nombre reservado con CAJA LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, trabajadora dependiente y deduce Recurso de Protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que estima como arbitrario e ilegal consistente en descontar por planilla en sus remuneraciones y sin su consentimiento cuotas correspondiente a un crédito social que a su parecer estaría prescrito, lo que vulneraría su garantía constitucional contemplada en los números 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho en lo relativo a la libertad de trabajo y a su libre elección y contratación y derecho de propiedad, por lo que pide a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene a la recurrida el cese inmediato de los descuentos y/o retenciones realizados en sus remuneraciones, que se le haga restitución de los montos descontados en razón de lo anterior, con costas.

En cuanto a los hechos señala, en síntesis, que la recurrente el 25 de febrero de 2012 suscribió un pagaré N°037CON102822382 con la recurrida por medio del que solicitó un préstamo o “crédito social”, por la suma de $ 7.863.968, pagadero en 48 cuotas iguales y sucesivas de $ 235.563, respecto de la que debió realizar una reprogramación por un total de $ 8.309.385, por un total de 60 cuotas iguales de $ 192. 802.

Que sin embargo por diversas razones su parte incurrió en mora desde la primera cuota, es decir, el 31 de diciembre de 2021, razón por la que Caja de Compensación Los Andes lo demandó el 26 de julio del año 2022, ante el 25° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-7446-2022, fundándose en el mismo pagaré antes aludido, habiéndose hecho exigible el total de la deuda, al aplicar la cláusula de aceleración facultativa que contenía el documento, encontrándose entonces, afirma, a la fecha de interposición del presente recurso en dicho juicio en tramitación.

Así, que el actor al revisar su liquidación de sueldo correspondiente al mes de octubre de 2022 se percató de la realización de un descuento en favor de Caja de Compensación Los Andes por la suma de $ 132.050, sin que se haya autorizado la realización de ese descuento, por lo que, a su entender, la recurrida actuando dentro de las facultades que tiene para obtener el pago de las cuotas adeudadas, ha excedido sus atribuciones con el descuento realizado, cometiendo un acto arbitrario e ilegal, al haber accionado ejecutivamente y hacer exigible el total de la deuda en una causa vigente, por lo que al realizar estos descuentos la Caja de Compensación estaría realizando un doble cobro que no le otorga la ley, apropiándose indebidamente de parte de sus remuneraciones, todo lo que vulneraría sus garantías constitucionales.

Por lo que pide en consecuencia se acoja el presente recurso, en los términos antes referidos.

Segundo: Que informando la recurrida Caja de Compensación Los Andes pide el rechazo del presente recurso.

En primer término, indica que con fecha 25 de febrero de 2021, se otorgó al recurrente un crédito por un capital inicial de $ 8.435.633, pagadero en un plazo de 60 meses, con cuotas mensuales iguales y sucesivas de $ 218.342, cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de noviembre de 2014, pagándose las cuotas desde la 31 de diciembre de 2021, encontrándose actualmente dicha operación de crédito en estado moroso de las cuotas que van de los meses de enero a octubre de 2022, las que están en cobranza judicial en los autos civiles C-7446-2022 ante el 25º Juzgado Civil de Santiago.

Sostiene que no existe una actuación ilegal o arbitraria de su parte, toda vez que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Por lo demás, afirma que no se trata de una deuda cuya acción de cobro haya sido declarada prescrita judicialmente, y que se trata de una deuda que se encuentra plenamente vigente, es actualmente exigible, y que la prescripción, en caso de ser procedente, debe ser declarada judicialmente, y que en el caso de autos se trataría de crédito vigente que mantiene morosidad de las cuotas, por lo que no ha transcurrido el plazo de cinco años para alegar la prescripción de la deuda, procediendo su parte a descontar los montos que se reclaman de conformidad con la normativa que lo faculta.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que en cuanto al conflicto planteado, es un hecho de la causa que la CCAF Los Andes con fecha 25 de febrero de 2021, otorgó a la recurrente un crédito social por el monto de $7.863.968, pagadero en 48 en cuotas iguales y sucesivas de $ 235.563, el que fue reprogramado con fecha 20 de octubre del mismo año, por la suma de $8.390.385, pactando ahora su pago en 60 cuotas iguales y sucesivas, cada una por $192.802, incurriendo en mora el 31 de diciembre del mismo año. Asimismo, consta de autos que a partir de las remuneraciones del mes de octubre el actual empleador, procedió a descontar a la recurrente la suma de $132.050, indicando que corresponde a “Descuento Cajas de Compensación”, según relación laboral iniciada el 4 de agosto de 2022.

Por otro lado, consta de los antecedentes que el acreedor -recurrida- con fecha 26 de julio de 2022 interpuso demanda ejecutiva en contra de la recurrente, esgrimiendo como título ejecutivo en el mismo pagaré y su reprogramación, causa que se sigue ante el 25° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-7446-22, accionando para el pago total de la obligación, siendo notificada la ejecutada el 14 de septiembre de 2022, oponiendo la excepción del artículo 464 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, la que se encuentra en actual tramitación.

Quinto: Que se encuentra acreditado que se trata del mismo crédito social y habiendo optado el acreedor por iniciar el cobro de la obligación que, según se lee en la demanda ejecutiva, se habría hecho exigible en su totalidad, debe estarse a lo que se resuelva en dicha acción, sin que sea procedente iniciar el descuento de cuotas una vez que la deudora fue requerida de pago -14 de septiembre de 2022- , pues tal mecanismo a través de sus remuneraciones por parte de su actual empleador, en una relación laboral iniciada solo el 4 de agosto pasado, se torna arbitrario por cuanto la recurrida adoptó una posición jurídica que ahora debe respetar. En efecto, la Caja de Compensación decidió judicializar el cobro en julio de 2022, sustrayéndolo del ámbito extrajudicial, y luego pretende revivir el sistema de descuento previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, para una situación de normalidad en el servicio de la deuda, que ya no se verifica en el caso de la especie.

Sexto: Que, de esta forma, el descuento unilateral efectuado a las remuneraciones de la recurrente, en los términos en que se hizo, afectaron su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que la CCAF de Los Andes, deberá restituir a la recurrente la cuota que en forma indebida le fue descontada de sus remuneraciones de octubre de 2022, sin perjuicio de reconocer el derecho que le asiste al acreedor para continuar el cobro judicial de la obligación pendiente a través de las acciones ejecutiva en actual tramitación.

Y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se acoge el recurso deducido por nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, y se ordena que dicha institución se abstenga de solicitar se efectúen descuentos a las remuneraciones de la recurrente para el pago del crédito social que le fuera otorgado el 25 de febrero de 2021 y reprogramado el 20 de octubre del mismo año, debiendo además restituir a ésta la cuota ya descontada del mes de octubre de 2022.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-148840-2022.