la LOCBGAE, además de los artículos 61 y 84 letra m) del Estatuto Administrativo, por incurrir en conductas constitutivas de acoso laboral, por la vía de actos de difusión e intimidación en contra de otros compañeros de trabajo de forma reiterada en el tiempo, que tuvo como resultado el menoscabo, maltrato o humillación y perjuicio en la situación laboral u oportunidades en el empleo; particularmente, por el uso de apodos inapropiados y difusión del contenido de videos atentatorios contra la dignidad de una funcionaria que dañaron la dignidad y la condición de salud mental de la denunciante e intimidatorias en contra de otros funcionarios.”

d) El procedimiento disciplinario fue aprobado por la Resolución Exenta N°779, de de 24 de abril de 2025, que confirmó la sanción de destitución, propuesta por el Fiscal Instructor -y la de suspensión de funciones del funcionario, con la privación del 50% de las remuneraciones, hasta que se hiciere efectiva la medida- así como los cargos antes referidos.

e) En contra de dicha decisión el actor interpuso recurso de reposición, alegando falta de precisión y poca claridad de los cargos, violación al principio de tipicidad, la falta de acreditación del uso de los registros,desconocimiento de la presencia de la denunciante en las dependencias del servicio el día de los hechos, falta de acreditación de los elementos subjetivos del tipo, falta de afectación a la dignidad de la denunciante, la insuficiencia de las diligencias probatorias dispuestas por el investigador, la imposibilidad de consentimiento por parte de la denunciante, la prescripción de la acción disciplinaria y la falta de proporcionalidad de la sanción, solicitando su exoneración de responsabilidad y, en subsidio, una rebaja en la sanción. Dicho recurso fue acogido parcialmente por medio de la Resolución N°954, de 26 de mayo de 2025, de la superintendencia recurrida, solo en cuanto a la prescripción del cargo por el registro audiovisual, manteniendo la medida de destitución por las restantes faltas constatadas en el procedimiento disciplinario.

f) La decisión final fue plasmada en la Resolución Exenta RA N° 404/37/2025, de 10 de abril de 2025, para su registro en Contraloría General de la República.

QUINTO: Que para resolver el asunto sometido a conocimiento de esta Corte, es conveniente recordar que el control jurisdiccional que se ejerce por la presente vía cautelar no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Por ello, no resulta pertinente pretender que, a través de este arbitrio, la Corte se transforme en una instancia revisora para conocer de las actuaciones procesales verificadas durante la tramitación de un procedimiento disciplinario afinado. Escapa también a esta sede revisar el mérito de la decisión a la que en definitiva se arriba, sobre la base de los hechos establecidos por la institución a cargo de aquella investigación; como tampoco revisar lo decidido por la entidad recurrida que cumplió con un pronunciamiento sobre la legalidad del acto.

Todo ello, por cierto, no obsta a que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración pública abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de sus actuaciones, pero ello no puede importar que por esta vía cautelar de urgencia se supervisen materias relativas al mérito de las decisiones adoptadas en el marco de un sumario administrativo, puesto que ello requiere un examen de lato conocimiento que escapa al estrecho marco de la presente acción constitucional.

SEXTO: Que, en este contexto, del relato del arbitrio se demuestra que finalmente el actor busca una revisión de lo obrado en la sede administrativa, alegando circuntancias que a su juicio lo eximirían de responsabilidad por los hechos que le fueron imputados, los que no fueron negados por el recurrente. Tales circuntancias estarían constituidas por la certeza que le asisitiría de que la denunciante no se encontraba en las dependencias institucionales el día del registro audiovisual, atendido que ella informó encontrarse en modalidad de teletrabajo; la falta del elemento infraccional subjetivo enfatizando la falta de lesión de la dignidad de la denunciante, la falta de adecuación de los hechos a la calificación de falta grave a la probidad y de proporcionalidad de la sanción; a lo que agrega la aplicación de normativa que no se encontraba vigente al momento de los hechos que motivaron la sanción. De este modo, la ilegalidad y arbitrariedad se hace residir en supuestos defectos de la decisión adoptada por la falta de consideración de las alegaciones que efectúa, las que, a juicio de esta Corte, no se configuran.

En efecto, de la tramitación del procedimiento disciplinario aparece que la sanción impuesta fue fruto de un proceso regulado, precedido de una resolución de cargos, que permitió el ejercicio de las defensas que se estimaron oportunas y que culminó con la decisión impugnada, respecto de la cual, además, se desecharon los vicios legalidad que supuestamente contenía.

Asimismo, de los antecedentes allegados al proceso, se desprende que la medida disciplinaria no descansó, en ningún momento, en la Ley N° 21.643, como pretende el recurrente, sino en las disposiciones comprendidas en el Código del Trabajo y en las Leyes N°s. 18.575 y 18.834, plenamente aplicables al actor y vigentes al momento de los hechos.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, no se advierte que la recurrida haya incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que afecte las garantías constitucionales invocada por el actor. Antes por el contrario, se aprecia que el recurrente fue objeto de una formulación de cargos precisos, cuyo establecimiento fue objeto de un procedimiento legal y racionalmente tramitado, en el marco del cual pudo rendir pruebas pertinentes. Además pudo hacer uso de los recursos procesales previstos, solicitando la reposición de la medida disciplinaria finalmente adoptada en su contra -que fue acogida en lo relativo a la prescripción del registro audiovisual- y la reclamación de ilegalidad de la misma, en todo lo cual no se aprecia que haya sido víctima de vulneración alguna que afecte las garantías establecidas en los N°s. 2 y 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental que el actor estima amagadas.

OCTAVO: Que como colofón de lo que se ha razonado, el achaque de arbitrariedad que sustenta esta acción se conduce por un camino completamente apartado de aquello que es propio a la misma, pues es de la esencia que esta comprenda solo situaciones inequívocas de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo, y que no se encuentran bajo el imperio del derecho, cuestión que no acontece en la especie, donde los antecedentes no solo evidencian que existió un procedimiento ajustado a los hechos y al derecho sino que, como se dijo, se pretende cuestionar la decisión a través de una invitación a reexaminar los hechos, disfrazado de vulneración de garantías sustentado en defectos de transcendencia.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado y en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-14939-2025.