nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, seis de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece nombre reservado, trabajador dependiente, e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en razón del acto ilegal y arbitrario de haberse descontado en la remuneración del mes de marzo de 2024, por su empleador la suma de $ 233.68 por concepto “Préstamo CCAF Los Andes”, lo que vulneraría la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, 24 de julio de 2019, suscribió pagaré Nº 202CON100453091, a favor de la recurrida, por la suma de $ 8.357.223.-, por concepto de capital, más los intereses correspondientes, que sería pagado en 48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $227.623.-, venciendo la primera de ellas el 30 de septiembre de 2019. Precisa que, suscribió una prolongación de la obligación, por la suma de $ 3.421.035.- pagadero en 18 cuotas mensuales, por el valor de $ 211.552.-, venciendo la primera cuota con fecha 31 de enero de 2023.

Da cuenta que, la Caja de Los Andes interpuso demanda ejecutiva en su contra con fecha 30 de enero de 2024, en causa rol C-1613-2024, seguida ante el 18º Juzgado Civil de Santiago, haciéndose exigible la totalidad del pagaré mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración, la que se encuentra notificada el 12 de marzo de 2024, habiéndose con fecha 16 de abril del presente año certificado la no constancia de oposición de excepciones; y el 19 de abril actual se accedió a la solicitud de embargo con fuerza pública, atendida la oposición previa a aquella diligencia, practicada por ministro de fe.

Explica que, además del descuento en su remuneración de marzo de 2024, luego de mantener un trabajo estable hasta el 12 de abril de 2024, se le puso término a su relación laboral con su ex empleador, recibiendo finiquito laboral el día 18 de abril, y con posterioridad, tomó conocimiento por medio de Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales, que con fecha 2 de mayo de 2024, se hizo pago de la suma de $233.683.- por parte de su ex empleador a la institución de previsión CCAF Los Andes, por concepto de crédito personal.

Reclama del acto arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de su remuneración líquida, de manera absolutamente forzada, intempestiva y en contra de su voluntad.

Argumenta que, si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833, faculta a las Cajas de Compensación a efectuar los denominados “descuentos por planilla” directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados, sin embargo, se debe tener presente que dicha entidad, es un órgano intermedio sujeto a la Carta Fundamental y a las leyes, de tal modo que no puede hacer un uso irracional y caprichoso de las derechos y facultades que el ordenamiento jurídico les confiere.

Recalca que, la recurrida al momento de interponer la demanda ejecutiva ya individualizada, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando el acreedor recurrido la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil.

Argumenta que, existe arbitrariedad en el actuar de la recurrida al ordenar un descuento amparándose en el artículo 22 de la ley 18.833, desconociendo su deber de dar noticias previas respecto a su determinación de ejecutar los abusivos e inoportunos descuentos, más aquel realizado en su propio finiquito.

Solicita que, se acoja el presente recurso, y se ordene a la recurrida restituya el descuento efectuado desde su finiquito laboral, con costas.

Segundo: Que comparece la abogado doña Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, informando el presente del recurso de protección, solicitando su rechazo por no existir acto ilegal o arbitrario.

Sostiene que, con fecha 24 de julio de 2019, otorgó al recurrente el crédito, código N° 16700233956, por la suma de $8.357.223.-, a una tasa de 0,99%, en un plazo de 48 meses, con una cuota de $227.623.-, cuyo primer vencimiento fue el 30 de septiembre de 2019.

Indica que las cuotas del mes de septiembre de 2019 a mayo de 2022 (1 a 33), se pagaron regularmente, exceptuando en el periodo 10 de diciembre de 2016 al 10 de octubre de 2017.

Complementa que, las cuotas del mes de julio y agosto de 2020 (11 y 12), fueron diferidas por licencia médica. El saldo de capital al 31 de mayo de 2022, más los intereses devengados al 15 de noviembre de ese año, fueron reprogramados en esta última fecha por la suma de $3.472.248.- a una tasa de 0,99%, en un plazo de 18 meses, con una cuota de $215.458.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de enero de 2023.

Agrega que, de esta reprogramación el titular a través de descuentos en sus remuneraciones del mes de noviembre de 2023 a abril de 2024, pagó las cuotas del mes de enero a junio de 2023, (1 a 6), más el correspondiente interés penal, y las cuotas del mes de julio de 2023 a abril de 2024 (7 a 16), se encuentran en mora, y las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 31 de mayo y 30 de junio de 2024.

Explica que con la demanda judicial iniciada contra la recurrente, Caja Los Andes inició el cobro judicial de los créditos sociales dentro de los 6 meses siguientes a la mora. Esta obligación se encuentra establecida en el Compendio de Normas que regula a estas entidades. Por lo demás, se debe enfatizar el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, distinguiéndolos de aquellos concedidos por otras instituciones financieras.

En cuanto al mecanismo de descuento por planilla establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, la recurrida argumenta que se trata de un sistema especial de pago inherente al régimen de crédito social, que tiene por objeto disminuir el riesgo de las Cajas y, consecuentemente, permitir que el costo del crédito sea menor para los afiliados. Destaca que este mecanismo no depende de la voluntad o decisión de las Cajas de Compensación, sino que es obligatorio por mandato legal, equiparándose en su obligatoriedad al pago de las cotizaciones previsionales.

Explicita que en relación con la alegación de prescripción, la recurrida sostiene que ésta debe ser declarada judicialmente y no opera de pleno derecho, para lo cual cita los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la que debe ser alegada por quien quiere aprovecharse de ella y que, mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del tribunal competente, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo existe y es plenamente exigible.

Alega que, cualquier alegación relacionada con la falta de exigibilidad del crédito excede el objeto de la acción de protección y debe ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador, debiendo ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Tercero: Que se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que, en el presente arbitrio, la recurrente considera que la recurrida ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario, consistente en efectuar descuentos desde sus remuneraciones, por concepto de crédito social, cuyas acciones judiciales han sido ejercidas ante Tribunal de la República cobrando las mismas sumas, ejecutando actos de autotutela, sin encontrarse legalmente facultadas para ello.

Quinto: Que en autos se encuentra acreditado que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, el 24 de julio de 2019 otorgó al recurrente un crédito social por el monto total de $8.357.223, pagadero en 48 en cuotas iguales y sucesivas de $227.623.-, y a su vez, el 15 de noviembre de 2022, fueron reprogramados, por la suma de $3.472.248.-, pagadero en 18 cuotas mensuales de $ $215.458.- cada una, con su primer vencimiento el 31 de enero de 2023.

Asimismo, consta que en el mes de marzo de 2024 el empleador procedió a efectuar descuento de la remuneración del recurrente, y a su vez, aquello fue realizado en el mes siguiente, con motivo de la liquidación de finiquito de su contrato trabajo, dado que éste terminó en el mes de abril del presente año.

Sexto: Que, según reconoce el recurrente, la controversia generada a raíz de la situación que reclama se encuentra actualmente sometida al imperio del derecho, desde que se ha deducido demanda ejecutiva de cobro de pagaré de la misma deuda, la que actualmente se tramita bajo el Rol C- 1613-2024, ante el 18° Juzgado Civil de Santiago, y que por lo demás, el artículo 22 de la Ley N° 18.833, contempla el sistema de descuento por planilla conforme al régimen de crédito social, motivo por el cual el acto que le imputa a la recurrida, no es arbitrario ni ilegal, ni vulnera la garantía denunciada.

Séptimo: Que por lo que se viene razonando, debe necesariamente desecharse el arbitrio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14935-2024.