nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Santiago, dos de septiembre de dos mil veintiuno VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado domiciliado en domicilio reservado, Villa nombre reservado, Rancagua, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (en adelante SUSESO), representada por el Superintendente don Claudio Reyes Barrientos, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (en adelante COMPIN), con domicilio en domicilio reservado.

Dirige su acción contra el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución Exenta R-01-IBS-03848-2020 de la SUSESO, de fecha 16 de enero de 2020, por la cual se mantuvo la decisión de la COMPIN en cuanto a rechazar el pago de las licencias médicas números 55029851, 54763591, 55052832, 55687259, 55687271, 55687290, 55853959, 55853979, 56670212, 38415475, 385415490 y RUT reservado, por un reposo supuestamente injustificado.

Expone que se encontraba trabajando en Correos Chile, como cartero en la ciudad de Rancagua, y que el problema surgió cuando falleció de leucemia su hermana mayor, doña nombre reservado, a quien le donó células madre en el Hospital Dipreca. Indica que por esa situación, y además por la enfermedad de su cónyuge doña nombre reservado, quien es discapacitada y se encuentra jubilada, cayó en depresión, lo que le provocó un estrés laboral pues, además, a mediados de diciembre de 2017 su jefe directo comenzó a acosarlo laboralmente en la empresa.

Agrega que por haber trabajado en esas condiciones, donde incluso lo aislaron, terminó con una crisis nerviosa, por lo que consultó a 4 médicos diferentes del Sistema Público (Cesfam 6 Rancagua), quienes le diagnosticaron “Estrés Laboral Severo e Hipertensión”. Precisa que comenzaron a tratarlo en dicho Centro de Salud como paciente crónico y que le dieron licencia, pero que a medida que pasó el tiempo los malos tratos en el trabajo continuaron y que fue despedido, por lo que finalmente le diagnosticaron “Trastorno adaptativo”. Esta situación -dice- lo llevó a realizarse un tratamiento extendido, razón por la cual le dieron las licencias que, posteriormente y de forma arbitraria e ilegal, le fueron rechazadas.

Señala que en el Certificado Médico del 18 de noviembre de 2019, otorgado por la Médico General Dianna Baker Contreras, se expresa que mantiene controles frecuentes en el Cesfam 6 de Rancagua como paciente crónico por Estrés Laboral, Hipertensión, Trastorno de Ansiedad y dificultad de conciliar el sueño, con controles regulares en dicho Cesfam y medicamentos para sobrellevar su condición de salud.

Hace presente que perdió el derecho a apelar al rechazo de sus licencias médicas y que solo pudo recurrir a una reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social, debido a un error de la COMPIN al traspasar su domicilio desde las licencias médicas a sus archivos internos, por lo que nunca se le pudo notificar.

Menciona que su caso de licencias médicas impagas fue presentado en el Congreso Nacional de forma extraordinaria por el Diputado don Juan Luis Castro, debido a la gravedad del error administrativo indicado y posterior rechazo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, pese a que las licencias médicas fueron otorgadas con el mismo diagnóstico por cuatro médicos diferentes que llegaron a la misma conclusión en cada licencia. Por tanto -dice-, COMPIN cuestiona el profesionalismo de dichos facultativos.

Sostiene que se ha cometido un grave atentado al libre y legítimo ejercicio de su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, pues de acuerdo a los hechos antes descritos, las recurridas ha incurrido en una decisión arbitraria al no justificar el rechazo de las licencias ni menos sostener su decisión en algún peritaje médico que avale tal decisión.

Se infringe también -dice- el derecho de igualdad ante la Ley, contemplado en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, ya que no existe ningún sustento fáctico ni clínico que pueda sostener que el reposo indicado en las licencias médicas sea injustificado, y menos aún que se trate de una persona sana.

Se afecta también su derecho a la vida, integridad física y psíquica, garantizado en el artículo 19 Nº1 de la Constitución, pues no se la permitido terminar su tratamiento médico, al rechazarse de forma continua las licencias médicas por las cuales recurre, lo que le ha generado un deterioro de salud; y se vulnera adicionalmente su derecho a la igual protección en el ejercicio de los derechos, establecido en el artículo 19 Nº 3 de la referida Carta Política, por cuanto no se ha protegido un derecho que es vital y esencial, a saber, el derecho a la vida y la salud.

Sostiene que se infringe además el derecho a la salud, establecido en el artículo 19 Nº 9 de la Constitución, por el solo hecho de negarse sin justificación fáctica alguna el reposo médico reconocido en licencias médicas a un trabajador.

Señala, por último, que se vunera su derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 19 Nº 18 de la Carta referida, pues con el actuar de las recurridas se restringe unilateralmente su derecho a una prestación básica de salud, como es el pago de una licencia médica.

Pide que se acoja el presente recurso de protección constitucional, ordenándose el pago íntegro de las licencias médicas rechazadas y el subsidio por licencia médica.

SEGUNDO: Que informando el recurso, el abogado don Francisco Calvo Fernández de La Peña, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, alega en primer lugar la extemporaneidad de la acción, indicando que el recurrente la ejerció con fecha 16 de febrero de 2020, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que el Sr. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de las licencias médicas reclamadas, al menos, desde el 19 de noviembre de 2019, cuando solicitó la reconsideración de la Resolución Exenta N° R-01-DLM-15407-2019, de fecha 12 de junio de 2019. Señala que, de esta manera, transcurrieron más de tres meses desde que el Sr. nombre reservado tuvo conocimiento cierto de la situación por la cual recurre en autos. Indica que, a mayor abundamiento, el Sr. nombre reservado reconoce en su recurso de protección que fue notificado con fecha 16 de enero de 2020 de la Resolución de esa Superintendencia, pero que recurrió de protección con fecha 16 de febrero de 2020, es decir, al día 31 después de notificado.

En subsidio de lo anterior, informa sobre el fondo del recurso y sostiene que la decisión de confirmar el rechazo de las licencias médicas se encuentra debidamente fundada, ya que se realizó un estudio de los antecedentes médicos y, con su mérito, se decidió confirmar lo resuelto por la COMPIN Región de O’Higgins, indicándose en tal sentido: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 55029851, 54763591, 55052832, 55687259, 55687271, 55687290, 55853959, 55853979, 56670212, 38415475, 38415490, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes tenidos a la vista y el detallado análisis del registro histórico de licencias médicas, junto al informe del médico tratante y de peritaje aportados, no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado.”

Señala que posteriormente, con fecha 19 de noviembre de 2019, el recurrente Sr. nombre reservado solicitó la reconsideración de la Resolución Exenta N° R-01-DLM 15407-2019, antes mencionada, lo que fue resuelto negativamente mediante la Resolución recurrida, Nº R-01-IBS 03848-2020 de 16 de enero de 2020, donde se expresan los motivos de dicha determinación.

Destaca además que los profesionales médicos de esa Superintendencia estudiaron los antecedentes disponibles y plasmaron sus razonamientos en la ficha médica, que consta en el expediente administrativo, señalando: “Se mantiene el rechazo por tratarse de un extenso RLC, con informes muy insuficientes y con algunas de las LMs extendidas por profesionales registrados en RC-2017 de médicos AE, quienes superan las 170 y las 450 LMs/año enel 2016. Ninguna de las LMs apeladas son extendidas por médicos de la especialidad. Acumula 415 días de RLC, con 45 días ya aprobados. Tiene un muy buen peritaje adverso y concluyente, fechado 24/05/2018.”

Expresa que luego, y a raíz de la solicitud de reconsideración presentada por el Sr. nombre reservado, se indicó en la ficha médica lo siguiente: “Reclama por LM Nº N°s 55029851, 54763591, 55052832, 55687259, 55687271, 55687290, 55853959, 55853979, 56670212, 38415475, 38415490, RUT reservado otorgadas por médico internista ALTO EMISOR, sancionado dos veces por la ley 20585, por un total de 280 días no continuos. Dg.: Estrés laboral y trastorno de ansiedad. IMC 30-4-18: Trastorno de ansiedad patológica y estrés laboral. Sin antecedentes mórbidos conocidos, con historial de síntomas de ansiedad patológicas, Se constata situación irregular crónica en su trabajo. Evolución favorable, sin embargo, persiste sintomatología por persistencia de su situación laboral. Pronóstico favorable una vez resuelta su situación laboral. IMC 18-11-19: Durante control crónico, refiere síntomas ansiosos causados por estrés laboral asociados a dificultad para conciliar el sueño, relatando que se encontraba con LM por médico de extrasistema Continúa consultando por misma causa con otorgación de LM por trastorno de ansiedad. En 2019 es derivado a psicología que tiene una consulta en julio de 2019. Por trastorno del sueño se indica clonazepam 2 mg/noche. Además, en controles y seguimiento en CESFAM por HTA en tratamiento con ASA, hidroclorotiazida y triamterene y losartán. Los antecedentes aportados no justifican el reposo por compromiso funcional incompatible con su trabajo. No se acredita asistencia a psicoterapia de manera regular, no se detalla necesidad de ajuste de tratamiento que justifique una prórroga del reposo. Sin evidencia de derivación a psiquiatra.”

Por lo anterior, sostiene que la decisión administrativa impugnada mediante el recurso de protección de autos, ha sido una decisión totalmente apegada a las normas que le dan la competencia a esa Superintendencia y en ningún caso se puede tachar de ser una decisión arbitraria o caprichosa, por cuanto ha sido resuelto el reclamo del interesado, luego del análisis de los antecedentes del caso por parte de profesionales médicos de la institución. Pide por tanto el rechazo del presente recurso de protección.

TERCERO: Que mediante presentación de 10 de marzo de 2020, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, por intermedio del abogado don Pedro Pablo Félix Torres, señala que las licencias médicas N°s 55029851,54763591, 55052832, 55687259, 55687271, 55687290, 55853959, 55853979, 56670212, 38415475, 385415490 y RUT reservado, fundamento de la presente acción de protección, fueron tramitadas y resueltas por la COMPIN SUBCOMISIÓN O´HIGGINS. Por tal motivo, mediante resolución de 12 de marzo de 2020, reiterada mediante resoluciones de 20 de abril y 31 de agosto del mismo año, esta Corte ordenó que la señalada Subcomisión informara al tenor del recurso de protección.

Mediante presentación de 19 de octubre de 2020, informa finalmente el recurso doña nombre reservado, Presidenta de la COMPIN – REGIÓN METROPOLITANA, señalando que dicha Comisión resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas Nº 55029851, Nº 54763591, Nº 55052832, Nº 55687259, Nº 55687271, Nº 55687290, Nº 55853959, Nº 55853979, Nº 56670212, Nº 38415475, Nº 385415490 y Nº RUT reservado, extendidas por un total de 280 días a contar del 28-08-2017, por la causal de reposo no justificado. Señala que conforme a lo dispuesto en los artículos 16° y 21° del D.S. N°3/1984 y los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N° 7/2013, el reposo no se encontraba justificado, y hace referencia axdemás a lo resuelto en este sentido por la SUSESO, mediante las Resoluciones Exentas N° R-01-DLM-15407-2019 y N° R-01-IBS-03848-2020, mencionadas en el Considerando Segundo anterior, lo que confirma que el pronunciamiento de la COMPIN es justificado y se ajusta a la normativa y a los criterios médicos de general aplicación.

Hace presente que que el D.S N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, (cuando corresponda), rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el período solicitado, o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Destaca además que la COMPIN es un organismo de carácter técnico, razón por la cual cuentan con conocimientos específicos y de carácter objetivo al momento de evaluar los diagnósticos señalados en las licencias médicas.

Concluye que la COMPIN ha actuado dentro del marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios médicos dispuestos para llevar a cabo la labor de Contraloría Médica, establecidas tanto en el D.S. N° 3, Dto. Nº 7/2013 y en el artículo 3° inciso tercero de la Ley 20.585, entre otras, lo que excluye de plano el que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal que reprochar a la recurrida.

CUARTO: Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente precisar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal (esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil) o arbitrario (producto del mero capricho de quién incurre en él), que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar además que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deban concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, de manera tal que el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario sin perjuicio de que, eventualmente, pueda reunir ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

QUINTO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad, resulta necesario considerar que la recurrente acciona de protección en contra del acto terminal que mantuvo el rechazo de las licencias médicas, esto es, la Resolución Exenta Nº R-01-IBS-03848-2020 de la SUSESO, de fecha 16 de enero de 2020.

En este sentido, y si bien el recurrente señala haber recibido la precitada Resolución el mismo día en que ésta se emitió, el 16 de enero de 2020, en estos autos no consta la concreta forma en que se practicó la notificación de dicha Resolución. Por ello, y considerando que según el artículo 46 inciso 1º de la Ley Nº 19.880 la notificación por carta certificada constituye la regla general en estos casos, resulta evidente que entre la fecha en que dicha notificación se entendió legalmente practicada (esto es, al tercer día de recibida la carta en Correos, lo que no pudo ser antes del 16 de enero de 2020) y la de interposición del presente recurso, el 16 de febrero de 2020, no pudo haber transcurrido el plazo de 30 días que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, que regula la materia.

Por lo dicho, la alegación de extemporaneidad será rechazada.

SEXTO: Que en sus respectivos informes, tanto la SUSESO como la COMPIN sostienen que no hay arbitrariedad ni ilegalidad en su actuar, puesto que han obrado dentro del ámbito de sus respectivas facultades y competencias. Agregan que la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias y se le paguen los respectivos subsidios por incapacidad laboral, carece de fundamento legal al no cumplirse a su respecto los requisitos establecidos en la normativa aplicable, por lo que no existiría acto u omisión ilegal o arbitraria de su parte.

SÉPTIMO: Que para resolver la controversia planteada, es necesario precisar que el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, que “Aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional”, establece que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.” El artículo 21 del mismo Decreto estatuye, a su turno, que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

OCTAVO: Que de las normas reglamentarias transcritas en la motivación precedente aparece que la COMPIN está dotada legalmente de facultades para pronunciarse acerca de las licencias médicas, pudiendo aceptarlas, rechazarlas o reducirlas fundadamente. Para dicho fin, además, el señalado organismo puede disponer la realización previa de diversas diligencias, con miras al mejor acierto de su decisión final.

En este entendido, por tanto, debe observarse desde ya que esta Corte no se halla en situación de calificar el mérito o pertinencia de las decisiones de dicha entidad desde el punto de vista médico, debiendo controlar únicamente que aquellas se hayan emitido con arreglo a la legalidad vigente y que no aparezcan como carentes de racionalidad.

Aclarado lo anterior, y a diferencia de lo que sostiene el recurrente, de la revisión de los antecedentes aportados al proceso se desprende que el estándar de motivación de la decisión de rechazo de licencias que se impugna, exigido por los artículos 11, 16 y 41 inciso 4º, todos de la Ley Nº19.880, se encuentra debidamente cumplido y satisfecho por el acto terminal contra el cual se recurre, en el que se consignan los motivos médicos por los cuales se ratifica la decisión de rechazo de las licencias reclamadas: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 55029851, 54763591, 55052832, 55687259, 55687271, 55687290, 55853959, 55853979, 56670212, 38415475, 38415490, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados, de fecha 30-4-2018 y 18-8 y 11-2019, no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 60 días por la misma patología. En efecto, dichos informes no señalan el grado de compromiso funcional que le impida retomar su actividad laboral, la necesidad de cambio o ajuste de terapia farmacológica que justifiquen la prolongación del reposo, ni menos la necesidad de derivación a la especialidad. Por otro lado, no se acredita asistencia regular a psicoterapia o la realización de intervenciones psicosociales que complementen la intervención médica.”

Como ha señalado y acreditado la SUSESO, además, mediante el expediente administrativo acompañado al proceso, el informe de los profesionales médicos de esa Superintendencia, que estudiaron los antecedentes clínicos del recurrente, fue completo y categórico en cuanto a rechazar fundadamente las licencias cuestionadas.

NOVENO: Que, en suma, la valoración de los antecedentes que obran en el proceso, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica según lo prevé el N°5 del Auto Acordado, permiten descartar cualquier clase de ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de las recurridas. Por el contrario, la decisión de rechazo de las licencias médicas fue adoptada por el órgano administrativo legalmente facultado para ello y cuenta, además, con los fundamentos que permiten conocer y comprender de manera cabal el contenido y la motivación de los actos reclamados, que por lo mismo no son ni ilegales ni arbitrarios.

En mérito de lo razonado, disposiciones legales analizadas y de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la solicitud de extemporaneidad alegada por la recurrida.

II.- Que se rechaza en todas sus partes el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Eduardo Jequier Lehuedé.

Rol Nº 14937-2020 (Protección)

Pronunciada por la Octava Sala, integrada por la Ministro (S) señora Lidia Poza Matus e integrada por el Ministro (S) señor Carlos Iturra Lizana y el Abogado Integrante señor Eduardo Jequier Lehuedé, quien no firma por ausencia.