nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, doce de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber detenido la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, ingresada bajo el N° 1284420, notificándose dicha decisión con fecha 25 de junio de 2025, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se acoja el recurso y se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable.

En cuanto a los hechos, expone que doña nombre reservado es una ciudadana venezolana, Ingeniera en Sistemas, con residencia definitiva en Chile, quien ha prestado servicios en la sociedad BHP Chile Inc., R.U.T. N° RUT reservado, desde el año 2019 hasta la actualidad.

Señala que, en virtud de la exención contemplada en la referida ley, el 29 de mayo de 2025 ingresó la solicitud N° 1284420, a través del portal web de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., a fin de obtener el retiro y/o devolución de sus fondos previsionales conforme a lo establecido en la Ley N° 18.156. Para tales efectos, acompañó los documentos requeridos por la normativa vigente, a saber: contratos de trabajo y/o anexos con cláusula que especifica la exención de cotizaciones, título profesional apostillado y verificable, cédula de identidad vigente para extranjeros —de la cual se desprende su residencia definitiva— y constancia del seguro social de su país de origen, Venezuela.

Agrega que, el 10 de junio de 2025, recibió un correo electrónico de la recurrida en el que se le comunicó una observación señalando la falta de una constancia de afiliación vigente, la cual debía estar apostillada en el país extranjero en que fue otorgada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, indicándose que el documento aportado correspondía a una constancia de cotización y declaración jurada, que no era el documento solicitado.

Posteriormente, el 18 de junio de 2025, tras ingresar un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, la recurrente recibió respuesta de dicho organismo informando que la respuesta emitida por el regulado no respondía por completo su requerimiento, instruyéndose a la AFP la emisión de un informe complementario. Acto seguido, con fecha 25 de junio de 2025, la recurrente recibió una carta de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. en la que se le informó que su requerimiento N° 1284420 se encontraba detenido, fundándose en que el documento aportado correspondía a una constancia de cotización que no detallaba las coberturas indicadas en la Ley N° 18.156, requiriéndose un certificado de afiliación al sistema de seguridad social del país de origen que expresara que dicho sistema otorga "real y efectivamente" coberturas en caso de invalidez, vejez, muerte y enfermedad, independientemente de que el afiliado cotice o no.

Frente a lo anterior, invoca la situación que afecta a los ciudadanos venezolanos, sobre la imposibilidad de realizar trámites como apostillas en la Embajada y Consulado de dicho país. A este respecto, la recurrente invoca el artículo 45 del Código Civil, relativo a la fuerza mayor o caso fortuito, argumentando que se trata de un imprevisto al que no es posible resistir.

En lo que concierne a los fundamentos jurídicos del recurso, sostiene que la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. ha realizado una interpretación excesivamente formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, cual es permitir a los técnicos extranjeros disponer de sus ahorros previsionales cuando se cumplan los requisitos sustantivos establecidos en la ley. Argumenta que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia y pueden ser verificados electrónicamente, toda vez que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) emana de un organismo público, es verificable a través del portal web oficial de dicha institución mediante el código de verificación N° f1183389-2025409, y se encontraba vigente al momento de la solicitud.

Sostiene que la conducta de la recurrida conculca, en primer lugar, el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, por cuanto se le ha dado un trato desigual respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias, han obtenido respuestas favorables, y en segundo lugar, se vulnera el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, toda vez que los fondos previsionales constituyen bienes incorporales de su exclusiva propiedad, respecto de los cuales la recurrida carece de facultad para retener, siendo que la legislación especial autoriza expresamente su devolución una vez cumplidos los requisitos legales. Finalmente, invoca el artículo 19 N° 26 de la Constitución Política, en cuanto no podrán afectarse los derechos en su esencia ni imponerse condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. reconocer como válida la documentación acompañada, proceder a la tramitación de la solicitud de retiro de fondos previsionales y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente, adoptándose las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, requerida de informe, compareció don Daniel Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacuando el informe solicitado por esta Iltma. Corte, mediante el cual solicita el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y, en subsidio, en que su representada no ha incurrido en conducta alguna que pueda calificarse de arbitraria o ilegal respecto de las garantías del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En lo que respecta a la idoneidad de la vía procesal, sostiene que la materia reclamada no es propia de una acción cautelar, por cuanto el recurso de protección fue concebido como un medio eficaz para situaciones urgentes, destinado a prestar inmediato amparo al afectado cuando un derecho o garantía se encuentra privado, perturbado o amenazado. Argumenta que lo pretendido por la recurrente excede la finalidad del recurso de protección, toda vez que no existe un derecho indubitado sino un derecho controvertido que no puede resolverse por esta vía.

En cuanto al fondo del asunto, reconoce que efectivamente rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente en su calidad de técnico extranjero, de conformidad con la Ley N° 18.156, con fecha 10 de junio de 2025, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, además de no haber acompañado el documento vigente debidamente apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Indica que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero, y que su actuar se ajusta estrictamente a la normativa del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Finalmente, argumenta que no existiría un acto u omisión ilegal o arbitrario, no se habría producido agravio alguno a consecuencia de su actuación, y no se habría privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la Carta Fundamental. Sostiene que su comportamiento ha estado ajustado a derecho, dando estricto cumplimiento a sus obligaciones legales y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Por estas consideraciones, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que la controversia jurídica se centra en determinar si la decisión de AFP Provida de detener el proceso de devolución de fondos previsionales, basada en la falta de legalización o apostilla del certificado de afiliación extranjero, en la insuficiencia del documento electrónico presentado por encontrarse vencido, constituye un acto ilegal o arbitrario.

QUINTO: Que cabe tener presente que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción al principio de territorialidad de la seguridad social, la cual, en su artículo 1°, exige como condición necesaria para la exención y posterior devolución de fondos que el técnico extranjero acredite afiliación a un régimen fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

SEXTO: Que el actuar de la recurrida no puede ser calificado de ilegal, por cuanto, se sustenta en la aplicación de la normativa legal vigente y en las instrucciones obligatorias de su órgano fiscalizador. Tampoco puede tildarse de arbitrario, ya que el rechazo se encuentra motivado en una deficiencia formal del documento presentado, esto es, la falta de apostilla o legalización válida conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, estándar que la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema ha validado como un requisito exigible por las Administradoras; encontrándose además el documento vencido y sin posibilidad de ser corroborado por la falta de apostilla.

SÉPTIMO: Que, al no existir un acto ilegal ni arbitrario por parte de la recurrida, no se configura la vulneración a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley ni derecho de propiedad, dado que el derecho a retirar los fondos nace solo una vez que se han cumplido copulativamente y en forma legal todos los requisitos habilitantes, lo que en la especie no ha ocurrido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Linda Nataly Quintero Mogollón en representación de doña nombre reservado en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-14934-2025.