nombre reservado con SERVICIO ELECTORAL

C.A. de Santiago Santiago, cinco de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la Contraloría General de la República y del Servicio Electoral, por la dictación de la Resolución Exenta N° E12234, de 17 de junio de 2025, mediante la cual la primera rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Exenta N° E9253/2025, que desestimó el reclamo funcionarial deducido respecto de la Resolución Exenta N° 982, de 25 de junio de 2024, del SERVEL, acto administrativo que declaró afinado el sumario administrativo seguido en su contra y le aplicó la medida disciplinaria de destitución, solicitando se dejen sin efecto tales actuaciones por estimarlas ilegales y arbitrarias, al vulnerar las garantías consagradas en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que ingresó a prestar servicios en el SERVEL el 20 de febrero de 2017, como Jefe de Auditoría Interna, siendo posteriormente designado Jefe de la División de Fiscalización del Gasto y Propaganda Electoral, cargo adscrito al sistema de Alta Dirección Pública para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y el 1 de diciembre de 2020, cesando en sus funciones una vez concluido dicho período. Añade que durante su desempeño se relacionó con más de 170 funcionarios y que, mediante Resolución Exenta N° 556, de 24 de junio de 2020, se instruyó sumario administrativo destinado a investigar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de una denuncia por presunto maltrato laboral, basada en hechos que habrían ocurrido entre los años 2017 y 2018.

Expone que el 2 de junio de 2021 se cerró la etapa investigativa del procedimiento disciplinario, oportunidad en la que sólo se recibió declaración a siete funcionarios, mayoritariamente denunciantes, formulándose cargos el 14 de junio de 2021 y, posteriormente, una segunda formulación de cargos el 19 de abril de 2022, en términos sustancialmente similares a la anterior. Indica que evacuó descargos el 3 de mayo de 2022, permaneciendo el procedimiento paralizado por más de dos años, hasta que el 3 de mayo de 2024 se le notificó la Resolución Exenta N° 638, que le impuso la medida disciplinaria de destitución, decisión respecto de la cual dedujo recurso de reposición, rechazado por Resolución Exenta N° 982, de 25 de junio de 2024. Sostiene que el SERVEL pretende destituirlo sobre la base de hechos falsos y prescritos, transcurridos más de cuatro años desde el inicio del sumario y más de 1.300 días desde su desvinculación del servicio.

Señala que, ante ello, dedujo reclamo funcionarial ante la Contraloría General de la República, conforme al artículo 160 del Estatuto Administrativo, entidad que -afirma- convalidó las ilegalidades cometidas durante el procedimiento disciplinario. Precisa que el 9 de julio de 2024 interpuso el referido reclamo, el cual fue rechazado mediante Resolución Exenta N° E9253/2025, omitiendo declarar la prescripción de la acción disciplinaria, la excesiva demora en la tramitación del sumario, la pérdida de eficacia y oportunidad del procedimiento, la infracción a los principios de proporcionalidad y motivación, y las deficiencias de la investigación. Añade que dedujo recurso de reposición en contra de dicha decisión, el que fue rechazado mediante Resolución Exenta N° E12234, de 17 de junio de 2025.

Aduce que las resoluciones recurridas omitieron constatar la prescripción de la acción disciplinaria, indicando arbitrariamente como fecha de la última conducta imputada el 19 de junio de 2020, fundada únicamente en la sesión del Comité de Admisibilidad del SERVEL y en declaraciones testimoniales que, en realidad, se referían a hechos ocurridos en los años 2017, 2018 y 2019. Afirma que ninguno de los cargos describe en forma clara y precisa la fecha de ocurrencia de los hechos imputados, fijándose el 19 de junio de 2020 únicamente con el objeto de extender el cómputo del plazo de prescripción. Sostiene que, aun considerando dicha fecha, la acción disciplinaria igualmente se encontraría prescrita, pues el plazo debía computarse “como si no se hubiese interrumpido”, de conformidad con el artículo 159 del Estatuto Administrativo y la jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema.

Argumenta, además, que las recurridas omitieron declarar la pérdida de eficacia y oportunidad del sumario administrativo, atendida la excesiva e injustificada demora en su tramitación, toda vez que el procedimiento se extendió por más de cuatro años, pese a que el artículo 27 de la Ley N° 19.880 establece un plazo máximo de seis meses para los procedimientos administrativos y el artículo 135 del Estatuto Administrativo contempla un término de veinte días para la investigación sumaria. Sostiene que dicha demora configura una imposibilidad material para continuar el procedimiento, produciéndose su decaimiento, conforme a la jurisprudencia administrativa y judicial que invoca. Agrega que el objeto mismo del procedimiento disciplinario perdió eficacia jurídica por el transcurso excesivo del tiempo, tornándose ilegal y desprovista de razonabilidad la imposición de una sanción disciplinaria más de cuatro años después de iniciado el sumario y más de 1.300 días después de su desvinculación del servicio, configurándose así una pérdida de oportunidad y eficacia del procedimiento administrativo sancionador.

Asimismo, reprocha que las resoluciones impugnadas vulneren el principio de proporcionalidad, al imponer la medida disciplinaria más gravosa sin ponderar circunstancias atenuantes, tales como su irreprochable conducta anterior y su colaboración en el esclarecimiento de los hechos, agregando que las conductas imputadas no constituyen maltrato laboral ni falta grave a la probidad administrativa. Expone que, en situaciones similares, el propio SERVEL ha aplicado sanciones menos intensas, como la censura, citando al efecto la Resolución Exenta N° 185, de 23 de febrero de 2024.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, denuncia, en primer término, la infracción a la igualdad ante la ley, por haberse interpretado arbitrariamente las reglas de prescripción previstas en el artículo 159 del Estatuto Administrativo y aplicársele una sanción desproporcionada en comparación con otros funcionarios sometidos a procedimientos similares. En segundo lugar, invoca la afectación de su derecho de propiedad sobre el empleo y remuneraciones, al haberse puesto término ilegítimamente a su vínculo jurídico con el SERVEL, quedando además inhabilitado para ingresar a la Administración del Estado por cinco años. Finalmente, estima vulnerado su derecho a la integridad psíquica, al haber permanecido desde el año 2020 en un estado de incertidumbre respecto de su situación laboral. Por ello, solicita se acoja el recurso y se dejen sin efecto los actos recurridos y la sanción de destitución impuesta en su contra.

Principio del formulario Final del formulario SEGUNDO: Que, al informar, el Servicio Electoral solicita el rechazo íntegro de la acción constitucional deducida en autos, negando la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en las resoluciones impugnadas y sosteniendo que la medida disciplinaria de destitución aplicada al recurrente es el resultado de un procedimiento sumarial legalmente tramitado, fundado en antecedentes objetivos y suficientemente motivado.

Expone, en primer término, los antecedentes de la relación funcionaria del actor con el Servicio, indicando que se desempeñó como Jefe de Auditoría Interna desde febrero de 2017 y posteriormente como Jefe de la División de Fiscalización del Gasto y Propaganda Electoral entre el 1 de diciembre de 2017 y el 1 de diciembre de 2020. Señala que mediante Resolución Exenta N° 0556/2020 se instruyó sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de denuncias formuladas por funcionarios del Servicio, quienes calificaron las conductas atribuidas al actor como constitutivas de maltrato laboral, conforme al protocolo institucional sobre denuncias de maltrato, acoso laboral y/o sexual.

Refiere que en el procedimiento disciplinario se formularon tres cargos al recurrente, vinculados a infracciones a los deberes funcionarios y al principio de probidad administrativa, fundados en conductas de hostigamiento, maltrato verbal, descalificaciones, intimidaciones y generación de ambientes laborales hostiles respecto de funcionarios de la División de Fiscalización del Gasto y Propaganda Electoral. Añade que dichas conductas fueron acreditadas mediante declaraciones testimoniales y demás antecedentes incorporados al expediente sumarial.

Enseguida, realiza una síntesis de diversas declaraciones prestadas durante el sumario administrativo, señalando que funcionarios del Servicio dieron cuenta de episodios de agresividad, humillaciones públicas, amenazas, comentarios denigratorios y situaciones de temor o angustia generadas por el actor, tanto respecto de funcionarios internos como de personal externo vinculado al SERVEL, agregando que incluso algunos declarantes manifestaron haber requerido apoyo psicológico o temer represalias por declarar en el procedimiento. Asimismo, indica que el comportamiento atribuido al recurrente provocó afectaciones en el clima laboral y repercusiones frente a organismos externos, particularmente ante el Servicio de Impuestos Internos y la empresa ADEXUS.

Sostiene que no existen actos u omisiones ilegales o arbitrarios en la tramitación del sumario ni en la Resolución Exenta N° 638/2024 que aplicó la sanción de destitución, agregando que el recurrente ejerció plenamente su derecho a defensa, formulando descargos, acompañando prueba y deduciendo los recursos administrativos correspondientes. Precisa que la sanción disciplinaria fue impuesta mediante Resolución Exenta N° 638, de 3 de mayo de 2024, confirmada posteriormente mediante Resolución Exenta N° 982, de 25 de junio de 2024, siendo luego rechazados los reclamos deducidos ante la Contraloría General de la República.

En cuanto al primer reproche formulado por el actor, relativo a la prescripción de la acción disciplinaria, señala que conforme a los artículos 157, 158 y 159 del Estatuto Administrativo, la prescripción se suspende desde la formulación de cargos y que la fecha de 19 de junio de 2020 fue correctamente considerada como hito relevante, por corresponder al momento en que el Comité de Admisibilidad del SERVEL conoció la denuncia formal interpuesta en contra del recurrente. Agrega que las conductas investigadas no se limitaron a hechos ocurridos en el año 2017, sino que constituyeron un patrón de comportamiento reiterado y sostenido en el tiempo, existiendo incluso antecedentes de hostigamientos posteriores a la denuncia.

Añade que la Contraloría General descartó expresamente arbitrariedad en la determinación de dicha fecha y que, aun aplicando el criterio interpretativo sostenido por el recurrente, la acción disciplinaria igualmente no se encontraría prescrita, desde que la sanción de destitución fue impuesta mediante Resolución Exenta N° 638, de 3 de mayo de 2024, esto es, antes del vencimiento del plazo de cuatro años que, según su propia tesis, expiraba el 19 de junio de 2024. Afirma, además, que la interpretación propuesta por el actor desconoce la prueba rendida en el sumario y pretende construir artificialmente una hipótesis de prescripción.

Respecto del segundo reproche, relativo a la excesiva duración del procedimiento disciplinario, sostiene que los plazos contemplados para las actuaciones de la Administración no son fatales y que su expiración no invalida las actuaciones practicadas. Agrega que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y la jurisprudencia judicial han reconocido que el decaimiento no se produce por el solo transcurso del tiempo, sino únicamente cuando existe una demora irrazonable e injustificada, lo que no ocurriría en el caso de autos. Explica que la duración del procedimiento obedeció a reaperturas del sumario, diligencias investigativas, otorgamiento de prórrogas y a la necesidad de efectuar un análisis exhaustivo de los hechos denunciados, garantizando el derecho a defensa y el debido proceso del sumariado.

En relación al tercer reproche, referido a la proporcionalidad de la sanción, señala que la calificación de la gravedad de la falta corresponde a la autoridad administrativa competente y que, tratándose de infracciones graves a la probidad administrativa y conductas constitutivas de maltrato laboral, resultaba procedente aplicar la medida disciplinaria de destitución. Añade que, conforme a la jurisprudencia administrativa, no correspondía ponderar circunstancias atenuantes como las alegadas por el actor, atendida la gravedad de los hechos acreditados.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. Niega infracción a la igualdad ante la ley, afirmando que no ha existido un trato discriminatorio respecto de otros funcionarios; rechaza la afectación del derecho de propiedad, indicando que los cargos públicos se ejercen mientras no concurra una causal legal de cesación; y descarta la vulneración de la integridad psíquica, sosteniendo que la sola tramitación de un procedimiento disciplinario y la imposición de una sanción administrativa no constituyen, por sí mismas, una actuación arbitraria o ilegal. Por ello, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección.

TERCERO: Que, al informar, la Contraloría General de la República solicita el rechazo íntegro de la acción constitucional deducida en autos. Refiere que el recurso se dirige en contra de la Resolución Exenta N° E12234, de 17 de junio de 2025, mediante la cual rechazó el recurso de reposición deducido por el actor en contra de la Resolución Exenta N° E9253 del mismo año, que desestimó el reclamo funcionarial interpuesto respecto de la Resolución Exenta N° 982, de 2024, del Servicio Electoral, acto que confirmó la medida disciplinaria de destitución aplicada al recurrente.

Expone que el actor fue sancionado por conductas constitutivas de maltrato y acoso laboral respecto de funcionarios del SERVEL, consistentes en actuaciones agresivas y reprensiones verbales, mediante descalificaciones, comentarios misóginos, denostaciones, desvalorizaciones y frases autoritarias emitidas en contextos públicos. Añade que la desvinculación del recurrente del Servicio Electoral se produjo el 2 de diciembre de 2020, por no renovación de su convenio de Alta Dirección Pública, aplicándose posteriormente la sanción disciplinaria para efectos de su anotación en la hoja de vida, conforme al artículo 147 inciso final de la Ley N° 18.834. Indica que, previo informe del SERVEL, mediante Resolución Exenta N° E9253, de 2025, desestimó el reclamo formulado por el actor y, posteriormente, rechazó el recurso de reposición deducido en su contra mediante Resolución Exenta N° E12234 del mismo año.

Alega, en primer término, su falta de legitimación pasiva, sosteniendo que si bien el recurso fue formalmente dirigido en contra de un acto emanado de esa Contraloría, lo verdaderamente impugnado corresponde a la Resolución Exenta N° 982, de 2024, del SERVEL, así como a los supuestos vicios producidos durante la sustanciación del procedimiento disciplinario. Expone que las alegaciones formuladas en el recurso relativas al cómputo de la prescripción, la duración del procedimiento disciplinario y la falta de consideración de atenuantes, se vinculan exclusivamente con el actuar del SERVEL durante la tramitación del sumario y la determinación de la medida disciplinaria, materias respecto de las cuales esa Entidad de Control no tuvo intervención. Añade que las garantías constitucionales cuya vulneración se denuncia sólo podrían verse afectadas por el actuar del organismo en que el actor prestó servicios y no por las actuaciones desarrolladas por la Contraloría General de la República.

Sostiene, además, la improcedencia del recurso de protección respecto de procedimientos disciplinarios, argumentando que la acción deducida no persigue cautelar derechos indubitados, sino controvertir el mérito de las actuaciones y decisiones adoptadas en el sumario administrativo instruido por el SERVEL, particularmente en cuanto a la prescripción de la responsabilidad administrativa y la proporcionalidad de la sanción aplicada, materias que excederían el ámbito cautelar del recurso. En similar sentido, argumenta que la prescripción constituye una materia declarativa ajena a la naturaleza cautelar de esta acción constitucional, toda vez que requiere análisis, discusión y prueba respecto de los presupuestos necesarios para su declaración, cuestión que transforma en dubitado el eventual derecho invocado por el actor. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que, a su juicio, respaldan dicha improcedencia.

Niega la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuación, indicando que la emisión de las resoluciones impugnadas se efectuó en ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 98 de la Constitución Política de la República y por los artículos 1°, 6°, 7° y 9° de la Ley N° 10.336. Expone que en sus pronunciamientos se hizo cargo de todas las alegaciones formuladas por el recurrente, relativas a la prescripción, precisión de los cargos, imparcialidad del fiscal instructor, duración del procedimiento y proporcionalidad de la sanción, concluyendo que los argumentos esgrimidos no permitían modificar lo resuelto previamente. Añade que su actuación obedeció a un análisis fundado de los antecedentes y de la normativa aplicable, descartando que se trate de una conducta antojadiza o contraria a la razón.

En cuanto al fondo del asunto, sostiene que esa Entidad Fiscalizadora verificó que las conductas reprochadas al actor fueron acreditadas mediante el procedimiento disciplinario respectivo, el cual cumplió las exigencias del debido proceso, razón por la cual rechazó los reclamos interpuestos por el recurrente. Expone que en dicho procedimiento se concluyó que el actor infringió las prohibiciones previstas en el artículo 84 letras l) y m) de la Ley N° 18.834, relativas a realizar actos atentatorios a la dignidad de otros funcionarios y conductas constitutivas de acoso laboral, así como las obligaciones contenidas en los artículos 61 y 64 del mismo cuerpo legal, vinculadas al deber de desempeñar las funciones con esmero, cortesía, probidad y ecuanimidad.

Respecto de la alegación de prescripción, refiere que la Resolución Exenta N° E9253 concluyó que la responsabilidad administrativa prescribe en el plazo de cuatro años contado desde la comisión de la infracción, agregando que la última conducta imputada data del 19 de junio de 2020 y que los cargos fueron notificados el 14 de junio de 2021, suspendiéndose desde entonces el cómputo del plazo. Añade que, transcurridos dos períodos calificatorios sin sanción, el plazo continuó corriendo desde el 1 de enero de 2023, no habiéndose cumplido el término de prescripción al momento de dictarse la Resolución Exenta N° 982, de 25 de junio de 2024. Asimismo, sostiene que la jurisprudencia administrativa y judicial ha reconocido que los plazos establecidos para la Administración no tienen carácter fatal y que no cualquier dilación genera pérdida de eficacia del procedimiento, sino únicamente aquella que resulte excesiva e injustificada.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el actor. En cuanto a la integridad psíquica, señala que la sola emisión de un pronunciamiento jurídico no puede generar por sí misma la afectación alegada; respecto de la igualdad ante la ley, afirma que el actor no acreditó diferencias arbitrarias en el actuar de la Contraloría y que, por el contrario, se aplicó la jurisprudencia administrativa uniforme existente sobre la materia; y, en relación al derecho de propiedad, sostiene que la función pública se rige por una relación estatutaria ajena al ámbito propio del derecho de propiedad, agregando que el término de la relación funcionaria del recurrente no se produjo por actuaciones de esa Entidad Fiscalizadora. Por ello, solicita el rechazo íntegro del recurso.

CUARTO: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tal como lo ha sostenido reiteradamente nuestra jurisprudencia, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a adoptar medidas de resguardo para restablecer el imperio del derecho en el evento de haberse vulnerado el libre ejercicio de las garantías constitucionales que en esa misma disposición se enumeran, ante un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, dificulte, entorpezca o perturbe dicho ejercicio.

En consecuencia, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley; o arbitrario, es decir, sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la razón; y que provoque alguna de las consecuencias indicadas, perjudicando o menoscabando a una o más de las garantías constitucionales protegidas.

QUINTO: Que, los actos impugnados a través de la presente acción constitucional corresponden a la Resolución Exenta N° E12234, de 17 de junio de 2025, mediante la cual la Contraloría General de la República rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Exenta N° E9253/2025, que -por su parte- desestimó el reclamo funcionarial deducido respecto de la Resolución Exenta N° 982, de 25 de junio de 2024, del SERVEL, acto administrativo que declaró afinado el sumario administrativo seguido en contra del recurrente y le aplicó la medida disciplinaria de destitución.

SEXTO: Que, de los antecedentes allegados al proceso, cabe establecer como hechos no controvertidos los siguientes:

a) Que el recurrente, nombre reservado, se desempeñó en el Servicio Electoral desde el 20 de febrero de 2017, primero como Jefe de Auditoría Interna y, posteriormente, como Jefe de la División de Fiscalización del Gasto y Propaganda Electoral, hasta el 2 de diciembre de 2020, fecha en que cesó en sus funciones por no renovación de su convenio.

b) Que mediante Resolución Exenta N° 556, de 24 de junio de 2020, el Servicio Electoral instruyó sumario administrativo destinado a investigar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de denuncias por maltrato y/o acoso laboral atribuidas al recurrente.

c) Que en el referido procedimiento disciplinario, con fecha 14 de junio de 2021, se formularon cargos al actor, vinculados a conductas constitutivas de maltrato laboral y atentatorias contra la dignidad de otros funcionarios, imputándosele actuaciones agresivas, descalificaciones, comentarios misóginos y reprimendas efectuadas en contextos públicos. Hechos que se habrían verificado entre el 1 de diciembre de 2017 y el 19 de junio de 2020.

d) El día 04 de febrero de 2022, se ordena la reapertura del sumario administrativo, a fin de interrogar al jefe superior del inculpado.

e) Con fecha 18 de abril de 2022, se realiza una nueva formulación de cargos, manteniendo, en lo sustancial, aquellos consignados el 14 de junio de 2021.

f) Que mediante Resolución Exenta N° 638, de 3 de mayo de 2024, el Servicio Electoral aplicó al recurrente la medida disciplinaria de destitución, decisión que fue confirmada mediante Resolución Exenta N° 982, de 25 de junio de 2024, al rechazarse el recurso de reposición deducido en su contra.

g) Que con fecha 9 de julio de 2024 el actor dedujo reclamo funcionarial ante la Contraloría General de la República, conforme al artículo 160 de la Ley N° 18.834.

h) Que mediante Resolución Exenta N° E9253, de 2025, la Contraloría General de la República rechazó el referido reclamo funcionarial y, posteriormente, por Resolución Exenta N° E12234, de 17 de junio de 2025, desestimó el recurso de reposición interpuesto por el recurrente en contra de dicha decisión.

i) Que la causa disciplinaria permaneció sin actividad procesal entre el 4 de mayo de 2022, fecha de recepción de los descargos del inculpado (fojas 495), y el 25 de enero de 2024, fecha de emisión de la vista fiscal (fojas 496).

SÉPT IMO: Que, en cuanto a la pérdida de eficacia del procedimiento disciplinario alegada por el recurrente, conforme a la cronología indicada precedentemente, puede advertirse que entre la fecha de ocurrencia de los hechos, el inicio de la investigación sumaria y la culminación de la tramitación de la resolución que impuso la medida disciplinaria, ha transcurrido un plazo superior a los cuatro años.

El artículo 27 de la Ley N°19.880 establece que el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Si bien tanto la doctrina como la jurisprudencia judicial y administrativa coinciden en que dicho plazo no reviste el carácter de fatal para la Administración, ello no importa que ésta pueda mantener indefinidamente inconcluso un procedimiento administrativo, pues en su tramitación deben observarse los principios que rigen el procedimiento administrativo, particularmente los de eficiencia, eficacia, celeridad y conclusivo, conforme a los cuales debe garantizarse al administrado una investigación y un procedimiento racionales y justos, de conformidad con el mandato contenido en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

En el caso de autos, tratándose de una investigación destinada a determinar la eventual responsabilidad administrativa de un funcionario público por infracciones que habrían culminado el 19 de junio de 2020, la resolución que impuso la sanción disciplinaria y aquella que la confirmó al rechazarse el reclamo funcionarial en el año 2025, exceden toda razonabilidad, eficacia y oportunidad, cuestión que no resulta posible soslayar mediante la sola argumentación relativa a que el plazo contemplado en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal.

En efecto, el sumario se inició el 24 de junio de 2020 y la formulación de cargos tuvo lugar el 14 de junio de 2021, esto es, prácticamente un año después. Posteriormente, el procedimiento fue reabierto el 4 de febrero de 2022 para practicar únicamente una diligencia consistente en recibir declaración al superior jerárquico del investigado, verificándose luego un nuevo cierre del sumario el 14 de abril de 2022. A continuación, el 18 de abril de 2022 se formularon nuevamente cargos al investigado, los que resultaban sustancialmente idénticos a los ya formulados con anterioridad. Asimismo, consta que la causa disciplinaria permaneció sin actividad procesal relevante entre el 4 de mayo de 2022, fecha de recepción de los descargos del inculpado, y el 25 de enero de 2024, oportunidad en que se emitió la vista fiscal. Finalmente, recién el 3 de mayo de 2024 -dos años después de la última formulación de cargos- el SERVEL aplicó la sanción disciplinaria cuestionada, siendo resuelta la última instancia administrativa el 17 de junio de 2025.

En el contexto descrito, no se advierte la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor que justifique una extensión del procedimiento muy superior al plazo legalmente previsto, máxime si se trata de una investigación que no aparece revestida de una complejidad particular que permita justificar razonablemente la excesiva tardanza en su sustanciación. Antes bien, de los antecedentes aparece una desmedida dilación en la sustanciación del sumario, carente de justificación suficiente, que produce el demérito o pérdida de eficacia del procedimiento administrativo. En tales condiciones, correspondería declarar, conforme a lo previsto en el artículo 40 inciso segundo de la Ley N°19.880, la imposibilidad material de continuar el referido procedimiento y, como consecuencia de ello, concluir que las recurridas incurrieron en un acto ilegal, cuestión que resulta suficiente para acoger la presente acción constitucional y declarar decaído el procedimiento administrativo sancionatorio.

OCTAVO: Que, luego, y sin perjuicio de lo señalado en el motivo precedente, corresponde hacerse cargo de la alegación del recurrente, en cuanto sostiene que su responsabilidad administrativa se encontraría, además, prescrita.

En este acápite resulta relevante analizar la regulación contenida en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo artículo 158 establece “La acción disciplinaria de la Administración contra el funcionario, prescribirá en cuatro años contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen.

No obstante, si hubieren hechos constitutivos de delito la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal”.

Por su parte, el artículo 159 dispone “La prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, si el funcionario incurriere nuevamente en falta administrativa, y se suspende desde que se formulen cargos en el sumario o investigación sumaria respectiva.

Si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años, o transcurren dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiese interrumpido”.

Asimismo, cobra relevancia lo dispuesto en el artículo 33 del referido cuerpo legal, en cuanto establece que todos los funcionarios, incluido el personal a contrata, deben ser calificados anualmente en alguna de las listas allí previstas. Del mismo modo, el artículo 3° del Decreto N°410, que aprueba el Reglamento Especial de Calificaciones para el personal del Servicio Electoral, dispone, en lo pertinente, que el período objeto de calificación comprende el desempeño funcionario entre el 1 de septiembre de un año y el 31 de agosto del año siguiente, debiendo el proceso calificatorio iniciarse el 1 de septiembre y concluir, a más tardar, el 30 de noviembre de cada año.

NOVENO: Que, conforme a lo expuesto, aparece que el plazo de prescripción de la acción disciplinaria comenzó a correr a partir de la culminación de los hechos atribuidos, teniendo presente que las faltas imputadas al actor en los cargos formulados se refieren a conductas acontecidas entre el 1 de diciembre de 2017 y el 19 de junio de 2020.

Luego, si bien los cargos fueron formulados el 14 de junio de 2021 y posteriormente objeto de una nueva formulación con fecha 18 de abril de 2022, operando inicialmente la suspensión prevista en el artículo 159 de la Ley N°18.834, lo cierto es que, desde el inicio del procedimiento administrativo, transcurrieron más de dos períodos calificatorios sin que hubiese culminado la tramitación administrativa de la sanción respectiva dentro del plazo legal, razón por la cual corresponde aplicar lo dispuesto en el inciso segundo de la citada disposición, en cuanto establece que, si en el proceso administrativo transcurren dos calificaciones funcionarias sin que existiera una sanción firme, continuará corriendo el plazo de prescripción como si no se hubiese suspendido. Al respecto, cabe consignar que el cómputo del plazo se realiza hasta “la fecha de la culminación de la tramitación de la resolución que impuso la medida cuestionada”, según jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema (entre otras, sentencia de 22 de enero de 2025 dictada en causa Rol N° 229.077-2023 y sentencia de 2 de abril de 2025, dictada en causa Rol N° 1.923-2024).

En consecuencia, el plazo de prescripción debe computarse desde el acaecimiento de los hechos investigados, prescindiendo del efecto suspensivo derivado de la formulación de cargos. Así, atendido que transcurrieron más de dos períodos calificatorios sin que hubiese culminado la tramitación administrativa de la sanción respectiva, debe entenderse que el plazo de prescripción continuó corriendo como si nunca se hubiese suspendido. De este modo, a la fecha de culminación de la tramitación de la resolución que impuso la medida disciplinaria cuestionada -incluyendo el rechazo de los reclamos administrativos deducidos a su respecto-, la acción disciplinaria se encontraba prescrita, motivo por el cual la sanción impugnada no podía válidamente ser mantenida por la autoridad administrativa.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, la aplicación y mantención de la medida disciplinaria impuesta, en el contexto de un procedimiento que perdió eficacia producto de su excesiva e injustificada prolongación y respecto de una acción disciplinaria que, además, se encontraba prescrita, configura una actuación ilegal que conculca la garantía constitucional de igualdad ante la ley que asiste al recurrente, al habérsele impuesto un gravamen que no resulta jurídicamente aplicable a otros funcionarios que, encontrándose en una situación equivalente, han recibido el trato estrictamente determinado por la ley, en obediencia al principio de legalidad que rige la actuación de la Administración. Por tales razones, el presente recurso de protección será acogido, al haberse verificado la vulneración de la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° 982, de 25 de junio de 2024, del Servicio Electoral; la Resolución Exenta N° E9253/2025 de la Contraloría General de la República; y, consecuencialmente, la Resolución Exenta N° E12234, de 17 de junio de 2025, del mismo origen, debiendo la autoridad administrativa disponer lo que corresponda a fin de retrotraer la aplicación y los efectos de la decisión reprochada, y declarar extinguida la responsabilidad administrativa del recurrente respecto de los hechos investigados.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el ministro (s) Daniel Aravena Pérez.

N° Protección-14.894-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Patricio Martínez Benavides, el Ministro (S) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez y la Abogada Integrante señora Catalina Infante Correa, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, cinco de junio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.