nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, dos de octubre de dos mil veinticinco.

Proveyendo al escrito folio 8: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, ingeniero electricista de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., representada por doña nombre reservado, gerente general, por haber ésta incurrido en un acto ilegal y arbitrario al rechazar y cerrar la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero efectuada por la recurrente, actuación que estima contraria a derecho, pues desconoce lo dispuesto en la ley N°18.156 y la normativa complementaria aplicable, configurando con ello una vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, por lo que solicita se acoja la presente acción y se adopten las medidas conducentes a restablecer el imperio del derecho.

Que, en cuanto a los antecedentes de hecho, expone la recurrente que solicitó a la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida, mediante su portal web, la devolución de sus fondos previsionales en virtud de lo dispuesto por la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones para técnicos extranjeros y faculta la devolución de lo enterado en caso de haberse registrado cotizaciones en una AFP. Señala que acompañó a su solicitud documentos acreditativos de su calidad y requisitos, entre los que se cuentan su título profesional debidamente apostillado, su contrato de trabajo con anexo laboral, y la constancia electrónica de cotizaciones al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que acredita cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez, muerte, accidentes, retiro y cesantía.

Sin embargo, el día 10 de junio de 2025, la Administradora de Fondos recurrida informó, mediante comunicación electrónica, que la solicitud quedaba eliminada por no cumplir la documentación presentada con los requisitos para cursar el trámite, generando con ello la negativa de entregar los fondos previsionales solicitados. Argumenta la recurrente que la exigencia de un código de validación QR en la apostilla de su título profesional constituye un formalismo excesivo e irrazonable, atendido que, en el período de emisión de dicho documento en Venezuela, las autoridades no contaban con ese sistema digital, siendo un hecho público la precariedad y retraso en la automatización de trámites en dicho país.

Sostiene la recurrente que la actuación de la AFP se funda en una interpretación restrictiva y formalista de la ley N°18.156, desatendiendo el espíritu del legislador, cual es permitir al trabajador extranjero disponer de sus fondos previsionales si cumple con los requisitos básicos: afiliación en el extranjero y manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación. En su concepto, la documentación presentada resulta suficiente y válida para dar cumplimiento a las condiciones de la ley, por lo que la negativa constituye una retención injustificada de sus ahorros.

En lo jurídico, la recurrente cita los artículos 1 y 7 de la ley N°18.156, los que establecen la exención de imposiciones en Chile para técnicos extranjeros afiliados a un régimen de previsión fuera del país y la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados en una AFP, siempre que se cumplan dichos requisitos. Sostiene que tales disposiciones fueron cumplidas en su caso, razón por la cual la decisión de la recurrida se aparta de lo que el legislador previó, incurriendo en ilegalidad al exigir condiciones no contempladas. Refiere además jurisprudencia de la Corte Suprema y de distintas Cortes de Apelaciones que, en casos similares, han considerado suficiente la acreditación de afiliación extranjera y la documentación aportada por los recurrentes, estimando ilegal y arbitrario el rechazo de solicitudes de devolución de fondos previsionales fundadas en formalismos carentes de sustento legal.

Que, según lo expuesto en el recurso, la actuación de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, al someter a la recurrente a requisitos adicionales no contemplados en la normativa y que no han sido exigidos a otros solicitantes en idénticas condiciones. Asimismo, se transgrede el derecho de propiedad, establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, toda vez que se impide injustificadamente a la recurrente disponer de sus fondos previsionales, privándola del ejercicio legítimo de un atributo esencial del dominio, en ausencia de una ley que autorice tal privación.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare ilegal y arbitrario el acto de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A. que rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales, ordenando se reconozca la validez de la documentación presentada, se disponga la devolución de los fondos en el plazo que Vuestra Señoría estime pertinente, y se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, evacuado el informe por la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., ésta solicita el rechazo íntegro del recurso, con expresa condena en costas, fundando su oposición en diversas defensas y excepciones. En síntesis, alega que la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente no cumple con los requisitos copulativos exigidos por la Ley N°18.156 y el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, por cuanto: (i) el anexo de contrato de trabajo contiene una doble e incompatible manifestación de voluntad respecto de la afiliación previsional; (ii) la constancia electrónica de cotizaciones presentada carece de la especificidad, legalización y apostilla necesarias para acreditar cobertura efectiva en el país de origen; y (iii) la declaración jurada acompañada proviene de la propia solicitante y no de una autoridad previsional competente, careciendo así de valor probatorio suficiente. A partir de tales observaciones, sostiene que la actuación de la Administradora se ajusta plenamente a derecho, descartando cualquier arbitrariedad o ilegalidad.

En primer término, en lo que atañe a la manifestación de voluntad, la recurrida hace presente que la cláusula primera del anexo de contrato de trabajo de la afiliada, de fecha 31 de marzo de 2022, incorpora expresiones contradictorias: por un lado, se declara la intención de mantener afiliación al régimen previsional venezolano; por otro, se estipula la continuidad de cotizaciones en el sistema chileno conforme a la Ley N°3.500. Tal redacción vulnera la exigencia de claridad, exclusividad e inequívoca voluntad establecida en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, lo que ha sido reiteradamente confirmado tanto por la Superintendencia de Pensiones como por la Excma. Corte Suprema. En este contexto, sostiene la recurrida que la contradicción impide dar curso a la devolución de fondos solicitada, constituyendo un incumplimiento sustantivo que justifica el rechazo.

En segundo lugar, respecto de la constancia electrónica de cotizaciones, la Administradora señala que dicho documento, emitido el 1 de junio de 2025 por el Instituto Venezolano de Seguridad Social, no acredita con suficiencia la cobertura integral por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período trabajado en Chile. Destaca que, conforme a la jurisprudencia administrativa (entre otros, Oficio Ord. N°20.294 de 2020 y Oficio Ord. N°25.057 de 2023), no basta una constancia genérica, sino que debe existir certificación detallada de la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada. La ausencia de tal respaldo documental impide tener por cumplido el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

En tercer orden, la declaración jurada acompañada por la recurrente, otorgada en notaría, es calificada por la Administradora como un documento unilateral carente de la fuerza probatoria exigida, pues no emana de la institución previsional extranjera ni de autoridad consular, como lo dispone el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Aceptar su suficiencia importaría generar un trato desigual respecto de otros afiliados que han debido cumplir con los estándares legales y administrativos, lo cual pugna con el principio de igualdad ante la ley.

Sobre el derecho aplicable, la recurrida enfatiza que la exención contenida en la Ley N°18.156 constituye una norma de carácter excepcional, que debe interpretarse restrictivamente, en atención a que la regla general en el sistema previsional chileno es la obligatoriedad de cotizar. Añade que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades de interpretación obligatoria para las AFP, ha impartido instrucciones claras y vinculantes, que exigen la presentación de documentos legalizados, apostillados y libres de contradicción. En tal sentido, la actuación de PlanVital, al rechazar la devolución, responde al cumplimiento estricto de dichas normas y no a un actuar arbitrario o ilegal.

Asimismo, se argumenta que el rechazo no priva ni amenaza derechos fundamentales de la recurrente, por cuanto la solicitante conserva la posibilidad de subsanar las deficiencias detectadas mediante la presentación de la documentación requerida. La Excma. Corte Suprema ha sostenido, en fallos recientes, que esta clase de actos administrativos son subsanables y no constituyen una decisión definitiva que justifique la vía de protección, toda vez que el afiliado cuenta con instancias administrativas idóneas ante la propia AFP y la Superintendencia de Pensiones.

Finalmente, la recurrida concluye que no se ha configurado acto arbitrario ni ilegal alguno, pues la negativa se funda en un análisis objetivo de los antecedentes y en la aplicación uniforme de los criterios normativos y jurisprudenciales. En consecuencia, solicita a esta Corte rechazar el recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas, declarando que la decisión adoptada por la Administradora se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico y a las instrucciones de la autoridad de supervigilancia.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Plan Vital S.A de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente. La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, con vigencia, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, que se acompañó a su solicitud de devolución de fondos, permite constatar que la recurrente no acompañó la documentación que le permita exigir el retiro de los fondos previsionales conforme con el artículo 7 de la Ley N°18.156, por cuanto tal documento acompañado no se encuentra debidamente apostillado, como tampoco da cuenta del cumplimiento de las exigencias del artículo 1, letra a) de la Ley N°18.156, puesto que no señala que las cotizaciones realizadas en su país de origen, le permiten acceder a prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Séptimo: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-14937-2025.